Tambalea el pacto fiscal federal

En México, desde 1947, la federación y los estados acordaron, por medio de la Ley de Coordinación Fiscal, que las entidades federativas renunciaban a sus derechos recaudatorios, cediéndoselos al gobierno federal, con excepción de algunos impuestos poco significativos. Así, la federación distribuiría los ingresos del país equitativamente, con base en ciertas fórmulas que contemplan las necesidades particulares de cada estado, ayudando a reducir las desigualdades de las entidades federativas.

En febrero de 2020, el ingreso tributario del gobierno federal, 67% del total, se integró como sigue: el impuesto sobre la renta, 33.6% del total de ingresos; impuesto sobre el valor agregado, 21%; IEPS que no incluye a gasolina, 4.5%; IEPS de gasolina, 5.7%; y otros impuestos, 2.2%. Estos impuestos, más de la mitad de los ingresos federales, provienen de la población en general, pero los recauda el gobierno federal precisamente por el pacto fiscal.

Sin embargo, las participaciones federales han sufrido recortes importantes en los últimos años. Durante este mes los estados recibieron 1,946.6 mdp menos que en marzo del año pasado, a pesar de que en 2019 ya les habían reducido el presupuesto en 40 mil mdp. Al reducirles los ingresos se está limitando el margen de acción de los gobiernos estatales y las presidencias municipales, impidiendo que puedan resolver las necesidades concretas de sus gobernados.  

Desde el año pasado, los estados manifestaron su inconformidad, llegando incluso (Nuevo León, Chihuahua, Durango y Jalisco) a  amenazar con romper el pacto fiscal si se les siguen castigando sus ingresos. Esto significa un gran peligro para la nación porque, además de afectar la distribución un tanto más equitativa del ingreso entre las entidades federativas y aumentar las brechas de desarrollo entre los estados, se estaría rompiendo la unidad nacional al alentarlos, quitándoles ingresos, a buscar su independencia económica. El Estado debería otorgar los recursos suficiente para que los gobiernos estatales y municipales puedan atender a las necesidades de sus pueblos, y no estar alentando, así, la escisión nacional.

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