Por Marco Antonio | Julio 2025
En la obra de Antonio Gramsci, la distinción entre sociedad civil y sociedad política constituye un eje analítico fundamental para comprender la arquitectura del poder en las formaciones sociales capitalistas avanzadas. La sociedad civil se configura como el tejido orgánico de instituciones privadas —medios de comunicación, sistema educativo, organismos religiosos, entramados culturales y asociaciones— donde se libra la batalla decisiva por la producción del consenso entre las clase sociales sometidas y genera así la construcción de hegemonía cultural. Es en este ámbito donde los intelectuales orgánicos de cada clase social elaboran, difunden y naturalizan visiones del mundo, generando aquella «adhesión espontánea» que legitima el orden establecido mediante mecanismos no coercitivos. Por contraste, la sociedad política representa la estructura coercitiva del Estado en sentido estricto: el aparato gubernamental, judicial, policial y militar que ejerce el dominio directo a través de la fuerza, la ley y la sanción institucional. Si la primera opera mediante la seducción ideológica y la dirección cultural —convirtiendo intereses particulares en “sentido común universal”—, la segunda actúa como garante último del poder a través de la imposición violenta cuando el consenso muestra fisuras.
La relación dialéctica entre ambas define la estabilidad hegemónica: la sociedad civil nutre de legitimidad a la sociedad política; el Estado, a su vez, garantiza las condiciones para la reproducción ideológica. Gramsci lo graficó como sistema de «trincheras» (guerra cultural prolongada) y «fortaleza» (poder visible). Esta simbiosis revela que el capitalismo no perdura solo por la coerción o la base económica, sino por un bloque histórico donde la fábrica del consenso en escuelas, sindicatos y medios de comunicación (escrita o audiovisual) es tan vital como los tribunales y la fuerza militar o policiaca. Solo cuando ambas esferas se articulan, dirección intelectual reforzando dominio, coerción blindando ideología, se ejerce hegemonía plena.
Los dirigentes de Morena no fracturan el mecanismo dual descrito por Gramsci; al reclutar figuras de la sociedad civil burguesa (sus intelectuales orgánicos), revitalizan la maquinaria del Estado capitalista. Sus cuadros «progresistas», mediante retórica revolucionaria vacía, desactivan la conciencia de clase: politizan a las masas en marcos burgueses con el objetivo deshonroso de convertirlas en electorado dócil. Las convencen de aceptar un reformismo que desarma las aspiraciones proletarias de conquistar el poder, sustituyéndolas por una ilusión de conciliación de clases donde el asistencialismo actúa como sostén de una armonía frágil. Simultáneamente, y aquí se cierra la pinza hegemónica, sus facciones institucionalizadas no sólo preservan los aparatos coercitivos del Estado, sino que los potencian. El militarismo fomentado y consolidado por Morena ejemplifica esta contradicción esencial: mientras la inversión social (clientelismo) genera consenso efímero, las fuerzas armadas se despliegan como brazo represivo listo para defender el orden establecido. Así, Morena, reproduce lo descrito por la lógica gramsciana: sociedad civil movilizada para legitimar y sociedad política fortalecida para disciplinar.
Siguiendo a Gramsci, observamos cómo un partido burgués, autoproclamado de izquierda pero estructurado con cuadros de clase media-alta, despliega una estrategia dual de dominación. Sus intelectuales orgánicos difunden el axioma de que la pobreza no deriva del capitalismo sino de la corrupción, desviando así la crítica estructural y desactivando la rebeldía revolucionaria en las masas. Simultáneamente, sus facciones de poder consolidan alianzas con el empresariado para que el Estado cumpla su función toral: vigilar y castigar, en caso, a las masas organizadas contestatarias. La militarización impulsada por Morena en México, lejos de responder a necesidades de seguridad, afila el instrumento represivo para contener la crisis orgánica del sistema. Este dispositivo está listo para activarse cuando el clientelismo fracase en contener el descontento de un proletariado precarizado (67% de los trabajadores, 32.9 millones, gana menos del costo de dos canastas básicas: 1,820 pesos mensuales), agobiado por la inseguridad (la percepción de inseguridad alcanza 61.9%) e imposibilitado para acceder a servicios de salud dignos (6 de cada 10 trabajadores carecen de acceso a instituciones de salud). Morena, lejos de fracturar el orden burgués, lo refuerza mediante un simulacro de justicia social: su máscara de defensor de los pobres encubre la profundización de la hegemonía capitalista.
Marco Antonio Aquiáhuatl es historiador por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.