Por Ollin Vázquez | Junio 2026
En los últimos meses hemos sido testigos de los intentos de los estados sede de México por mejorar la imagen urbana y la movilidad con miras al Mundial 2026. De acuerdo con la empresa Sarens, se invirtieron cerca de 31 mil millones de pesos —tanto en el sector público como privado— para modernizar la infraestructura urbana y turística en el país. De acuerdo con el Portal de Transparencia del gobierno de la Ciudad de México, en la capital se destinaron 22 mil 526 millones de pesos a proyectos de infraestructura, agua, medio ambiente y movilidad. Destacan las remodelaciones de los estadios Azteca, BBVA y Akron, las obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, y la remodelación de 19 estaciones de las Líneas 2 y 8 del Metro de la CDMX. Un estudio de Deloitte estima que este fuerte gasto en infraestructura generó alrededor de 100 mil empleos temporales.
Sin embargo, muchos analistas han advertido que es probable que el efecto de dicha inversión en el PIB sea marginal. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) pronostica que el impulso al crecimiento económico será de apenas el 0.15% del PIB, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eleva la cifra al 0.2%. En conjunto, se prevé que el PIB crezca entre el 1.2% y el 1.4%. La razón de fondo es que no habrá un efecto multiplicador significativo del gasto público. Conviene recordar que el multiplicador del gasto público plantea que un aumento en la inversión pública no impacta el PIB solo por su monto inicial, sino también indirectamente por los mayores ingresos y el mayor consumo.
En primer lugar, los recursos destinados a estas obras no provienen de una ampliación sustantiva de la recaudación fiscal, por lo que, en sentido estricto, no hay un incremento neto del gasto público. Si el gasto se financia con reasignaciones internas o con ahorros previos, en lugar de deuda o nuevos impuestos que aumenten el gasto público, no hay un efecto expansivo importante. En la CDMX, donde se concentró el 73% de las inversiones, los recursos salieron de fideicomisos constituidos desde 2025, integrados por aumentos muy marginales de impuestos. Por ejemplo, el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) se nutrió del incremento en la tasa del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), que pasó del 3 al 4%. El Fondo Mixto de Promoción Turística (FOMIX) se alimenta del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH). Y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que data de 2008, proviene del cobro de peaje en autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). En todos los casos no hay un aumento importante de los impuestos y tampoco es que se hayan creado otros nuevos.
En segundo lugar, venimos de un periodo de baja inversión en infraestructura pública y privada. Buena parte de la literatura especializada sostiene que las inversiones en infraestructura contribuyen al crecimiento del PIB en el largo plazo, especialmente en comunicaciones y transporte, porque integran los mercados, aumentan su tamaño, facilitan las transacciones y reducen costos al disminuir los tiempos de traslado de mercancías y de la fuerza de trabajo (Máttar & Perroti, 2024). Pero en México, después de 2017, la inversión física rara vez ha superado el 3% del PIB: entre 2017 y 2021 estuvo por debajo del 2.7%, en 2022 tuvo un ligero repunte al 3.2%, y en años posteriores no ha rebasado ese umbral. Estamos muy lejos de lo que invierten otros países de la OCDE —Japón y Corea del Sur superan el 4.5%— y de lo que la propia organización recomienda para América Latina y el Caribe, dado nuestro nivel de subdesarrollo (6.2%).
Finalmente, muchos académicos han señalado que habría que poner más atención a los beneficios de largo plazo de esta infraestructura, así como al costo de oportunidad de esta forma de invertir. Se está priorizando la “imagen urbana” —pintar fachadas, cambiar azulejos o mejorar iluminación en el metro—, mientras se descuida infraestructura menos vistosa pero esencial para los mexicanos y para el crecimiento de largo plazo: redes viales deterioradas, alumbrado público deficiente, drenaje obsoleto y sistemas de transporte colectivo que arrastran años de abandono. Incluso áreas clave como la salud pública quedan rezagadas. Esa desatención, tarde o temprano, pasará factura.
En resumidas cuentas, la inversión en infraestructura pública que el gobierno está realizando con motivo del Mundial no impulsará el crecimiento económico en el largo plazo. Existe una deuda histórica del Estado mexicano en materia de inversión pública, especialmente en aquella que beneficia más directamente a los trabajadores. Hace falta que el gobierno no solo “embellezca” la ciudad, sino que mejore de fondo el transporte colectivo, el drenaje, las carreteras y demás elementos que son indispensables para detonar el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de los mexicanos.
Ollin Vázquez es maestra en Economía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Bibliografía
Máttar, J., & Perroti, D. (2024). Análisis de los efectos de la inversión pública en infraestructura y el crecimiento en México. Revista de Economía Mexicana Anuario UNAM, 89-156.