Por Samira Sánchez | Enero 2026
La forma de nuestras ciudades no es un fenómeno natural ni casual. Si una ciudad es compacta o se expande sin control, si los ricos viven en el centro y los pobres en la periferia, o si se destruyen áreas ambientales para construir nuevas urbanizaciones, no son simples patrones geográficos. Son el resultado directo de políticas de vivienda que, de manera activa o pasiva, organizan el espacio y profundizan la desigualdad socioespacial.
La actividad de proveer vivienda es la que más espacio consume en una ciudad. Por lo tanto, la lógica detrás de los programas habitacionales actúa como un arquitecto invisible que define nuestro entorno. Esta lógica no es única: existen diferentes programas para distintos grupos sociales, y es esta segmentación la que termina dibujando el mapa de la desigualdad.
Tres fenómenos clave, impulsados por las políticas, explican esta división:
La expansión periférica y la «suburbanización» de la Pobreza: Programas como el INFONAVIT y FOVISSSTE, que en sus inicios (décadas de 1970) estaban dirigidos a trabajadores de bajos ingresos, cambiaron su enfoque con el tiempo. Estudios revelan que, históricamente, los conjuntos habitacionales para los sectores más pobres se localizaron predominantemente en municipios periféricos, lejos de los centros urbanos con empleo y servicios. Mientras tanto, las viviendas en áreas centrales fueron ocupadas por grupos de mayores ingresos. Así, la propia acción gubernamental, al priorizar el suelo barato en la periferia, siguió la lógica del mercado y colaboró en empujar a los más necesitados hacia los bordes de la ciudad, aumentando sus tiempos de viaje y segregándolos.
El dilema de la vivienda desocupada: un contrasentido absurdo quedó en evidencia a partir del Censo de 2010: millones de viviendas desocupadas coexisten con una enorme demanda insatisfecha. Una razón clave es la localización. Muchas de estas casas vacías están en conjuntos habitacionales ultraperiféricos, tan alejados y mal conectados que son inhabitables para quien necesita trabajar en la ciudad. El problema ya no es solo construir casas, sino construirlas donde la vida urbana sea posible. El acceso al suelo bien ubicado se ha vuelto un lujo inalcanzable para la mayoría.
El Crecimiento Imparable de los Asentamientos Irregulares: Frente a la incapacidad del mercado y del Estado para ofrecer soluciones accesibles y bien ubicadas, la respuesta ciudadana ha sido la autoconstrucción. Los asentamientos irregulares son la forma de vivienda que más ha crecido, calculándose que podrían albergar hasta el 50% de la población en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Este fenómeno no es marginal; es sintomático de un sistema de vivienda que ha fallado. Estas grandes zonas periféricas, a menudo homogéneamente pobres, crean círculos viciosos de marginación, donde encontrar un empleo bien remunerado implica viajes extenuantes.
En el corazón de esta problemática yace una contradicción fundamental: en una sociedad con grandes desigualdades socioeconómicas, la lógica pura del mercado inmobiliario es incompatible con el derecho a una vivienda digna y bien ubicada. La mayoría de la población tiene una capacidad de pago muy limitada, y el acceso al suelo y al crédito es restrictivo.
Este problema se agudiza cuando el Estado abandona su papel rector. La inversión pública se ha orientado desproporcionadamente hacia la vivienda terminada para sectores medios, mientras que los programas para los más pobres cuentan con presupuestos ridículamente reducidos. Sin una política de vivienda robusta que intervenga activamente en el mercado de suelo y priorice el bien común sobre la ganancia privada, la ciudad se fractura.
La organización actual del espacio urbano no es inevitable, es el resultado de decisiones políticas. Revertir la división social del espacio requiere cambiar el enfoque: dejar de ver la vivienda como un simple producto financiero y entenderla como un elemento clave para construir ciudades más justas e integradas. Esto implica: recuperar la rectoría del Estado en la planeación urbana; implementar políticas activas de suelo urbano que permitan construir vivienda accesible en zonas consolidadas, reorientar la inversión priorizando a los sectores más vulnerables; reconocer e integrar a los asentamientos irregulares, mejorando su equipamiento y conectividad.
Samira Sánchez es maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.