Por Gladis Mejía | Abril 2025
Una de las características del sistema de salud público mexicano es su fragmentación. No es un sistema de salud universal y, por eso, no podemos atendernos en cualquiera de las instituciones de salud de manera indiferenciada; la atención depende de tu condición de trabajo. Por ejemplo, en los hospitales del IMSS sólo se atienden aquellos que cuentan con un empleo formal y un seguro de salud otorgado en sus lugares de trabajo, en los hospitales del Ejército sólo se atienden los que pertenecen a éste o sus familiares, y en los hospitales del ISSSTE sólo se atienden los trabajadores del Estado. El problema es que en nuestro país más de la mitad de la población no tiene seguro de salud y trabaja en la informalidad. Esta fue la principal justificación para la creación del Seguro Popular.
El Seguro Popular (SP), creado en 2004, estaba destinado a atender a todas las personas sin seguridad social. Su población objetivo es la más amplia del país y la que más lo necesita. El SP funcionaba con dos fuentes principales de recursos. En primer lugar, con los ingresos provenientes de la Federación a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del Ramo 33; estos fondos eran transferidos a las entidades federativas, las cuales definían su política de distribución En segundo lugar, con el presupuesto federal destinado directamente al SP, que también era administrado por los estados. Éstos últimos también destinaban parte de sus propios ingresos para sus sistemas de salud.
El SP tenía graves problemas y deficiencias. En general, el presupuesto que el gobierno destina a la salud pública es muy poco comparado con otros países del mundo que sí tienen un sistema de salud universal y de calidad. Pero en particular, el dinero para el SP era muy insuficiente para atender dignamente a toda la población objetivo. De acuerdo con las cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 2018, último año de existencia del SP, el gasto anual per cápita fue, en términos redondos, de $2,700 pesos, mientras que en el IMSS fue de $5,800 y en el ISSSTE fue de $7,900. Además, el SP sólo cubría 1,807 intervenciones, mientras que el IMSS y el ISSSTE cubren 8,000 intervenciones (CIEP). Debido a que los recursos eran muy limitados, también las condiciones técnicas de los hospitales y clínicas del SP eran mucho más precarias que las otras dos instituciones.
Ante estos problemas, el gobierno morenista del sexenio pasado prometió que la atención de los mexicanos en sistema de salud público iba a ser universal. Ese fue uno de los objetivos de la desaparición del Seguro Popular, y la posterior sustitución, primero por el fallido del INSABI, y después por el IMSS-BIENESTAR. Pero ¿es que ahora es posible para cualquier persona, sin importar su condición de empleo, atenderse en cualquiera de las instituciones que tiene el Estado a su cargo? No. Si no tienes seguro de salud, sólo puedes atenderte en las clínicas del IMSS-BIENESTAR, como antes sólo te podías atender en las clínicas del SP. ¿Es que ahora te puedes atender cualquier enfermedad que tengas en el IMSS-BIENESTAR? Tampoco. Lo único que hizo el gobierno morenista fue eliminar el Catálogo Universal de Servicios de Salud que contenía la lista de enfermedades que atendía el SP; pero el IMSS-BIENESTAR sólo atiende enfermedades de primer y segundo nivel. Las pocas enfermedades que atiende de tercer nivel, las más costosas y catastróficas, son costeadas por el Fonsabi, pero sus recursos han disminuido dramáticamente, lo que en los hechos niega la atención a la población sin seguro.
Por lo tanto, la “universalidad” se trata de una burda centralización en manos de la Federación de los recursos que antes manejaban los sistemas de salud estatales. Veintitrés estados han centralizado los recursos que antes recibían a través del FASSA, y los sistemas estatales que antes pertenecían al SP pasaron a ser administrados directamente por el IMSS y una junta federal, es decir, se federalizaron. Fue una maniobra para recortar aún más los recursos que desesperadamente necesita el gobierno para continuar con sus programas de transferencia monetaria y para el pago de intereses de la deuda. En 2025, el FASSA recibió 54 mil 369 millones de pesos nominales menos que en 2024, mientras que el IMSS-BIENESTAR sólo aumentó sus recursos más o menos en 38 mil millones de pesos nominales con respecto al año anterior; los hospitales de alta especialidad están siendo ahorcados presupuestariamente; y la construcción de clínicas y hospitales en el periodo de AMLO se quedó muy corta con respecto a Peña Nieto.
La centralización se nos vendió como la universalización de la salud, pero los recursos son menores y no ataca los principales problemas que tenía el Seguro Popular; de hecho, los agudiza. La población mexicana que más lo necesita sigue sin atenderse adecuadamente, pagando ingentes cantidades de su bolsillo a clínicas privadas, sufriendo el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, y la desigualdad regional de cobertura de hospitales se mantiene. Lo que han hecho con sistema de salud es la muestra viva de la verdadera cara de Morena al frente de la nación.
Gladis Mejía es maestra en Economía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.