Por Tania Rojas | Agosto 2026
Muchas veces hemos escuchado que quienes dirigen la economía y diseñan la política macroeconómica de un país se encargan pura y exclusivamente de cuestiones técnicas.
La política macroeconómica, es decir, el conjunto de decisiones que toma el Estado sobre el empleo, la inversión, el gasto público, los impuestos, el comercio y otros ámbitos para influir en el funcionamiento general de la economía, suele presentarse como un terreno reservado para especialistas, que se guían por criterios científicos, y persiguen objetivos de interés general como el crecimiento económico, la estabilidad de precios o la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Sin duda, estas decisiones requieren conocimientos técnicos. Pero la técnica está subordinada a un marco político que define de antemano qué objetivos son prioritarios y qué instrumentos son aceptables para alcanzarlos. Una vez establecidas esas prioridades, el conocimiento técnico se orienta a encontrar la mejor forma de llevarlas a cabo.
La política monetaria del banco central es un ejemplo ilustrativo. Fijar la tasa de interés exige analizar una enorme cantidad de información sobre la inflación, el crecimiento, el empleo, los salarios, el crédito y los mercados financieros.
Sin embargo, la decisión de privilegiar la estabilidad de precios por encima de objetivos como el pleno empleo no es el resultado inevitable de un cálculo técnico, sino de un régimen de política económica previamente establecido.
Del mismo modo, tampoco es una decisión puramente técnica que la tasa de interés sea precisamente el instrumento aceptado para controlar la inflación. Existen otros mecanismos —como controles de precios, políticas de ingresos o la intervención directa en mercados estratégicos—, pero la elección de cuáles medios se consideran deseables también responde a una consideración política sobre la manera en que debe conducirse la economía.
La política macroeconómica no se reduce entonces a la administración “neutral” de la economía; expresa una determinada correlación de fuerzas e intereses sociales que define qué objetivos perseguir y por qué medios.
En ese sentido, el régimen de política macroeconómica vigente responde a una correlación de fuerzas que, desde la década de 1970, ha organizado la economía en función de las necesidades de reproducción del gran capital, en particular del capital financiero. Este proceso se inicia con la crisis del modelo keynesiano de la posguerra, dando paso a un nuevo proyecto político y económico: el neoliberalismo.
El modelo keynesiano se caracterizaba por un Estado que desempeñaba un papel activo en la economía: asignaba directamente la inversión, impulsaba el pleno empleo, regulaba los mercados financieros y ampliaba los sistemas de protección social. Detrás de esta orientación existía una correlación de fuerzas más favorable a la clase trabajadora a nivel internacional, que permitió incorporar a la política económica objetivos como el pleno empleo, la expansión del Estado de bienestar, el crecimiento de los salarios y la ampliación de los derechos laborales y sociales.
Sin embargo, la estanflación de los años setenta precipitó la crisis del modelo keynesiano. En ese contexto, el nuevo proyecto político y económico que lo sustituiría encontró en el problema de la inflación una de sus principales justificaciones. La inflación se atribuyó al “exceso” de intervención estatal, al crecimiento del gasto público y a las concesiones económicas y sociales otorgadas a la clase trabajadora.
La solución propuesta fue justamente la contraria: devolver al mercado un papel protagónico en la organización de la economía, limitar la intervención del Estado y convertir el control de la inflación en el principal objetivo de la política macroeconómica. Bajo esta nueva lógica, el banco central y la tasa de interés adquirieron un papel central.
Pero el neoliberalismo fue mucho más que un cambio en las ideas económicas. Representó una nueva forma de organizar la acumulación del capital en un contexto de creciente integración financiera internacional. Conforme los mercados financieros adquirieron un papel decisivo en el financiamiento de empresas y gobiernos, las economías nacionales comenzaron a depender cada vez más de los flujos internacionales de capital para sostener la inversión, equilibrar sus balanzas de pagos y financiar el gasto público.
En consecuencia, la política macroeconómica pasó a responder crecientemente a los imperativos de las finanzas globales que concentran y reparten los fondos de inversión por el mundo entero. Así, los gobiernos comenzaron a diseñar sus políticas para conservar la confianza de eso grandes forndos de inversión internacionales, evitar la salida de capitales y mantener el acceso al financiamiento externo. La tasa de interés se convirtió en el principal mecanismo para enviar esa señal de confianza, mientras que el control de la inflación restringió y disciplinó la capacidad de los gobiernos para orientar la economía de acuerdo con prioridades distintas a las de los mercados financieros.
En suma, a través de la política macroeconómica se reproduce una determinada relación de poder entre el Estado, el capital y el trabajo y, por tanto, no puede quedar al margen del debate público.
Comprender esa dimensión política, preguntarnos quién define la política económica, con qué criterios y, sobre todo, en beneficio de quién, es fundamental para decidir colectivamente el rumbo de nuestra economía y ponerla al servicio de las mayorías.
Tania Rojas es maestra en Economía por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.