| Por Donají Gallardo
La salud ha sido siempre una de las grandes preocupaciones de los mexicanos. Por ello, la consigna “médicos y medicinas para todos” fue una de las más aplaudidas de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña. Sin embargo, por muy atractiva que se escuchara, jamás se dijo cómo y con qué recursos se ejecutaría esta promesa. Lo único que se precisó fue que, al igual que las demás instituciones, el sistema de salud estaba corroído por la corrupción y que, por lo tanto, una vez acabada la corrupción, todo estaría bien y todos tendríamos un lugar al que acudir para curarnos.
Inmediatamente después de ser nombrado presidente, su posición cambió: no solo disminuiría el presupuesto de las instituciones ya existentes, sino que desaparecería el Seguro Popular, la única estructura gubernamental diseñada para proveer de atención sanitaria a los estratos más pobres de este país, aquellos que no tienen un trabajo formal que les brinde la oportunidad de ser atendidos en hospitales o clínicas con mejores servicios. Ciertamente, con el Seguro Popular pasaba lo que en otras dependencias y programas, a los cuales acusaron de corruptos: el diagnóstico era adecuado, pero el tratamiento, en lugar de curar al paciente, lo empeoraba.
Mucha gente aplaudió esta decisión porque eso “ayudaría a erradicar la corrupción y evitaría el despilfarro de los recursos destinados a la salud de los mexicanos”. Sin embargo quedaba una incógnita, si no era el Seguro Popular, ¿quién o qué institución sería la responsable de llevar a cabo la promesa hecha en campaña a los mexicanos? La respuesta llegó pronto; sería el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) el encargado de llevar a cabo esta importante tarea.
“La desaparición del Seguro Popular llevará a un mayor empobrecimiento”
Ahora, después de muchos dimes y diretes, de muchos despidos y de muchas carencias, AMLO consuma las amenazas que había estado haciendo desde el primer día de su campaña, y el 29 de noviembre se expidió el capítulo VIII en el Diario Oficial de la Federación, que hace referencia a la creación del INSABI, firmando, al mismo tiempo, el certificado de defunción del Seguro Popular. Pero eso no fue todo: anteriormente, el 14 de noviembre, el presidente declaró que esta institución no sólo supliría al Seguro Popular, sino tenía el propósito de “unificar” al resto de los sistemas de salud. Es decir, este instituto sería el responsable de repartir todos los recursos destinados a salud entre los diferentes estados.
Todos estos cambios nos hacen considerar que el verdadero interés de este gobierno no es garantizar una atención adecuada para todos los mexicanos, sino la concentración de todo el dinero en manos del gobierno federal para ser utilizado a discreción, para los fines que así lo requieran.
Pero lo que el presidente y sus colaboradores ignoran es que gran parte del dinero del Seguro Popular servía para proveer de material, medicamento y personal a los hospitales nacionales y estatales, aquellos que, desde hace varios meses se han quejado de sufrir desabastos que les han obligado a mermar la calidad de la atención que prestan a sus pacientes. La desaparición del Seguro Popular no solo priva a los hospitales de los recursos mínimos para prestar una atención de mínima calidad, sino también a las familias porque ahora serán ellas las encargadas de absorber los gastos derivados de la atención de sus familiares. Esto, tarde o temprano, llevará a un mayor empobrecimiento, lo cual repercutirá de manera importante en las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
Donají Gallardo es médico cirujano por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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