La mala infraestructura educativa reproduce la desigualdad

Abril 2019

“Proporcionar una infraestructura escolar digna a las niñas, niños y adolescentes en México representa una de las principales deudas pendientes e impostergables del sistema educativo nacional”, señala el documento Políticas para fortalecer la infraestructura escolar en México, presentado en diciembre de 2018 por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El documento asegura que se trata de un problema crónico que padece el sistema educativo nacional, y es contundente al afirmar que se le debe atender inmediatamente.

Son claros los enormes beneficios que trae consigo el hecho de que una escuela cuente con toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento; es decir, que tenga aulas suficientes, mobiliario, espacios deportivos, agua potable, energía eléctrica, drenaje, salas de reuniones, bibliotecas, laboratorios, conexión a internet, etc. Los especialistas en temas de educación coinciden en que existe una relación positiva entre la calidad de la infraestructura educativa y un mayor aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, varios estudios han encontrado que la infraestructura tiene un efecto motivacional en el proceso de aprendizaje: en un ambiente más agradable, los alumnos y docentes tienen un mejor desempeño.

Ahora bien, de acuerdo con el propio organismo, del total de las escuelas básicas el 45% no cuenta con drenaje, 20% no tiene agua potable, 5% no está conectada a una red eléctrica, 63% no tiene internet, el 75% no cuenta con taller de cómputo (aulas de medios), 76.5% no tiene biblioteca, 36.6% no cuenta con canchas deportivas, 24.2% carece de mobiliario básico, 51.8% no tiene áreas verdes, 43.9% no tiene oficina administrativa, 31% tiene daño estructural en sus instalaciones y 33.4% tiene una estructura atípica, es decir, sus instalaciones no son las adecuadas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En los estados con rezago social muy alto la situación se agudiza: en Guerrero, del total de las escuelas de nivel básico, el 37.6% no tiene agua potable, el 59.4% no tiene drenaje y el 76.6% no tiene internet. Para el caso de Oaxaca, el 72.8% no cuenta con drenaje, el 70.9% no cuenta con internet. En Chiapas el 66.1% no tiene drenaje, y el 84.1% no tiene internet. Si se comparan las carencias por tipo de localidad (rurales y urbanas) se muestra una gran desigualdad. Por ejemplo, en las zonas urbanas solo el 13.6% no cuenta con drenaje y el 31.1% carece de internet; en cambio, en las zonas rurales el 64% no tiene drenaje y el 80% no cuenta con internet.

Los datos son alarmantes por sí solos: en pleno siglo xxi, muchas escuelas de nuestro país no cuentan con las condiciones materiales mínimas para ofrecer una educación de calidad. Esto trae graves consecuencias a la educación y a la sociedad en general. En primer lugar, si no se dota de infraestructura necesaria y suficiente a todas las escuelas del país, no se podrá cumplir con el mandato constitucional que tiene el Estado de otorgar educación de calidad. En segundo lugar, los datos muestran que hay una gran desigualdad en cuanto a la dotación de infraestructura: en los estados más pobres y en las zonas rurales se encuentran las escuelas con mayores carencias (es decir, los alumnos más afectados son los menos favorecidos económicamente). La dotación de infraestructura educativa es inequitativa: algunos alumnos gozan de todas las condiciones materiales y, por otra parte, un gran número de estudiantes no tiene acceso a infraestructura adecuada.

En México las familias adquieren la educación que les toca y, si tienen recursos, la educación que pueden pagar. La falta, el deterioro y la distribución desigual de infraestructura educativa reproducen los efectos de la pobreza. Por tanto, en las condiciones actuales la educación no es un instrumento eficaz para disminuir la desigualdad; al contrario: la incrementa.

El actual gobierno haría historia si dotara, por fin, de infraestructura adecuada a todas las escuelas del país; esto sería acto verdadero de justicia para la clase trabajadora: el que sus hijos reciban educación en instalaciones adecuadas, cómodas y con todos los servicios que la sociedad de nuestro siglo exige. Pero está claro que la inversión en infraestructura educativa no es prioridad para este gobierno.

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Jorge López Hernández es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.