El déficit y la deuda en el crecimiento y desarrollo económicos de México

Por Rogelio García Macedonio | Julio2025

El discurso dominante en torno a las finanzas públicas ha sostenido que los gobiernos deben mantener sus presupuestos equilibrados y evitar a toda costa el crecimiento del déficit fiscal y la deuda. Este ha sido promovido desde organismos financieros internacionales, calificadoras y sectores empresariales y ha sido la fuente de inspiración para la formulación de la política económica de muchos países del mundo, incluido México. Esta concepción, además, repite que el gasto público excesivo lleva a crisis inflacionarias, fuga de capitales y pérdida de confianza en la economía. En México, esta visión ha influido en todas las administraciones, cuando menos desde la apertura del país al comercio mundial con su integración al GATT en 1986, imponiendo una camisa de fuerza fiscal que ha limitado la capacidad del Estado para promover el crecimiento, desarrollo, garantizar derechos y responder eficazmente a las necesidades económicas y sociales del país. Pero, ¿es cierto que el déficit fiscal y la deuda son un problema en sí mismos? ¿Existen otras formas de entender el papel del gasto y la deuda en la economía?

Este trabajo busca examinar el mito de que el déficit es peligroso para las economías. Para ello, primero se presentan algunas posiciones teóricas al respecto para ser contrastadas con la perspectiva crítica de la Teoría Monetaria Moderna (TMM). Posteriormente, se analizará cómo ha funcionado el déficit en las finanzas públicas en el caso mexicano entre 2000 y 2024, utilizando datos sobre deuda, gasto y crecimiento económico, con el fin de mostrar cómo la obsesión por la prudencia fiscal ha obstaculizado el crecimiento y desarrollo económicos.

La ortodoxia económica ha sostenido que los déficits fiscales son peligrosos porque implican que el gobierno está gastando más de lo que ingresa, lo cual puede traducirse en una carga creciente de deuda pública que tendrán que cargar las generaciones futuras, aumento en las tasas de interés que afectan la planeación empresarial, inflación y pérdida de confianza en la economía en general. Esta visión parte de la idea de que el Estado debe comportarse como un agente racional que equilibra sus cuentas, igual que una familia o una empresa. Desde este enfoque, el gasto público financiado con deuda puede desplazar la inversión privada, un fenómeno conocido como «crowding out», en el cual el gobierno compite por recursos financieros escasos, elevando las tasas de interés y reduciendo el dinamismo del sector privado. Asimismo, alertan sobre el riesgo de efectos de segunda vuelta, como el aumento en las primas de riesgo, la pérdida de confianza de los inversionistas y la necesidad futura de ajustes fiscales dolorosos. Es decir, tal vez la cosa más absurda es que le den el mismo tratamiento al Estado que a los hogares e individuos.

Frente a esta visión restrictiva y limitante del Estado para procurar y perseguir los fines del crecimiento y desarrollo económicos en la sociedad, las teorías heterodoxas plantean una comprensión diferente del mismo problema. Desde la perspectiva de Hyman Minsky, por ejemplo, el déficit público no es necesariamente una señal de mala gestión, sino una herramienta necesaria para estabilizar economías capitalistas propensas a la inestabilidad. En su trabajo «Big Government and the Rise of Capitalist Instability», Minsky (1989) argumenta que el gasto público contracíclico, es decir, que aumenta en recesiones y se modera en expansiones, es fundamental para evitar colapsos económicos profundos. La deuda pública, desde este ángulo, no es un problema si financia inversión y amortigua las fluctuaciones del ciclo, por el contrario, si se usa para refinanciar la deuda o para gastos administrativos o para cualquier otra cosa que no sea en el sector productivo esto sí puede acarrear problemas.

La Teoría Monetaria Moderna (TMM), abordada por Bill Mitchell (2016) Randall Wray y Lin (2024) lleva esta idea más lejos. Según esta teoría, los Estados soberanos que son emisores de su propia moneda no pueden quebrar en su propia divisa. Lo que importa no es el tamaño del déficit, sino su impacto en el empleo, la producción y la inflación. Esto porque si consideramos que la economía debe funcionar en equilibrio en tres sectores: , es decir, el sector privado, ahorro e inversión, las exportaciones y las importaciones y el gasto e impuestos del gobierno deben estar en equilibrio. Cuando ocurren recesiones o inestabilidad en la economía o en el sector exterior, el gobierno debe actuar para equilibrar la economía. En esa situación el gobierno tiene la herramienta de la política fiscal para poder lograrlo.  Mitchell (2016) sostiene que “el déficit es simplemente la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que le saca al sector privado; en muchos contextos, un déficit es lo que sostiene el ahorro del sector privado y evita la recesión”, desde luego, este déficit debe ser usado para impulsar las actividades económicas que el sector privado deja de hacer. De esta manera logra mantener los niveles de empleo, lo que debe de traducirse en un nivel del producto más alto, lo que a su vez logra impactar en la recuperación de la economía. Dado que la hipótesis de la inestabilidad de Minsky dice que, cuando una economía vive una etapa prolongada de crecimiento y estabilidad, los agentes económicos tienden a asumir más riesgos, a endeudarse más y a dejar de lado las precauciones porque esperan que así siga por varios periodos, el problema es que lo hacen todos, entonces, cuando hay problemas, son incapaces de asumir los pasivos que tienen. En esas circunstancias, la inversión del gobierno en la economía deriva en que puede lograr que las actividades económicas mejoren y que las ganancias de las empresas tiendan a mantenerse en la perspectiva de bonanzas económicas y, por lo mismo, que las empresas puedan hacer frente a sus pasivos. Todo esto redunda en el hecho de que logra la estabilización de la economía.  Wray y Lin (2024), por su parte, han demostrado que no hay una relación directa ni necesaria entre altos niveles de deuda pública y bajo crecimiento o crisis fiscales, siempre y cuando estos cumplan con que debe invertirse en la economía real. Así, pues, el objetivo de la política fiscal no debe ser alcanzar un saldo contable favorable o neutral para la economía en cuestión, sino garantizar el bienestar de la población y el pleno empleo. Desde esta lógica, hablar de finanzas públicas sanas no significa tener superávit, sino lograr que el gasto público contribuya efectivamente al desarrollo, la equidad y la resiliencia económica. Aún más, cuando el gasto se usa para activar las actividades económicas que garantizan el pleno empleo y un funcionamiento aceptable de la economía y, por tanto, el crecimiento de la economía el general, la deuda no se convierte en un problema porque esto también conlleva a que la recaudación de los impuestos incremente, y con ello, el gobierno puede asumir la responsabilidad de los pagos de la deuda.

Para tener una política fiscal efectiva la política monetaria debe trabajar con los mismos objetivos, es decir, se requiere de una política monetaria que propicie las tasas de interés que permitan que las empresas adquieran deuda a costos accesibles y rentables. Si bien se ha visto desde Minsky (1994) y Mitchell (2016, 2017) que la manipulación de las tasas de interés para lograr objetivos de crecimiento y estabilidad es ineficiente, pues tiene efectos inciertos y a veces lentos sobre la economía, aun así, sigue siendo la política preferida de los bancos centrales. A diferencia de la política fiscal, la monetaria depende de las expectativas del sector privado y no garantiza que con solo bajar las tasas de interés se genere más inversión o empleo. Aunque Minsky señala que los bancos centrales pueden suavizar las crisis cuando proyectan liquidez, como prestamistas de última instancia, no son capaces de resolver problemas estructurales como sobreendeudamiento, especulación y desigualdad. Esto lleva a concluir que sin una intervención decisiva de la política fiscal, la política monetaria es insuficiente, pero si, por el contrario, una política fiscal expansiva se enfrenta con una política monetaria restrictiva tampoco se pueden lograr las metas del crecimiento y desarrollo económicos y menos los objetivos sociales y de redistribución del ingreso. Hasta Blanchard, Olivier y Summers Lawrence (2017) y Bernanke (2017) están de acuerdo en que la política monetaria por sí sola es incapaz de conducir a la economía a hacer frente a choques adversos, no solo eso, sino que recomiendan usar la política fiscal como herramienta más eficiente. Es evidente, entonces, que se necesita que las dos herramientas de política económica estén trabajando en los mismos objetivos para garantizar su efectividad.

Para concluir con esta parte, la crítica al mito del déficit-deuda, es que, primero, no se puede equiparar al Estado con los hogares y empresas como agentes económicos iguales, pues a diferencia de ellos, el Estado puede emitir moneda, deuda, influir sobre las tasas de interés y utilizar el gasto público para modificar la trayectoria macroeconómica. Segundo, vistas así las cosas, lo relevante no es el déficit o la deuda en sí mismos, sino si ese déficit resuelto con deuda, está resolviendo problemas reales o perpetuando desigualdades estructurales en la economía en cuestión. Y tercero, se necesita que las dos herramientas de política económica, la política fiscal y monetaria, trabajen en la concreción de los mismos objetivos.

Ya ha quedado claro, en la literatura académica y narrativa común, que después de la crisis de la deuda de los 80 la economía mexicana cambió la forma de hacer su política fiscal, pasando de una activa en la promoción del crecimiento y desarrollo económicos a una supeditada a los organismos financieros internacionales que sigue las pautas de la disciplina fiscal. Desde entonces, a pesar de los cambios de gobierno, el eje rector ha sido la contención del déficit fiscal como un objetivo en sí mismo, lo que limita la capacidad del Estado mexicano para asumir la responsabilidad de impulsar el desarrollo.

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP, 2025

Durante el sexenio de Vicente Fox el balance primario[1] fue en promedio de 1.9% en su variación de crecimiento, mientras que con Felipe Calderon de 0.3%, con Enrique Peña Nieto de -0.1% y con Andrés Manuel López Obrador de -0.2%, en el total del periodo hubo un crecimiento de 0.54%, tal como se muestra en la gráfica 1. Donde el balance fue positivo significa que los ingresos fueron más altos que los egresos y ocurre lo contrario cuando es negativo. Aquí se hace evidente la “prudencia” con que se han manejado las finanzas públicas, de acuerdo como profesa la teoría ortodoxa.

Fuente: elaboración propia con estadísticas de la Cepal, 2025.

En cuanto a la balanza comercial de México -exclusivamente centrado en los bienes y servicios- parece que existe un tenue equilibrio, como se evidencia en la gráfica 2. Aquí el problema más serio consiste en que gran parte del comercio está centrado, en alrededor de 80%, con Estados Unidos y que son sectores estratégicos, como el de los alimentos, donde México tiene dependencia con el exterior. Estos dos en sí mismo son problemas serios para la soberanía nacional del país. Es decir, si bien contablemente parece no existir problema, es en la dependencia de México donde se debe buscar equilibrar la producción e importación de bienes estratégicos.

Con lo anterior, un buen indicador de cómo marcha la economía es la formación bruta de capital, porque mide la inversión que se realiza en activos físicos duraderos y se puede relacionar con la economía real, es decir, de la producción. De 1950 al 2000 el promedio de crecimiento, como tasa, fue de 5.6; pero si miramos de 1950 a 1980 este fue de 8.3, más bien el punto crítico fueron los 20 años restantes hasta el 2000, pues entonces apenas fue de 1.5 en promedio. Mientras que del 2000 al 2024 el crecimiento promedio de ello apenas fue de 0.7%, es decir que la economía ha estado en decadencia en cuanto a la formación bruta de capital, como se evidencia en la gráfica 3.

Fuente: elaboración propia con estadísticas de la Cepal, 2025.

En consonancia con lo analizado en la parte teórica y con los datos que hemos mostrado, el Producto Interno Bruto (PIB) refleja un crecimiento poco consistente en los últimos 24 años, pues en promedio apenas ha crecido 1.7% de forma global. En parte este crecimiento está influenciado por la crisis de 2008 y por la pandemia de 2020 donde, como consecuencia de la primera la economía cayó a -6.3% en 2009 y en 2020 esta fue de -8.3%. Es justo en estos escenarios donde la teoría que hemos analizado dice que se debe aplicar una política fiscal contracíclica, pero contrario a ello, en 2020 no se hicieron gastos fiscales que incentivaran la economía para mitigar las consecuencias de la pandemia.

Fuente: elaboración propia con estadísticas de la Cepal, 2025

Además de ello, en la administración de Andrés Manuel López Obrador se adoptó una política de “austeridad republicana” que implicó recortes en el gasto que limitó aún más la inversión estratégica que el Estado debe hacer en la economía, esto a pesar de que tenía un respaldo popular que le pudo permitir realizar cambios significativos en la política económica, pero no lo hizo, por el contrario, mantuvo la política económica del mito del déficit-deuda del neoliberalismo. A lo largo de los sexenios analizados el déficit presupuestario ha oscilado entre -1.5% y 2% del PIB, la deuda pública pasó de representar menos del 20% del PIB en 2000 a más del 50% en 2024, aunque sigue siendo baja comparada con los países de la OCDE. A pesar de ello, el discurso oficial dominante insiste en que el margen para gastar está agotado, perpetuando una política de bajos niveles de inversión pública (menos del 3% del PIB en los últimos años) y gasto social contenido que se limita a las transferencias monetarias directas. En esas circunstancias, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que haría cambios cuando presentó el Plan México, prometiendo mayor inversión en infraestructura, empleo y desarrollo regional. No obstante, el financiamiento de estas metas sigue en duda ante la ausencia de políticas claras y elementales que permitan que eso suceda, por ejemplo, que el Banco de México disminuya la tasa de interés para garantizar la inversión o políticas claras de financiamiento a las empresas que les permita asumir riesgos y puedan verdaderamente producir en el sector nacional.

Este trabajo sostiene que el problema no es el déficit fiscal en sí, sino el uso que se le da, su orientación y su relación con los objetivos sociales y productivos que conduzcan al crecimiento y desarrollo económicos. Cuando el déficit se utiliza, por ejemplo, para refinanciar la deuda, se puede volver un problema, pero cuando se dirige a infraestructura, salud, educación o ciencia, todas las actividades que impulsen el crecimiento económico, este gasto se convierte en una inversión con retornos sociales y económicos de largo plazo que son benéficos para la sociedad. Con base en la teoría plasmada se revisaron indicadores que evidencian que la política fiscal y monetaria de México están regidas por la teoría económica dominante, donde lo que se privilegia es la “estabilidad fiscal” a costa del desarrollo y crecimiento económicos, renunciando así también, a los objetivos del pleno empleo y la redistribución de la renta nacional.

Desde esta perspectiva, la conclusión más importante es que México necesita renunciar a las políticas de austeridad, de equilibrio fiscal y de no intervención del Estado en los sectores económicos estratégicos del país para adoptar un enfoque más funcional y progresista de sus finanzas públicas. Esto último significa que requiere una política económica que propicie el pleno empleo como un derecho humano (Techerneva, 2024), salarios suficientes para la reproducción de la vida y recuperar la industria nacional estratégica. Para lograr esto se requiere que las políticas fiscal y monetaria estén trabajando de manera coordinada para lograrlo.

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Rogelio García Macedonio es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

NOTAS

[1] El balance primario mide la diferencia entre los ingresos totales del gobierno y sus gastos totales, excluyendo el pago de intereses de la deuda pública.

Auerbach, A. J. (2017). Fiscal Policy. Peterson Institute for International Economics. Octubre 5. Consultado en https://eml.berkeley.edu/~auerbach/Auerbach%20PIIE%20Draft%20Clean%2011%202%2017.pdf el 13 de abril de 2025.

Bernanke, B. (2017). The Fed and fiscal policy. Brookings Institution. Enero 13. Consultado en https://www.brookings.edu/articles/the-fed-and-fiscal-policy/ el 20 de abril de 2025.

Cepal. (2025). Base de datos y publicaciones estadísticas. Consultado en https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=2&lang=es el 27 de mayo de 2025.

Minsky, H. P. (1989). Profits, Deficits and Instability: A Policy Discussion. Levy Economics Institute. Consultado en https://digitalcommons.bard.edu/hm_archive/148/ el 29 de abril de 2025.

Mitchell, B. (2016). It is just ridiculous to starve public investment funding. Diciembre 21. Consultado en https://billmitchell.org/blog/?p=35023 el 23 de mayo de 2025.

Mitchell, B. (2017). Fiscal policy is effective, safe to use, and markets know it. Agosto 29. Consultado en https://billmitchell.org/blog/?p=36735 el 25 de mayo de 2025.

SHCP. (2025). Estadísticas oportunas de finanzas públicas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consultado en http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp el 26 de mayo de 2025.

Tcherneva, P. R. (2024). Three Lessons from Government Spending and the Post-Pandemic Recovery. Consultado en https://www.levyinstitute.org/publications/three-lessons-from-government-spending-and-the-post-pandemic-recovery/ el 27 de mayo de 2025.

Wray, R. & Lin, E. (2024). The Relation Between Deficits and Growth: Complicated but Clear. Consultado en https://www.levyinstitute.org/publications/the-relation-between-budget-deficits-and-growth-complicated-but-clear/ el 18 de abril de 2025.