Por Tania Rojas | Agosto 2025
En las últimas décadas, la cuestión de «género» ha sido incorporada en prácticamente todos los discursos y lineamientos de política pública. A todos los niveles, desde organismos internacionales hasta gobiernos nacionales, la perspectiva de género se incluye en las agendas de desarrollo económico, de combate a la pobreza y demás ámbitos posibles. Sin embargo, esta incorporación ha dejado prácticamente intacta la lógica de la política neoliberal que ha dominado en las últimas tres décadas, y ha hecho poco por erradicar, o siquiera enfrentar de manera seria, las estructuras sociales y económicas que, dentro del propio capitalismo, siguen reproduciendo la desigualdad entre hombres y mujeres.
Pasando por alto los casos en los que la cuestión de género se adopta como una fachada, o se reduce a gestos simbólicos o a un mero requisito burocrático, el llamado enfoque de género promovido desde muchas de estas instancias carece de una crítica real al funcionamiento de la sociedad capitalista. Lejos de cuestionarlo, se adhiere a la creencia de que el mercado es el mejor organizador de la vida social, centrándose en equiparar la participación laboral de las mujeres a la de los hombres. Así, al emplearse por un pago, la mujer quedaría en posibilidad de comprar, con ingreso propio, una vida independiente. Bajo el revestimiento de empoderamiento, autonomía económica y libertad, esta perspectiva se presenta como una postura feminista. Pero se trata de un feminismo que no transforma el orden existente, sino que lo adorna con un halo de inclusividad y la ilusión de emancipación.
No obstante, esta narrativa pronto se topó con un “obstáculo” que impide la incorporación rápida y generalizada de las mujeres al mercado laboral, consistente en el trabajo no remunerado que las mujeres históricamente han realizado en el ámbito de los hogares, trabajo destinado a la manutención y reproducción de hijos, esposos, abuelos, quienes conforman la fuerza de trabajo futura, actual y pasada del capitalismo. Frente a esta “barrera”, la solución propuesta es, una vez más, el mercado. Es decir, que este tipo de necesidades sean atendidas de forma privada y que paguen los que puedan costearlo, con el objetivo de liberar a las mujeres de las tareas domésticas. Esto es, el cuidado y ciertas tareas del hogar se mercantilizan, dejan de ser una responsabilidad familiar para convertirse en bienes de consumo.
Esta lógica de mercantilización es promovida principalmente por los organismos internacionales que tutelan e imponen la política económica en los países menos desarrollados y empobrecidos. Desde allí, el Norte Global se presenta ya no solo como el referente de desarrollo, sino también como la avanzada en materia de igualdad de género, en particular, como ejemplo del proceso de incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y de la reducción de brechas de género. Sin embargo, la práctica desmiente este ideal. La incorporación masiva de mujeres al mercado laboral en los países de altos ingresos no solo no ha eliminado las desigualdades, sino que ha generado otras nuevas. El proceso de “liberación” del trabajo doméstico y de cuidados ha beneficiado principalmente a mujeres de clases medias y altas, mientras que las tareas que estas externalizan han sido asumidas principalmente por mujeres migrantes y afrodescendientes, muchas veces en condiciones laborales precarias (Fraser, 2017; Hopkins, 2017; Benería, 2003).
Así, el traslado del cuidado del ámbito doméstico al mercado no ha significado el fin de la opresión de las mujeres, sino su transformación: un trabajo históricamente no remunerado se convierte en empleos mal pagados, inestables y desprotegidos, que siguen recayendo mayoritariamente en grupos de mujeres más vulnerables, profundizando las jerarquías de clase, género y raza. A ello se suma que muchas de las mujeres empleadas en estos sectores, sin ingresos suficientes para pagar servicios de cuidado para sus propios hijos o familiares, deben encontrar formas de sostener a sus propias familias, recurriendo a redes informales de apoyo o estrategias colectivas que intentan compensar, de manera precaria, la falta de una provisión social del cuidado. Como se advierte, pues, este enfoque no reconoce el valor social del trabajo doméstico y de cuidados; por el contrario, lo considera un obstáculo, cuando lo que está en juego son las condiciones en las que se reproduce la vida de las grandes mayorías.
Siguiendo las pautas impuestas desde el Norte Global, este enfoque feminista ha sido adoptado, con sus particularidades, por países menos desarrollados. En el caso de México, la apropiación de la agenda feminista se ha entrelazado con el discurso desarrollista, al señalar que la baja participación de las mujeres en el mercado laboral representa una pérdida de crecimiento económico, estimada en hasta 22 puntos porcentuales del PIB (World Bank, 2021). Así, el aumento de la participación laboral femenina se presenta no solo como una meta de igualdad de género, sino como una estrategia clave de desarrollo. De igual manera, la política social del Estado se ha sumado al discurso de género, pero su impronta feminista se diluye rápidamente frente a las políticas neoliberales que realmente orientan su acción, evidenciando más bien una simulación de compromiso.
Por un lado, el Estado alienta el emprendimiento y la inserción de las mujeres en el mercado laboral, para que su remuneración aporte al ingreso familiar; por el otro, recorta de tajo o de forma gradual el gasto público destinado a servicios de cuidado esenciales, que continúan siendo asumidos principalmente por las mujeres. Además, en la práctica, el discurso feminista queda reducido a políticas extremadamente acotadas, centradas en medidas como la concesión de microcréditos o la promoción del autoempleo en el comercio minorista y desde el hogar, a través de plataformas digitales. Esta forma de inserción laboral femenina constituye un arreglo conveniente para la clase política y económica dominante, pues exime al Estado de sus responsabilidades en materia de combate a la pobreza y garantía de derechos de las mujeres, y al mismo tiempo libera a los empleadores de cualquier compromiso respecto a los costos asociados a la reproducción de la fuerza de trabajo. Al final, ese peso recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres.
Tal es la situación de gran parte de las mujeres mexicanas. Aunque México es una de las economías más grandes de América Latina, la participación femenina en el mercado laboral sigue siendo baja, con un crecimiento lento pero sostenido. Mientras en países como Perú (62.5%), Paraguay (59%), Uruguay (57.3%), Brasil (53%) y Argentina (52.9%) los niveles son más altos, en México apenas alcanza el 47.4% (OIT, 2024). Esta tasa ha aumentado, en promedio, un 1% anual desde 1990, cuando era del 34%. Sin embargo, este avance no ha estado acompañado por una redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, el cual continúa recayendo desproporcionadamente en las mujeres. Además, su inserción laboral ocurre mayoritariamente en empleos de baja calidad. El 78% de las trabajadoras se concentra en el sector servicios, destacadamente en el comercio minorista (25%); cerca del 60% lo hace en la economía informal; y el 72% percibe menos de dos salarios mínimos al día (INEGI, s.f.). En estas condiciones, la participación laboral de las mujeres no representa una vía real de emancipación, empoderamiento ni autonomía económica para muchas de ellas; por el contrario, se mantiene la división sexual del trabajo dentro de los hogares y se le asigna a la mujer una doble jornada.
La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019 confirma este panorama. Vemos en primer lugar que existe una división social del trabajo muy clara entre hombres y mujeres: los hombres suelen ser la principal fuente de ingresos del hogar, mientras que las mujeres se encargan principalmente de atender las necesidades domésticas. En promedio, los hombres dedican 47.7 horas semanales al trabajo remunerado, mientras que las mujeres trabajan 37.9 horas en promedio en este ámbito. En contraste, las mujeres destinan mucho más tiempo al trabajo no remunerado dentro del hogar, con un promedio de 39.7 horas a la semana, frente a 15.2 horas de los hombres. Sin embargo, al sumar ambos tipos de trabajo, las mujeres laboran en total 6 horas más semanalmente que los hombres.
Si tomamos las horas promedio de trabajo por situación laboral de las mujeres, vemos que cuando no trabajan por una paga, el promedio de horas que dedican a las labores domésticas y de cuidados es de 41 a la semana, y este promedio no disminuye en el grupo de mujeres que realizan jornadas laborales de menos de 40 horas, en cuyo caso el promedio semanal de horas de trabajo no remunerado es de 44.2. La carga doméstica solo es menor, de 32.7 horas, cuando las mujeres se emplean por una jornada mayor de 40 horas a la semana. Pero aún en este caso, las mujeres realizan 17 horas más de trabajo dentro de los hogares que los hombres que tienen una jornada laboral similar.
A partir de esta evidencia, el problema suele presentarse como un simple “conflicto doméstico” entre hombres y mujeres por la distribución de las tareas en el hogar. Sin embargo, lo que aparece como una conflicto privado es, en realidad, la manifestación de un conflicto social más amplio: el de una sociedad que podría garantizar de forma colectiva, con servicios públicos de calidad y con empleos dignos para quienes los realizan, el cuidado de niños, personas enfermas o dependientes; pero que, bajo las relaciones capitalistas, traslada esos costos al ámbito privado, descargándolos en los hogares. La desigualdad de género no se resuelve —ni tiene su origen principal— en la dinámica interna de los hogares, porque está anclada en una estructura económica más amplia, la del capitalismo.
Este modelo económico se sostiene sobre dos pilares estrechamente vinculados. Por un lado, la precarización laboral generalizada, que impone jornadas largas y salarios bajos, situación que, dicho sea de paso, es la que ha empujado a muchas mujeres mexicanas, especialmente en los hogares más pobres, a incorporarse al mercado de trabajo (Marchionni et al., 2019). No como vía de emancipación, sino como estrategia de supervivencia de los hogares ante situaciones económicas adversas (Monroy-Gómez-Franco & Villagómez-Ornelas, 2024). Por otro lado, existe un desentendimiento estructural del Estado y del capital respecto a las condiciones en las que se sostiene y reproduce la vida, trasladando esa responsabilidad a las familias y, dentro de ellas, a las mujeres. Por eso, la lucha feminista por una emancipación real no puede separarse de la lucha contra el neoliberalismo, contra la precarización laboral y contra un sistema que explota tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, y que se mantiene gracias al desgaste cotidiano de quienes generan la riqueza y hacen posible la vida.
Tania Rojas es maestra en Economía por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Referencias:
Benería, L. (2003). Gender, development, and globalization: Economics as if all people mattered. Routledge.
Fraser, N., & Vogel, L. (2017). Crisis of Care? On the Social-Reproductive Contradictions of Contemporary Capitalism. In T. Bhattacharya (Ed.), Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression (pp. 21–36). Pluto Press.
Hopkins, C. T., & Vogel, L. (2017). Mostly Work, Little Play: Social Reproduction, Migration, and Paid Domestic Work in Montreal. In T. Bhattacharya (Ed.), Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression (pp. 131–147). Pluto Press.
Marchionni, M., Gluzmann, P., Serrano, J., & Bustelo, M. (2019). Participación laboral femenina en México y Perú: ¿Qué explica las diferencias? (Vol. 636). Inter-American Development Bank.
Monroy, G. L., & Villagómez, O. P. (2024). Stratification economics in the land of persistent inequalities. American Journal of Economics & Sociology, 83(1), 157–175.
World Bank Group. (2021). La participación laboral de la mujer en México. Washington, D. C.