Por Eduardo Durán
Febrero 2020
A través de la historia, el hombre ha desarrollado una división del trabajo cada vez más profunda. La tecnificación del trabajo es posible gracias a esta división, la cual ha permeado en las actividades administrativas. Estas actividades también han quedado sujetas al mercado, lo que ha llevado a diferentes países a encontrar en la flexibilidad laboral el poder de reducir los costos gracias a que una empresa se dedique exclusivamente a los temas laborales para que sea más barata la contratación de un empleado más.
Actualmente la especialización en las actividades empresariales ha llegado al grado de crear empresas con el único objetivo de ser quien contrate a los trabajadores para otras empresas. Es el caso de las prácticas conocidas como outsourcing o subcontratación, que consiste en que una empresa provee de personal temporal a otra, sin incumplir con las obligaciones naturales que surgen de la relación obrero-patronal. A nivel mundial, esta práctica ha logrado reducir los costos laborales, aunque los perjudicados han sido los trabajadores. Este servicio es una oportunidad de cubrir necesidades que no son la principal ocupación de una empresa, como los servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad, entre otros. El problema central de la evolución de estas prácticas es que, en la realidad, el trabajador no tiene una relación laboral en el lugar donde trabaja, y su relación patronal ha dejado a un lado las obligaciones patronales, incluyendo las de seguridad social.
¿Cómo ha sido la evolución del outsourcing en México? Después del fracaso en la implementación del modelo de Desarrollo compartido, México se vio obligado a desarrollar políticas de crecimiento que dejaron como resultado el “modelo de industrialización orientado a la exportación”, así que, para poder abrirse al comercio exterior, se reconoció la necesidad de, no solo permitir, sino acelerar la Inversión Extranjera Directa (IED). Así, desde los años ochenta México le apostó a un bajo costo laboral como incentivo para atraer capitales extranjeros, lo que le permitió al país, en parte gracias a su cercanía con Estados Unidos, posicionarse a nivel global como un verdadero imán de inversiones.
En 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo para reconocer y, por lo tanto, permitir, las prácticas de outsourcing o subcontratación. Después de 8 años, la IP ha experimentado con los alcances de una ley que, desde su creación, ha dado rienda suelta a la imaginación de los empresarios al no poner límites claros ni sanciones precisas. Hay que mencionar que ciertas empresas muy competitivas en el sector han encontrado diferentes formas “legales” (todo lo que no está prohibido, está permitido) para evadir las prestaciones sociales de los trabajadores.
Una de las condiciones para la firma del T-MEC fue revisar la situación con las “subcontrataciones ilegales” en México, pues no les permite a Canadá ni a Estados Unidos “competir lealmente” en materia laboral. A partir de ese momento, se ha venido discutiendo la necesidad de regular la subcontratación, sobre todo la que se conoce como “subcontratación ilegal”, la cual consiste, grosso modo, en trasladar toda la plantilla laboral a un tercero para encubrir una relación laboral existente y así incumplir las obligaciones que se tienen como patrón, como la de brindar prestaciones de seguridad social. Ahí está el problema que se debate actualmente.
Zoé Robledo, director del IMSS, recientemente dijo que las pérdidas producidas por la “subcontratación ilegal” se estimaban en 21 millones de pesos, cantidad que se puede utilizar para construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 clínicas de primer nivel. Por otro lado, Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, estimó que del total de créditos hipotecarios que se otorgaron en 2019, el 10%, es decir, poco más de medio millón, pueden estar bajo un tipo de “subcontratación ilegal”, lo que le impide al trabajador recibir utilidades, generar antigüedad -a pesar de realizar el mismo trabajo dentro de la misma empresa- y se calcula un retraso de hasta cuatro años en la posibilidad de poder conseguir un crédito, el cual tardará 10 años más en poder pagarlo.
La iniciativa de reformar la ley (y darle seguimiento a la agenda del T-MEC) para regular estas prácticas y poder castigarlas es un paso importante para reducir los abusos de la clase empresarial, cuyos miembros argumentan que estas medidas pueden poner en riesgo la inversión y la estabilidad del país, argumentos respaldados por los líderes sindicales de la CTM (¡sí, líderes sindicales también están en contra de la reforma!), pues afirman que la reforma tiene fines puramente recaudatorios y no busca proteger a los trabajadores.
La 4T, con la ambigüedad de su economía moral, está entre la espada y la pared: por un lado, las presiones internacionales que exigen de México regular las condiciones de los trabajadores, y por otro lado está la clase empresarial que no quiere que se le ponga una camisa de fuerza ni que se le criminalice por estas prácticas. Buscar la respuesta en la moralidad de los empresarios es un gravísimo error. Lo que México sigue necesitando desde hace muchos años es una reforma fiscal que vaya de la mano con una política industrial que desarrolle la infraestructura productiva del país, que genere más empleos, y que al trabajador se le deje de tratar como una mercancía más. La posible reforma de la Ley Federal de Trabajo será solo un paliativo temporal mientras el gobierno mexicano no tome su papel fundamental en el crecimiento económico nacional.
Eduardo Durán es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.