Por Samira Sánchez | Septiembre 2026
En las últimas décadas, en el marco de las transformaciones urbanas neoliberales, la producción del espacio ocupa un lugar central para la acumulación de capital. Esta producción del espacio está siempre atravesada por la privatización, el cercamiento y la mercantilización. Por tanto, la producción del espacio forma parte de una de las tantas formas de la lucha de clases, que toma representaciones particularmente visibles en tanto se reflejan en el territorio.
En México, la toma forzada y violenta de propiedades representa una de las prácticas criminales definidas en la ley [1] con mayor crecimiento de los últimos años. La única medición disponible del despojo violento son los reportes ante la Fiscalía. En números absolutos, los despojos de vivienda reportados pasaron de 19 mil en 2002 a 29 mil en 2020, un aumento de 45% en las últimas dos décadas. Dentro de esta tendencia nacional, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades donde se concentran más de 30% de los reportes de eventos delictivos por despojo de vivienda.
El delito de despojo se configura si la vivienda o el predio de alguien más se toma de manera forzada, violenta o furtiva. Puede darse de manera individual o colectiva. En la Ciudad de México el delito se atenúa si se reconocen situaciones atenuantes o no criminalizantes del despojo, por ejemplo, en el caso de que la propiedad sea invadida con fines de habitar u ocupar una vivienda deshabitada. Por tanto, de acuerdo con la ley el delito se define en relación con las condiciones en que se efectúa el despojo y los sujetos que intervienen en su realización, sin importar el tipo de uso, ubicación o valor de la propiedad.
Sin embargo, se debe reconocer que los registros individualizados y trazables de personas, conflictos y consecuencias jurídicas no están al alcance del público, lo que imposibilita contar con evidencia de la naturaleza del despojo. Los reportes por despojo hasta ahora son la única estadística con la que se cuenta para analizar estas prácticas. En ellos hay múltiples historias, casos concretos de origen muy diverso y con personas con distinto estrato económico involucradas. A pesar de esta diversidad, se puede afirmar que las personas involucradas en un proceso de despojo se pueden dividir en dos, las que tienen acceso al sistema de justicia y aquellas que no.
El despojo puede ser un recurso efectivo para apropiarse de los predios, pues se encuentra ligado entre otros aspectos a la incapacidad que tienen los habitantes despojados de defender la posesión de un inmueble a través de la ley debido a la irregularidad en la adscripción jurídica de la posesión y/o propiedad que caracteriza la escasez de recursos económicos de los habitantes. Esta interpretación describe a sujetos carentes de medios y recursos suficientes para defender sus propiedades por la vía jurídica. Esto sucede porque la gente muchas veces se enfrenta a un sistema de justicia especializado y burocratizado que no atiende sus querellas.
Sin embargo, las denuncias de despojo se concentran en la zona central de la Ciudad de México y estas son de naturaleza diferente al caso mencionado anteriormente. Es decir, tiene un origen distinto al de personas carentes de acceso a la justicia. Por ejemplo, el diario Infobae relata que en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, el despojo se realiza mediante la participación de organizaciones criminales que se dedican a invadir predios de manera violenta para instalar centros de operaciones y almacenaje de mercancías ilegales (drogas, armas o piratería) o para cobrar rentas más altas a quienes ya viven en ellos. Las autoridades atribuyen el aumento de este tipo de operaciones a la organización criminal Unión Tepito, cuyos integrantes parecen estar relacionados con una tercera parte de todos los crímenes cometidos en toda la ciudad.
Las denuncias de despojo usualmente se concentran en contextos donde la violencia y la criminalidad se encuentran tan generalizadas que impactan diferentes ámbitos colectivos de interacción incluyendo aquellos diseñados para la transacción regulada y pacífica del territorio. Al mismo tiempo, las transferencias forzadas de tierra y propiedad frecuentemente aumentan en contextos caracterizados por la presencia de organizaciones delictivas que ven el despojo como un medio para controlar el acceso y tránsito por el territorio y acumular riqueza. Las áreas centrales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México están caracterizadas por este segundo tipo de despojo, lo que se demuestra que solo 3 de cada 10 despojados logran recuperar su vivienda.
Estos despojos se ubican en un proceso más amplio de transformaciones urbanas y de reconfiguración neoliberal del espacio. La producción del espacio ha ocupado un lugar central en la acumulación de capital y se ha orientado a primar la ganancia y la valorización. Desde el origen del capitalismo, los mecanismos de desposesión han implicado exclusión o desplazamiento con autorización estatal. Sin embargo, el delito de despojo que hoy ocupa los medios de comunicación aparenta no estar permitido por el Estado, pero se sostiene sobre un intrincado proceso de justicia que provoca que pocos puedan acceder y otros lo puedan manipular a su conveniencia.
Samira Sánchez es maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México.
[1] Hay otro tipo de crímenes que no están en la ley.