Por Tania Rojas | Septiembre 2025
Desde mediados del siglo XX, comenzó a consolidarse una visión que entendía la inflación como resultado de un exceso de gasto —por parte de hogares, empresas, gobiernos y extranjeros— respecto de los ingresos generados por la producción nacional. Es decir, cuando el gasto agregado supera los recursos disponibles. Este enfoque parte de un supuesto central en la teoría económica ortodoxa: que el sistema económico, en condiciones normales, funciona como un mecanismo que se autorregula y tiende al equilibrio. Se asume, adicionalmente, que la economía opera habitualmente cerca de su nivel máximo de producción. Bajo esta premisa, cualquier aumento de la capacidad de compra, generalmente considerado de origen externo al sistema, genera “presiones” inflacionarias, ya que la oferta de bienes y servicios no puede ajustarse más allá de ese límite. La inflación, entonces, cumple un papel correctivo y el nivel de precios se ajusta para restablecer el equilibrio alterado. Desde esta perspectiva, la inflación no es parte del funcionalmiento normal de la economía, sino como una consecuencia de desequilibrios provocados por factores externos.
En el caso mexicano, este enfoque ha señalado tres mercados en donde se originarían los principales desequilibrios inflacionarios: 1) el mercado monetario, debido a un exceso de dinero en circulación; 2) el mercado cambiario, por desviaciones del tipo de cambio respecto a su nivel “de equilibrio”; y 3) el mercado laboral, por desajustes entre salarios y productividad. Estos desequilibrios suelen atribuirse a un excesivo gasto público, cambios abruptos en el entorno internacional y aumentos salariales no justificados, respectivamente. Este ensayo tiene como propósito ilustrar cómo esta concepción de la inflación —vinculada inicialmente al monetarismo, centrado en el dinero en circulación, y luego reformulada en términos de “demanda agregada”— se fue consolidando en México, a través de distintas formulaciones, las cuales, con ciertos matices, siguen siendo predominantes en la actualidad.
La inflación como síntoma de desequilibrios transitorios: una visión ortodoxa
La concepción monetarista de la inflación comenzó a establecerse en México durante las primeras etapas del proceso de industrialización, un periodo caracterizado por un fuerte dinamismo económico e importantes presiones inflacionarias. Entre 1940 y 1955, el país registró un crecimiento promedio anual del PIB real del 5.73%, acompañado de una inflación media anual del 10.6% (Guillén Romo, 1984). En este contexto, la explicación monetarista identificó el crecimiento excesivo del circulante como la causa principal de la inflación.
Horsefield (1951), en un estudio elaborado para el Fondo Monetario Internacional (FMI), atribuyó la inflación observada entre 1938 y 1949 al aumento del dinero en circulación, impulsado por el creciente gasto fiscal del gobierno. Este gasto fue financiado principalmente mediante la emisión monetaria[1] del banco central, destinada a cubrir inversiones en infraestructura y programas de fomento industrial. A ello se sumaron otros factores que también contribuyeron a aumentar la masa monetaria en circulación, como la expansión del crédito bancario, el superávit comercial derivado de la Segunda Guerra Mundial —resultado de la escasez internacional de bienes industriales que México solía importar—, y la reactivación del gasto interno tras el conflicto, a partir de los recursos acumulados durante la guerra. A mediados de los años cincuenta, la financiación del déficit público mediante emisión monetaria dejó de ser el mecanismo principal y fue reemplazada por otro que se consideraba menos inflacionario: el recurso a la deuda pública.[2] No obstante, esta forma de financiamiento —cada vez más de origen externo— volvería a ser señalada como una de las principales fuentes de inflación en décadas posteriores.
Con un enfoque similar al monetarista, Yacamán (1983) estudió la inflación entre 1961 y 1980 y concluyó que el principal factor detrás de ella, especialmente en la década de los setenta[3], fue nuevamente el exceso de dinero en la circulación —que, según el autor, explicaba alrededor del 60% de la inflación durante ese periodo—, generado principalmente por el gasto deficitario del gobierno y, en menor medida, por el auge de los precios de los productos agrícolas (commodity boom). Además del exceso de dinero, Yacamán identificó dos factores adicionales que se suman a las explicaciones de la inflación y reflejan cambios importantes en la economía mexicana. Entre 1960 y 1979, el impacto de factores externos —como el aumento en los precios del petróleo y de alimentos— creció significativamente debido a la mayor apertura comercial que expuso a México a las fluctuaciones internacionales. En contraste, la influencia de los salarios en la inflación disminuyó porque los salarios reales comenzaron a caer a mediados de los años setenta, aunque siguieron siendo considerados como un factor relevante.
Este estudio anticipa lo que más tarde serían considerados los mercados clave para el análisis de la inflación: el mercado monetario, el mercado cambiario y el mercado laboral. Así, el marco monetarista se amplía, sin dejar de considerar el papel central de los factores monetarios, pero incorporando un enfoque “multicausal” que toma en cuenta diversas fuentes inflacionarias de manera simultánea. Sin embargo, estos análisis siguen enmarcados dentro de la tradición ortodoxa o neoclásica, que parte del supuesto de la existencia de valores de equilibrio para variables fundamentales como la masa monetaria, el tipo de cambio o el salario. Así, la inflación se entiende como el resultado de desviaciones respecto a dichos equilibrios y el ajuste de los precios constituye el mecanismo mediante el cual se restablece el equilibrio. Esquivel y Razo (2003) desarrollan de forma más acabada este enfoque multicausal, explicando la inflación a partir de relaciones de largo plazo o de equilibrio entre variables clave en estos tres mercados: la demanda de dinero en el mercado monetario, los salarios reales en el mercado laboral y el tipo de cambio en el mercado cambiario.
En el mercado monetario, la relación de largo plazo que se establece es entre la demanda de dinero real y tres variables fundamentales: el ingreso y la tasa de interés. Cuando el ingreso de las personas aumenta, tienden a demandar más dinero, ya que generalmente compran más bienes y servicios. Esto implica un mayor número y volumen de transacciones, lo que requiere disponer de más dinero en efectivo. En cambio, un aumento en la tasa de interés reduce la demanda de dinero, pues mantener dinero en efectivo implica renunciar a los rendimientos que podrían obtenerse al invertir esos recursos. Si en un momento dado la demanda de dinero —es decir, el nivel de dinero que las personas desean mantener dado su ingreso, los precios y la tasa de interés—excede la oferta, se produce un exceso de liquidez[4] en la economía. En este contexto, la inflación cumple una función correctiva automática, ya que el aumento de precios reduce el poder de compra del dinero y, con ello, la demanda cae y se ajusta a la oferta.
En el ámbito del mercado cambiario, se establece una relación de largo plazo entre el tipo de cambio nominal, los precios al consumidor de México y de Estados Unidos, así como con la diferencia entre sus tasas de interés. Cuando los precios internos aumentan más que los de Estados Unidos, el tipo de cambio también tiende a incrementarse, es decir, se necesitan más pesos por dólar, lo que implica una depreciación nominal del peso. Esta depreciación compensa el encarecimiento relativo de los bienes nacionales y contribuye a mantener la paridad del poder adquisitivo, según la cual el precio de los bienes comerciables tiende a igualarse entre países cuando se expresa en una misma moneda. Por otro lado, un aumento en el diferencial de tasas de interés a favor de México se asocia con una depreciación del tipo de cambio nominal.[5] Cuando el tipo de cambio se desvía de la relación de equilibrio que mantiene con las variables mencionadas, por ejemplo, al situarse por encima o por debajo de su nivel “normal”, se dice que el peso está subvaluado o sobrevaluado frente al dólar. Esta subvaluación (sobrevaluación) encarece (abarata) los productos importados para consumidores y productores nacionales, lo que suele reflejarse en una mayor (menor) inflación en el corto plazo.
Finalmente, en el mercado laboral, se parte del supuesto de que el salario real debe moverse en línea con la productividad del trabajo. Si los trabajadores son más productivos, es “razonable” que puedan recibir mayores salarios sin que ello implique un aumento de los costos laborales. Entonces, cuando el salario real aumenta más de lo que puede justificarse por los incrementos en la productividad, se genera un desequilibrio que se traduce en mayor inflación, ya sea porque las empresas trasladan los mayores costos laborales a los precios finales o porque hay “exceso” de dinero en la economía. La inflación, entonces, erosionaría el aumento injustificado de los salarios restableciendo el equilibrio.
En tiempos más recientes, esta explicación de la inflación, como consecuencia de disrupciones en las relaciones de equilibrio, se ha condensado en la versión más difundida y actualmente aceptada sobre su causa principal: un exceso de demanda agregada. Como adelantábamos en la introducción, esta interpretación parte del supuesto de que la economía tiende a operar cerca de su nivel de producto potencial, es decir, la cantidad máxima que una economía puede producir (Ramos-Francia & Torres, 2005). Cuando la demanda total —compuesta por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas— supera esa capacidad, se desencadenan aumentos de precios.[6]
Limitaciones y necesidad de un nuevo enfoque
Esta concepción ortodoxa de la inflación, que ha sido reformulada a lo largo del tiempo y sigue predominando en el análisis económico en México, presenta limitaciones importantes. En primer lugar, atribuye las causas últimas de la inflación a factores externos, ajenos al funcionamiento “normal” de la economía. Sin embargo, pasa por alto que estas causas tienden a repetirse de manera persistente. Por ejemplo, no explica por qué el déficit público suele ser permanente y creciente, ni por qué la economía mexicana sigue siendo tan vulnerable a los choques externos desde su integración al mercado mundial. De este modo, omite el análisis de los desequilibrios reales y estructurales duraderos, como la dependencia comercial que transmite la inflación externa, los déficits fiscales recurrentes y las continuas depreciaciones del tipo de cambio.
En segundo lugar, y más importante aún, esta visión oculta los mecanismos concretos y los actores específicos que hacen que los precios se comporten de una u otra forma en distintas situaciones. ¿Quién tiene la capacidad de subir los precios? ¿Qué tan amplio es el margen para hacerlo? ¿Con qué propósito se incrementan? ¿A quién benefician y a quién perjudican estas alzas? Todas estas preguntas quedan encubiertas tras el lenguaje impersonal de las relaciones económicas de “equilibrio”. Sin embargo, las medidas que se proponen para controlar la inflación revelan de inmediato el verdadero contenido de conceptos tales como la “demanda agregada”: en la práctica, el señalamiento suele dirigirse contra los intentos de utilizar el gasto público como verdadera herramienta de desarrollo o contra los trabajadores que reclaman mejores salarios.
Así, esta visión superficial y parcial de la inflación sirve para justificar medidas que terminan castigando a los sectores populares, aunque se presenten precisamente como necesarias para protegerlos de sus efectos. Se reconoce que la inflación afecta con mayor dureza a quienes menos tienen, pero se omite que las políticas diseñadas para contenerla —como el recorte del gasto público, la manipulación de las tasas de interés o la contención de los salarios— también golpean directamente a esos mismos grupos. En suma, esta interpretación elude las tensiones estructurales y sociales subyacen al fenómeno inflacionario.
Tania Rojas es maestra en Economía por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
NOTAS
[1] En esta época, la emisión monetaria consistía principalmente en la creación de billetes y monedas que se introducían directamente en la circulación a través de los gastos del gobierno.
[2] A diferencia de la emisión monetaria —realizada por el banco central—, el financiamiento mediante deuda pública es un mecanismo del gobierno federal, que consiste en la emisión de títulos que se colocan en los mercados y generan pago de intereses. En teoría, tiene un efecto menos inflacionario, aunque puede implicar mayores costos fiscales.
[3] Durante el periodo conocido como el desarrollo estabilizador (1954-1970), la economía mexicana mantuvo una notable estabilidad de precios. La inflación promedio anual fue de 4.22%. Al mismo tiempo, el país registró un sólido crecimiento económico, con una tasa promedio anual del PIB real de 6.74% (Guillén Romo, 1984).
[4] La liquidez se refiere a la disponibilidad de dinero en efectivo, o de activos que pueden convertirse fácilmente en efectivo, para realizar pagos o transacciones.
[5] Este planteamiento contrasta con la relación que actualmente se establece entre el diferencial de tasas de interés y tipo de cambio. Si la tasa de interés en México sube respecto a la de Estados Unidos, esto se traduce en una entrada de flujos financieros, lo cual apreciaría el tipo de cambio.
[6] De forma paralela, aunque no reconocidos como causa fundamental, también se consideran factores externos que, al transmitirse a los precios internos —como los incrementos en los precios internacionales de insumos y productos básicos—, inciden en la inflación.
Referencias
Esquivel, G., & Razo, R. (2003). Fuentes de la inflación en México, 1989-2000: un análisis multicausal de corrección de errores. Estudios Económicos, 18(2 (36)), 181–226.
Guillén Romo, H. (1984). Orígenes de la crisis en México: Inflación y endeudamiento externo (1940-1982). México, D.F. : Ediciones Era. http://archive.org/details/origenesdelacris0000guil
Horsefield, J. K. (1951). La inflación en América Latina. El Trimestre Económico, 18(69), Article 69.
Ramos-Francia, M., & Torres, A. (2005). Reducing Inflation through Inflation Targeting: The Mexican Experience. In R. J. Langhammer & L. V. De Souza (Eds.), Monetary Policy and Macroeconomic Stabilization in Latin America (pp. 1–29). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-28201-7_1
Yacamán, J. M. (1983). Análisis De La Inflación En México. El Trimestre Económico, 50(199(3)), 1561–1573.