Por Ollin Vázquez y Vania Sánchez | Junio 2026
Hace una década, la Oxfam advirtió que México estaba entre los países más desiguales del mundo y que se encontraba inmerso en un «círculo vicioso de pobreza”. A la conclusión a la que llegaron es que se necesitaba una política fiscal progresiva, salarios dignos y transparencia anticorrupción. Recientemente, en su reporte de 2026, la Oxfam celebró los avances en el aumento del salario mínimo, pero señaló que la concentración de la riqueza ha persistido en los últimos 30 años: la riqueza de los 22 multimillonarios mexicanos se cuadruplicó, mientras la economía no creció ni al doble. En este sentido, es necesario explicar cuáles son las causas estructurales que permiten la reproducción de la desigualdad y la pobreza en México.
Desde la perspectiva de la teoría marxista, en el capitalismo existen dos clases sociales fundamentales, definidas por su relación de propiedad con los medios de producción. Una de ellas es la clase capitalista, dueña de esos medios y del capital, que contrata fuerza de trabajo. La otra es la clase trabajadora, que al carecer de propiedad sobre los medios de producción se ve forzada a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir.
En el sistema capitalista, la relación de propiedad determina cómo se distribuye el valor de la riqueza generada (es decir, el nuevo valor que surge del proceso productivo). Al trabajador se le retribuye con un equivalente al valor de su fuerza de trabajo: el valor de los bienes necesarios para reponer su desgaste físico y mental diario, y para asegurar que pueda regresar al trabajo al día siguiente. En dinero, esa retribución es el salario. Al capitalista le corresponde el remanente del valor creado una vez descontado el salario. A esa porción se le denomina plusvalía o trabajo no pagado, porque es generada por el trabajador, pero apropiada por el capitalista.
La repartición del nuevo valor entre salarios y plusvalía es una relación de suma cero: cualquier aumento en la parte que recibe una de las clases implica forzosamente una disminución en la parte de la otra. Por ejemplo, cuando hay un «excedente» de fuerza de trabajo en relación con los puestos disponibles, los trabajadores pierden poder de negociación, lo que empuja los salarios a la baja y eleva la porción de riqueza que se apropian los capitalistas. En cambio, si los trabajadores logran organizarse colectivamente y conseguir aumentos salariales significativos, la plusvalía se reduce y, por tanto, disminuyen las ganancias de los capitalistas.
Dado que el salario se establece alrededor del valor de la fuerza de trabajo —esto es, lo mínimo indispensable para la subsistencia y reproducción cotidiana del trabajador—, este último se halla sistemáticamente impedido de acumular ahorros suficientes como para convertirse en capitalista. En condiciones normales del modo de producción capitalista, la movilidad ascendente entre clases es estructuralmente inviable. Solo circunstancias excepcionales podrían permitir que un trabajador adquiera medios de producción, pero esa no es la dinámica habitual del sistema. En contraste, los capitalistas sí pueden dejar de serlo cuando pierden en la competencia y quiebran, lo que los obliga a transformarse en trabajadores.
El mecanismo de distribución de la riqueza propio del mercado tiende estructuralmente a su concentración. El mercado, por sí solo, carece de mecanismos compensatorios que lleven a una distribución equitativa de la nueva riqueza creada. La evidencia empírica en México muestra que la distribución del ingreso entre clases —es decir, la participación de los salarios (remuneración a los asalariados) y de las ganancias (excedente bruto de explotación) en el Valor Agregado Bruto (VAB)— no ha presentado cambios significativos entre 2008 y 2024: pasó de 20.8% para salarios y 79.16% para ganancias, a 25.12% y 74.8%, respectivamente.
La difusión de las ideas socialistas o de aquellas que cuestionaban las desigualdades sociales durante el siglo XIX llevó a los distintos gobiernos a buscar paliativos frente al crecimiento de la miseria, mediante políticas de redistribución de la riqueza a través del reconocimiento de ciertos derechos sociales y la provisión de servicios públicos, lo que después se denominó Estado de Bienestar. Conviene aclarar, antes de continuar, que el Estado surgió históricamente para proteger los derechos de propiedad privada sobre los medios de producción, tanto frente a amenazas externas como internas. Para ello ha sido necesario mantener un aparato legislativo, fuerzas militares, policía y otros elementos que conforman el aparato estatal. Y para financiar los gastos de funcionamiento de ese aparato, se ha recurrido a lo largo de la historia a la recaudación de impuestos. Es decir, la recaudación impositiva nació antes de que siquiera se pensara en una política «redistributiva» del ingreso, antes de que se concibiera al Estado como paliativo a las necesidades de la población derivadas de la inequitativa distribución de la riqueza generada por el mercado.
Entre los impuestos, algunos tienen como fin estricto garantizar ciertos derechos sociales, como ocurre con las cotizaciones a la seguridad social. Los demás impuestos no tienen objetivos específicos predeterminados; su destino depende de las prioridades del gobierno de turno, que es quien decide en qué gastarlos. No obstante, pueden desempeñar un papel importante en la redistribución de la riqueza, dependiendo de si son progresivos —afectan proporcionalmente más a los ingresos de los sectores más ricos— o regresivos —impactan con mayor fuerza en el ingreso de los sectores más pobres—.
En cuanto a la conformación del Estado de bienestar puede clasificarse en tres periodos: el primero, que va desde los años ochenta del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, se caracteriza porque el Estado cumple un papel meramente asistencial y los derechos económicos, sociales y culturales no son considerados como derechos humanos; el segundo, que abarca las dos guerras mundiales y su periodo intermedio (entreguerras), se caracteriza por constitucionalizar derechos sociales y por establecer las bases de la teoría económica que darían forma al Estado de Bienestar; y el tercero, que se extiende de 1945 al final de los años setenta del siglo XX, es donde el Estado de Bienestar se materializa y consolida en los países más industrializados del mundo (Sotelo, 2010).
Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se hizo más evidente la disputa entre el bloque soviético y el occidente capitalista. Los países capitalistas más cercanos geográficamente al bloque socialista, o donde había mayor conflicto ideológico, aplicaron un Estado de Bienestar más extensivamente: los países escandinavos, sobre todo Suecia, y la Alemania Occidental. Ésta última reconoció en 1954 el derecho de todo ciudadano a reclamar al Estado una ayuda de supervivencia o mínimo vital; reconoció como obligación la garantía universal del derecho a la salud, la educación, las pensiones, a la vivienda, además de compensar mediante indemnizaciones a las víctimas de las dos Guerras Mundiales (Cárdenas, 2017). Muchos historiadores llegaron incluso a confundirse y creyeron que estos países estaban avanzando al “socialismo democrático”.
En México, el gasto gubernamental es reducido porque la recaudación fiscal es escasa. De acuerdo con datos de la OCDE, en 2024 nuestro país recaudó apenas el 18.3% del PIB, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (34.1%) y también por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (21.7%). Uno de los rubros donde menos se recauda en comparación con otros países es el de las cotizaciones a la seguridad social (solo el 2.5% frente al 8.8% del promedio de la OCDE). Esto se explica porque más del 50% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal. También destaca que los impuestos a la propiedad son casi inexistentes (0.3% en México frente al 1.7% del promedio de la OCDE). Finalmente, los impuestos que más recaudación aportan son el ISR y el IVA.
Los impuestos han mostrado un carácter altamente regresivo, es decir, su incidencia es mayor sobre los deciles de menores ingresos. En el caso del ISR para personas físicas, su regresividad se manifiesta en: i) la tasa máxima de gravamen es muy inferior a la de otros países —en México es del 35%, mientras que el promedio de la OCDE es del 42.8%, y países como Suecia, Japón, Dinamarca y otros ocho superan el 50%—; ii) la tasa marginal de cada umbral no crece al mismo ritmo que la riqueza de ese umbral, sino que la riqueza aumenta más rápido que la tasa; iii) en México, para alcanzar la tasa máxima, el ingreso debe ser 26.6 veces superior al promedio, mientras que en Chile se aplica la tasa máxima cuando el ingreso supera en 7.6 veces el promedio, y en Estados Unidos, en 9.2 veces (Casar, 2021).
En cuanto al IVA, dado que a todos se les aplica la misma tasa de 16%, la incidencia es mayor en los deciles más pobres: en el decil más pobre la incidencia en los bienes con tasa general es de 7.9, mientras que en el decil más rico es de 6.6.
En cuanto al gasto público, de acuerdo con datos de la OCDE, desde 2007 su evolución ha sido la siguiente: i) se ha mantenido entre el 18% y el 20% del PIB desde 2010, con la excepción de 2018 cuando fue del 16.8%; ii) se destina solo entre el 2.5% y el 2.8% del PIB a salud, cuando la OMS recomienda el 6%. Países europeos asignan porcentajes superiores, como Dinamarca (8.3% del PIB) y Noruega (8.3%). El promedio de los países de América Latina y el Caribe fue del 3.8% en 2020, y México ocupó el lugar quinceavo, por debajo de Argentina (6.6%), Uruguay (6.5%) y Colombia (5.9%); iii) el gasto en educación como proporción del PIB registró una tasa de crecimiento medio anual de -0.6% entre 2007 y 2022. Se invierte aproximadamente solo el 3% del PIB en educación, cuando la UNESCO y la OCDE recomiendan entre el 4% y el 6%. En 2024, el gasto medio anual por estudiante en el promedio de la OCDE fue de 14,209 dólares, mientras que en México fue de apenas 3,513 dólares; iv) lo que se ha mantenido e incluso ha crecido es el gasto en protección social, atribuible fundamentalmente a las pensiones de los adultos mayores.
En síntesis, la reproducción de la pobreza y la desigualdad en México no se debe a una falla temporal del sistema, sino que es resultado de la lógica de acumulación capitalista. El mercado tiende a concentrar la riqueza, y el Estado mexicano, por su baja recaudación, su sistema fiscal regresivo y su gasto social insuficiente, no logra corregir esa tendencia. Los avances en el salario mínimo son positivos, pero resultan insuficientes frente a una estructura que, durante tres décadas, ha permitido que la fortuna de unos pocos se cuadruplique mientras la economía apenas crece. Si no se modifican las causas estructurales —la relación de propiedad, la regresividad fiscal y el escaso gasto público—, el círculo vicioso de desigualdad y pobreza que Oxfam identificó hace diez años seguirá reproduciéndose.
Ollin Vázquez y Vania Sánchez son economistas e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Bibliografía
Casar, J. (2021). El Impuesto Sobre la Renta de las personas y la impostergable reforma fiscal. Posibilidades para una reforma al impuesto sobre la tenta de las personas. Hacia un nuevo pacto fiscal, 11-19.
Sotelo, I. (2010). El Estado social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Madrid: TROTTA.