Por Jenny Acosta | Abril 2025
La vieja tradición de mantener los espacios políticos como espacios de y para varones es puesta en duda por los avances económicos, políticos y sociales del siglo XXI. Pero, sobre todo, por las exigencias que los movimientos de mujeres han encabezado desde que la democracia se convirtió en la base política de la sociedad moderna. La lucha de las mujeres por participar de la vida pública y política ha pasado por exigir el derecho al voto, a ser votadas y, actualmente, a que se garantice que los espacios políticos de representación popular (como los distintos organismos del poder legislativo y judicial) cuenten por ley con una representación de mujeres.
A esta proporción equilibrada entre hombres y mujeres en puestos de representación popular se le llama “paridad de género”, y aunque comenzó siendo un principio deseable, en México ya forma parte de la constitución, por lo que en cada proceso electoral los partidos deben garantizar que hay una proporción equilibrada entre las mujeres y varones que los representan en las boletas. En México los resultados de estas exigencias se han notado: tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores cuenta con el 50% por ciento de hombres y mujeres, una proporción igualitaria que nunca habían tenido.
En estricto sentido, luchar porque las mujeres ocupen estos puestos políticos no es únicamente para que las mujeres accedan a puestos de poder, que tradicionalmente han ocupado los varones; sino para que las mujeres que accedan a estos puestos de representación popular tengan en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y busquen la manera de satisfacerlas. La demanda original por la paridad de género no es que las mujeres ocupen puestos de poder del mismo modo en el que los varones lo han hecho, sino que una vez que tengan acceso a esas posiciones legislen en beneficie de las mujeres, históricamente olvidadas por la legislación política. Sin embargo, entre el principio y su aplicación hay todavía un trecho grande por recorrer.
La manifestación clara de los pendientes que las diputadas mujeres tienen con las mujeres mexicanas se puede ver en la petición de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, el futbolista mexicano que regaló grandes jugadas, se retiró de los estadios para entrar en la política. De goleador se convirtió en presidente de Cuernavaca, gobernador de Morelos y ahora diputado federal. Pero su trayectoria política no ha estado exenta de escándalos. La procuraduría de Morelos ha señalado que durante su administración se cometieron actos de corrupción, pero la petición de desafuero no surge de una investigación contra estos supuestos actos, sino de una denuncia que interpuso Fabiola Blanco, su media hermana, por violencia sexual.
Para que pudiera investigarse si los dichos de Fabiola Blanco eran verdaderos, era necesario que se Cuauhtémoc Blanco se quedara sin la protección del fuero, lo que sucedería después de una votación en la Cámara de Diputados. Al inicio del proceso de desafuero parecía que el diputado Blanco no la tendría fácil, pues al haber una cantidad importante de diputadas mujeres (que están ahí para resarcir la marginación y desamparo en que la ley ha dejado a las mujeres mexicanas durante muchos años) era bastante probable que tuviera que enfrentar el proceso legal sin la protección que le da el ser diputado. Parecía que las mujeres del Congreso se habían unido y tenían claro que votarían a favor del desafuero, no necesariamente porque creyeran que Blanco era culpable, sino simplemente para que las investigaciones siguieran su curso. Si Cuauhtémoc Blanco era inocente, gozaría nuevamente del fuero, pero quedaría el precedente de que la legislación de las mujeres en la Cámara de Diputados tenía presente la situación de violencia sexual a la que constantemente son sometidas las mujeres mexicanas. Era, pues, una oportunidad para tomar partido por el sector al que pertenecen y dejar claro que la perspectiva de género no es un slogan para ganar votos, sino para hacer las políticas adecuadas.
No pasó así. La mayoría de las diputadas, con honrosas excepciones, votaron para que Cuauhtémoc Blanco conservara la impunidad. Hubo intereses más fuertes contra los que la perspectiva de género no pudo. ¿Políticos, económicos? Lo cierto es que este episodio mostró la insuficiencia de buscar que algunos principios deseables se instauren en la vida política sin que haya una transformación radical de las condiciones que en su momento impidieron que las cosas funcionaran de otro modo. Creer que será suficiente con obligar a los partidos políticos a que pongan mujeres como candidatas para que el sector de las mujeres mexicanas goce de la justicia y bienestar social que estructuralmente le han sido negados, es ilusión. Las mujeres no hemos ocupado los mismos espacios que los hombres no solo porque la ley no lo permitía, sino porque había intereses económicos y políticos de por medio que buscaron mantener un status quo favorable para los sectores privilegiados. Mientras las mujeres en el poder respondan a los intereses que han perpetuado la desigualdad de género (pero también económica), el grueso de las mujeres continuará viviendo las desventajas y opresiones que acompañan el ser mujer. La perspectiva y paridad de género, sin una perspectiva crítica, son insuficientes.
Jenny Acosta es maestra en filosofía por la UAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.