La pobreza en México: medición y perspectivas de cambio

Por Pablo Hernández Jaime| Septiembre 2025

El 13 de agosto de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la última medición de pobreza, elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).  

Los resultados oficiales anunciaron una reducción de 13.4 millones de pobres entre 2018 y 2024; es decir, una reducción de 25.8 por ciento del total de personas en esta situación al inicio del sexenio de López Obrador.

Si estos resultados fueran ciertos y la reducción de pobreza continuara a un ritmo parecido, podríamos esperar la erradicación de la pobreza en un plazo relativamente breve, probablemente menor a 20 años.

No obstante, ha habido importantes críticas a las estimaciones de Inegi que nos hacen dudar de su veracidad. Estas críticas son fundamentalmente tres: (1) cambios en el registro de los ingresos durante el levantamiento de la ENIGH, (2) el establecimiento de umbrales de pobreza muy bajos y (3) el truncamiento conceptual de la población denominada en pobreza.

De estas tres críticas, sobre todo la primera nos ayudará a comprender el problema con las estimaciones de Inegi para 2024. Las otras dos son críticas más generales y que cuestionan el método de medición empleado hoy por Inegi y antes por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En un artículo publicado el 26 de agosto de 2025 en Nexos, el economista Gerardo Leyva Parra desarrolla este problema. La cuestión es la siguiente.

Cuando se levanta la ENIGH, es frecuente que las personas reporten ingresos menores a los que perciben. Esto ocurre por varias razones que van desde la desconfianza en los encuestadores hasta simples olvidos de la gente durante la entrevista. Se trata de un problema de origen con la encuesta, por lo que los ingresos registrados en ella serán generalmente menores a los ingresos reales de las personas.

Lo que señala Gerardo Leyva Parra es que durante los últimos dos levantamientos de la ENIGH se ha reducido la subestimación de los ingresos; es decir, que, al comparar los ingresos reportados por la encuesta con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, la diferencia es ahora menor, pues el ingreso total de la ENIGH abarca ahora un porcentaje mayor del reportado en cuentas nacionales.

Desde cierto punto de vista, esto podría considerarse una buena noticia, pues la encuesta ahora permite llevar un mejor registro de los ingresos de los hogares. El gran problema viene cuando queremos hacer comparaciones porque, al haber un mejor registro de los ingresos en la ENIGH, una parte de su “aumento” se deberá precisamente a este mejoramiento en el registro y no a una elevación en las condiciones de vida de las personas. En este sentido, tiene que considerarse que el aumento en los ingresos y la reducción en pobreza entre 2018 y 2024 no es de la magnitud que reporta Inegi. En esto consiste el famoso “cuchareo” que algunos especialistas han acusado.

Una crítica frecuente de Boltvinik al método de medición de la pobreza empleado en México, antes por Coneval, y ahora por Inegi, es precisamente que considera pocas carencias y, además, establece los umbrales de satisfacción muy abajo.

Dicho método considera dos ejes para la estimación de la pobreza: uno de ingresos y otro de carencias sociales. En el primero de estos ejes establece dos líneas, una de pobreza y otra de pobreza extrema por ingresos. En el segundo eje se cuenta si la persona tiene satisfechas o no las carencias de educación, salud, vivienda, servicios básicos de la vivienda, alimentación y seguridad social.  

En el eje de ingresos y para la medición de 2024 se usaron las líneas de pobreza definidas por Coneval en agosto de ese mismo año. Aquí, se considera que una persona es pobre si, al vivir en la ciudad, tiene ingresos mensuales menores a 4 mil 564 pesos con 96 centavos o si, en el campo, estos ingresos son menores a 3 mil 296 pesos con 89 centavos.

Por otro lado, se considera que una persona está en pobreza extrema si, al vivir en la ciudad, sus ingresos mensuales son menores a 2 mil 354 pesos con 65 centavos o si, en el campo, sus ingresos son inferiores a 1 mil 800 pesos con 55 centavos.

El supuesto detrás de estos umbrales es que, al gastar todo su dinero, una persona ubicada en la línea de pobreza extrema sería capaz de cubrir de forma mínimamente satisfactoria sus necesidades alimentarias durante un mes.

Por otro lado, al alcanzar la línea de pobreza, la persona podría cubrir no solo sus necesidades de alimentación, sino también las de transporte, limpieza y cuidados personales, educación, comunicación, vestido, entre otros. Para Boltvinik, la línea de pobreza tendría que incluir, además, un monto para recreación y cultura, pues esas también son necesidades que las personas deben satisfacer.

Pasemos al eje de las carencias sociales. Aquí se consideran solamente los rubros de educación, salud, alimentación, vivienda, servicios y seguridad social. No están incluidas las telecomunicaciones ni los bienes durables del hogar, como electrodomésticos, lavadora o automóvil, entre otros.

De hecho, los umbrales para que Inegi considere que se tienen cubiertas las seis necesidades antedichas son tan bajos que, en ocasiones, alcanzarlos no garantiza condiciones de bienestar.

Por ejemplo, para considerar que se tiene cubierta la carencia de acceso a salud es suficiente con que una persona cuente con el “derecho” o con la adscripción a una institución pública, sin considerar la calidad del servicio o la disponibilidad de medicamentos.

En materia de calidad y espacios de la vivienda, es suficiente con que la casa tenga un piso firme y paredes de ladrillo, techo de lámina metálica y que no haya más de 2.5 personas por habitación (incluyendo la cocina).

En cuanto a los servicios, es suficiente con tener electricidad, una estufa de gas, estar conectado al drenaje y tener una llave de agua potable (aunque no haya suministro).

Con respecto a la alimentación, basta con que las personas no se salten comidas por falta de recursos, no importa la calidad o variedad de los alimentos, para que se considere que han cubierto esta carencia.  

Adicionalmente, la medición de la pobreza de Coneval-Inegi no considera en ningún momento el tiempo libre, recurso indispensable no solo para actividades recreativas, sino también para la convivencia y cultivo personales. Una persona sin tiempo libre, condenada a solo trabajar, dormir y subsistir, quedará profundamente restringida en sus posibilidades de desarrollo humano, limitándose a ser solo una pequeña parte de lo que podría llegar a ser en su vida.

La tercera crítica, también planteada por Boltvinik, viene a sumarse a la crítica anterior. La cuestión es que, con su medición, Coneval-Inegi no solo establecen umbrales bajos para medir la pobreza en los dos ejes ya mencionados, sino que, además, solo denominan pobre a la población que se encuentra, de manera simultánea, por debajo del umbral de pobreza por ingresos y cuenta con una o más carencias sociales. A la población que tiene carencias en solo una de las dos escalas, Coneval-Inegi la denominan “vulnerable”, ya sea por carencias sociales o por ingresos.

Investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, han señalado que esta clasificación de la población en grupos distintos permite identificar las particularidades de cada uno y, así, elaborar estrategias puntuales para su atención. Esto es cierto. Sin embargo, en términos políticos, esta estrategia de medición le permite al gobierno reportar un porcentaje subestimado de pobreza.

El problema de fondo con esta medición es que cuando decimos que alguien salió de la pobreza, eso no necesariamente implica que ahora cuente con condiciones de vida cualitativamente distintas y que le permitan llevar una vida digna. De hecho, si consideramos lo bajos que están los umbrales, esto tampoco se garantiza cuando la gente sale de la “pobreza” y la “vulnerabilidad”.

De hecho, si sumamos a toda la población con carencias, sin cambiar los umbrales o el método empleados por Coneval-Inegi, veremos que el total de personas que no tienen acceso a una vida mínimamente digna no es de 38.5 millones (29.6 por ciento) (pobreza total), sino de 88 millones (67.6 por ciento) (pobreza total + vulnerables totales).

Ahora bien, si comparamos a esta población con su equivalente de 2018, veremos que la reducción fue de apenas 6.5 millones, es decir, 6.9 por ciento, una reducción mucho menor a la celebrada por el gobierno. Sin embargo, con esta sencilla operación solo hemos corregido una de las tres fuentes de subestimación de la pobreza. Este dato aún considera umbrales muy bajos y aún incluye un aumento espurio del ingreso.

En sus columnas de La Jornada del 15, 22 y 29 de agosto, Julio Boltvinik denunció el “cuchareo” de los datos de la ENIGH a partir de los cambios en el registro de los ingresos. Aquí, presentó un par de tablas comparando diferentes estrategias de estimación de la pobreza con el objetivo de evidenciar las subestimaciones que explicamos más arriba.

En su artículo del 22 de agosto, presentó un dato elaborado con su Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP). Este método evita los tres errores antes señalados: primero, ajusta el ingreso a cuentas nacionales; segundo, establece umbrales de pobreza un poco más elevados; y, tercero, hace una sola escala de pobreza, por lo que evita el truncamiento de Inegi.

Por diseño, esta medición da un número mucho mayor de personas en pobreza: 98 millones (79.2 por ciento) en 2018 y 96.4 millones (74 por ciento) en 2024. Esto implica una reducción de aproximadamente 1.6 millones (1.6 por ciento) menos personas en pobreza que en 2018. El resultado es mucho menor a lo reportado por Inegi, pero también es más creíble en tanto que descuenta el aumento en los ingresos derivado del levantamiento en campo y que no refleja cambios en las condiciones de vida de las familias.

A este paso, superar la pobreza en México nos tomaría mucho más de 100 años.

Uno de los datos más relevantes de las últimas mediciones de pobreza has sido el poco efecto de los programas sociales. Esto lo han trabajado con bastante detalle Máximo Jaramillo y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (INDESIG).

En pocas palabras, los programas sociales han crecido muy poco en cobertura y se han distribuido de manera menos progresiva; es decir, ahora les toca un porcentaje menor de las transferencias a las familias más pobres.

Como señalan en su Análisis de resultados de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (2024) desde un enfoque de desigualdad y redistribución, en 2016 el porcentaje de hogares que recibía programas sociales era de 31 por ciento, y en 2024 era de apenas 32 por ciento. En cuanto a la distribución de los apoyos por estrato social, en 2018 la cobertura del 5 por ciento más pobre de la población era de 80 por ciento, mientras que en 2024 esta cobertura bajó a 60 por ciento, y algo parecido observamos con la cobertura del 40 por ciento más pobre de la población. Esta forma de asignar los programas sociales limita su incidencia sobre la pobreza.

La reducción en pobreza que hemos observado a partir de los datos de Boltvinik, y que se reduce a 1.6 millones de pobres menos entre 2018 y 2024, no se debe fundamentalmente a los programas sociales, sino al aumento real de los salarios, y este aumento coincide con una recuperación progresiva de los ingresos laborales durante los últimos años, en buena medida espoleada por los aumentos al salario mínimo.

Sin embargo, es importante notar, como se muestra en el gráfico sobre pobreza laboral, que el porcentaje de personas cuyo ingreso por trabajo no les permite acceder a la canasta alimentaria, experimentó un aumento tendencial desde 2007 y hasta 2015. En lo sucesivo hemos observado una reducción en este tipo de pobreza.

Menciono esto para enfatizar el siguiente punto: el aumento de los salarios que observamos es en buena medida una recuperación tras varios años de pauperización en los ingresos laborales. Podríamos decir que la población mexicana había alcanzado ya cuotas tan bajas de poder adquisitivo que un aumento en los salarios nos ha permitido llegar a niveles de pobreza laboral más o menos comparables a los de hace 20 años.

Al ritmo que avanza la reducción de la pobreza, en los cálculos más realistas, tendrían que pasar muchas generaciones para que las y los mexicanos lográramos tener una vida digna. Simplemente esperar no es una opción. Pero ¿qué podemos hacer?

Los aumentos en el salario mínimo han mostrado cierta efectividad, por lo que habría que continuar en esa dirección. Sin embargo, es necesario complementar esta medida con una política industrial para el crecimiento económico, que, entre otras cosas, permita la creación de más empleo formal. Sin una estrategia de crecimiento económico y creación de empleo, los efectos positivos en el aumento del salario serán poco sostenibles en el tiempo.

Por otro lado, es necesario implementar una reforma fiscal progresiva que permita recaudar más impuestos de las grandes fortunas con el objetivo de fortalecer la política social. Asimismo, la política social tendría que orientarse a reforzar los programas de vivienda, así como los sistemas educativo, de salud y de pensiones, cuidando la infraestructura, equipamiento y suministros de cada unidad médica y educativa. Las transferencias monetarias tienen su utilidad, pero no deben ser un sustituto de otros programas orientados a garantizar derechos de manera directa y desmercantilizada.

Además, sería necesario crear y atender la infraestructura pública y urbana. Los graves problemas de inundaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México o en otras ciudades importantes del país, como Guadalajara, solo reflejan el descuido de los gobernantes, quienes usualmente prefieren atender problemas visibles y que les brindan una mayor y más inmediata retribución política. Para todo esto es necesario que aumente el gasto gubernamental y ello solo es posible con una mayor recaudación a partir de las grandes fortunas.

No obstante lo anterior, hay un punto adicional que probablemente sea el más importante, y es que, para poder obtener todas estas reformas en materia de empleo, salarios, recaudación y gasto público, no es suficiente con pedirle al gobierno y esperar que nos escuche. Para lograr estos objetivos y sostenerlos en el tiempo es preciso que sean las y los trabajadores, junto con todos los sectores subalternos, quienes, organizados y educados de forma independiente, exijan su realización.

Si esto no ocurre así, y en lugar del pueblo es el gobierno quien unilateralmente “otorga” los cambios, es muy probable que dicho gobierno use estas medidas como una herramienta de control social, y cuando a dicho gobierno deje de convenirle su aplicación, así como “otorgó” los beneficios, así los desaparecerá. Por eso es necesario que sea la sociedad organizada quién promueva y defienda sus intereses.

---

Pablo Hernández Jaime es doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.