Política

La moral en abstracto y el plagio en concreto

Marzo 2023

A finales del año pasado se dio a conocer que la ministra de la Corte de Justicia plagió su tesis de licenciatura. Las discusiones mediáticas entre la Secretaría de Gobernación, Rectoría de la UNAM y la Secretaría de Educación no han indicado alguna clase de sanción a la ministra. Por la lentitud con que ha avanzado el asunto y por el hecho de que la ley no es retroactiva, difícilmente se puede esperar alguna clase de sanción proveniente de los aparatos legales correspondientes. Considerando los años pasados entre el plagio de la tesis de licenciatura y el momento en que éste fue señalado, casi nadie espera que el título de Licenciada en derecho otorgado por la UNAM sea removido, pero sí que por lo menos haya un reconocimiento explícito de la falta y que, aunque judicialmente no se dé un “castigo”, la ministra actúe en consecuencia con el reconocimiento de su error. Pero esto no pasó. Ni la ministra ha reconocido que efectivamente plagió su tesis, la UNAM reconoció el plagio pero no invalidó el título expedido, la SEP no se ha pronunciado y la postura de la Secretaría de Gobernación se mantiene en los mismos términos de defensa incondicional a la ministra.

Por si revelar el plagio hecho en la licenciatura no hubiese sido suficiente, hace algunos días el diario EL PAÍS reveló que también la tesis de doctorado de la ministra tenía varias páginas plagiadas, 209 de 456. Tras esta revelación la ministra, nuevamente, no presentó ninguna declaración que mostrara, por lo menos, arrepentimiento, esperable en tanto las pruebas de plagio son contundentes; además, muestran una incidencia en una práctica que, si hubiera sido hecha por cualquier otra persona en la academia, habría alguna consecuencia.

Ante la fuerza de la evidencia se esperaba una declaración de culpabilidad de la ministra, pero también, y sobre todo, de la persona que la propuso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, López Obrador. En México, las ministras y ministros son propuestos por el presidente de la República, quien en cada ocasión debe presentar una terna al Senado de la República para que, a través del voto, se decida cuál de los o las candidatas tomará el lugar vacante. Así, fue López Obrador quien propuso que Jazmín Esquivel ocupara un lugar como ministra. Es cierto que la decisión final no recayó directamente sobre él, pero al ser él el primer filtro de tan importante decisión se esperaría alguna reacción que indique el reconocimiento del error, aun y cuando la propuesta inicial se hizo ante el desconocimiento de las malas prácticas académicas una vez que éstas son conocidas.

Llama especialmente la atención la actitud que López Obrador ha tomado sobre este tema. Aunque en cada oportunidad el presidente sostiene que su gobierno se distingue de los anteriores por su sinceridad, por ser un gobierno de principios, comprometido con el pueblo, la forma en que ha actuado en esta y otras ocasiones contradicen con hechos lo que se defiende con palabras. Estos principios morales que guían el actuar de su gobierno han sido difundidos por la Cuarta Transformación a partir de algunos manuales y decálogos. En uno de estos decálogos[1] el presidente defiende la abolición de fueros y privilegios, consigna que como principio general de acción busca solucionar una forma de las desigualdades en el país; sin embargo, en los hechos, hay una continuidad de estos privilegios, que en el caso de la ministra Esquivel se manifiesta en la falta de sanciones o, por lo menos, de un pronunciamiento del presidente que contribuya al cese de los privilegios que la clase política mexicana ha mantenido en su gobierno y en los anteriores, privilegios que les permiten continuar en su cargo a pesar de que sean falsas las credenciales con que llegaron a él.

En el “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad” dice el presidente en el punto 9: “Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general.”. Nuevamente, como principio general suena adecuado para guiar las acciones del Estado; sin embargo, en los hechos, no hay una eliminación de las actitudes clasistas. Jazmín Esquivel pertenece a la clase política y económica con mayores privilegios del país. Cuando López Obrador la presento como candidata, la revista Proceso[2] señaló los vínculos de esta ministra con José María Riobóo, uno de los contratistas preferidos de López Obrador y a quien le otorgó obras fundamentales como los segundos pisos del Periférico o el diseño del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles[3]. El lugar que la ministra Esquivel y su marido ocupan en la sociedad es privilegiado, pues tienen privilegios políticos, económicos y jurídicos que solamente son accesibles para las clases altas, el que López Obrador se niegue a reconocer la culpabilidad de la ministra en el plagio demostrado es, sin duda, la continuidad de esas actitudes clasistas que en lo abstracto crítica.

En suma, la actitud que en este caso ha presentado López Obrador se contradice directa y claramente con los principios que dice defender. La moral abstracta suena muy bien y es una herramienta políticamente útil para atraer a la gente, especialmente cuando ésta vive en una condición constante de injusticia y desigualdad; pero esta moral abstracta del presidente no es capaz de sostenerse con las acciones de quienes la defienden de palabra, pues en el acto estas mismas personas constantemente violan sus principios. Sin duda una parte de los problemas de la sociedad mexicana requiere nuevos principios que guíen la acción colectiva y política, pero no está en estos la raíz del problema. Hay condiciones objetivas que posibilitan que gente como Jazmín Esquivel salga impune de las faltas que comete, pero mientras estas causas objetivas se mantengan intactas, ningún decálogo, por muy bien intencionado que sea, podrá hacer valer la justicia que corresponde.


Jenny Acosta es licenciada en filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

[1] https://partidodeltrabajo.org.mx/2017/decalogo-de-andres-manuel-lopez-obrador/

[2] https://www.forbes.com.mx/esposa-de-rioboo-dentro-de-la-terna-de-amlo-para-sustituir-a-ministra/

[3] https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/16/quien-es-jose-maria-rioboo-miembro-del-comite-tecnico-para-la-rehabilitacion-de-la-linea-12/

La dialéctica entre organización y espontaneísmo en las “jornadas de julio” de la revolución rusa

Marzo 2023

El capitalismo siempre engendrará explosiones de ira popular, que expresan, así sea de  forma instintiva e inmediata, el deseo de las masas por cambiar radicalmente su situación. Por más grande que sean los mecanismos de dominación y la sofisticación de las fuerzas represivas del estado, estas nunca serán suficientes para apagar la voluntad de lucha de las clases oprimidas. Al afirmar esto, no nos referimos a eventos atípicos o futuros lejanos, sino al día a día de la sociedad capitalista. Y, para ilustrar este punto, basta pasar revista a lo acontecido en nuestro continente en apenas los últimos tres años y medio. Enormes, prolongadas y más o menos generalizadas luchas populares estallaron en Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y, ahora mismo, en Perú, de 2019 al momento de escribir este artículo.

Y, aunque se ha vuelto casi un lugar común, no es por ello menos cierto que los estallidos de rabia popular, por sí solos, nunca son suficientes para cambiar de raíz el orden de cosas existente. La acción espontánea se enfrenta con límites infranqueables, cuya solución positiva queda sintetizada en las que son, quizás, las dos fórmulas más conocidas de Lenin: “sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario” y “la revolución no se hace, sino que se organiza”.

Pero, llegados a este punto, las cosas dejan de ser tan claras. La crítica más común a esta concepción afirma que el leninismo es una forma de acción política absolutamente inflexible que, en todo momento, sustituye a las masas por el partido, y al partido por su dirigencia. Esta crítica parte un prejuicio, según el cual, para Lenin, absolutamente toda la acción de las masas, para ser revolucionaria, necesita estar dirigida siempre y en todo momento, y de la forma más rígida posible, por el partido mismo.

Pero esto es falso: la práctica leninista nunca propone establecer una separación absoluta entre la acción espontánea de las masas y la acción organizada por el Partido proletario. El leninismo, efectivamente, busca negar al espontaneísmo y lograr que se imponga la conciencia de clase. Pero esta negación, para ser progresiva y revolucionaria, no se consigue con una simple condena o rechazo total de la acción no organizada de las masas, sino con el involucramiento activo de los sectores más conscientes en esas batallas. Esto no significa sumarse oportunistamente a todas las luchas populares, ni ver potencial revolucionario allí donde, por la naturaleza de los sectores que participan o por las demandas que encabezan, simplemente no lo hay. Quiere decir, para ponerlo en términos sencillos, que la organización y educación de los trabajadores se consigue, fundamentalmente, en la lucha misma, que nunca puede estar totalmente dirigida y planificada conscientemente.

La acción de Lenin en lo que se conoce como “las jornadas de julio” de 1917 es una aplicación contundente y llena de valiosas lecciones sobre la actitud marxista con respecto a esta dialéctica entre organización y espontaneísmo.

En los días del 3 y 4 de julio de 1917, manifestaciones espontáneas estallaron en Petrogrado contra el gobierno provisional. Cerca de medio millón de trabajadores y soldados armados salieron a las calles el 4 de julio en un movimiento que no era solo una demostración de inconformidad, sino que se planteaba el objetivo explícito de derrocar al gobierno provisional.  Esto no sucedió, y lo que siguió fueron meses de represión e intentos de aplastar al Partido Bolchevique.

En su libro “Todo el poder a los soviets. Lenin: 1914-1917”, Tony Cliff provee una explicación detallada de lo acaecido en este convulso y decisivo periodo de la revolución rusa[1]. Uno de los factores que desencadenó estos sucesos fue la ofensiva militar de Kerenski, cabeza del gobierno provisional tras la revolución de febrero, contra Alemania y Austria, que inició el 18 de junio. Esta ofensiva tenía como objetivo unificar a un país dividido y en crisis bajo un gran propósito “nacional”. Sin embargo, esto provocó la ira de los soldados más conscientes políticamente, especialmente de quienes participaron en la revolución de febrero. A ellos se les prometió no moverlos de Petrogrado, especialmente al Primer Regimiento de Ametralladoras, que tuvo un papel destacado en el movimiento que derrocó al zar. Menos de dos semanas después, el gobierno ordenó, precisamente, la movilización de numerosos hombres y armas fuera de la ciudad. Simultáneamente, corrió el rumor de que esta acción era la antesala de una ofensiva más grande para desmembrar el Regimiento. Como respuesta, el 3 de julio el Regimiento convocó a una reunión, y allí, los líderes de la Organización Militar Bolchevique hablaron sobre la posibilidad de realizar un golpe de estado contra Kerenski inmediatamente.

Lenin, sin embargo, advirtió contra esta impaciencia, argumentando que, si bien era posible tomar el poder político, no había las condiciones para mantenerlo. La tarea inmediata era, por el contrario, organizar pacientemente a las masas en el bolchevismo. Pero la organización militar y otros comités bolcheviques de Petrogrado no estaban de acuerdo con Lenin: creían que las masas estaban cansadas de la falta de acción, de solo “aprobar resoluciones”. Creían que el momento decisivo ya había llegado. Al día siguiente, los soldados decidieron tomar las calles junto con otros trabajadores contra el gobierno provisional.

Aunque no aprobaba la decisión de protestar y, potencialmente, tratar de derrocar al gobierno, Lenin asistió y habló con los manifestantes. Les aseguró que, a pesar del camino “no lineal” que estaba siguiendo la revolución, terminarían conquistando la victoria. Pero, en lo inmediato, lo que había que hacer era una manifestación pacífica, no una lucha violenta contra el gobierno. Las masas, armadas y listas para tomar el poder, quedaron decepcionadas por esta postura. Pero la escucharon. Finalmente, el 5 de julio, el Comité Central llamó a terminar la manifestación. El objetivo de ésta, dijeron, era demostrar a las masas la fortaleza y necesidad del Partido bolchevique. Y ese objetivo ya se había cumplido.

Lenin tenía razón en su interpretación de la coyuntura. Aunque los manifestantes tenían fuerza suficiente para tomar el poder, es muy poco probable que hubieran sido capaces de retenerlo. La historia de la revolución rusa muestra, precisamente, que lo más difícil no es tomar el poder, sino lo que viene después. En julio, las masas no estaban convencidas aún de la necesidad del poder bolchevique, y muchas cosas tuvieron que suceder para llegar a ese momento, como el intento de golpe de estado del general Kornilov.

En suma, aunque la manifestación era contraria a la posición del Comité Central, no se separaron de las masas cuando ellas tomaron las calles. Explicando su decisión, Lenin comentó que hacer esto último “hubiera sido una traición completa en los hechos al proletariado, porque la gente se movía a la acción siguiendo su ira justa y bien fundamentada.”

Los bolcheviques se mantuvieron con las masas: prefirieron sufrir un revés que dejarlas a su suerte y sin liderazgo. Gracias a esto, la derrota y la represión que se siguieron fueron dañinas, pero no mortales. La clase obrera emergió con más experiencia y madurez. Y esto fue así gracias a la dirigencia bolchevique, que antes, durante y después de los días de julio, se adelantó en cada momento a la coyuntura en lugar de apegarse a viejas tácticas que perdían validez con el desarrollo de los acontecimientos.

Lenin sintetizó la experiencia y enseñanzas de las jornadas de julio de la siguiente forma:

“Los errores son inevitables cuando las masas están luchando, pero los comunistas se mantienen con las masas, observan esos errores, se los explican a las masas, tratan de que los rectifiquen y perseveran por la victoria de la conciencia de clase sobre el espontaneísmo.”

En suma, para superar al espontaneísmo, el primer paso es reconocer que éste forma una unidad con la forma superior de lucha organizada representada por el partido proletario, y que es en la misma lucha que esta contradicción se resuelve hacia uno de los dos lados. La capacidad de leer correctamente la coyuntura, que presupone a su vez una amplia comprensión teórica de las tendencias económicas y políticas; las fuerzas organizadas acumuladas previamente, y la decisión con que se participe en las luchas de las masas, son, como muestra la experiencia de la revolución rusa, los factores más importantes para el triunfo definitivo de la conciencia de clase sobre el espontaneísmo. 


Bridget Diana y Jesús Lara son economistas por The University of Massachusetts Amherst.

[1] Cliff, Tony. All Power to the Soviets: Lenin 1914-1917 (Vol. 2). Vol. 2. Haymarket Books, 2004. Nos basamos en este trabajo para la narración de los hechos y el análisis de la participación de Lenin en los mismos.

¿Se ha acabado el analfabetismo político en México?

Febrero 2023

En la conferencia matutina del 31 de enero del año en curso, Andrés Manuel López Obrador sentenció: “[…] México debe estar en los primeros lugares en el mundo en politización, ya no existe el analfabetismo político […], en lo que más se ha avanzado es en la revolución de las conciencias”[1]. Además, el mandatario dijo que en la Ciudad de México los medios de comunicación se han encargado de realizar campañas en contra de su gobierno, por lo que él considera que eso aturde y engaña a la gente, haciendo que la población no esté de acuerdo con él. Ese engaño de las masas proviene de su “falta de politización”. Sin embargo, agregó que a los medios de comunicación les ha costado más “engañar a la población”, es decir, hacer que estén en contra de su gobierno, porque ya tienen niveles de politización más altos.

Por analfabetismo político de las masas populares debe entenderse la falta de conciencia o comprensión de las causas económicas, políticas y sociales que condicionan la vida material y espiritual en la que vive la población. Para el caso de la clase trabajadora, se entendería como la inconciencia o desconocimiento de las causas de su situación de pobreza.   Esta falta de conciencia impide su participación activa en la lucha por acabar con la miseria y mejorar radicalmente sus condiciones de vida, estando sujeta a la manipulación y el engaño que hacen de ella los partidos políticos y las clases dominantes.

Cuando Andrés Manuel emplea el término de analfabetismo político trata de dar a entender que el pueblo es incapaz de discernir entre lo que es y no es beneficioso para sí mismo, limitando el alcance y reduciendo a un mínimo nivel la comprensión del significado de lo que es la conciencia política. Como él mismo ha dicho[2], por ejemplo, el pueblo es analfabeta políticamente si, habiendo dos candidatos para las elecciones, eligieran a aquél que tiene una agenda que va en contra de los intereses del pueblo. Y dado que el presidente se asume como el defensor de los intereses del pueblo, el 45% de la población mexicana que actualmente desaprueba[3] su administración está en contra de los intereses de los más pobres y, por tanto, ese porcentaje está conformado por la población que es analfabeta políticamente.

Entremos a analizar este razonamiento equivocado. Primero, deberíamos poner en tela de juicio si de verdad el gobierno de la 4T defiende los intereses de la población más pobre. Haciendo un repaso breve de lo que ha ocurrido a lo largo de este sexenio encontramos una imagen desoladora, donde quienes se han visto más perjudicados son las clases trabajadoras, aquellas a las que se dice apoyar.  En primero lugar, la pobreza no ha disminuido. De acuerdo con datos del CONEVAL, de 2018 al 2020 alrededor de 3.8 millones de personas se sumaron al 41.9% de la población mexicana que se encontraba en situación de pobreza, mientras que 1.9 millones de personas pasaron a engrosar las filas de la población en pobreza extrema. De 2020 a 2021 la pobreza laboral disminuyó, pero el número de pobres siguió estando por encima de antes de la pandemia. En segundo lugar, los apoyos de transferencia monetaria de los que se enorgullece la 4T se han vuelto más regresivos, es decir, que apoyan en mayor medida a los deciles de mayores ingresos. De acuerdo con Máximo Jaramillo, doctor en sociología por el Colegio de México, el decil más pobre redujo en 32% las transferencias que recibían del gobierno, mientras que el decil más rico aumentó la recepción de transferencias en 93%. De acuerdo con Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multinacional, el programa Adultos Mayores tuvo un incremento de 16.6% para el decil más pobre, mientras que el decil más rico incrementó en 457%, de 2018 a 2020. Además, en 2018 el 60% de familias pobres recibían apoyos gubernamentales, mientras que ahora solo lo reciben el 34% de familias. En tercer lugar, recordemos que durante el sexenio hubo subejercicio del gasto en el sector salud: de enero a septiembre de 2020, 37 mil mdp; de enero a septiembre de 2021, 24 mil 500 mdp; de enero a junio de 2022, 16 mil mdp (19.3% del total). De acuerdo con Gonzalo Hernández, de 2018 a 2020 la carencia de acceso a la salud aumentó de 16.2% a 28.2% y el gasto de salud de bolsillo creció 40%. En cuarto lugar, su política errada de seguridad pública ha llevado a este sexenio a ser el más violento en la historia, superando en los primeros 42 meses de administración los homicidios dolosos y feminicidios ocurridos en el mismo tiempo del sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta situación nos demuestra, incluso, que la 4T no defiende los intereses del pueblo, como lo afirma el presidente en su discurso. Desde este punto de vista, es cuestionable que quienes apoyan a la 4T tengan conciencia política, porque no es posible creer que vayan en contra de sus intereses políticos a sabiendas de que la 4T está afectando sus intereses con su política económica y social. Por tanto, debemos concluir que quienes apoyan al presidente están obnubilados por la manipulación de su conciencia lograda a través de los programas de transferencias monetarias. En diciembre de 2020 se censó a los damnificados de las inundaciones de Tabasco con las listas de afiliación de los Servidores de la Nación con el pretexto de contabilizar los daños, y los pocos apoyos que se dieron se anunciaron como “órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador”[4]; en febrero de 2022 se dieron montos mayores en los apoyos a adultos mayores y en las becas a estudiantes porque iba a haber “veda electoral” por revocación de mandato en los días siguientes[5] y días antes del 10 de abril, fecha en que se realizaría la votación de revocación de mandato, se acosó a los adultos mayores mediante llamadas telefónicas y visitas de los servidores de la nación, amenazándolos de retirarles los apoyos si no salían a apoyar al presidente[6]. También, Andrés Manuel ha engañado al pueblo sistemáticamente en las conferencias mañaneras. De acuerdo con un análisis de la consultora Spin, cada mañanera se hace un promedio de 94 afirmaciones falsas o engañosas. En estas pláticas a menudo se atacan a quienes opinan lo contrario a él y se minimizan los problemas sociales con cifras maquilladas.

Pero, desgraciadamente, la realidad de la despolitización del pueblo de México es más grave de lo que aparenta, pues el hecho de que en 106 años de historia después de la revolución mexicana el pueblo pobre no haya construido un partido que verdaderamente represente y encabece la lucha por sus intereses a nivel nacional demuestra la falta de conciencia política generalizada. Presidentes van y vienen, y el pueblo sigue votando por quienes lo han llevado a la espantosa cifra de 56 millones de pobres en México, y el caso más reciente queda expresado en el hecho de que el pueblo votó y un porcentaje considerable de mexicanos sigue apoyando al presidente que se ha encargado de destruir las instituciones sociales que beneficiaban al pueblo, aumentando la pobreza, echando abajo el estado de derecho, atacando el sistema de salud y reduciendo las capacidades del país en desarrollo e investigación científica, para favorecer al capitalismo nacional y extranjero. Esta absurda realidad solamente puede explicarse por la falta de politización de la gente, por la carencia de una conciencia política que provoca que el mismo pueblo se arrodille ante su verdugo.

Lenin decía en el ¿Qué hacer? que para politizar a las masas se les tenía que organizar, educar y enseñar a luchar por sus intereses, porque la miseria solo podría erradicarse de raíz si tomaban el poder político y lo ponían a su servicio. Todo lo demás era inútil. Por eso, los mexicanos deben tomar conciencia de que sus males no acabarán mientras ellos no tomen en sus manos su destino y sigan apoyando a presidentes que defienden los intereses del capital nacional y extranjero. La tarea es difícil pero necesaria, mientras esto no se haga, el pueblo seguirá sufriendo las injusticias de todo tipo que tienen su causa en el sistema económico actual.


Ollin Vázquez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

[1] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/colectivo-por-mexico-no-tendra-impacto-en-los-ciudadanos-amlo-ya-no-existe-analfabetismo-politico

[2] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/colectivo-por-mexico-no-tendra-impacto-en-los-ciudadanos-amlo-ya-no-existe-analfabetismo-politico

[3] https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/02/desaprobacion-a-amlo-alcanza-su-nivel-mas-alto-del-sexenio-en-encuesta-ef-enero-2023/

[4] https://www.eluniversal.com.mx/estados/destina-bienestar-2-mil-mdp-de-apoyo-para-damnificados-de-tabasco

[5] https://www.forbes.com.mx/politica-por-veda-electoral-de-revocacion-de-mandato-adelantaran-pensiones-y-becas/

[6] https://www.animalpolitico.com/politica/revocacion-mandato-piden-votar-adultos-mayores-maestros

El metro de la Ciudad de México: trampolín o lastre de los políticos de la 4T

Febrero 2023

El metro y los accidentes

Se está haciendo costumbre para los habitantes de la Ciudad de México amanecer con noticias sobre fallas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. El Metro, como usualmente lo llaman los capitalinos, es el sistema de transporte público más grande de México. Aquí se movilizan 4.6 millones de almas humanas diariamente. Es un fenómeno sorprendente ver cómo en las horas pico los usuarios son capaces de compactarse por cientos en espacios tan reducidos y cómo, si existe, aunque sea el mínimo resquicio para abordarlo, siempre cabe uno más. En los nueve vagones que posee cada tren del metro de la CDMX caben 1,530 personas, 360 sentados y 1,170 parados.

Las noticias abordan desprendimiento de vagones, cortos circuitos, incendios y las explicaciones oficiales de esto vienen a abonar a los tan abundantes mitos que existen sobre el metro. Por ejemplo, como que se desprenden vagones del tren porque una tuerca se reusó a seguir funcionando, o como que alguna señora ama de casa “arrojó un aspa de lavadora” a las vías para “sabotear las operaciones”, u otra, como que tres sujetos fueron detenidos en diferentes estaciones porque arrojaron su celular a las vías del metro (como si en esta época todo mundo no estuviera pegado a esos aparatos). Esos, aunque parecen mitos, son algunas versiones que han manejado oficialmente las autoridades e instituciones del Gobierno de la Ciudad de México para responder a los cuestionamientos de por qué hay accidentes frecuentemente en este sistema.

Las explicaciones del accidente

El 27 de enero del año en curso el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el choque de trenes acaecido el 7 de enero del mismo año en la Línea 3 del metro (Indios Verdes-Universidad), se debió a dos causas: 1) a la quema y corte con dolo (voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud) de cables de comunicación, señalización y pilotaje automático y 2) a la conducción negligente del operador por no respetar las medidas de seguridad. La hipótesis que maneja la fiscalía es la misma que manejó la Gobernadora de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum, casi inmediatamente ocurrido el suceso, porque consideró que “han venido ocurriendo en los últimos meses episodios anormales… no quisiera ponerle nombre, pero sí se tratan de momentos, acciones, hechos atípicos en el metro”. Acto seguido, anunció que la Guardia Nacional haría presencia en el metro para que vigilara que estos sucesos no se repitieran.

Es decir, siguiendo la cronología de los hechos, inmediatamente ocurrido el hecho se afirmó que fue sabotaje y para evitarlos se instruyó -con anuencia del Gobierno Federal- que la GN se hiciera cargo de la vigilancia, después, la Fiscalía de la Ciudad de México “confirma la hipótesis” y, además, vincula a proceso y da cárcel preventiva al conductor del metro. Esta es la versión del Gobierno de la Ciudad de México y sus consecuencias.

Pero existe otra más acorde con la realidad: la falta de mantenimiento. Esta otra versión ha sido contradicha por el Gobierno de la CDMX, pero los datos muestran otra realidad. De las acciones programadas y acciones realizadas de mantenimiento, según una infografía de El economista, es la siguiente: en 2019 se cumplió con el 85.7%, en 2020 54.3% y en 2021 56.8% de las acciones que se debieron ejecutar. Es decir, en la administración de la Dra. Sheinbaum se dejó de dar mantenimiento al metro. Esto no es una opinión, son datos que obtuvieron de la cuenta pública de la Ciudad de México, datos que sintetiza y organiza el periódico.

Trampolín o grillete

Dada estos últimos datos y la versión del Gobierno de la Ciudad de México ¿Por qué se niegan a reconocer que hubo falla en la administración pública para afrontar el problema? ¿Por qué, si eran hechos ocasionados por el sabotaje, las fallas y accidentes no pararon una vez que la Guardia Nacional tomó la vigilancia en sus manos? La explicación plausible es que existe una reticencia de la Gobernadora para afrontar con responsabilidad y honestidad el error de su administración, pues se dejó de lado el mantenimiento.

Este comportamiento es sintomático de los servidores públicos del sistema político mexicano, un comportamiento que en este sexenio el Ejecutivo federal dijo estaría desterrado de la administración pública. Hablando de los problemas que tiene el metro -desde que la Dra. Claudia asumió el gobierno- no trascendió el hecho de que se haya derrumbado la Línea 12 del metro, no hay una investigación que haya determinado y deslindado las responsabilidades, es más no existe algún funcionario público que esté asumiendo las consecuencias de ello. Esto ha sido sistemático con otros problemas más pequeños. Ahora la novedad es que, además de no aceptar la responsabilidad, acusan a los trabajadores del metro y a su falta de pericia.

Negar la irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad de México es una estrategia que ha decidido seguir la Dra. Claudia y toda la estructura partidista y gubernamental que la respalda como la candidata favorita y más fuerte a la sucesión presidencial de 2024, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional y el presidente de la República. Lo que esta estrategia va evidenciando es que partido político y gobierno están mezclados para ejercer el poder a conveniencia de un grupo político, el de la denominada 4T. Se aprecia así cuando la Fiscalía se presta a sostener la versión del sabotaje o cuando muestra “incapacidad” para la investigación limpia y certera de los hechos con lo de la Línea 12 o cuando se usa a la Guardia Nacional para alimentar una versión paranoica e irracional, además, todo esto se hace con anuencia del presidente.

Al final, parece que la versión del gobierno de la Ciudad de México se va diluyendo poco a poco por inverosímil y los capitalinos van tomando conciencia de que El metro se está convirtiendo cada vez más en un transporte poco seguro. Si los políticos de la 4T y su administración fueran sensatos sabrían que apostar por un sistema de transporte público eficiente y económico para los capitalinos sería un camino mucho mejor para ganar acreditación ante los ciudadanos, pero dada su incapacidad y su poco compromiso con las necesidades sociales prefieren la parafernalia y la deshonestidad antes que resultados sociales. Esto quiere decir que el metro pudo ser un medio por el cual la Dra. Claudia Sheinbaum hubiera ganado la simpatía de los capitalinos si hubiera apostado desde el principio de su administración por mejorarlo y ampliarlo, pero no, se decantó por la parafernalia -limpiando los letreros y haciendo el aseo- y por potencializar su imagen política con “acciones de gobierno” poco trascendentes para los capitalinos.

Pagar los platos rotos

La masa de trabajadores que se mueve diariamente sufre las consecuencias de un transporte desorganizado, ineficiente, sucio, obsoleto e inseguro. Viajar jornadas de hasta cuatro horas, es ir apretado “como sardinas”. A la de por sí difícil situación de la vida económica de los capitalinos se suma el deplorable metro de la Ciudad de México. Por ello es necesario que los citadinos, así como han sido siempre la vanguardia de la efervescencia política, se propongan exigir más y mejor servicio de transporte público, incluido El metro. Solo una exigencia de ciudadanos organizados puede garantizar un mejor vida en la Ciudad de México.


Rogelio García Macedonio es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Para terminar con la pobreza y la desigualdad, terminemos con el capitalismo

Febrero 2023

Bajo el capitalismo nunca vamos a terminar con la pobreza y la desigualdad, por lo menos no con la desigualdad económica. Y no porque haya élites políticas insensibles a este problema, sino porque la propia lógica del capitalismo exige que haya siempre desigualdad y pobreza. Y conforme más se desarrolla el capitalismo, conforme más riqueza crea la humanidad, más crecen la desigualdad y la pobreza en el mundo.

Desde el siglo XIX, la desigualdad no ha hecho más que crecer, aunque hubo un periodo en el que el crecimiento de la desigualdad y la pobreza fue más lento. Ese periodo fue entre 1917 y la década de 1980. ¿A qué se debió esa ralentización? Básicamente a que en ese periodo una parte importante del mundo decidió superar el modo de producción capitalista y se propuso construir el socialismo, un modo de producción diferente que terminara por completo con la desigualdad y la pobreza. Rusia inició este movimiento internacional en 1917 y después se sumaron países de Europa del este, Asia y África. La presencia de una alternativa al modo de producción capitalista obligó al capitalismo de Europa y América a bajar el grado de explotación de los trabajadores, y a ralentizar el aumento de la pobreza y la desigualdad. En esa época se crearon los Estados de Bienestar para mejorar un poco las condiciones de vida de las clases trabajadoras y para espantar al fantasma de la revolución socialista. De esto han hablado autores como el historiador Joseph Fontana en sus libros “El siglo de la revolución” y “Por el bien del imperio”, además de estudios económicos recientes, como “Reformando para sobrevivir: los orígenes bolcheviques de las políticas sociales”.

A partir de la década de 1980, cuando la Unión Soviética ya atravesaba serias dificultades, los grandes multimillonarios calcularon que el mundo socialista ya no representaba una amenaza para la supervivencia del capitalismo. En ese momento comenzó a instalarse el modelo neoliberal en todo el mundo, un modelo que terminaba con el periodo anterior y retomaba el desarrollo capitalista sin ninguna consideración por los trabajadores. Esto significó crear riqueza más rápido, aumentando las desigualdades y generando más pobreza. Todos los países donde antes habían tratado de construir el socialismo, cayeron bajo este mismo modelo.

En enero de este año OXFAM publicó un informe donde dice que el 1% más rico de la población mundial ha acaparado casi dos tercios de la nueva riqueza generada en los últimos dos años, casi el doble que el 99% restante de la humanidad. En otras palabras, desde 2020, por cada dólar de nueva riqueza que pudiera obtener cualquier persona perteneciente al 90% más pobre, un millonario se embolsa 1.7 millones de dólares. En México, Carlos Slim, solo, concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana, unos 65 millones de personas. Mientras tanto, el número de personas en pobreza en México pasó del 41% en 2019 al 50% en 2021.

Para disminuir la desigualdad y la pobreza, OXFAM propone ponerle más impuestos a los más ricos. Este llamado se ha hecho tan popular en los últimos años que incluso algunos millonarios han iniciado un movimiento pidiendo que les cobren más impuestos. La política de subir los impuestos a los más ricos es perfectamente justa, lógica y racional, pero limitada. Porque incluso una política así tendría como marco de operación el mismo modo de producción capitalista.

En el Manifiesto de Partido Comunista, Marx aplaudía a la burguesía y al capitalismo por su gran capacidad para crear riqueza, pero al mismo tiempo criticaba ese modo de producción por su tendencia a concentrar en unas pocas manos la mayoría de la riqueza mientras a las grandes masas trabajadoras, las verdaderas creadoras de la riqueza, solo les tocaba una parte mínima de lo que ellas mismas producían.

Mientras exista el capitalismo, en cualquiera de sus modalidades, seguirá creciendo la riqueza y simultáneamente seguirá aumentando la concentración de la riqueza, y seguirán creciendo la desigualdad y la pobreza. Solo bajo un modo de producción que supere las contradicciones del capitalismo, bajo un modo de producción socialista, podremos eliminar las desigualdades y la pobreza. Pero este cambio no llegará solo. Hay que impulsarlo entre todos y todas.


Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y cursa una maestría en Estudios de China en El Colegio de México.

Renta onerosa más inflación

Enero 2023

Los residentes en una ciudad sin casa propia, los inquilinos, son una parte cada vez más importante para la población mexicana. De acuerdo con el INEGI, en 2014 16% de la población solucionó su necesidad de vivienda con una casa rentada, mientras que para 2021 esta población aumentó a 21.1%. En la Ciudad de México el problema es todavía más grave, pues para 2020 46% de las viviendas eran rentadas, según la Encuesta Nacional de Vivienda. El crecimiento de esta modalidad como solución a la necesidad de vivienda de la gente se deriva, por un lado, del cambio de modelo económico que en términos de vivienda implica políticas dirigidas a hacer de ésta una mercancía y no un derecho, pero también del hecho de que cada vez menos gente puede acceder a comprar una vivienda adecuada, con materiales resistentes y sobre todo con una ubicación que les satisfaga.

Uno de los problemas que enfrenta la población inquilina es el aumento desmedido del pago que hacen cada mes. A esto se le suma la inflación, que se espera que por otro año esté por encima de lo normal (alrededor de 3%). De acuerdo con las expectativas del Banco de México la inflación se mantendrá este año en 8.7%.

Son numerosos los casos documentados de inquilinos expulsados de la noche a la mañana del departamento que habitaron durante mucho tiempo. Varios de ellos no tienen ningún conocimiento de que el Código Civil establece como aumento máximo anual 10%, que, si bien ya es excesivo, los propietarios violan la ley con un aumento mucho mayor. Los precios de las casas, ya sea comprada o rentada, como en todos los productos, se adecúan al número de viviendas disponibles y también al espacio que hay disponible para construir casas y departamentos. Con la inflación, es normal que los precios suban porque los costos de los materiales de construcción para las viviendas aumentan. En el caso de las rentas, es normal que el precio se ajuste a la inflación del año en curso. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido un proceso peculiar: el costo en términos reales, de las casas ha aumentado muy por encima de la inflación promedio. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ha crecido 135%, por encima del precio general de los productos (INDESIG, 2022).

Este abuso hacia la población inquilina es posible por dos razones. En primer lugar, el mercado de renta de vivienda se basa en la escasez de viviendas ante la necesidad demográfica. Un informe del Instituto Tecnológico de Massachussets, reveló que en México se necesita la construcción de 800 mil viviendas al año para atender el déficit. En segundo, la falta de vigilancia por parte de las autoridades para regular los abusos. Sino que, por el contrario, promueven leyes que favorecen a los caseros para poder desalojar o imponer contratos leoninos a los inquilinos.

Hasta ahora el gobierno no ha tenido la responsabilidad para solucionar los problemas de la población inquilina que sufre los abusos por parte de los caseros. No pueden quedarse a esperar a que haya voluntad política. No queda más que organizarse y levantar la voz para que el gobierno atienda las necesidades de vivienda de la población. Sin esto, el gobierno seguirá protegiendo a los rentistas.


Samira Sánchez es economista por la UNAM, maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Repetir a Marx

Diciembre 2022

En los ámbitos universitarios o académicos es ya muy común que la gente se asuma de izquierda. Automáticamente, se critica al neoliberalismo y se defienden los derechos humanos, que son una bandera todavía necesaria, atribuida a las izquierdas.

Es común escuchar en clases o en espacios académicos que gran parte del personal estudiantil y docente se asume como progresista; están en favor de las luchas populares. Y parece que todo el mundo ha leído a Marx, pues se alude a sus ideas principales; las injusticias del país y del mundo son bien conocidas tanto en sus causas como en sus consecuencias. Las declaraciones de los círculos académicos contienen verdades sobre la explotación laboral y sobre las crisis económicas.

Por eso, repetir a Marx es —para muchos— repetir verdades sabidas hasta el cansancio. Son comunes las afirmaciones siguientes: las ideas de Marx no innovan, no son ingeniosas, no abonan para la formulación de un nuevo sistema filosófico. Incluso, se cuestiona si las ideas de Marx contienen filosofía. ¿No es más bien antropología o sociología? -preguntan con desdén-; es que Marx, señalan despectivamente, ya pasó de moda, su pensamiento es superficial, carece de nuevas formulaciones para que el ser humano se adapte a un sistema injusto y bien conocido por todos. Si para la academia de élite, la filosofía de Marx no contiene nuevas líneas de investigación, entonces no llama la atención porque no es redituable.

Por otro lado, las verdades ya muy sabidas se mencionan en diversos medios: en aulas, en periódicos, en redes sociales; y no provocan el temor de los dueños de las grandes empresas responsables de la explotación, por el contrario, se producen mercancías en favor de las luchas sociales —playeras con mensajes a favor del feminismo o productos procesados sin crueldad animal, por ejemplo—. Hoy todo parece evidente, el mundo injusto se ha normalizado a tal grado que no se pierde la vida por decir verdades, algo que en el pasado sucedió repetidas veces. En el pasado, quienes tenían el poder económico y político acosaban e incluso asesinaban a sus denunciantes; el ejemplo paradigmático es Sócrates.

Y no es que los gobernantes de hoy sean menos irracionales que los del pasado. Tampoco es que se den por supuestas las ideas de los grandes pensadores, porque ya casi nadie se detiene a pensarlas, es que el sistema de producción subsume exitosamente cada lucha colectiva y cada reflexión. Resaltar este hecho no implica pedir que se violente a los intelectuales, sino afirmar que sus declaraciones no perjudican realmente los intereses de los grandes empresarios ni abogan, en último término, por beneficiar directamente a las grandes mayorías.

Los análisis de hoy repiten lo ya conocido, y repetir que Marx tenía razón parece convertirse en material mercantil, los empresarios pueden vender mercancías con dicho slogan. El sistema mercantiliza el pensamiento filosófico. Darle la razón a Marx o a cualquier otro filósofo no repercute radicalmente en el orden social. Y la garganta de los y las académicas no está en peligro al sostener que tal o cual pensador tenía razón. No sucede así con quienes se atreven a hacer activismo o a denunciar abiertamente las políticas gubernamentales.

Que esté permitido darle la razón a las y los filósofos —sobre todo a Marx— permite, a su vez, que los mismos sean olvidados. Porque los discursos repetitivos, alejados de la crítica y de una acción disruptiva, no modifican el statu quo. Por eso, la academia elitista, centrada en los problemas ontológicos de moda, harta de las ideas de Marx, se acopla muy bien en el mercado. Conviene más poner en duda a la élite de los institutos educativos y menos a quienes denuncian y son criminalizados hasta el cansancio.


Betzy Bravo es licenciada en filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Historia de los movimientos socialistas en EE.UU. (II/III)

Octubre 2022

La Gran Depresión

A finales de octubre de 1929, los llamados “Felices años veinte”, que fueron un periodo de aparente aceleración económica y relajación de las tensiones sociales, terminaron abrupta y devastadoramente cuando la Bolsa de Nueva York experimentó el colapso más grande de su historia, desvaneciendo millones de dólares en cuestión de días y desencadenando la recesión más grande en la historia de los Estados Unidos, hoy conocida como la Gran Depresión. En los años siguientes, miles de bancos cerraron, negocios quebraron en todo el país, y millones de trabajadores perdieron su empleo. El desempleo llegó a un dramático 20 por ciento. Grandes sectores de la población estadounidense, que aún no estaban en situación de pobreza, vieron desaparecer los ahorros de toda su vida y cualquier perspectiva laboral. A millones los desalojaron de sus casas, entre ellos a agricultores empobrecidos, dificultando aún más el acceso a la alimentación. La especulación financiera desenfrenada a cargo de las élites empresariales había impulsado el auge de la economía en la década de los veinte, y construido las fortunas masivas de los nuevos ultrarricos. Ésta era considerada por muchos la culpable de la desgracia global que ahora vivían. Así, la inestabilidad inherente al sistema capitalista creó, una vez más, condiciones maduras para la organización anticapitalista.

Las predicciones optimistas de una recuperación rápida al inicio de la recesión se mostraron falsas cuando la devastación económica se extendió por todo el país a principios de los años treinta. Entonces, la tensión y el malestar comenzar a aumentar rápidamente. La masa de pobres y hambrientos veía campos cultivables ociosos por falta de rentabilidad y fondos para los agricultores.  Cuando la crisis se agudizó, estallaron disturbios por alimentos y la población recurrió a la fuerza para resistir a los intentos de desalojo de la policía. Durante los años 1931-1933 la policía tuvo que sofocar a multitudes de cientos y, a veces, miles de personas, muchas de ellas armadas, que exigían comida y trabajo en ciudades como Arkansas, Detroit, Indiana Harbor, Boston, Nueva York, Seattle y más. En el verano de 1932, se necesitaron “cuatro tropas de caballería, cuatro compañías de infantería, un escuadrón de ametralladoras y seis tanques” para reprimir una marcha en Washington D.C. de 20.000 veteranos de la Primera Guerra Mundial que exigían el pago de bonos de guerra.[1]

El Partido Comunista de los Estados Unidos (CPUSA) rápidamente asumió un papel activo en la organización. En marzo de 1930, el CPUSA organizó un “Día Internacional del desempleo”, en el que más de un millón de trabajadores se manifestaron en EE. UU. bajo el lema “¡No mueras de hambre! ¡Lucha!”. Se crearon Concejos de Desempleados, que reclutaron a decenas de miles, organizaron protestas, y lucharon fervientemente contra los desalojos. Los comunistas fueron capaces de organizar a través de líneas raciales, a pesar de la persistencia de los antagonismos en este ámbito, y se convirtieron en líderes en la organización de huelgas de alquiler y en la resistencia local contra desalojos. Rápidamente se popularizó el eslogan: “¡Corre rápido y encuentra a los Rojos!”, que se utilizaba cuando la policía aparecía para desalojar a alguna familia de su vivienda. Cuando la policía arrojaba a la calle los muebles de los desalojados, multitudes de personas ayudaban a devolverlos a las casas y levantaban barricadas físicas hasta que la policía se veía obligada a irse. En un caso famoso en la ciudad de Nueva York en enero de 1932, conocido como la “Batalla del Bronx”, un consejo de desempleados votó a favor de apoyar una huelga de alquiler a gran escala y dispuso que miles de residentes resistieran físicamente los intentos de la policía por romper el Huelga. Cuando los propietarios de dieron por venidos y anunciaron el fin de los desalojos y una reducción del alquiler, la multitud estalló en cánticos de La Internacional mientras agitaban sus ejemplares del periódico del CPUSA.[2]

La insatisfacción con el estatus quo condujo a la elección del candidato populista del Partido Demócrata Franklin Roosevelt a la presidencia en noviembre de 1932. Roosevelt era una figura carismática, que prometía promulgar un conjunto de reformas para aliviar la situación de la clase trabajadora y lograr estabilidad económica, con la esperanza de un acuerdo múltiple entre las grandes empresas, los trabajadores y el estado. La Ley de Recuperación de la Industria Nacional, aprobada en 1993, autorizaba al estado regular salarios y precios, estableció un programa de obras públicas nacionales sin precedentes —movilizando directamente a millones de desempleados para trabajar— y proveía derechos de negociación colectiva a los sindicatos.  Un programa más radical de planificación y producción estatales llamado Tennessee Valley Authority, implementado en 1933, ganó popularidad inmediatamente al llevar desarrollo económico y modernizar la infraestructura en áreas rurales del sur, pero fue despreciado como un programa “socialista” por las élites gobernantes.

Al principio, las élites empresariales presionaron para aplastar las reformas de Roosevelt y, de hecho, obtuvieron un control significativo sobre la economía a través de sus posiciones en las asociaciones empresariales recién creadas, así como en la Cámara de Comercio. Sin embargo, conforme avanzaba su mandato, la creciente amenaza de disturbios y rebeliones empujó a Roosevelt mucho más allá de lo que esperaba o incluso de lo que quería lograr. Un ejemplo de esta amenaza es la “huelga de la costa oeste” de 1934, en la que decenas de miles de estibadores en todos los puertos de la costa oeste declararon una wildcat strike[3] a pesar de la reticencia y protesta de la dirigencia conservadora del sindicato; la huelga paró en seco la actividad económica. El paro culminó con una huelga general en San Francisco, después de que dos trabajadores murieran en enfrentamientos con la policía. El estado llamó a nuevas fuerzas policiales especiales y la guardia nacional, que llegaron con tanques, ametralladoras y artillería, amenazando con un gran enfrentamiento con los trabajadores de la ciudad. El periódico Los Angeles Times escribió: “La situación en San Francisco no se puede describir correctamente como una ‘huelga general’. Lo que realmente se está desenvolviendo allí es una insurrección, una revuelta de inspiración y dirección comunistas contra el gobierno. Solo hay una cosa por hacer: sofocar la revuelta con la fuerza que sea necesaria.”[4] Al mismo tiempo, una huelga de camioneros en Minneapolis, fuertemente influenciada por la Liga Comunista de Estados Unidos, declaró una huelga que inmovilizó la ciudad. Más tarde ese año, más de 300.000 trabajadores textiles en todo el sur se declararon en huelga, dirigida por las mismas bases obreras, lo que provocó más batallas mortales con las fuerzas policiales e incluso la extensión de la huelga al noreste. En última instancia, cada una de estas luchas terminó en acuerdos, pero el creciente temor a una revuelta de clase se incrustó en la conciencia nacional.

Para mitigar estas amenazas de rebelión y estabilizar las relaciones de clase, Roosevelt amplió su lista de reformas. Conocido popularmente como el “New Deal” (Nuevo Trato o Nuevo Acuerdo), la amplia gama de reformas aprobadas bajo el mandato de Roosevelt incluyó el establecimiento de seguridad social, seguro de desempleo, salario mínimo, regulaciones a la banca y actividad financiera, reforma fiscal progresiva, programas de obras públicas, reformas agrícolas para estabilizar los ingresos de los agricultores y la expansión de los derechos laborales y sindicales. A pesar de la persistencia de la depresión, Roosevelt se hizo muy popular entre la clase trabajadora, realineando dramáticamente el panorama político de los EE. UU. en las próximas décadas. El Partido Demócrata se convirtió en el partido de los obreros organizados y de los trabajadores pobres, y Roosevelt fue reelegido para cuatro mandatos presidenciales, algo sin precedentes en la historia de EE.UU. En total, ocupó este cargo desde 1933 hasta su muerte en 1945.

Al mismo tiempo, las políticas protectivas hacia los pobres y el aparente favoritismo de Roosevelt por la clase obrera le ganaron el resentimiento de las élites empresariales, quienes lo desdeñaban como un “traidor a su clase”. Durante el primer año de su presidencia, se reveló en el Congreso un supuesto complot para derrocar a Roosevelt e instalar una dictadura fascista dirigida por el general mayor Smedley Butler; un complot que hacía eco del ascenso del fascismo en Europa. Desafortunadamente para los golpistas, Smedley Butler, quien era en ese momento, el infante de marina más condecorado en la historia de los EE. UU., había evolucionado en su postura hasta convertirse en un crítico del capitalismo y un partidario del presidente Roosevelt. Tras décadas de servicio militar, Butler se dio cuenta de que sus acciones no servían a los intereses del estadounidense promedio, ni a los ciudadanos de los países que ayudó a invadir, sino a los de la clase capitalista. Declarando que durante décadas había servido sin saberlo como un “hombre musculoso de clase alta” para Wall Street y etiquetándose a sí mismo como un “mafioso del capitalismo” en un libro que escribió titulado War is a Racket, Butler testificó ante el Congreso contra los golpistas, y el golpe nunca se concretó. La seguridad de la que gozó Butler tras dar a conocer su testimonio, sin embargo, nunca llegó al cada vez más popular senador de Luisiana Huey Long, quien criticó a Roosevelt por no ir lo suficientemente lejos con sus reformas. Long amenazó a Roosevelt con competir contra él en las elecciones presidenciales, pero fue asesinado en 1935, en lo que muchos consideraron una conspiración.

Eventualmente, la clase dominante tuvo que aceptar a regañadientes la necesidad de las reformas de Roosevelt para salvarse de la amenaza de una revolución. El New Deal coincidió con la publicación de La Teoría General, del economista John Maynard Keynes, un texto innovador que desafió las ortodoxias económicas del capitalismo laissez faire (de libre mercado) y mostraba la necesidad de un papel muchísimo más activo del estado en la regulación de la economía. Las políticas de Roosevelt y el giro general en los estados de todo el mundo hacia una nueva era de participación estatal en asuntos económicos se asociaron con el “keynesianismo”, un término para este nuevo marco ideológico que se apoderó del mundo capitalista, reconociendo la necesidad de estabilización y coordinación económicas, que se consideraban indispensables para evitar que el conflicto de clases derrocase el orden existente.

La Segunda Guerra Mundial (WWII) y el Segundo Temor Rojo

A fines de la década de 1930, el futuro de los EE. UU. era incierto. La inestabilidad del sistema capitalista dio paso a la mayor crisis que jamás haya enfrentado el capitalismo estadounidense: la recesión económica más larga y profunda de su historia. La ira y el resentimiento aumentaron, mientras crecía la influencia del marxismo y el Partido Comunista. Huelgas masivas y enfrentamientos a gran escala con la policía e incluso con el ejército estallaban en ciudad tras ciudad. Un populista de izquierda fue elegido a la presidencia e inmediatamente casi fue derrocado y reemplazado por una dictadura fascista. Y mientras la amenaza de la revolución empujaba a Roosevelt a ampliar sus reformas, la depresión económica persistía y el temor a un levantamiento comunista masivo crecía. Si alguna vez hubo un momento en la historia de Estados Unidos en el que existió la posibilidad real de una revolución socialista, fue durante estos años. No es difícil imaginar un evento como la huelga general de San Francisco convirtiéndose en una revuelta obrera armada generalizada. Si el complot golpista contra Roosevelt hubiera tenido éxito, quizás EE. UU. se hubiese unido a las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial en lugar de a los Aliados, o quizás podría haber estallado a una guerra civil, como había ocurrido en España. En un mundo distinto, todos estos eventos pudieron haber llevado a un punto de inflexión y una historia completamente diferente para el siglo XX. Sin embargo, ese punto de inflexión para la revolución nunca llegó. El CPUSA, enfrentando represión permanente y una atmósfera anticomunista en el país promovida por las élites dirigentes, nunca logró tracción suficiente como para amenazar con una victoria electoral presidencial ni con una insurrección al estilo bolchevique.

Por el contrario, el inicio de la Segunda Guerra Mundial (WWII) alteró profundamente el panorama geopolítico y económico global. Al interior, la entrada de EE. UU. en la guerra después del ataque japonés a la base militar de Pearl Harbor en Hawái en 1942 condujo a una movilización masiva durante la guerra, lo que acabó rápidamente con el desempleo y provocó un aumento de los sentimientos patrióticos entre la población. Los sindicatos aceptaron restringir las huelgas durante la guerra, y el CPUSA incluso cambió su caracterización de ésta después de que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética, de una guerra imperialista a una lucha necesaria contra el fascismo. El hecho de que la guerra nunca tocara suelo estadounidense, con la única excepción del ataque a Pearl Harbor, significó que Estados Unidos se convirtió en la principal potencia hegemónica, reemplazando por fin al Imperio Británico, y colocándose a la cabeza para la reconstrucción de Europa.  La demanda agregada generada por esta reconstrucción, el poder sin paralelos y el acceso a los mercados alrededor del globo, y la poderosa lista de reformas de Roosevelt que proporcionó seguridad económica y estabilidad sin precedentes, todo se combinó para producir un auge económico de posguerra, en un periodo que hasta la fecha se le describe como la edad de oro del capitalismo estadounidense.

No obstante, el poder de negociación de los trabajadores organizados emergió de la guerra más grande que nunca, obteniendo un asiento no oficial en la mesa de gobierno. La clase obrera había ganado un enorme poder y protecciones a través de las reformas de Roosevelt, y el CPUSA, con su base de más de 75,000 miembros en 1947, amenazó con impulsar estas victorias más allá a medida que avanzaba la transición de una economía de tiempos de guerra a una de tiempos de paz. El temor de que la recesión pudiera volver a asomar la cabeza en cualquier momento y revitalizar el conflicto de clases de la década de 1930 perseguía a la clase dominante. Además, las victorias del socialismo en todo el mundo encendieron las alarmas en el núcleo capitalista. En 1949, la Unión Soviética probó con éxito su primera bomba nuclear, poniendo fin al breve reinado de supremacía nuclear unilateral estadounidense, y ese mismo año el Partido Comunista Chino salió victorioso de la Guerra Civil China, con el Kuomintang respaldado por Estados Unidos huyendo a Taiwán (anteriormente conocido como como Formosa). Los Partidos Comunistas llegaron al poder por toda Europa del Este, las ideas marxistas se extendieron por América Latina, el Medio Oriente, África y Asia, y los Partidos Comunistas se posicionaban para lograr victorias electorales en Europa Occidental. El presidente de EE. UU., Harry Truman, el vicepresidente más conservador de Roosevelt, que asumió el poder después de la repentina muerte de Roosevelt en 1945, respondió declarando una política de “contención” de la expansión del comunismo por cualquier medio necesario, sentando las bases para la Guerra Fría. Así, el orden de la posguerra creó las condiciones para una ola de represión anticomunista tanto en el país como en el extranjero.

La ola de represión interna comenzó con lo que ahora se conoce como el “Segundo Temor Rojo” a fines de la década de 1940. Al igual que el Primer Temor Rojo, el segundo también fue anticomunista, pero el foco estaba puesto en los riesgos de espionaje y subversión dentro del gobierno, la educación, el entretenimiento y los sindicatos. Este movimiento, cuyo objetivo declarado era erradicar públicamente a los estadounidenses potencialmente subversivos o desleales, la mayoría de las veces con poca o nula evidencia, fue encabezado por el senador Joseph McCarthy y se conoce comúnmente como macartismo. En 1947, el presidente Harry Truman emitió una orden de lealtad exigiendo que todos los empleados federales fueran investigados para determinar si eran leales al gobierno de los Estados Unidos. En 1950, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interna McCarran que, entre otras cosas, convirtió en delito grave las acciones que pudieran contribuir al “establecimiento de una dictadura totalitaria” en los EE. UU. y autorizó al presidente a arrestar y detener a cualquier persona sospechosa de participar en espionaje o sabotaje en caso de emergencia. También creó la Junta de Control de Actividades Subversivas (SACB), que podría obligar a cualquier organización sospechosa de comunista a registrarse en el Departamento de Justicia y entregar información sobre membresía, finanzas y actividades del grupo. La ley fue enmendada en 1954 con la Ley de Control Comunista, que proscribió al CPUSA y prohibió a los miembros de organizaciones comunistas desempeñar funciones representativas; esta medida iba dirigida principalmente a los sindicatos, a quienes el gobierno ansiaba separar definitivamente de la influencia comunista. Al mismo tiempo, el Comité de Actividades Antiestadounidenses (HUAC), que fue fundado en 1938, cumplía su objetivo principal de exponer a los comunistas en el gobierno y Hollywood. En 1947, el HUAC interrogó a 29 personas acusadas de “inyectar” propaganda comunista en los filmes de Hollywood. De los 29, diez fueron acusados ​​de desacato al tribunal cuando se negaron a admitir sus creencias políticas o nombrar a otros comunistas. Estas diez personas, conocidas como los Diez de Hollywood, fueron multadas y sentenciadas a prisión. Después del juicio, los ejecutivos de películas en Hollywood crearon listas negras de presuntos radicales y prohibieron el empleo a más de 300 personas. Estas listas negras rápidamente se expandieron a otras industriales. Mientras tanto, el FBI, bajo la dirección de J Edgar Hoover, investigaba presuntos comportamientos subversivo con el uso de acciones que claramente violaban la libertad de expresión y organización, como escuchas telefónicas, vigilancia e infiltración en grupos de izquierda. Las personas homosexuales se vieron particularmente afectadas durante este periodo: se les concebía como un riesgo específico para la seguridad nacional en tanto, supuestamente, eran un grupo particularmente susceptible a la “manipulación” y propaganda comunista.

La membresía de los grupos de izquierda se redujo significativamente, ya que la participación en ellos podría tener graves consecuencias: cientos de personas fueron encarceladas y más de 10,000 perdieron sus trabajos, la mayoría de los cuales tenían conexión con el CPUSA. En 1949, el gobierno federal llevó a juicio a 12 líderes del CPUSA bajo el cargo de abogar por el derrocamiento violento del gobierno, lo que constituía una violación de la Ley Smith de 1940. A pesar de no presentar evidencia de que los líderes llamaron abiertamente a la violencia, o de que tomaron alguna medida hacia una revolución, más allá de la lectura de teoría revolucionaria, los 12 fueron declarados culpables o en desacato al tribunal. Más de 140 miembros del partido fueron procesados ​​y el funcionamiento del partido se tornó cada vez más difícil.

McCarthy era una figura polarizadora, y comenzó a perder credibilidad a mediados de la década de 1950 cuando acusó de subversión a héroes de guerra y miembros del ejército estadounidense. En 1957, la Corte Suprema exigió que, para ser declarado culpable de violar la Ley Smith, el gobierno debía demostrar que la persona acusada había tomado medidas concretas para derrocar al gobierno, más allá de defender esta postura en teoría. La Ley de Seguridad Interna y la Ley de Control Comunista fueron finalmente derogadas en la década de 1990.

A pesar de la ola de macartismo y el duro golpe que esto representa para las organizaciones de izquierda, en 1949 se fundó Monthly Review, que es la revista socialista que ha sido publicada durante más tiempo de forma continua en la historia de EE. UU. La revista fue editada inicialmente por el economista marxista Paul Sweezy y el historiador Leo Huberman, y contado con colaboradores de la talla de Albert Einstein, Samir Amin, W.E.B. Du Bois, Che Guevara y C. Wright Mills. El primer número, que incluía el famoso ensayo de Einstein “¿Por qué el socialismo?” solo tenía 450 suscriptores. Para 1950 ya eran 2,500 y para 1954, 6,000. Todo esto en el punto más álgido del macartismo. Tanto Sweezy como Huberman fueron atacados duramente en estos años, y el caso de Sweezy llegó a la Corte Suprema, donde ganó probando que sus acciones estaban en el marco de la libertad de expresión. Con el surgimiento de la Nueva Izquierda a mediados de la década de 1960, la membresía aumentó considerablemente. Para 1977, Monthly Review contaba ya con 11,500 suscriptores.

El movimiento por los derechos civiles y la nueva izquierda

Apenas extinto el Segundo Temor Rojo en las décadas de 1960 y 1970, EE. UU. vivió un periodo de numerosas protestas a gran escala por amplios movimientos sociales y políticos. Muchos de los involucrados eran parte de un movimiento todavía más abarcador llamado la Nueva Izquierda. La Nueva Izquierda fue un movimiento político de activistas jóvenes en su mayoría organizados en torno a gran diversidad de temas sociales, incluidos los derechos civiles, la política de drogas, la libertad de expresión, entre otras, todo esto enmarcado en el gran catalizador que fue la oposición a la guerra de Vietnam.

El sociólogo Charles Wright Mills popularizó el término en la ya famosa “Carta a la Nueva Izquierda”, que redactó en 1960 después de viajar al extranjero y conocer a los intelectuales de la Nueva Izquierda en Gran Bretaña. Mills, cuya atención principal estaba en la desigualdad de poder y no tanto en la económica, no veía en el proletariado el agente de transformación social. Para él, eran los intelectuales, y los intelectuales jóvenes en particular. En su carta, Mills se decanta abiertamente por la Nueva Izquierda, y llama a los jóvenes intelectuales a alejarse del enfoque tradicional de la “Vieja Izquierda” y su atención exclusiva a problemas laborales y de lucha de clases, y propone avanzar hacia ámbitos de oposición a las estructuras de autoridad prevalecientes en la sociedad. La Nueva Izquierda, de acuerdo con la carta de Mills, era fuertemente antisistema y se oponía al liberalismo. Su ideología también estuvo influenciada por varios avances intelectuales y eventos mundiales del momento, como lo fueron la publicación de “El Capital Monopolista” de Paul Sweezy y Paul Baran en 1966, el movimiento de derechos civiles, la Guerra de Vietnam y la Revolución Cultural China.

Antes de estudiar a los grupos de la Nueva Izquierda, primero es necesario discutir el movimiento por los derechos civiles, que precedió, influyó fuertemente y luego se fusionó parcialmente con la Nueva Izquierda. Si bien los afroamericanos tenían técnicamente los mismos derechos constitucionales que el resto de la ciudadanía estadounidense tras consumarse la Guerra Civil y la subsiguiente abolición de la esclavitud en 1865, en la práctica enfrentaron una discriminación extrema, que incluía la retención de sus derechos civiles y, por lo general, tuvieron que soportar la violencia permanente de los supremacistas blancos, especialmente en los estados del sur. Durante casi 100 años, las leyes estatales y locales impusieron la segregación racial en el Sur, conocidas como leyes Jim Crow. En 1954, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en las escuelas públicas con el histórico caso Brown vs Board of Education. Ese mismo año, la Corte Suprema declaró inconstitucionales otro conjunto de las leyes Jim Crow, incluida la segregación en los lugares públicos y la prohibición del matrimonio interracial.

Con estos antecedentes, el movimiento por los derechos civiles se consolidó como movimiento político en 1954. Duró hasta 1968, aunque la lucha contra el racismo aún continúa hoy. En ese momento, la atención se centró en otorgar a los afroamericanos los mismos derechos protegidos por la ley, incluida la abolición de la segregación racial institucional, la discriminación, la privación de derechos y la violencia. El movimiento enfatizó el uso exclusivo de métodos pacíficos en su lucha por justicia social, a pesar de que a menudo se enfrentó con la violencia de los sureños blancos, como el Ku Klux Klan, un grupo terrorista supremacista blanco, pero también de funcionarios estatales y locales.

Muchos eventos inspiraron indignación y manifestaciones durante este período. En 1955, Emmett Till, un afroamericano de catorce años, fue secuestrado, torturado y finalmente linchado en Mississippi después de ser acusado de violar a una mujer blanca, lo que provocó indignación nacional. De 1955 a 1956 Montgomery, Alabama, experimentó un boicot generalizado al sistema de autobuses, después de que dos mujeres negras fueran arrestadas por no ceder sus asientos a los pasajeros blancos en los autobuses públicos. El boicot no terminó sino hasta cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en los autobuses públicos. Como otra forma de protesta, esta vez contra la segregación en restaurantes, los estudiantes afroamericanos ocupaban todos los asientos disponibles en establecimientos que practicaban la segregación, y se negaban a irse cuando se les negaba el servicio. Esto comenzó en Greensboro, Carolina del Norte, en 1960, pero rápidamente se generalizó en todo el sur y tuvo una duración de dos años, incluyendo a más de 70,000 participantes, en lo que se conoció como el movimiento sit-in. Estos eventos trajeron tanto publicidad negativa como dificultades económicas para las empresas, ya que los participantes ocupaban espacios de los clientes regulares, y finalmente dieron como resultado la eliminación de la segregación en muchas empresas locales. En 1963, más de 5,000 estudiantes marcharon en Birmingham, Alabama, para unirse a las manifestaciones contra la segregación, en lo que se llamó la Cruzada de los Niños. Durante la manifestación, muchos estudiantes fueron arrestados y atacados violentamente por policías y perros policía. Además, se hizo un gran esfuerzo para organizar el registro de votantes, tras innumerables abusos sobre el derecho al voto de los afroamericanos. Muchos de estos esfuerzos culminaron en marzo de 1965, cuando, después de una serie de arrestos y asesinatos policiales de manifestantes en Selma, Alabama, más de 600 personas marcharon de Selma a Montgomery, la capital del estado. Los manifestantes fueron recibidos por agentes del orden, algunos a caballo, que atacaron a los manifestantes pacíficos con gases lacrimógenos, garrotes y otras armas. Esto provocó indignación en todo el país y llevó a que poco después se aprobara la legislación sobre el derecho al voto.

Algunos grupos del movimiento por los derechos civiles estuvieron, tanto individual como colectivamente, detrás de muchas de estas acciones. El Congreso por la Igualdad Racial, o CORE, fue una organización afroamericana fundada en Chicago en 1942, antes de que despegara el movimiento por los derechos civiles. CORE creía en la no-violencia como táctica contra la segregación. Los miembros participaron en Freedom Rides, donde los activistas viajaban en autobuses interestatales hacia los lugares del sur donde no se estaba cumpliendo el fallo de la Corte Suprema sobre la eliminación de la segregación en los autobuses públicos, a menudo siendo atacados brutalmente en el proceso. Su sección de Chicago desafió la segregación en las Escuelas Públicas de esa ciudad. Las secciones se organizaron de manera similar a un sindicato democrático. Llevaban a cabo reuniones mensuales de miembros, funcionarios elegidos y muchos comités de voluntarios.

La Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano (SCLC) fue otra relevante organización afroamericana de la lucha por los derechos civiles, formada en Atlanta, Georgia, a raíz del boicot a los autobuses de Montgomery en 1957. Tenían el objetivo original de participar en acciones directas no violentas para acabar con la segregación en los sistemas de autobuses del Sur. Poco después, ampliaron este objetivo para centrarse en acabar con todas las formas de segregación. Entre sus muy diversas actividades, crearon “escuelas de ciudadanía” en donde enseñaban a los adultos negros a leer, con miras, entre otras cosas, a aprobar las pruebas de alfabetización para poder registrarse para votar, completar los exámenes de manejo y otras tareas esenciales. Gracias a este programa, más de 700.000 afroamericanos se registraron para votar. También jugaron un papel clave en eventos fundamentales como la campaña en Birmington, Alabama, la Marcha de 1963 en Washington y la marcha de Selma a Montgomery. El SCLC fue criticado por algunos miembros más jóvenes por su falta de militancia y se la considera menos radical que otros grupos del movimiento activos en ese momento.

El Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) fue otro grupo con sede en Atlanta que surgió en 1960 a partir del movimiento de las sit-in estudiantiles. El SNCC se convirtió en el movimiento que aglutinó a la mayor cantidad de estudiantes involucrados en el movimiento por los derechos civiles. Practicaron la democracia participativa y evitaron la jerarquización de la organización, mientras que en la práctica se involucraban en tácticas no-violentas, ganando liderazgo y dirección participando y dando seguimiento a los acontecimientos más importantes del momento.

Con toda la importancia de estos movimientos y organizaciones, el movimiento por los derechos civiles en EE. UU. está indisolublemente asociado a los nombres de dos de sus líderes más importantes: Martin Luther King Jr. y Malcom X. Martin Luther King Jr. fue un líder eclesiástico afroamericano y presidente de la SCLC. Predicó la resistencia no-violenta, a menudo encabezando marchas por causas como el derecho al voto, la desegregación y los derechos laborales, siendo muchas veces encarcelado por hacerlo. Pronunció su histórico discurso “Tengo un sueño” (I have a dream), en donde exigía el fin del racismo frente a un público de entre 200 y 300 mil personas en la Marcha por el Trabajo y la Libertad en Washington en el año de 1963. En 1968, Martin Luther King, Jr. y la SCLC iniciaron la formación de la Campaña de los Pobres, con el objetivo de obtener justicia económica para los marginados de EE. UU. Esta campaña, que fue controvertida incluso dentro del movimiento de derechos civiles, tenía como objetivo viajar por el país para formar un “ejército multirracial de los pobres”. Esto incluía demandas concretas al gobierno federal tales como la creación un programa antipobreza de 30 mil millones de dólares, con medidas para crear pleno empleo (específicamente, “trabajo significativo con salario digno”), una forma de ingreso básico universal, vivienda asequible, acceso a la tierra y al capital para los pobres y las minorías, y oportunidades políticas para las masas. Sin embargo, Martin Luther King fue asesinado antes de que se llevara a cabo la campaña, que continuó bajo el liderazgo de Ralph Abernathy. Políticamente, Martin Luther King cuidó su lenguaje en público para evitar ser vinculado públicamente con el comunismo. De hecho, ésta era una tendencia general entre los activistas y grupos de derechos civiles, en un intento por obtener la base de apoyo más amplia posible. Se sugiere que esta es la razón por la cual la SCLC agregó “cristiano” a su nombre. Sin embargo, en privado, Martin Luther King Jr. leía y admiraba a Marx y apoyaba una forma de socialismo democrático. Más adelante en su vida, pasó de centrarse exclusivamente en los derechos civiles a incluir posturas anticapitalistas y contra la guerra. Luchó por un ingreso básico universal, la redistribución de la riqueza para promover la justicia racial y económica, la vivienda pública y la atención médica universal, entre otras cosas. A menudo fue examinado por el FBI bajo su programa para desbaratar las organizaciones políticas nacionales en ese momento, COINTELPRO (Programa de Contra-Inteligencia). El COINTELPRO se involucró en tácticas de espionaje contra MLK que incluían grabarlo en secreto, chantajearlo anónimamente, y difundir campañas de difamación en su contra. En 1968, Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis, Tennessee. James Earl Ray, partidario del político supremacista blanco George Wallace, fue arrestado por el acto y se declaró culpable unas semanas después. Hasta el día de hoy, algunas personas, incluida la familia de King, creen que Ray es inocente y fue engañado para encubrir lo que fue un trabajo interno del gobierno.

La brecha entre la supuesta democracia estadounidense y la realidad de segregación y discriminación propició en este periodo el auge de las ideas del Nacionalismo Negro y el Separatismo Negro. El nacionalismo negro luchaba por la justicia política, social y económica para las comunidades y personas negras, manteniendo una identidad negra distintiva que se resiste a la asimilación a la cultura blanca. Algunos nacionalistas negros también son partidarios del separatismo negro, un movimiento político que busca crear instituciones independientes para los afrodescendientes. Los defensores de esta postura más radical la defienden sosteniendo que la experiencia ha demostrado que la igualdad no es posible de otra forma.

Malcom X, una de las figuras clave del movimiento por los derechos civiles, fue un importante defensor de estas ideas. Fue un ministro musulmán afroamericano y activista de derechos humanos que abogó por el empoderamiento de los negros y la promoción del islam en la comunidad negra. Hasta 1964, fue el portavoz público más importante de la Nación del Islam (NOI), una organización política religiosa y nacionalista negra que abogaba por la separación de los estadounidenses blancos y negros. Durante este tiempo, criticó a Martin Luther King Jr. y a la corriente principal del movimiento por los derechos civiles por su énfasis en la no-violencia y la integración racial. En 1964 renunció públicamente a la Nación del Islam y comenzó a centrar su activismo en los derechos humanos internacionales de los negros en lugar de los derechos civiles en los EE. UU. En este periodo, también, se convirtió en crítico del sistema capitalista. Un año más tarde, en 1965, fue asesinado. No hay consenso sobre quién es el responsable; pero lo que sí se sabe es que fue blanco del FBI, es decir, del COINTELPRO durante, toda su vida política activa. Si bien es una figura controvertida, la mayoría celebra a Malcolm X por su constante dedicación a la justicia racial, y se le describe como una de las personas más influyentes de la historia. Se le atribuye haber elevado la autoestima de los estadounidenses negros, conectándolos con su herencia y articulando sus quejas sobre la desigualdad. También inspiró a muchos futuros activistas negros radicales, como el movimiento Poder Negro (Black Power).

El movimiento por los derechos civiles tuvo gran influencia y se apuntó numerosas victorias políticas. La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965 prohibieron la discriminación en las prácticas laborales, protegieron los derechos de voto y prohibieron la segregación racial en los centros de trabajo y lugares públicos, entre otras cosas. La aprobación de estas dos leyes básicamente eliminó lo que quedaba de las leyes Jim Crow. Aprobada en 1968, La Ley de Derechos Civiles prohibió la discriminación en la vivienda. Es importante señalar que muchos argumentan que, al impulsar estos cambios, el gobierno EE. UU. tomaba en cuenta las tensiones de la Guerra Fría y, en particular, la cobertura que los medios soviéticos daban a la discriminación racial en EE.UU., el supuesto modelo mundial de derechos humanos.

Y aunque estos cambios desmantelaron la base institucional de la discriminación y segregación raciales en el sur, otros procesos operaban en un sentido opuesto. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos afroamericanos emigraron del sur al norte y oeste del país en busca de empleos. Sin embargo, después de la guerra, la mayoría de los empleos se concentraron en áreas blancas, dejando a las poblaciones negras en condiciones de alto desempleo y malas condiciones de vivienda, muchas viviendo en guetos urbanos. Además, la población negra tenía desproporcionadamente poco o ningún acceso a oportunidades económicas y políticas, como se podía ver, entre otras cosas, por su falta de representación política y nula representación en las principales universidades del país. Del mismo modo, La represión y la violencia policial continuaron siendo una gran fuente de inconformidad en las comunidades negras. Así, a mediados de los años 60 surgió un nuevo movimiento que creía que las tácticas de no violencia o de desobediencia civil no eran suficientes para luchar contra estas condiciones: el movimiento Poder Negro. La lucha pasaba de buscar igualdad de derechos ciudadanos a luchar por el poder económico y político para los estadounidenses negros.

El movimiento Poder Negro estuvo muy influenciado por Malcolm X, y particularmente por su crítica a los métodos no violentos de Martin Luther King Jr. También estuvo influenciado por el Movimiento de Acción Revolucionaria (RAM), un grupo nacionalista negro revolucionario que operó en los EE. UU. entre 1962 y 1969. El objetivo del RAM era convertir el movimiento por los derechos civiles en una revolución negra internacional, y fue el primer grupo en aplicar el maoísmo a las condiciones de los negros en los EE. UU. En su apogeo, el RAM tenía secciones en todo el país, con varios niveles de militancia que iban desde cuadros de tiempo completo hasta miembros que solo colaboraban económicamente con la organización. Sintetizaron las ideas de Marx, Lenin, Mao y Malcolm X en lo que consideraban una teoría integral del nacionalismo negro revolucionario. Fue la única organización política secular a la que se unió Malcolm X antes de 1964, e influyeron profundamente en la política del movimiento Poder Negro. Como no podía ser de otra forma, el RAM también fue blanco de COINTELPRO. A pesar de sus inmensas contribuciones teóricas, el RAM fue criticado por “no practicar sus ideales revolucionarios”. Esto se debió en parte a que decidieron ser una organización clandestina para garantizar su seguridad y, por lo tanto, muchas de sus acciones se realizaron a espaldas de otras organizaciones. También se debió a que el RAM estaba formado, principalmente, por intelectuales con educación universitaria que, a su vez, organizaban principalmente a estudiantes o jóvenes “pequeño burgueses” negros, en lugar de a la clase trabajadora negra. Para 1969, debido en gran parte a la represión del gobierno, el RAM prácticamente se había disuelto: muchos de sus miembros se unieron al Partido de Liberación Negra u otros grupos por los derechos civiles.

El movimiento Poder Negro era enormemente diverso y numeroso, pero sus dos pilares filosóficos eran el nacionalismo negro y el socialismo. Las tácticas también variaban sustancialmente algunos grupos exigían acción violenta inmediata para luchar contra la supremacía blanca, otros creaban servicios para las comunidades negras, como librerías, cooperativas de alimentos, medios de comunicación, escuelas y clínicas y servicios médicos. Con mucho, el grupo más famoso y representativo del movimiento Poder Negro fue el Partido Pantera Negra (BPP). El BPP fue una organización política marxista-leninista fundada en 1966 en California por dos estudiantes universitarios, Bobby Seale y Huey Newton, y se mantuvo activa hasta 1982.

Seale y Newton se percataron de la furia extrema en los guetos que desencadenó un asesinato policial, y se dieron cuenta de que esta ira popular podría ser una entrada para ganar poder político. Así, inicialmente, el BPP concentró sus fuerzas en hacer frente a la brutalidad policial. Crearon una “patrulla de ciudadanos armados abiertos” para monitorear el comportamiento de la policía y desafiarla cuando fuera necesario. La recaudación de dinero para armas inició con la venta de libros de marxismo-leninismo en los campus universitarios. Este uso de la autodefensa armada asustó a los estadounidenses blancos, y en 1967 California aprobó una ley, firmada por Reagan, con el objetivo de desarmar a los miembros del BPP. El FBI, bajo el COINTELPRO, calificó al BPP de organización terrorista y trató de desacreditarlo y criminalizarlo. Esta represión resultó contraproducente, y la ira que generó llevó a un aumento en la membresía. Así, la membresía alcanzó su pico, con oficinas en más de 70 ciudades e incluso a nivel internacional y miles de miembros, con una circulación de más de 250 mil ejemplares de su periódico.

Posteriormente, el BPP abandonó el nacionalismo negro y abrazó el socialismo racialmente inclusivo. En 1968, cambiaron su enfoque sobre la brutalidad policial en los Estados Unidos para comprometerse con el movimiento revolucionario internacional, guiados por la teoría marxista-leninista y maoísta. Así, en 1969 ya habían adoptado la práctica de crear programas sociales comunitarios para aliviar la pobreza y mejorar la salud. Estos programas incluían la prestación de servicios gratuitos de atención médica, alimentos y educación para las masas. En todo momento, colocaban la lucha de clases como el núcleo de su acción política y afirmaban representar a la vanguardia proletaria.

Para 1970, la membresía había disminuido considerablemente debido en gran parte al sabotaje del FBI. El COINTELPRO se infiltró en el partido, envió a muchos de sus miembros a cumplir largas sentencias de prisión e incluso asesinó a muchos militantes clave, como el famoso líder Fred Hampton, a los 21 años.  El grupo se disolvió formalmente en 1982. Sin embargo, su legado prevalece hasta el día de hoy. A pesar de ser un grupo muy controvertido en ese momento, el partido influyó en muchos otros grupos militantes más pequeños pero similares. Entre sus principales contribuciones estuvo mostrar el vínculo entre la lucha de liberación negra y la oposición al imperialismo estadounidense, lo que valió a los miembros viajar y ser recibidos calurosamente en muchos países con los mismos objetivos, como Vietnam del Norte, Corea del Norte y China.

Durante el declive del BPP, comenzó a formarse el Ejército Negro de Liberación (BLA).  Esta organización clandestina nacionalista negra estuvo activa entre 1970 y 1981 y ganó más fuerza a medida que el BPP decaía. Estaba compuesto por exmiembros del BPP, así como por miembros de otras organizaciones del Poder Negro como el RAM, que creían que una organización clandestina era la más adecuada dadas las condiciones políticas actuales (es decir, la represión violenta del gobierno de los EE. UU.). El BLA rechazó el reformismo y sostuvo ideales anticapitalistas, antiimperialistas, antirracistas y anti-sexistas. Su programa era de lucha armada: “tomar las armas por la liberación y autodeterminación de los negros en los Estados Unidos”. En los hechos, su lucha armada consistió en una serie de bombardeos, asesinatos de policías, robos y fugas de prisión por parte de un conjunto descentralizado de organizaciones y colectivos que trabajaban juntos e independientemente unos de otros. Muchos activistas del BLA fueron arrestados y el grupo se desvaneció en 1981, y muchos de sus antiguos miembros se convirtieron en anarquistas declarados.

La Nueva Izquierda estadounidense de los años sesenta, como mencionamos anteriormente, estuvo fuertemente influenciada por los movimientos por los derechos civiles y el Poder Negro, tanto ideológica como organizativamente. Muchas protestas de la Nueva Izquierda giraron en torno a la justicia racial. Algunos grupos siguieron tácticas de desobediencia civil no violenta, mientras que otros se inspiraron en algunas tácticas más radicales del movimiento Poder Negro. En general, el cambio del enfoque tradicional del conflicto capital-trabajo hacia posturas “antisistema”, particularmente en el ámbito cultural, ciertamente estuvo influenciado por muchos jóvenes que crecieron y vieron innumerables abusos de los derechos civiles por parte de todo el aparato del estado.

Quizás el grupo de Nueva Izquierda más conocido fue Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS). SDS se formó originalmente en 1960 como una rama de la Liga para la Democracia Industrial (LID), un grupo compuesto principalmente por intelectuales de izquierda, pero se separó en 1965, se propusieron eliminar de su constitución una cláusula que prohibía la afiliación de comunistas. Ese mismo año, el Partido Laborista Progresista se fusionó con SDS. Su documento fundacional de 1962, la “Declaración de Port Huron”, pedía varias medidas progresistas, incluida la regulación de empresas privadas, la participación democrática en los centros de trabajo y en la elaboración de políticas públicas, el apoyo a los movimientos de descolonización y la promoción de los derechos civiles a través de la desobediencia civil no-violenta. En términos de organización, la declaración pedía una democracia participativa sin estructuras jerárquicas, y SDS, en efecto, nunca desarrolló una dirección central fuerte.

Para 1962, la SDS era el grupo radical más importante en los campus universitarios. En su punto de mayor relevancia tenía alrededor de 300 secciones y 30,000 miembros. Inicialmente, la mayoría de las actividades fueron en apoyo a la lucha por los derechos civiles. En 1963, empezaron a promover un Proyecto de Investigación y Acción Económicas (ERAP) con el propósito de organizar a los barrios en un movimiento interracial de los pobres para exigir al estado la mejora de los cheques de bienestar, guarderías, etc. Este movimiento no tuvo mucho éxito. Rápidamente SDS dirigió sus esfuerzos a la oposición a la Guerra de Vietnam, liderando el movimiento en la mayoría de campus universitarios, sosteniendo numerosas movilizaciones en el país. Esto se convirtió en la actividad principal de la SDS, el número de miembros aumentó y se volvieron más militantes; la SDS se volvió entonces bien conocida a nivel nacional. En 1967, abandonaron la Declaración de Puerto Huron. En 1968, promovieron por varios campus una movilización conocida como la Resistencia de los Diez Días que incluía mítines contra la guerra, marchas, sit-ins, teach-ins y un día de huelga estudiantil en la que millones de estudiantes no asistieron a clases.

Más tarde, a principios de 1969, SDS empezó a dividirse debido a conflictos internos en torno a la dirección y liderazgo nacional, visiones distintas sobre la Guerra de Vietnam, los movimientos de Poder Negro y la conversión de muchos de sus miembros al maoísmo. Muchos de los conflictos internos provenían de la confusión entre las metas de corto y largo plazo, en parte porque las actividades en contra de la guerra habían eclipsado la reflexión crítica y la discusión sobre el movimiento de largo alcance.

En esos momentos, en 1969, una fracción de SDS en la Universidad de Michigan se escindió para crear un nuevo grupo: la Organización Climática Clandestina (WUC) nombrada así por una canción lírica de Bob Dylan. Muchos miembros de la WUC se radicalizaron por su desacuerdo con el ERAP, del que concluyeron que el cambio social real no puede venir de la organización comunitaria y la política electoral, sino desde tácticas más radicales y disruptivas. El asesinato de Fred Hampton en 1969 provocó que la WUC declarara la guerra al gobierno de EE. UU. para hacer lo que fuera necesario para parar la violencia. Generalmente, sus posiciones se alineaban con las del movimiento Poder Negro, las del movimiento contra la guerra de Vietnam, y contra el imperialismo estadounidense. Su documento fundacional llamaba a formar una “fuerza de lucha blanca” para aliarse con los movimientos de liberación negros y otros antimperialistas para, eventualmente, formar una sociedad comunista sin clases. Su agente de cambio era el proletariado internacional. Organizacionalmente, crearon una serie de colectivos en las principales ciudades de EE. UU., dirigidos por un liderazgo central. Cada miembro practicaba la crítica y la autocrítica y no tenía propiedad o ingreso personales, sino que vivía como parte del colectivo. Rápidamente decidieron ser una organización clandestina y empezaron una lucha violenta contra el Estado, incluyendo campañas de bombardeos y provocación de disturbios a mediados de los 70s. En 1974, publicaron el manifiesto “Fuego de la pradera: la política del antiimperialismo revolucionario”, que fue ampliamente aplaudido por los grupos de izquierda. Mientras que públicamente eran etiquetados por el gobierno estadounidense como un grupo terrorista, los “hombres del clima” (Weathermen) fueron recibidos calurosamente en Cuba, donde se reunieron con representantes cubanos y de Vietnam del Norte para aprender de sus experiencias. Como muchos otros grupos nuevos de izquierda, empezaron a desintegrarse después de que EE. UU. se retiró de Vietnam en 1973. Esto, combinado con divisiones internas, provocó la disolución del grupo en 1977.

La Nueva Izquierda abarcaba varias subculturas, las más comunes eran la anarquista, los grupos de la contracultura y los hippies. La contracultura se convirtió en un fenómeno relevante en EE. UU. desde mediados de los 60s a mediados de los 70s orientado. El núcleo de la contracultura era fomentar la desconfianza del gobierno y tendencias antisistema. Esto ganó impulso con el movimiento por los derechos civiles, el movimiento por la libertad de expresión, contra la brutalidad policial y corrupción, la destrucción medio ambiental, la revolución sexual, la Guerra de Vietnam, la criminalización de drogas y otros problemas sociales generales a lo largo de las generaciones. El partido BPP, por ejemplo, es conocido como un ícono del movimiento de la contracultura. Muchos de estos grupos crearon y vivieron en comunas y otras comunidades con ese propósito, regularmente para vivir un estilo de vida clandestino sin la interferencia del gobierno para regular el uso de drogas u otras libertades personales. Por ejemplo, los hippies de mediados de los 60s crearon sus propias comunidades a las que algunos llamaron un resurgimiento del socialismo utópico. A principios de los 70s, aproximadamente 750,000 personas vivían en alrededor de 10,000 comunidades a lo largo de EE.UU. Estas fueron bien conocidas por el fenómeno cultural que incluyó la revolución sexual, la música rock psicodélica y el uso de drogas para explorar estados alterados de la consciencia que tuvieron un gran efecto en la música, el cine, la literatura y otras artes del tiempo. Aunque muchos hippies eran pacifistas y participaban en el movimiento por los derechos civiles y las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam, en general no eran un grupo muy político.

Los otros dos grupos contraculturales famosos de ese tiempo fueron los Diggers y los Yippies, ambos activos en los 60s. Los Diggers se consideraron a sí mismos como “comunidad anarquista” y abrieron tiendas para donar comida, drogas y dinero. Ellos, como los hippies, trataron de crear una mini sociedad sin dinero, no capitalista. Los Yippies fueron otra rama del movimiento hippie lidereado por Abbie Hoffman y Jerry Rubin. Con enormes gestos dramáticos como nominar a un cerdo como candidato a la presidencia y otros gestos similares de carácter político, parodiaron a los partidos políticos. Los Yippies no tuvieron una membresía o jerarquía formal y se vieron a sí mismos como el ala política del movimiento hippie.

El movimiento contracultural terminó junto con el fin de la Guerra de Vietnam en 1973 y la renuncia de Nixon un año después. A menudo son criticados tanto por la izquierda como por la derecha por ser ingenuos y autoindulgentes. Muchos creen que la gran población joven que siguió a la Segunda Guerra Mundial no tuvo que concentrarse en la provisión de necesidades materiales como lo tuvieron que hacer las generaciones anteriores, por lo que se enfocaron más en las cuestiones sociales que en las económicas. En la izquierda, algunos creen que este movimiento tuvo un impacto positivo al impulsar el desarrollo del estado bienestar. Otros creen que su único impacto económico fue crear nuevos segmentos de marketing, especialmente en torno a la adopción de políticas de responsabilidad social por las corporaciones.

Hubo algunas ocasiones en que todos los grupos de la Nueva Izquierda se unieron para protestar o pelear contra algunos temas. Uno de esos eventos fue el Movimiento por la Libertad de Expresión (Freedom of Speech Movement) que tuvo lugar en la Universidad de California-Berkeley entre 1964 y 1965. La universidad había comenzado a exigir el cumplimiento estricto de las normas, como prohibir la defensa de causas o candidatos políticos, oradores políticos, reclutar miembros o recaudar fondos entre las organizaciones estudiantiles. Miles de estudiantes, incluyendo los representantes de CORE, SNCC y SDS participaron en las protestas en contra de esas medidas usando distintas tácticas de desobediencia civil. Las protestas culminaron con una ocupación en la que 4,000 estudiantes permanecieron en un edificio universitario para exigir a la administración reabrir las negociaciones sobre las restricciones políticas en el Campus. La ocupación fue completamente pacífica: los estudiantes, estudiaron, vieron películas, cantaron canciones folk y dieron clases unos a otros. Dos días después, la policía entró y arrestó a 800 estudiantes y levantó cargos contra los estudiantes organizados, lo que provocó protestas más grandes que casi cerraron la universidad. Un mes después, el nuevo rector estableció una nueva regulación que permitía la actividad política en el Campus. A pesar de este triunfo, hubo consecuencias contra los involucrados: en 1966, Ronald Reagan fue electo gobernador de California con una campaña que prometió “limpiar el desorden en Berkeley” (“cleaning up the mess in Berkeley”). Después de ser electo, Reagan, despidió a todos los que él creía que no habían sido suficientemente duros contra los manifestantes.

El movimiento culmen de todos los grupos de la Nueva Izquierda, sin embargo, fue el de las protestas contra la Guerra de Vietnam. El pico de este movimiento antiguerra fue a finales de los sesenta, liderado por gente joven de la Nueva Izquierda, opuestos al imperialismo estadounidense y al anticomunismo, y opuestos también a sorteo de guerra, que impactó mayoritariamente a las minorías y a la gente blanca de las clases más bajas. El movimiento continuó creciendo a medida que se hicieron público los informes de abusos de militares estadounidenses. El movimiento antiguerra consistió en muchas protestas pacíficas de alto perfil, y rápidamente se convirtió en un amplio movimiento social. Johnson y su administración rápidamente fueron rechazados en todos los campus universitarios del país. El movimiento antiguerra alcanzó su punto más álgido en la Convención Nacional Democrática de 1968 a finales de agosto en Chicago. El alcalde de Chicago dispuso a más de 23,000 policías y guardias nacionales para una protesta de solo 10,000 manifestantes. Las tensiones entre policías y protestantes rápidamente escalaron y estallaron disturbios con los manifestantes que coreaban “el mundo entero está mirando”. Ocho destacados activistas contra la guerra de distintas organizaciones, entre ellas los Yippies y el Partido Panteras Negras, fueron arrestados y procesados por conspiración para provocar disturbios. Conocidos como los Ocho de Chicago (Chicago Eight) originalmente y ahora como los Siete de Chicago (Chicago Seven), luego de que el juicio a Bobby Seale de los Panteras Negras se declaró nulo debido al trato particularmente injusto y, en ocasiones, violento por parte del tribunal, que se le negara asesoramiento legal y fuera atado y amordazado en su silla. El juicio fue ampliamente conocido por servir para fines políticos. Todas las condenas fueron posteriormente apeladas y revocadas después de que los siete pasaran largos años en prisión. Este juicio provocó una indignación masiva que creció después de que la Guardia Nacional disparara contra una manifestación por la paz de estudiantes desarmados en el estado de Kent en 1970, matando a cuatro estudiantes. En tres años, el porcentaje de estadounidenses que creían que EE. UU. se había equivocado al mandar tropas a Vietnam pasó de 30% a 70%.

Para 1968, la Nueva Izquierda empezó a fracturarse. La campaña presidencial democrática antiguerra trajo el tema de la Guerra de Vietnam al estado del pensamiento liberal dominantes, junto con otros movimientos sociales como los feministas y los movimientos por los derechos de los homosexuales. Esta institucionalización hizo que todos, con excepción de los más radicales de la Nueva Izquierda abandonaran el movimiento o que se convirtieron en actores centrales al Partido Demócrata. El resto de los sectores más radicales de la SDS se dividieron entre “los hombres del clima” y el BPP, y empezaron a desvanecerse rápidamente con la retirada de las tropas de Vietnam.

Al mismo tiempo que se desmantelaba la Nueva Izquierda, lo hicieron también algunas organizaciones gubernamentales anticomunistas clave. El Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara (The House Un-American Activities Committee) ya había comenzado a desaparecer gradualmente con la caída de McCarthy, pero rápidamente perdió el respeto popular después de que en 1967 y 1968 citara a los líderes Yippies, Jerry Rubin y Abbie Hoffman, quienes utilizaron a los medios para ridiculizar los procedimientos del comité. Intentaron renombrarse como Comité de Seguridad Interna en 1969 y, finalmente, terminó en 1975. Incluso más activo en tiempos de la Nueva Izquierda, fue el COINTELPRO. Con una vida en activo de 1956 a 1971, el COINTELPRO realizó una serie de proyectos encubiertos e ilegales del FBI para vigilar, infiltrar, desacreditar y desbaratar a las organizaciones políticas nacionales mediante la guerra psicológica, el hostigamiento del sistema legal, la fuerza ilegal, el asesinato y otras medidas. Apuntaron a cualquier grupo considerado subversivo por el FBI, organizaciones socialistas como el Movimiento de Derechos Civiles, los grupos de la Nueva Izquierda y los opositores a la Guerra de Vietnam o simpatizantes (como Albert Einstein). El COINTELPRO fue el organismo que interceptó y chantajeó a Martin Luther King Jr, el que drogó y mató al líder del BPP, Fred Hampton. El COINTELPRO terminó en 1971, luego de ser expuesto a los medios por la Comisión de Ciudadanos para investigar al FBI y la subsecuente indignación pública.

Si bien la influencia del Movimiento por los Derechos Civiles y la Nueva Izquierda comenzó a desvanecerse después de los setenta, se mantuvo durante y después de su punto más álgido; así, los demócratas comenzaron a adoptar posiciones más socialdemócratas tanto en materia de derechos civiles como de políticas de bienestar. La administración de Lyndon B. Johnson instrumentó un conjunto de programas nacionales a mediados de los sesenta llamados Gran Sociedad a fin de eliminar la pobreza y la injusticia racial. Johnson presentó uno de esos programas, coloquialmente conocido como “Guerra contra la pobreza”, en su discurso del estado de la unión de 1964, cuando la pobreza rondaba el 19%. El Congreso tomó medidas para combatir la pobreza a través de mejorar las condiciones de vida en los barrios de bajos ingresos y ayudando a que los pobres accedieran a oportunidades económicas. También se amplió el papel del gobierno en la educación y la salud como medios para la reducción de la pobreza. La mayoría de estos programas continuó durante los ochenta y noventa después de los cuales se impuso la desregulación y las críticas al estado del bienestar. Algunos de los programas permanecen hasta el día de hoy como el Medicare, Medicaid y el financiamiento federal de la educación.

En comparación con décadas anteriores, debido a la ruptura de la Nueva Izquierda con el movimiento obrero, hubo poca actividad sindical en esta época. Una excepción notable fue la Unión de Trabajadores Rurales de América (UFW, United Farm Workers of America) en 1962, liderada por los trabajadores Dolores Huerta y César Chávez en California, quienes notaron que los trabajadores agrícolas eran los más afectados por la pobreza y eran mayoritariamente inmigrantes ilegales. UFW se formó inicialmente como un movimiento social y actuó más como una organización mutualista que como un sindicato. Después de una gran huelga en 1965, la UFW se unió oficialmente a la AFL-CIO. La membresía actual de la UFW es de 10,000 miembros.

De la misma manera, los grupos socialistas o comunistas que se concentraron en el proletariado como único agente de cambio fueron menos comunes y más marginales en este periodo. Hubo muchas luchas internas entre estos grupos más pequeños basadas en las distintas posiciones sobre la política de entonces de la URSS. Los grupos más notorios de entonces incluyen: al Partido Laboristas Progresista, el Partido Socialista de los Trabajadores Trotskistas, el Nuevo Movimiento Comunista, el Partido Comunista de los Trabajadores y el Partido Comunista Revolucionario. Al Nuevo Movimiento Comunista se le considera como el nexo entre la Nueva Izquierda y los objetivos izquierdistas tradicionales. Entre los años setenta y ochenta fue muy popular y representó a un grupo diverso de marxistas, leninistas y maoístas, incluidos los Panteras Negras, los hombres del clima, la Liga de Octubre, el Partidos Comunista (Marxista-Leninista), el Partido Comunista Revolucionario de EE. UU. y Venceremos. En su punto de máxima influencia, tenía 10,000 miembros.

A pesar de no ser organizaciones tradicionalmente lideradas por los trabajadores, los sesenta y los primeros años de los setenta fueron testigos de una enorme ola de movimientos sociales de izquierda, especialmente entre los jóvenes estadounidenses. Para los setenta, la contrainteligencia del FBI, el fin de la Guerra de Vietnam y la absorción de los movimientos radicales en los partidos políticos, pusieron un alto a esos movimientos y, desde entonces y hasta estos días, no hemos visto una participación tan generalizada en movimientos políticos de izquierda semejante. De hecho, con la llegada de los setenta sobrevino la crisis económica y el inicio del giro al neoliberalismo que eliminaría cualquier resto de organización obrera en ese momento.


Bridget Diana y Evan Wasner son economistas por The University of Massachusetts Amherst.

[1] Zinn, H., & Arnove, A. (2015). A people’s history of the United States (Thirty-fifth anniversary edition). HarperPerennial, pp.  262.

[2]  McBrearty , M. R. (2020, September 7). Fighting evictions: The 1930s and now. Monthly Review. Retrieved August 24, 2022, from https://mronline.org/2020/09/02/fighting-evictions-the-1930s-and-now/

[3]  El término Wildcat Strike se refiere a una huelga que ocurre sin la autorización del sindicato correspondiente

[4]  Selvin, David F. 1996. A Terrible Anger: The 1934 Waterfront and General Strikes in San Francisco. Detroit: Wayne State University Press; Zinn, H., & Arnove, A. (2015). A people’s history of the United States (Thirty-fifth anniversary edition). HarperPerennial, pp.  291.

A propósito de las vacaciones laborales en México

Octubre 2022

Recientemente en el Senado se comenzó a discutir la iniciativa de modificar la ley laboral con el objetivo de ampliar el periodo de vacaciones a los trabajadores. Este hecho en sí mismo aparece como un posible respiro para muchos trabajadores mexicanos porque es sabido que en relación con el resto de los países de América Latina el nuestro es el país con menos días de vacaciones. De acuerdo con el artículo 76 los trabajadores mexicanos sólo tienen derecho a 6 días de vacaciones mientras que los trabajadores de Brasil, Cuba, Panamá y Perú tienen un total de 30 días de vacaciones. La situación se torna todavía más urgente de cambio cuando la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda como mínimo 18 días de vacaciones para todos los trabajadores. 

En este contexto algunos medios han hecho énfasis en que los beneficios de que la iniciativa se apruebe generarán mejorías en la salud mental de los trabajadores mexicanos y, en consecuencia, se volverán más productivos. Por otro lado, se ha mencionado que esta iniciativa tendrá un alcance limitado, debido a que sólo contempla a quienes trabajan en el sector formal cuyo porcentaje (44%) es inferior al de los trabajadores informales. Ambas posturas aciertan en exponer tanto las ventajas como las desventajas de la reforma, pero si ésta llegara a ser aprobada, no se deduce que necesariamente vaya a producir los cambios deseados, aun cuando solo se trate de cierto porcentaje de la población trabajadora. Para que la reforma logre su objetivo es indispensable que la propia clase trabajadora organizada luche en beneficio de sus derechos. De otro modo, la iniciativa se quedará en agua de borrajas, como ya ha ocurrido en años pasados.

Más allá de los beneficios que esta reforma pueda causar en aquellos trabajadores que se emplean en el sector formal, ésta plantea retos a la clase trabajadora mexicana en general. En primer lugar, porque se pone al descubierto que por necesarias que resulten las reformas sociales, éstas siempre están determinadas por un límite, que es únicamente el de mejorar las condiciones de vida y de trabajo; es decir, no rechazan la relación de explotación que el capitalista establece con los trabajadores. Por esa razón, Rosa Luxemburgo, advertía que las reformas sociales por indispensables que resulten son sólo el medio para alcanzar el fin último, el de una sociedad en que no exista la explotación humana.

Y el otro reto que esta coyuntura plantea a los trabajadores mexicanos es que, si bien es cierto que los propios empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) están a favor del incremento del periodo vacacional, por otro lado, amagan con que el incremento sea gradual porque, acusan que con la situación económica nacional e internacional, el cambio propuesto será perjudicial, pero para sus ganancias, ¡claro está! No podía ser de otro modo.

En ningún momento de la historia del capitalismo los empresarios han estado a favor de la regulación de la jornada laboral, incluso cuando el propio Estado ha impulsado dichas regulaciones. Simplemente porque su único fin es el de incrementar sus ganancias a costa de las diferentes formas de explotación. El desafío, pues, para los trabajadores mexicanos en esta coyuntura es una vez más, tal como ha sucedido a lo largo de la historia, la organización política de sus fuerzas. La emancipación de los trabajadores sólo puede ser obra de los trabajadores mismos.


Victoria Herrera es historiadora por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Cuentas falsas para no hacer una reforma fiscal redistributiva

Septiembre 2022

El modelo de economía mixta que se instrumentó en México entre los años que siguieron a la Revolución Mexicana y hasta la década de los setenta del siglo pasado tenía como una de los pilares de su funcionamiento no solo que el gobierno dirigiera la actividad económica, sino que participara activamente en dicha actividad como agente productivo, como inversor, generador de empleos productivos. El diseño de la política monetaria a discreción del gobierno garantizaba a este una fuente de financiamiento en la impresión de dinero.

Así podía financiar a los sectores improductivos del gobierno (como la burocracia y el ejército, principalmente) y hasta la inversión pública. Sin embargo, esta fuente de ingresos, significaba una fuente también de enormes presiones inflacionarias con la consiguiente consecuencia de la pérdida de riqueza de quienes poseían su riqueza en dinero. La imposición del modelo neoliberal en el mundo exigió renunciar a este tipo de financiamiento por parte de los gobiernos, exigió declarar la autonomía de los Bancos Centrales con el mandato principal de procurar la estabilidad del dinero, esto es, el control de la inflación. Se obligó así a los gobiernos a depender esencialmente de la capacidad recaudatoria que tenían y la cuestión de qué sectores de la sociedad pagarían el funcionamiento del gobierno

En días pasados se recibió en la Cámara de Diputados el Paquete económico pata el ejercicio fiscal 2023 que presenta el Gobierno Federal. El paquete en cuestión estima que el sector público percibirá 7.1 billones de pesos en 2023, esto es, 1.2 billones más que en 2022(9.9%). Los ingresos del sector público se componen de: a) los impuestos (65%), b) los ingresos del gobierno federal no tributarios (3.3%), c) ingresos de CFE y otros organismos (13.3%), y d) los ingresos petroleros (18.5%). ¿De dónde se prevé que provenga ese incremento de los ingresos tributarios? Sobre todo, de los ingresos tributarios que aumentarían en 0.67 billones de pesos, 56% del total del incremento estimado. El resto de los incrementos se distribuye en las otras tres fuentes de ingreso referidas arriba. Esta estructura de los ingresos fiscales es exactamente la misma que la que existía con los gobiernos anteriores. Un esquema altamente regresivo, en el que no pagan más los que perciben la mayor parte del producto social, sino las clases medias.

Diversas voces han denunciado que las cuentas que hizo el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en particular, para dicho paquete se basan en supuestos sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas más que optimistas, supuestos francamente infundados y muy lejanos a las opiniones de los expertos al respecto. Se ha destacado que el carácter fantasioso de las cuentas se explica porque permite negociar la distribución del presupuesto, sobre la base de que lo que se reparte es un pastel más grande al real, lo que facilita la negociación en las cámaras que tendrán que aprobarlo. Otra razón es que, habiéndose aprobado el presupuesto, mediante subejercicios y recortes, el presupuesto se puede adecuar a los intereses del presidente y su partido, intereses sobre todo de carácter electoral dado que el año que viene se disputa la gubernatura del Estado de México, el estado con la lista nominal más grande del país con casi 12 millones de electores.

Otra razón es que, mediante las cuentas fantásticas, se pretende presentar una imagen de una hacienda pública suficiente y sana que no requiere ningún cambio en la recaudación. La negativa rotunda del gobierno de la 4T a hacer una reforma fiscal que implique una política de verdadera redistribución del ingreso; es decir, que efectivamente sean los más ricos los que financien el gasto del gobierno y no los trabajadores a sueldo, las pequeñas y medianas empresas, es decir, la clase media, significa en la práctica protege los ingresos y la riqueza del sector más rico de nuestra sociedad. Una prueba más de que la consigna de: “primero los pobres” es solo propaganda del gobierno de la 4T y no verdadero principio de gobierno.


Vania Sánchez es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

¿Qué significa “politizar” algo? (1/2)

Septiembre 2022

En fechas recientes se ha vuelto acto común que para señalar el desacuerdo con la perspectiva bajo la que se analiza cierto fenómeno se diga que se está “politizando”. Si algún político del nivel que sea acude a alguna zona que sufre alguna desgracia, se dice que esa persona está politizando la situación; o cuando alguien manifiesta una postura sobre algunos movimientos sociales, feminismo, indigenismo, LGBTQ+, en la que se pide que las demandas pasen del plano social al plano político, se dice que se está politizando el movimiento. Esta acción: politizar, y este adjetivo: politizado, casi nunca son definidos por sus críticos, por lo que se hace difícil señalar con precisión qué tienen en mente cuando utilizan el concepto. Sin embargo, lo que queda claro es que la mayoría de las ocasiones se utiliza en un sentido negativo.

Creo que el uso de este concepto no es inocente, sino que responde a un contexto político y social en el que se pretende que las clases y sectores sociales se manifiesten contra las injusticias que más padezcan, pero que estas manifestaciones se queden únicamente en el plano más superficial de la cuestión. Claramente sería un error asegurar que el cien por cierto de quienes usan este concepto en un sentido negativo lo hacen con plena consciencia de lo mencionado, y sería igualmente pretensioso aseverar que el interés mencionado es el que subyace en todo uso del concepto. Pero es fundamental poner este tema sobre la mesa, tratar de comprender sus fundamentos y cómo afecta el mapa de la opinión pública y los movimientos sociales.

Una de las tareas más básicas para el movimiento revolucionario que Lenin presenta en ¿Qué hacer? es precisamente la de politizar a la masa. Lenin es claro al señalar el porqué de esta tarea y qué es lo que tiene en mente cuando habla de politizar a la masa. Siguiendo al viejo Engels, quien dice que los movimientos revolucionarios no se pueden limitar a lucha en el plano económico, a la lucha dentro de la fábrica, sino que deben ampliar su lucha a otros dos frentes igualmente importantes, el político y el ideológico, Lenin apunta que el movimiento revolucionario debe influir profundamente en la masa para que sienta la necesidad de participar activamente en estos tres flancos. La limitación de la lucha a uno solo de éstos, el que sea, sería muestra de que no se ha comprendido que el capitalismo no se reduce exclusivamente a un fenómeno económico, teórico o político, sino que funciona como una totalidad que abarca los distintos ámbitos de la vida humana.

La importancia de la lucha económica está marcada porque es en las relaciones de patrón-asalariado/a en donde se manifiesta con mayor claridad la explotación que el capitalismo requiere ejercer para su continuidad. En la reducción de los salarios, de las prestaciones, las condiciones laborales para que el trabajo se ejerza con seguridad, o en la ampliación de los turnos de trabajo, hay material para que los trabajadores comprendan desde su misma experiencia que el capitalismo es un sistema injusto que no cambiará únicamente con promesas. Con lo anterior, los trabajadores han de comprender también que es indispensable que se organicen en sindicatos, por ejemplo, para hacer exigir y proteger lo que les corresponde. La lucha ideológica, por su parte, es importante porque el capitalismo no podría sustentarse sin un fundamento teórico que constantemente proporcione argumentos, ideas, discusiones, que “muestren” su necesidad y superioridad como modo de organización social. Por tanto, es indispensable también que el movimiento revolucionario combata estas concepciones que penetran diariamente en la conciencia popular.

Por último, la lucha política es crucial porque la explotación que fundamenta diariamente al capitalismo adquiere una forma institucional, es decir, se construyen instituciones legales, instituciones políticas, que cuidan el mantenimiento y continuidad del capitalismo como modo de organización económica y social. Ciertamente estas instituciones no son solo negatividad para el proletariado y las clases medias; pueden ser benéficas en la medida en que permitan un contrapeso político que exija el cumplimiento de ciertas normas legales que “igualen” el piso común. Por ejemplo, que se respeten los derechos que constitucionalmente han ganado los movimientos obreros, que se instituya una política fiscal progresiva en donde paguen más impuestos quienes más ingresos tienen, que se destine gasto público suficiente para elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras, que haya programas respaldados por el Estado que atiendan problemas y necesidades de las mujeres, de las/os indígenas, que se instaure una política estatal para construir una economía con compromiso ecológico, etcétera. En suma, la lucha política es importante porque obliga a que el Estado no reduzca sus obligaciones para con las élites y responda y legisle también, y principalmente, para las clases trabajadoras.

La relevancia de estos puntos con el problema de la politización es lo que se tratará en la siguiente entrega.


Jenny Acosta es licenciada en filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

El imperialismo se arma. Implicaciones para México

Septiembre 2022

Desde la Segunda Guerra Mundial, el militarismo norteamericano, en sus aspectos bélico y tecnológico-industrial, nunca tuvo tregua. Pero, en la coyuntura actual, se intensifica peligrosamente y demanda nuevas estrategias con importantes implicaciones para el resto del mundo. Esta coyuntura es la agudización en la confrontación con Rusia en el ámbito militar y con China en el económico. Y es que, contrario a la proyección de superioridad absoluta que se proyecta en los medios dominantes, EE. UU. no tiene la victoria asegurada en los conflictos específicos en que se manifiesta su rivalidad con estas dos naciones.

Algunos ejemplos de esto los provee David P. Goldman, un ferviente defensor del imperialismo estadounidense que llama a la élite norteamericana a hacer un análisis realista de la situación actual.  Con respecto a la guerra en Ucrania, Goldman reconoce que hay un desfase entre la cobertura de los medios occidentales y la realidad: los efectos de las sanciones económicas no han sido de la magnitud esperada (y en algunos casos han tenido el sentido contrario); Rusia ha tomado ciudades clave (como Mariupol y Severodonetsk) con el uso de artillería masiva con la que Ucrania no puede competir, ni siquiera con la máxima ayuda de EE. UU.[1]

Acerca del conflicto entre China y Taiwán-Estados Unidos, se documenta la superioridad de China en cuanto a misiles (capaz de neutralizar los portaaviones norteamericanos), además de un arsenal de “sesenta submarinos, mil aviones interceptores y 1,300 misiles de medio y largo alcance,” lo que limita la capacidad militar área de EE. UU. quienes, a pesar de tener los aviones militares más modernos, cuenta con solo dos bases aéreas en las inmediaciones del posible conflicto. Estos ejemplos ilustran que ni la guerra proxy con Rusia que se desempeña en Ucrania, ni un posible conflicto contra China por Taiwán, daría como resultado una victoria clara y definitiva para EE. UU. Por consiguiente, la única alternativa por el momento, argumentan los llamados realistas (desde Henry Kissinger hasta el historiador Neil Ferguson) es una solución negociada con Rusia y evitar escalar las tensiones con China. Esto, o acercarse peligrosamente a la guerra nuclear. 

Esta salida negociada –que durante la guerra fría se llamó deténte– no se presenta como el abandono definitivo del conflicto, como la renuncia de EE. UU. a la hegemonía global: se trataría solo de buscar un respiro durante el cual EE. UU. debería hacer un esfuerzo masivo en el terreno tecnológico y militar para, una vez superadas las desventajas estratégicas clave, dar el zarpazo definitivo. Esto mismo, argumentan los realistas, sucedió durante la guerra fría. En ese entonces, bajo la fachada de la deténte, EE. UU. se embarcó en uno de los esfuerzos tecnológicos y militares más grandes de la historia, lo que se puede ver, entre otras cosas, en que el gasto federal en I+D para defensa alcanzó el 0.8% del PIB, el máximo histórico. Como resultado, EE. UU., con el uso de la computación más moderna en ese entonces, desarrolló sistemas de misiles y aviones que lo volvieron a colocar como los amos del aire, tras décadas de paridad o incluso inferioridad con respecto a la URSS; en el proceso, también obligó a la URSS a canalizar ingentes cantidades de recursos al sector militar a despecho del resto de la economía. Este giro fue clave para el desenlace de la guerra fría. 

Hoy, no es claro que se avecine una nueva deténte con Rusia y China; pero sí lo son los esfuerzos masivos por parte del estado y el complejo-militar industrial para aceitar y modernizar a la máquina de guerra norteamericana. Todos los discursos y eslóganes que enfatizan la importancia de lo “hecho en América”, aumentar la “resiliencia” de las cadenas globales de suministros norteamericanas, la batalla por la producción de microchips y semiconductores, entre otros, deben entenderse como parte de la estrategia de Washington por conquistar superioridad definitiva en los aspectos tecnológicos y militares estratégicos para los conflictos actuales y los que se avecinan. Un ejemplo palpable de esto es que la política industrial, término que se convirtió en mala palabra en los ochenta del siglo pasado por considerarse antagónica al libre comercio, vuelve al discurso y a las acciones del gobierno actual. Por poner un ejemplo, recientemente, el Senado aprobó un paquete de 280 mil millones de dólares de política industrial dedicada a los sectores de tecnología de punta, en el contexto de la creciente rivalidad con China. Esto incluye subsidios y exenciones de impuestos millonarios para empresas tecnológicas, así como el proyecto de creación de “20 hubs tecnológicos regionales”. Y esto es solo lo que se vuelve público: los planes estrictamente militares son una caja negra inaccesible para la mayoría. 

Pero este relanzamiento tecnológico-militar en Estados unidos (y otros países europeos) tiene importantes implicaciones para la periferia del capitalismo mundial y para México en particular. En términos generales, estos esfuerzos gigantescos en ciencia y tecnología tienden a agravar aún más la enorme brecha entre las capacidades tecnológicas y militares de los países ricos con respecto a los países pobres; en ausencia de iniciativas similares por parte de los gobiernos de los países subdesarrollados -que, en muchos casos son imposibles- la tendencia es hacia el agravamiento de la dependencia tecnológica entre países. 

Sin embargo, hay un aspecto adicional. En contraste con periodos de militarismo anteriores, este esfuerzo no puede tener ahora un carácter estrictamente nacional. Detrás de la retórica del hecho en América está la realidad inobjetable de que este esfuerzo no puede ser exitoso si no aprovecha los menores costos que ofrecen los países periféricos para ciertas etapas de los procesos productivos. En el discurso ya citado sobre política industrial, esto se hace explícito:

“Necesitamos trabajar con nuestros aliados y socios. No es posible ni recomendable relocalizar todas las cadenas de suministro a Estados Unidos; es esencial que formemos sociedades con los aliados que promuevan el acceso más estable a insumos clave al tiempo que mejoran la sustentabilidad ambiental y los derechos de los trabajadores (énfasis puesto por el autor,  JL)”

Es claro que, uno de esos aliados, clave por su localización geográfica, el costo de su fuerza de trabajo, y la enorme integración que ya existe entre ambas economías, es México. El papel fundamental que desempeña nuestro país para la industria militar norteamericana se hizo evidente, quizás por primera vez, durante el primer confinamiento por el Covid-19 en la primera mitad del 2020. Como todo lo relacionado con la industria militar, es extremadamente difícil conocer la magnitud de esta relación: en las estadísticas oficiales, la producción de armamento bélico está agregada en categorías más amplias como “equipo de transporte”, “maquinaria y equipo”, “productos metálicos”, entre otros. Pero la respuesta del gobierno norteamericano ante el cierre de actividades en muchos centros fabriles en México sacó a la luz la existencia de esa relación. En esa ocasión, el Pentágono y Washington presionaron para que el gobierno mexicano declarara estas fábricas “actividades esenciales” y por lo tanto exentas del paro de labores por la emergencia sanitaria; pronto esto se volvió innecesario con la declaración de una “nueva normalidad” por Hugo López-Gatell y AMLO. 

En ese contexto, se habló, por ejemplo, de la relación entre el boom del sector aeroespacial mexicano y la industria militar y de defensa estadounidense; en ese entonces el Departamento de Defensa declaró:

“Miles de mexicanos trabajan día a día en la industria aeroespacial no solo para alimentar líneas aéreas comerciales, sino para sostener los intereses estratégicos de Washington en sitios como el Medio Oriente, los Balcanes o Asia (Clarín, 24/05/2020)”.

Además de esto, se reveló a al público la dimensión en que los gigantes armamentísticas de EE.UU. abrían subsidiarias y subcontrataban parte de la producción en México, de tal forma que, de acuerdo con Luis Lizano, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) México estaba, antes de la pandemia, en el top 10 de proveedores del sector aeroespacial y de defensa de Estados Unidos

Estos factores apuntan a que México aumentará su integración y colaboración con la industria de EE.UU. en general, y la militar en particular. La élite política, mediática e intelectual de México celebra esto como una gran oportunidad. Porque, ¿qué podría ser mejor que, sin hacer nada, nos caigan del cielo millones en inversiones en sectores de alta tecnología y de exportación? No se dan cuenta que, así como Washington no se tentó el corazón para hacer que México reabriera sus fábricas con el costo de miles de vidas humanas, no lo hará para nada que ponga en riesgo su “seguridad nacional”, es decir los intereses del complejo militar-industrial y del capital financiero que gobiernan Estados Unidos. Lo que se viene, pues, es una mayor subordinación a la estrategia imperialista de Washington y una creciente brecha en capacidades científicas y tecnológicas. Si a esto sumamos el desastre total que un escalamiento en el conflicto de con Rusia y China tendría para todo el mundo, sobran los elementos para que los mexicanos se opongan a seguir haciendo de nuestra economía un apéndice de la máquina de guerra norteamericana.


Jesús Lara es economista por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

[1] Goldman cita a un think-tank británico que afirma que, con la intensidad actual del combate, la producción de artillería estadounidense de un año le alcanzaría para diez días a Ucrania. 

Militarización, ¿para qué?

Agosto 2022

La militarización en las sociedades es un recurso muy útil para sobreponerse a circunstancias históricas especiales, en las que la integridad de un actor político, sobre todo de una nación o un gobierno determinado, se encuentra en riesgo. Pero en general, cuando se trata de un Estado nacional el concepto refiere, entre otras cosas, tres actividades concretas: la de multiplicar, la de profesionalizar y la de distribuir estratégicamente a los efectivos de las fuerzas armadas de un país, así como a sus dispositivos militares, para hacer valer la voluntad del gobierno en un escenario problemático.

La experiencia histórica ilustra que, en realidad, esas tres acciones pueden desplegarse de formas distintas. Si se piensa, por ejemplo, en los primeros ejércitos nacionales, como los de la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón, es evidente que los elementos de la militarización abarcaban a toda la sociedad, o por lo menos a todos los franceses que estuvieran en capacidad de empuñar un arma e instruirse para derrotar a las fuerzas de las monarquías del Antiguo Régimen. También pueden desplegarse de maneras más estrechas, por ejemplo, como militarización para refuerzo de organismos armados domésticos, que operan para garantizar la continuación del statu quo en un territorio o país mediante la neutralización de agentes internos que atentan contra la paz social. En esta canasta entran prácticamente todos los gobiernos en guerra civil, como los gobernantes títeres de Inglaterra, Francia y Estados Unidos que existían en Asia y África durante las revoluciones de liberación nacional del siglo XX; así como el caso del gobierno colombiano que, bajo la retórica del combate a un crimen organizado terrorista, robusteció sus elementos militares y permitió la intervención de las fuerzas norteamericanas en su territorio.

Ahora bien, a pesar de que va contra lo que marca la Constitución desde 2019, la militarización de la Guardia Nacional que está imponiendo el presidente López Obrador parece un paso positivo en favor del combate al crimen organizado. Frente al grave problema de seguridad que atraviesa el país, la conversión de la Guardia, compuesta por personal policiaco no militar, y regida por “instituciones jurídicas y autoridades civiles”, en un organismo de naturaleza militar, cubierto por la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Juan Manuel Otero Varela, El Financiero 11-08-22), antoja pensar que la ilegalidad cometida por la presidencia es justa y necesaria.

Sin embargo, como bien señala Otero Varela, es evidente que desde hace muchos años “algo en las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública no está funcionando”. Hoy, esa disfuncionalidad es más grave aún. Así, tanto la política de nula intervención contra el crimen organizado que ha seguido el Estado mexicano desde 2019, como las elevadas cifras de las matazones que ocurren bajo el gobierno de Morena (el INEGI reportó recientemente que en 2021 hubo una cifra de 35,625 homicidios, un número similar al de 2020), pueden hacer pensar que la militarización de la Guardia Nacional no será precisamente un recurso para detener problemas como el narcotráfico.

¿Para qué se está militarizando, entonces, un organismo de carácter civil como la Guardia Nacional? Y, si la administración de López Obrador no está dispuesta a cambiar su política de “abrazos, no balazos”, ¿cuál es la razón de que se atreva a violar la Constitución, subordinando aquel organismo al Ejército? Si el análisis parte del propósito general que tiene un proceso de militarización cualquiera, queda claro que el engrosamiento de las fuerzas armadas en nuestro país gracias a la integración de la Guardia Nacional al Ejército –acompañado, claramente, de una mayor porción de presupuesto para el Ejército nacional– servirá para imponer la voluntad del gobierno mexicano. El asunto es sobre quién se quiere imponer esa voluntad. Si no es, como se constata, contra el crimen organizado, que crea un verdadero caos interno (véase Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, etc.), ¿no será que las armas se concentran para neutralizar a los opositores de las arbitrariedades de Morena?


Anaximandro Pérez es Maestro en Historia por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Nuevo aumento de la inseguridad, misma estrategia

Agosto 2022

La última encuesta de percepción de inseguridad en México arrojó un porcentaje de 67.4% de mexicanas y mexicanos que no se sienten seguros. Esta cifra representa un aumento respecto al 66.2% que se presentó en marzo de este año. Estos resultados se dieron a conocer a finales de julio, después de que sucedieran hechos como el asesinato de Debanhi Escobar en Nuevo León, el asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara, o se diera a conocer a nivel nacional el control armado que el narco tiene en Guerrero sobre la canasta básica.

Es crucial revisar cuáles son los posibles orígenes del problema, la estrategia de seguridad que está implementando el gobierno en turno, si esta estrategia es congruente con las causas y cuáles podrían ser algunas soluciones viables para erradicar este problema. Son dos los posibles orígenes de la violencia que tienen mayor aceptación: el primero dice que se debe a razones subjetivas, a que las personas que ejercen violencia lo hacen por problemas mentales o de otra índole pero siempre producto de circunstancias propias del individuo; el segundo origen con una aceptación más o menos amplia señala a la violencia como producto de causas materiales, con especial énfasis en la pobreza debido a que la falta de ingresos que permitan un nivel de vida digno orilla a que se busquen alternativas ilegales. No puede obviarse que también existen quienes ven en el crimen la salida más rápida para satisfacer fines egoístas, pero estos no son la constante.

Durante el periodo de campañas, López Obrador parecía comprender el origen de la violencia y la inseguridad que ésta produce en los contextos materiales y manifestaba la necesidad de desarrollar programas que integraran a las personas sin trabajo al proceso productivo con salarios dignos, así como la creación de programas de apoyo y recreación para los jóvenes y así alejarlos y sacarlos de las garras del crimen; en suma, López Obrador parecía traer consigo un programa que partía de la consideración de la violencia en conjunto con las condiciones materiales que la propician y, por tanto, que buscaba erradicarlas a partir de la atención y solución de los problemas económicos y sociales que la generan. Sin embargo, ya con el control de las instituciones, todas estas consideraciones y propuestas para erradicar la inseguridad y la violencia en el país se olvidaron y se apostó por una nueva versión de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues así como Calderón decidió que quienes debían estar en las calles “poniendo orden” eran los militares, López Obrador sacó a los militares de los cuarteles, y también creó un nuevo cuerpo militar, la guardia civil, que suplantó las labores de la policía federal, y, además, le dio tareas y facultades que anteriormente el ejército no había tenido, como la construcción y administración de obras federales.

Esta influencia en aumento del ejército en la vida social del país no se ha traducido en una disminución de la inseguridad y la violencia, lo que las cifras recientes muestran es más bien un aumento en ambos aspectos, que aunque no tiene una relación causal inmediata con la presencia de los militares en las calles, sí deja en evidencia lo insuficiente que ha sido y es la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación. Esta deficiencia fue mencionada al presidente por la arquidiócesis mexicana, pero su respuesta fue que no habría ningún cambio en la estrategia porque era la adecuada.

Sin intención de establecer una relación causal absoluta, se puede intuir una relación entre el aumento de desempleo, la pobre recuperación económica del país, la inflación creciente y las altas tasas de interés que han golpeado a los y las mexicanas con el aumento de la violencia y la inseguridad, por lo que no sería irracional tratar de buscar alternativas cercanas a las que López Obrador planteaba en campaña pero que ahora ha olvidado y parecer renegar totalmente de ellas. Pero como siempre, quien sufre y paga las crisis, son las y los trabajadores.


Jenny Acosta es licenciada en filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Sin mineros rescatados y sin responsables identificados

Agosto 2022

Una semana después de la explosión de la mina de carbón El Pinabete en el municipio de Sabinas, Coahuila, NO hay mineros rescatados y NO hay información oficial sobre los dueños de esta. No se sabe quién mantiene sus minas en tales condiciones. La mina colapsó, se derrumbaron las paredes y el agua de los pozos que la rodea inundó los sitios de trabajo con todo y obreros. La inundación alcanzó los 40 metros de profundidad, por lo que cada minuto que pasa disminuye la probabilidad de que los obreros sean hallados con vida. A decir de los expertos, la única manera de que los obreros sigan vivos es que hayan encontrado una “burbuja de aire” para poder respirar.

Pero ¿por qué acontecen tan primitivos siniestros cuando existe ya tecnología de punta para la infraestructura minera y cuando México cuenta con instrumentos legales e institucionales para inspeccionar estos sitios de trabajo? En el marco jurídico mexicano existen al menos 2 leyes, 3 reglamentos, 8 normas de seguridad y 6 normas de organización relativas a la inspección de seguridad de higiene en los sitios de trabajo, que pueden revisarse en la página de internet de la Secretaría del Trabajo y de Inspección Social. Existen inspectores para hacer estas revisiones en las minas, y, por diversas irregularidades, entre ellas la falta de presupuesto, los inspectores claramente no están haciendo su trabajo.

La Secretaría del Trabajo se limitó a declarar que “no había inspeccionado porque no lo habían denunciado”, mas ¿por qué hay que esperar a que la gente haga denuncias para que la Secretaría haga su trabajo? ¿Por qué esperar a que la gente muera o quede herida para tomar medidas? Por qué no mejor la Secretaría cumple sus responsabilidades mediante la búsqueda de presupuesto para inspeccionar las condiciones de trabajo en las minas de Coahuila y obligando a los dueños a operar la regla, a mantener sus instalaciones en condiciones óptimas y seguras para sus trabajadores. De esa manera podrían evitarse este tipo de desastres.

Por otro lado, no existe una versión oficial y consensuada sobre quién es el dueño o la dueña de El Pinabete porque el sistema informático para consultas de las concesiones mineras de la Secretaría de Economía no se encuentra en operación. Se sabe que la concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053, como dijo AMLO en la mañanera, pero, respecto a la propiedad hay distintas personas implicadas y la oficialidad sigue sin aclarar el asunto.

Después de consultar el Registro Público de Minería, el medio local El Coahuilense señaló que sería el exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata Jaime, el propietario de la mina que colapsó. Esta es la versión también de varios habitantes de la zona que han sido entrevistados por medios de comunicación. Sin embargo, Régulo Zapata Jaime manifestó en sus redes “No tengo ninguna concesión. No tengo ninguna mina a mi nombre, solamente soy un trabajador más en un desarrollo minero”. Otro de los nombres que ha sido mencionado es el del hijo de Régulo Zapata Jaime, quien se presentó en el predio ocho horas después de los hechos diciendo que era el propietario de la operación.

Por otro lado, la Fiscalía General de Coahuila y el gobernador señalaron a Cristián Solís Arreaga como dueño del lugar. Aunque personas de la región y activistas que llevan años defendiendo a los mineros de la región dicen que este muchacho de 29 años de edad es solo el prestanombres.

Una investigación periodística presentada por los portales informativos Excélsior e Imagen Noticias confirma que en 2003 la mina fue concesionada a la empresa Minero Rio Sabinas, que el 27 de marzo del 2012 la vendió a la empresa Minera el Pinabete S.A. de C.V. cuyo apoderado legal era Héctor Omar Villarreal González, en ese momento identificado como empresario coahuilense. Luego, el 10 de enero del 2019, la empresa Minera el Pinabete S.A. de C.V. vendió las casi 30 hectáreas en solo 50 mil pesos, al empresario tamaulipeco Luis Rafael García Luna Acuña y al coahuilense Arnulfo Garza Cárdenas, quedando el primero como apoderado y socio mayoritario. Y bueno, Luis Rafel García Luna Acuña es miembro de una familia de empresarios y políticos priístas tamaulipecos asociados a la administración del exgobernador priísta de Tamaulipas Tomas Yarrington Ruvalcaba, actualmente preso por recibir sobornos y sentenciado en 2021 a 20 años de prisión en Texas. 

Según esta misma investigación y con información recabada del padrón de proveedores de la Comisión Federal de Electricidad, la mina Pinabete le vendió carbón a la CFE en 2021 y 2022. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad le asignó contratos a esta empresa para compra de carbón . Pero por qué la CFE, empresa estatal vinculada directamente al gobierno federal, no revisó las condiciones de trabajo en la Mina Pinabete antes de otorgar la licitación. ¿Por qué la seguridad de los trabajadores no es un criterio para otorgar licitaciones a las empresas?

Claramente existen graves inconsistencias e irregularidades de las instituciones mexicanas responsables de garantizar condiciones de trabajo seguras a los trabajadores mexicanos; no inspeccionan los sitios de trabajo y ni siquiera llevan un registro claro y funcional de las concesiones mineras. Estos problemas existen desde hace varias administraciones, pero la administración actual los sigue reproduciendo. México ha pasado por muchos sexenios que permitieron a los empresarios operar sus empresas con infraestructura insegura e insalubre, e incluso con materiales tóxicos, mientras los empresarios acrecentaban sus ganancias. La administración actual no ha cambiado las reglas del juego, como puede verse en el desagradable acontecimiento de la mina el Pinabete. Siguen ganando los mismos y siguen perdiendo los trabajadores.


Citlali Aguirre es maestra en ciencias biológicas por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

La vida de millones de mexicanos se pone en riesgo

Agosto 2022

No podríamos estar más de acuerdo con el escritor soviético Nikolai Ostrovski cuando dice que lo más preciado que posee el hombre es la vida, sin embargo, en nuestro país pareciera que ésta no tiene ningún valor. Para la inmensa mayoría de mexicanos de a pie la vida se puede perder con la misma rapidez con la que cae un rayo: la inseguridad ha ocasionado la muerte de más de 120 mil mexicanos en lo que va del sexenio; las enfermedades también han hecho su labor, pues la Covid-19 ha matado a más de 320 mil personas, y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la primera mitad del 2021 las enfermedades del corazón ocasionaron la muerte de 113 mil mexicanos, mientras que la diabetes mellitus de 4 mil personas. Muchas de estas muertes se habrían podido evitar desde el gobierno con acciones certeras contra la inseguridad, contra la Covid-19 y con un acceso universal a la salud y la alimentación.

Para cuidar lo más preciado que tiene el hombre es fundamental una buena alimentación, es decir, tener acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes para un pleno desarrollo (seguridad alimentaria). Sin embargo, México tiene una penosa trayectoria como país con hambre. Actualmente, millones de mexicanos no tienen acceso a alimentos nutritivos en cantidad ni en calidad suficientes. Las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que la pobreza extrema ha aumentado en los últimos años, de 8.7 millones de personas que no cubrían sus necesidades básicas de alimentación en 2016, a 10.8 millones en 2020. Si hablamos de las carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad el problema se dispara, pues el número de personas con estas carencias aumentó de 26.5 millones en 2016, a 28.6 millones de personas en 2020, lo que representa un incremento de 22.5%. Sin embargo, otros estudios muestran que el problema es mayor, por ejemplo, Aguilar-Estrada et al. (2018) al medir la seguridad alimentaria con la metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura encontraron que ocho de cada diez hogares en México presentan algún grado de inseguridad alimentaria.

Con los precios altos de los alimentos la inseguridad alimentaria se agudiza y con ello nos alejamos más de la meta de erradicar el hambre y, sobre todo, de tener a mexicanos bien alimentados y sanos. El problema no es menor si consideramos que el 75% de los requerimientos nutricionales de los mexicanos se obtienen de un grupo reducido de alimentos: tortilla, harina de trigo, leche, carne de cerdo, aceites y grasas, pollo, huevo y frijol; y estos productos son precisamente los que han acumulado la mayor alza en los precios, por ejemplo, los aceites comestibles y la harina de trigo aumentaron 33% y 28% sus precios, respectivamente.  

La alta inflación provoca que las familias limiten aún más su ya raquítica dieta. Un estudio realizado a los hogares pobres de las zonas rurales y urbanas muestra que los productos como: pan blanco, pan dulce, pollo, res, puerco, pescados, mariscos, atún, huevo, leche, queso y yogurt se comportan como bienes de lujo, es decir, se consumen únicamente cuando el ingreso lo permite, o sea, casi nunca. Esto significa que la dieta de los hogares más pobres es muy limitada (León, 2020).

Lejos estamos de alimentarnos como los especialistas en nutrición lo recomiendan: dieta balanceada, no consumir demasiados embutidos, enlatados, comidas con conservadores o ultraprocesados. Nos encaminamos a agudizar el problema que la Organización Mundial de la Salud señala: que la ingesta de alimentos y bebidas muy transformados y poco saludables están impulsando una ola de obesidad, aumentando el cáncer y las enfermedades cardiacas y con ello la muerte prematura de miles de mexicanos.


Jorge López Hernández es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

AMLO fortalece dependencia de México respecto a EEUU

Julio 2022

La política exterior del gobierno de López Obrador se presenta como una serie de contradicciones: 1) exige el fin del intervencionismo de Estados Unidos en los países de América Latina, pero llama a los países de América Latina a someterse al liderazgo de Estados Unidos para enfrentar a China; 2) boicotea la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos, pero realiza ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en territorio mexicano; 3) defiende la soberanía de México frente a Estados Unidos, pero emplea a las fuerzas armadas mexicanas como patrulla fronteriza al servicio de la política migratoria estadounidense.

En realidad, estas contradicciones en la política exterior no son sino el correlato de la política interior. Por definición, la política exterior es un instrumento que poseen los Estados para alcanzar aquellos objetivos que consideren prioritarios, siendo estos la supervivencia y la integridad territorial. Pero la política exterior también obedece a otros planes de corto, mediano y largo plazo, según las metas de Estado. En el caso de China, por ejemplo, su objetivo de convertirse en “un país socialista desarrollado, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso para 2049”, orienta y da coherencia tanto a la política interior como a la política exterior. Desde este punto de vista, la política exterior contradictoria y errática de López Obrador refleja una política interior con las mismas características.

Un caso concreto que ilustra esta relación es el T-MEC. El nuevo acuerdo comercial que sustituyó al TLCAN fue firmado en 2018 y entró en vigor en 2020. El gobierno de López Obrador lo celebró pomposamente como un mecanismo que no solo llegaría a salvar a México de la penosa situación económica que padecía en 2019 y 2020 (con la pandemia empeoraría más) sino que se convertiría en un permanente motor del crecimiento económico. Si bien el TMEC facilita la exportación a Estados Unidos de productos hechos en México, el acuerdo es un mero tratado comercial. El desarrollo económico de México no puede descansar en un acuerdo de esta naturaleza, sobre todo si miramos los resultados mediocres que arrojó su antecesor, el TLCAN, después de casi treinta años de operación.

Dos años después de haberle dado la bienvenida al TMEC, López Obrador asume la posición contraria y declara que su gobierno está dispuesto a abandonar el acuerdo con tal de defender la soberanía de México. Esto ocurre en el contexto de las controversias generadas por la reforma eléctrica, la cual afectó a algunas empresas estadounidenses y canadienses que ya habían hecho inversiones en el ramo de la electricidad en México. Si la reforma eléctrica viola o no las cláusulas del TMEC, es algo que todavía está en litigio, lo cierto es que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá ya están defendiendo a sus empresas y han llamado al gobierno de México a respetar sus intereses en México, so pena de sancionar al país imponiéndole aranceles a sus productos. Una imposición de aranceles a México sería un duro golpe a la economía nacional, pero la salida de México del TMEC sería una catástrofe para el país.

En realidad, lo que refleja la posición contradictoria del gobierno de López Obrador respecto al TMEC es la ausencia de un proyecto de desarrollo nacional: por un lado le apuesta todo al empuje económico que puede traer el TMEC al país y por el otro atenta contra ese mismo empuje al llevar adelante una reforma que hiere los intereses de los verdaderos mandamases de ese acuerdo comercial. Y esto es algo que atraviesa a toda la política interior: un día golpea a los empresarios y otro día los invita a Palacio Nacional a celebrar su amistad, un día le exige a Salinas Pliego que pague sus impuestos y otro día le da los contratos para distribuir los programas del bienestar, un día lanza una diatriba contra la corrupción y otro día otorga contratos por asignaciones directas, un día reparte dinero entre el pueblo para incrementar su nivel de vida y otro día reprime a las organizaciones populares que se movilizan para mejorar su condición de vida, un día declara que el sistema de salud será como el de Dinamarca y otro día le aplica tantos recortes presupuestales que sufre desabasto de medicinas.

En la medida en que México no cuenta con un proyecto de desarrollo correctamente planeado y ejecutado, en esa medida el país sigue dependiendo de las necesidades económicas de los demás países con los que nos relacionamos. López Obrador puede desgañitarse cuanto quiera defendiendo la soberanía nacional, pero mientras su gobierno no aplique un proyecto de desarrollo nacional coherente y científicamente elaborado, en los hechos estará fortaleciendo la dependencia de México respecto a Estados Unidos. Solo cuando hayamos puesto en marcha un proyecto con estas características, entonces podremos considerar si es conveniente o no enfrentarse económicamente a Estados Unidos. De otra manera es mejor no hacerlo, por muy soberanos e independientes que nos digamos.


Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y cursa una maestría en Estudios de China en El Colegio de México.

Silvio Rodríguez en México

Julio 2022

Recientemente Silvio Rodríguez se presentó en México con una serie de conciertos. En ellos, llamó la atención su apoyo al gobierno mexicano en curso mediante una introducción hecha a la canción El Necio, donde mencionó: “Una vez se la dediqué a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel”.

Aunque en abstracto todo mundo es libre de apoyar y dedicar una canción a gobierno cualquiera, parece un tanto extraño cuando estas palabras vienen de un hombre hecho en el seno de un gran proceso revolucionario y que, como músico, además, tiene conciencia de la capacidad del arte, sobre todo de la música (porque aunque sea la menos entendida en términos concretos entre las artes, es al mismo tiempo la que de manera más simple imbuye nuestros sentimientos) a la hora de convencer y movilizar a la gran población hacia una idea o proyecto determinado; y más cuando en ella hay palabras que hablan de un mejor porvenir. Pero incluso, más allá de su función como artista, resulta llamativo el apoyo, al tratarse de un hombre que también formó parte del gobierno de la Revolución Cubana y que entiende que un verdadero cambio social parte de las bases, de las estructuras materiales; camino bastante distinto al elegido por Andrés Manuel.

Si bien los cambios en la estructura económica pueden ocurrir como cambios reformistas o como superación del modo de producción dominante, es claro que ambos casos, aunque en diferentes contextos (condicionados por la correlación de fuerzas entre capitalistas y proletarios), pueden aportar mucho para mejorar las condiciones materiales de la población de países pobres como México. Por las condiciones actuales del proletariado mundial y mexicano, sobre todo en su aspecto subjetivo para la revolución (función de dirección, educación y movilización de las masas revolucionarias), es muy importante reconocer la relevancia que en este momento histórico tienen las luchas desde adentro de las demarcaciones capitalistas y lo mucho que se puede lograr a través de las políticas económicas; más aún si se comprenden las leyes de la acumulación de capital.

De acuerdo con el planteamiento de Marx, efectuado en las secciones IV, V, Y VI de El Capital, T. I, la acumulación capitalista puede desarrollarse, primero, sobre la base de una creciente incorporación de fuerza de trabajo asalariado, al tiempo que se eliminan los vestigios de producción precapitalista de autosubsistencia. A esta primera fase, denominada extensiva o de subsunción formal del trabajo al capital, el aumento de la composición orgánica de capital no representa un factor esencial, ya que el capitalismo opera bajo un régimen de producción manual, de modo que el motor de la acumulación de capital se encuentra en el aumento progresivo del trabajo asalariado. Posteriormente, en la llamada fase intensiva, la acumulación del capital se desarrolla sobre la base de un crecimiento permanente de la composición orgánica de capital, que implica, sobre todo,  aumentos en la productividad. A esta segunda etapa se le conoce también con el nombre de subsunción real del trabajado al capital, ya que no solo es el trabajo, en su forma de pago en salario (como elemento propio del capitalismo), el que se incorpora al proceso productivo, sino también la gran maquinaria industrial de producción a escala, propia de la fase maquinizada del capitalismo; y que se despliega a gran velocidad, además,  gracias al aumento progresivo del elemento dinámico, por excelencia, de esta fase de acumulación: la productividad.

Partiendo del consenso al que ha llegado la literatura que aborda el tema, se puede decir que México entró en la fase intensiva de acumulación, en su modalidad de crecimiento “hacia adentro” (denominada así porque la mayor parte de la producción nacional se dirige al mercado interno), a partir de la década de los sesenta del siglo pasado. Y aunque en su proceso haya tenido cambios en su modelo de desarrollo, específicamente en la década de los años noventa, se debe seguir considerando parte de la fase intensiva de acumulación, aunque en su forma de crecimiento denominada “hacia afuera” (donde el impulso de la economía se encuentra en las exportaciones). Esto significa que en caso haber tomado en cuenta las pautas que marca la acumulación de capital, los objetivos a los que tendría que haber estado atenida la política económica mexicana, desde la década de los años sesenta, es hacia al aumento de la productividad económica del país.

Durante el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) se logró dicho cometido, aunque solo en ciertos momentos y en sectores específicos de la economía; sin embargo, a partir de la apertura indiscriminada de México al mercado mundial en la década de los años noventa, el aumento de la productividad se ha vuelto aún más restringida y concentrada en favor de pocas ramas de la economía. Es decir, las políticas económicas (entendidas como acicates o frenos de la acumulación de capital) que se han implementado desde que el país se insertó en esta fase, no han sido las adecuadas para favorecer una acumulación de capital lo suficientemente generalizada o que promueva las ramas económicas de mayor valor agregado contenido, necesarias para sacar a México de la pobreza. No obstante, hay otros casos, como es el de China (por nombrar un país que inició su etapa intensiva en tiempos similares a los de México), donde como consecuencia de diseñar y aplicar políticas económicas no arbitrarias, sino en función de las necesidades históricas de la acumulación de capital, hoy se ha convertido en la segunda economía del mundo.

Como promesa de gobierno, Andrés Manuel sostuvo que su mandato sería la cuarta transformación de México, como consecución a la Guerra de Independencia, La Guerra de Reforma y La Revolución Mexicana. No obstante, es necesario recordar que dichos eventos tuvieron como motivación principal generar cambios en favor de la clase burguesa capitalista, un contexto adecuado para que pudiera desarrollarse, así como los elementos necesarios para lograrlo: desarrollo de las fuerzas productivas, “eficiencia en la asignación de recursos en la economía”, modernización de los procesos productivos, cambios en las relaciones de producción en favor del capital, conquista del poder político, etc. A grandes rasgos, se facilitó el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, lo que hoy hace el presidente en su gobierno es poco menos que un mal chiste en relación a los eventos históricos de los que se sirve. En lugar de promover el desarrollo de la economía mexicana, la productividad, el aumento de los encadenamientos productivos, la riqueza nacional, Andrés Manuel prefiere profesar por una economía de austeridad, caridad y asistencialismo. Nada más lejano de las necesidades que demanda la fase intensiva de acumulación de capital.

Lo hasta ahora mencionado tiene la intención de dar cuenta que no hay una fórmula exacta que marque la ruta que deben atravesar los países pobres para su desarrollo. Sin embargo, de modo claro también se observa que los países, como la mencionada China, que han tomado en cuenta en el diseño de sus políticas económicas los requisitos de la acumulación de capital, hoy en día han podio mejorar considerablemente la situación material y social de su población; así lo hace saber una declaración del presidente Xi Jinping del día 25 de febrero del 2021 “Hoy declaramos solemnemente (…) que el país ha concluido su ardua tarea de erradicar la pobreza extrema”  y afirmó también que desde que se lanzó el programa de Reforma y Apertura, a finales de la década de los años setenta, el país ha sacado de la pobreza a 770 millones de personas, con lo que ha contribuido con cerca del 70 por ciento de la reducción de la pobreza mundial. Además, con base en estadísticas del portal Datosmacro del periódico Expansión, este país ocupa el segundo puesto en el mundo en gasto de gobierno y educación.

De lo anterior se puede deducir que no porque un gobierno se autodenomine de izquierda tiene la razón o merece ser apoyado por su pueblo. En nuestros días la izquierda se ha diversificado tanto que poco queda de común entre las facciones, más allá de que todas dicen velar por los intereses de las clases populares. Sin embargo, es claro que no es suficiente con querer acabar con la pobreza y otros males que lleva consigo el capitalismo, se necesita de políticas que vayan más allá de los intereses particulares o en el mejor de los casos, más allá de las buenas intenciones de los mandatarios. Se necesita de políticas, como se advirtió más arriba, que se desarrollen a partir de una base objetiva, a partir de las necesidades históricas específicas; es decir, del Materialismo Histórico.

Pero más allá de las personas que gobiernan un país, es importante que cualquier persona que se diga de izquierda o que abogue por un cambio real en su vida y la de su pueblo (más si es un personaje público), asuma la tarea de ir más allá de las simples intenciones y palabrerío que demarcan su posición reactiva contra la pobreza. Se necesita tener claro cuál es el camino por recorrer, así como los elementos con los que se realizará. De modo contrario, lo único que se logra es convertirse en portador del pseudo discurso progresista tras el cual se encuentra la burguesía más reaccionaria, además de confundir aún más a la población al hacerla creer que un gobierno que da caridad a partir de los precarios recursos recaudados de una “la lucha anticorrupción”, pero que no vuelve la vista hacia con los deberes del desarrollo del país, es símbolo de esperanza y de progreso.

Ese fue el error en el que cayó Silvio, un gran artista con un gran número de seguidores también detrás de él; que, haciendo uso de música revolucionaria, hizo creer a una buena parte del pueblo mexicano que el gobierno que los lidera también es revolucionario. Nada más lejano de la realidad. Pero duele más que ese desatino venga de él, hombre consciente (así lo hace saber a través de sus ideas publicadas en su blog personal Segunda Cita) y víctima, así como su pueblo, de los males que devienen por dejar de lado el desarrollo de la riqueza material de un país (aunque en este caso se encuentre su causa en un inhumano bloqueo económico por parte de Estados Unidos). Pero inclusive en el supuesto de que Silvio no fuera consciente de esta realidad, es deber de los que luchan por un cambio para este mundo, como se dijo líneas atrás, buscar la verdad más allá de lo que el sentido común intuya, más allá de lo que los medios pseudo críticos indiquen, más allá de lo que las teorías convencionales convengan y más allá de lo que el presidente repita en sus mañaneras.


Christian Damián Jaramillo Reinoso es economista por la UNAM. Opinión invitada.

Imparable la violencia en México

Junio 2022

El 24 de mayo de 2022 fue el segundo día más violento de México en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues asesinaron a 118 mexicanos y, el más violento, el 1 de diciembre de 2019 con 127, esto, según datos del Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así, de diciembre de 2018 a abril de 2022 suman 118 mil 732 asesinatos en el pais, esto indica, dicen especialistas, que puede ser un sexenio más violento que el de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón Hinojosa, artífice de la guerra contra el narcotráfico.

La tendencia de los datos al alza de los delitos que se comenten en el país muestran el fracaso de la “política” de seguridad que implementó el gobierno autodenominado de la “Cuarta Transformación”. Esta política, se puede resumir, como el mismo presidente lo ha hecho en la frase de los “abrazos no balazos”. Ha explicado que se trata de renunciar a la tarea de combatir al crimen organizado y a los delincuentes de manera frontal y dedicarse a combatir los causantes de la violencia, es decir, atacar sus causas sociales más profundas: la pobreza y la falta de oportunidades para los mexicanos de desempeñars en la legalidad. Así ha justificado, por ejemplo, el uso del programa “Jóvenes construyendo el futuro” como un mecanismo para pacificar el país, pero los datos apuntan a que, contrario a lo que esperaba, el crimen y la violencia siguen en crecimiento.

El enfoque del problema que tiene el gobierno incurre en el error de absolutizar el combate de las causas dejando de lado el control de la política de seguridad de combate a la criminalidad de manera frontal. Esto significa que ha retirado el uso de la violencia policiaca directa, que en este sexenio ha recaído en la Guardia Nacional haciendo funciones de policía, contra los criminales. Esta forma de proceder ya ha dejado ejemplos palpables de que los criminales se han envalentonado al grado de correr a la Guardia Nacional de sus zonas de acción, como en Michoacán. Mientras eso sucede, también se ha evidenciado que los programas sociales no han servido para brindar oportunidades a los mexicanos que permitan bajar los indices de desigualdad, lo que posiblemente traería consigo la pacificación del país.

Militarizar al país no ha servido para combatir la violencia en México. Organismos de derechos humanos han advertido que los militares deben de volver a los cuarteles y dejar de ser partícipes de la seguridad ciudadana, es decir, que esta función debe de volver a manos de civiles. Pero contrario a ello, al ejército se le ha puesto en un punto estratégico del país que lo inmiscuyen en áreas la construcción de las obras emblemáticas, la administración de puertos marítimos, en programas forestales, etcétera. Esto significa que el poder y el control que están teniendo trasciende a las labores de seguridad, y si a todo ello se le suma la opacidad del sistema para rendir cuentas, se puede observar que se configura política poco eficiente. Hay que considerar que ese cuerpo no está diseñado para brindar seguridad, sino para otro objetivo completamente diferente.

Estamos de acuerdo en que se ataquen las causas sociales del problema de la inseguridad en México, pero también es imperioso manifestar al gobierno la necesidad de profesionalizar las labores de seguridad del país y que los funcionarios hagan el trabajo comprometidos con dar resultados positivos. Pensemos, por ejemplo, en el exsecretario de seguridad pública, evaluando sus resultados, parece que estaba más preocupado por construir su carrera política que en atender los graves problemas de seguridad. Y si se mira a la actual secretaria, se puede afirmar que falta un perfil experimentado para desempeñar esa tarea. Tal vez estos factores expliquen que una decena de asaltadores comentan sus delitos en plena autopista México-Querétaro a más de 300 automovilistas, las masacres de gran magnitud o que desaparezcan diez mujeres diariamente sin que existan repercusiones para los perpetradores del crimen.

En estas circunstancias ¿De qué democracia hablamos si la mayoría se siente inseguro en su propia casa? ¿De qué libertad, de qué transformación? Este no es solo un problema de inseguridad, es de impunidad, de falta de estrategia para hacer frente a los problemas de seguridad del país, de falta de una visión profesional del problema para afrontarlo con eficacia.


Rogelio García Macedonio es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Un viejo problema siempre nuevo: reforma o revolución en México

Junio 2022

No hay ciertamente nada nuevo bajo el sol. El viejo debate sobre “reforma o revolución” vuelve a emerger en la superficie de este proceloso mar llamado México. Con la máscara o mascarada, ahora, de que “las sociedades reformistas han sido al final más transformadoras que las revolucionarias”, según lo consigna el historiador Héctor Aguilar Camín en “El otoño del presidente”, publicado en el número de junio de la revista Nexos, 2022. La cuestión en torno a esta aseveración no es minúscula ni accesoria a la realidad mexicana, sobre todo, por la conclusión a que conduce lógicamente este viejo razonamiento que no encierra otra cosa más que negar la lucha de las clases trabajadoras. En última instancia negar la revolución social.

Tanto para Aguilar Camín como para los “revisionistas” alemanes de la II Internacional, quienes fueron los precursores de esta antiquísima disyuntiva, la solución es clara: las reformas sociales son la única vía por la cual las sociedades pueden transformarse. Sin embargo, Aguilar Camín lleva a otro ámbito la cuestión, pues a su leal parecer y entender la historia ya ha demostrado que esa es la realidad y que no hay manera de refutarla.

En primer lugar, cuando se lanza la afirmación de que hasta ahora las sociedades reformistas han transformado más que las sociedades revolucionarias, no se demuestra cómo es que así ha sido ni mucho cuáles son esas sociedades. Pero si aceptamos que tales sociedades existen y nos esforzamos en llenarlas de contenido podemos deducir que el historiador hace esta distinción con base en las principales revoluciones que vivió el siglo XX: la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución cubana de 1959. En ese sentido, las sociedades reformistas estarían representadas por el mundo occidental-capitalista bajo la égida de Estados Unidos y las sociedades revolucionarias representadas por la entonces Unión Soviética y Cuba. Obligados por tal afirmación, podemos preguntar ahora sí ¿cuál de estos dos tipos de sociedades transformó o ha transformado más? No parece, sin embargo, que esa cuestión pueda resolverse sin antes considerar cuál es el verdadero significado del término “transformación”. Sólo en esa medida podremos determinar la forzada comparación a la que se nos obliga.

Las revoluciones o transformaciones sociales son aquellas que cambian no sólo el aparato político estatal sino también las estructuras de clase y la ideología dominante. Sólo son revoluciones sociales aquellas que presentan esa doble transformación. Esas que sólo llegan a transformar el aparato estatal sin modificar las estructuras de clase no pueden, entonces, denominarse revoluciones sociales. De tal manera que la comparación a la que se nos obliga no es sólo desmedida, sino que se anula en sí misma porque las sociedades reformistas por sus propios objetivos no pretenden transformar, sino por el contrario conservar el estado de cosas en que se encuentran. No son, pues, conmensurables las revoluciones políticas y las revoluciones sociales cuando se trata de establecer un parangón respecto a sus alcances transformativos.

Finalmente, si esta proporción no es aplicable para la historia universal tampoco lo es para la historia nacional, pese a que Aguilar Camín se esfuerce en convencernos de que ni siquiera las “verdaderas revoluciones” –según él las que toman el poder por las armas– pueden cambiarlo todo. La Revolución mexicana, asegura Camín siguiendo a José Vasconcelos, no fue más que un “porfirismo colectivo”. Sin embargo, la Revolución mexicana transformó muy a su pesar las relaciones sociales, políticas y económicas existentes hasta 1910, de modo que se le ha caracterizado como una revolución burguesa.

Aun así, ni reforma ni revolución son términos válidos para analizar el contexto actual del país como sugiere Aguilar Camín, porque como él mismo lo reconoce, la mal llamada “cuarta transformación” no es ni de lejos eso que pretende ser. El gobierno de la “cuarta transformación” no ha revolucionado nada hasta el momento y tampoco es un gobierno que haya impulsado o esté ni tan siquiera impulsando reformas sociales a favor de las clases trabajadoras, tal como pretendían transformar su sociedad los “revisionistas” alemanes, quienes disfrazaron su oportunismo ateniéndose a la engañosa consigna de que el movimiento lo era todo y el objetivo final nada de nada. La “cuarta transformación” se pinta entonces sola: ni objetivo final ni movimiento gradual; ni reforma ni revolución.


Victoria Herrera es historiadora por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Scroll al inicio