Por Tania Rojas | Julio 2026
“El conflicto es endémico en el sistema capitalista y concierne a todos los aspectos de la vida económica: las técnicas de producción que deben utilizarse, la duración e intensidad de la jornada laboral y la distribución del ingreso” (Rowthorn, 1977). Esta observación es particularmente relevante para pensar el vínculo entre el conflicto distributivo y la inflación; relación que no se reduce a su consecuencia más visible, esto es, la erosión del poder adquisitivo y la modificación de la distribución del ingreso entre los distintos grupos sociales. De igual o mayor relevancia, la pugna por preservar o ampliar la participación en el ingreso antecede ya a la inflación y puede actuar como uno de los mecanismos que ponen en marcha y sostienen su propagación.
Toda economía produce un conjunto de bienes y servicios en un periodo dado, por ejemplo, un año. Una primera parte de esta producción repone los costos de producción: el desembolso en materias primas, energía, maquinaria, transporte y otros insumos. En general, estos costos son pagos entre empresas, pues éstas compran bienes y servicios a otras para poder producir. Aquí aparece ya un primer nivel de conflicto. Los precios que se establecen entre las empresas incorporan, o mejor dicho, anticipan, un determinado margen de ganancia. Sin embargo, ese margen no está garantizado. Puede realizarse o no dependiendo de las condiciones del mercado, de qué tan competido esté, del nivel de la demanda y del poder de negociación de cada empresa.
Entre otros descuentos, antes de la distribución entre salarios y ganancias, se encuentran los impuestos. Estos gravámenes reducen el ingreso disponible que se reparte entre ambos grupos y ponen de relieve el papel de un tercer actor importante: el Estado. El conflicto distributivo también se expresa en la decisión de a quién gravar más, si a los trabajadores o a las empresas, y en qué se decide gastar los recursos públicos, ya sea en políticas sociales, subsidios empresariales u otros fines. Estas decisiones influyen de manera significativa en cómo se reparte la riqueza en la economía y pueden agudizar o atenuar las tensiones entre las demandas salariales de los trabajadores y las aspiraciones de ganancia de las empresas.
Habiendo tomado en cuenta los pagos entre empresas y los descuentos por gravámenes, el conflicto central se da entre capitalistas y trabajadores por su participación en el ingreso nacional, es decir, entre ganancias y salarios. Para las empresas, las ganancias son fundamentales porque financian la inversión en nuevas tecnologías y capacidad productiva, impulsan el crecimiento y la productividad, además de constituir el ingreso de los propietarios del capital. Para los trabajadores, los salarios representan el principal medio para sostener o mejorar su nivel de vida. En este sentido, el conflicto distributivo no es arbitrario. Los reclamos de cada parte responden a condiciones materiales, pues de ellos dependen tanto la acumulación del capital como la reproducción de la fuerza de trabajo.
La partcipación de salarios y ganancias en el ingreso sólo puede ampliarse o conservarse a costa de la del otro, lo que hace inevitable el conflicto entre las aspiraciones de trabajadores y empleadores. Las empresas buscan preservar o ampliar sus márgenes de ganancia, mientras que los trabajadores intentan proteger o mejorar sus salarios reales. Cuando alguno de estos grupos cuenta con la capacidad suficiente para defender su participación en el ingreso, el conflicto puede trasladarse al terreno de los precios. Si los costos aumentan o los trabajadores obtienen incrementos salariales, las empresas pueden intentar trasladar esos aumentos a los precios para sostener o conservar sus márgenes de ganancia. A su vez, cuando los precios suben y erosionan el salario real, los trabajadores pueden buscar nuevas alzas salariales para recuperar lo perdido. La inflación pues, consuma este conflicto por la distribución del ingreso.
La capacidad de cada parte para ampliar o defender su participación en el ingreso depende, no obstante, de ciertas condiciones económicas. El nivel de desempleo, por ejemplo, puede debilitar o fortalecer el poder de negociación de los trabajadores. Cuando el desempleo es bajo, las empresas enfrentan mayores dificultades para sustituir a sus trabajadores, lo que fortalece la capacidad de estos para negociar mejores salarios o evitar la pérdida de su poder adquisitivo. Por su parte, el nivel de demanda influye en la capacidad de las empresas para aumentar los precios. Cuando la demanda es elevada, el aumento de precios tiene un menor impacto en las ventas, lo que facilita trasladar a los consumidores el incremento de los costos y preservar los márgenes de ganancia.
Para entender, pues, plenamente la inflación, es preciso situar el conflicto distributivo en el contexto de las condiciones económicas que moldean la capacidad de cada grupo para defender su participación en el ingreso. En las economías periféricas, por ejemplo, esa capacidad no depende únicamente del nivel de desempleo o de la demanda interna, sino también de factores como la disponibilidad de divisas, la dependencia de insumos importados y la evolución del tipo de cambio. En este sentido, la tradición estructuralista latinoamericana (Noyola Vázquez, 1956; Sunkel, 1996) situó en el centro del análisis las restricciones externas y las rigideces estructurales propias de estas economías. Una depreciación cambiaria, por ejemplo, encarece los insumos importados y muchos bienes de consumo, incrementa los costos de producción y reduce el poder adquisitivo de los salarios.
Frente a este tipo de choques, el conflicto distributivo puede resolverse de distintas maneras. Las empresas pueden intentar trasladar el aumento de los costos a los precios para preservar sus márgenes de ganancia, lo que puede dar lugar a nuevas demandas salariales orientadas a recuperar el poder adquisitivo perdido y alimentar nuevas presiones inflacionarias. Sin embargo, cuando la capacidad de negociación de los trabajadores es limitada, el ajuste puede recaer principalmente sobre los salarios reales. En este caso, el incremento de los costos no se traduce necesariamente en una espiral de precios y salarios, sino en una redistribución del ingreso en favor del capital.
En la economía mexicana, las elevadas tasas de informalidad laboral y el debilitamiento de la negociación colectiva parecen haber inclinado el ajuste hacia esta segunda vía. En lugar de desencadenar una dinámica persistente de recuperación salarial, los choques sobre los precios han tendido a erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores, permitiendo que una parte importante de los mayores costos sea absorbida por los salarios reales y contribuyendo así al sostenimiento de las tasas medias de ganancia, particularmente en el sector exportador.
Tania Rojas es maestra en Economía por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Referencias
Noyola Vázquez, J. (1956). El Desarrollo Económico y la Inflación en México y otros Países Latinoamericanos. Investigación Económica, 16(4), 603–648. https://www.jstor.org/stable/42782949
Rowthorn, R. E. (1977). Conflict, inflation and money. Cambridge Journal of Economics, 1(3), 215–239. https://www.jstor.org/stable/23596632
Sunkel, O. (1996). La Inflación Chilena: Un Enfoque Heterodoxo. El Trimestre Económico, 63(249(1)), 319–351. https://www.jstor.org/stable/45406435