Por Ollin Vázquez | Marzo 2026
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, implementado por el gobierno federal, consiste en otorgar un apoyo económico mensual —de acuerdo con el portal oficial, de $9,582.47 pesos— a jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años que se encuentran en situación de desempleo y no realizan estudios. El objetivo declarado es que los beneficiarios funcionen como becarios en empresas y sean capacitados para buscar un empleo en el futuro. Según las cifras oficiales, el programa ha atendido a 3 millones 453 mil 61 jóvenes. Las principales unidades “tutoras” son las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), aunque también participan grandes corporativos como Bimbo, Nestlé, FEMSA, BMW, General Motors, Audi o La Moderna.
En apariencia, el programa representa una oportunidad valiosa, particularmente para quienes enfrentan barreras de entrada al mercado laboral formal. No obstante, también puede operar como una transferencia monetaria directa de carácter único para los becarios, ser un subsidio a las PyMEs y ser un mecanismo que profundiza la precarización de los trabajadores.
Diversas fuentes han documentado casos de desplazamiento de trabajadores formales por becarios. Dado que estos últimos pueden desempeñarse entre seis y ocho horas diarias, cinco días a la semana, y que su remuneración corre a cargo del erario, las empresas logran reducir costos laborales sin afectar su operación. Además, los becarios contribuyen directamente a la generación de utilidades empresariales sin gozar de derechos laborales básicos: carecen de prestaciones, contratos definidos o representación sindical. De acuerdo con los lineamientos del programa, una empresa privada puede tener hasta veinte becarios simultáneamente y renovarlos cada año, siempre y cuando sean distintos becarios. Además, no tienen la obligación alguna de contratar al becario al término de su estancia.
Este diseño del programa abre la puerta a dos escenarios en las empresas tutoras. Si incrementan su fuerza laboral mediante la incorporación de becarios, podría generar un círculo virtuoso de crecimiento y empleo futuro. Sin embargo, no se pueden ignorar los problemas estructurales de las PyMEs en México, como la falta de capital, investigación tecnológica, conocimiento del mercado, financiamiento restringido, etc. El programa no resuelve esos problemas, sino que solo actúa como un alivio temporal al costo laboral. En ese contexto, el efecto más probable —y documentado— es la sustitución de trabajadores formales por becarios, no la expansión de la planta productiva. En este segundo caso, el nivel de empleo agregado no aumenta; solo se abarata la mano de obra.
Si la finalidad última del programa es mejorar la empleabilidad de los jóvenes, resulta indispensable complementarlo con políticas activas de inserción laboral que faciliten su tránsito hacia el empleo formal una vez concluida la beca. Asimismo, es necesario establecer mecanismos efectivos de vigilancia y sanción para evitar prácticas de sustitución de trabajadores. Además, se necesitan crear políticas específicamente orientadas a la creación de empleo y a la promoción del crecimiento económico sostenido. No debe perderse de vista que más del 50% de la población ocupada en México labora en la informalidad y que, desde 2003, no se ha alcanzado la cifra de un millón de empleos formales creados por año. Esta situación evidencia la incapacidad estructural de la economía para absorber a los nuevos jóvenes que se insertan al mercado laboral.
La evaluación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (2019) identificó diversas irregularidades en la operación del programa. Entre ellas destaca la inverosimilitud del padrón de beneficiarios: por ejemplo, se observó una incorporación diaria prácticamente idéntica de participantes, con la misma proporción de hombres y mujeres. Asimismo, se encontraron lugares registrados que no correspondían a unidades económicas reales, así como casos de empresarios que afirmaban no haberse inscrito o no haber recibido becarios. Entre las empresas que sí participaban se documentaron anomalías como falta de pago a los becarios, despidos de trabajadores para ser sustituidos por estos, ausentismo y discrepancias entre el número de becarios registrados y los efectivamente activos. Estas fallas de implementación deben ser revisadas con el fin de garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
En conclusión, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” requiere una revisión profunda para cumplir efectivamente con sus objetivos declarados. No basta con transferir ingresos a los jóvenes ni con subsidiar la nómina de las empresas. Es imperativo articular esta política con estrategias de fomento al empleo y desarrollo económico; de lo contrario, sus efectos serán superficiales y de corto plazo, sin modificar de fondo las condiciones estructurales que perpetúan el desempleo y subempleo entre los jóvenes mexicanos.
Ollin Vázquez es maestra en Economía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.