Por Gladis Mejía | Abril 2025
La crisis de la deuda en la década de 1980 inauguró la década perdida para América Latina. Ésta fue resultado de la reestructuración del capital internacional –más allá de la responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos– cuyo detonante fue la abundante liquidez de los grandes centros financieros de la City y Wall Street, liderado por la banca comercial privada (Ocampo, 2014). De hecho, en México en 1983, el 81% de la deuda externa estaba en manos de los bancos privados, la mayoría estadounidenses: Citicorp, Bank of America, Chase Manhattan y J.P. Morgan (Roos, 2019).
Durante el auge, el financiamiento externo aumentó debido a la gran competencia oligopólica por otorgar créditos a los países en desarrollo[1], a la abundante liquidez del mercado (debido a los eurodólares y petrodólares) y a que las tasas de interés reales eran muy bajas y, en ocasiones, negativas. En esta primera oleada, América Latina absorbió más de la mitad de la deuda privada dirigida a los países en desarrollo (Ocampo, 2014, p. 30), y en México estuvieron dirigidos fundamentalmente al gobierno. Este ciclo estuvo acompañado del incremento en el precio de las materias primas, particularmente del petróleo, cuyo precio se triplicó (Toussaint, 2024), lo que benefició al país.
Este gran auge de financiamiento externo finalizó a principios de la década de 1980. En 1979, ocurrió el “choque Volcker”, nombrado así por Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, quien incrementó drástica y unilateralmente (sin tomar en cuenta las condiciones de los demás países) las tasas de interés de los fondos federales. Estas tasas se toman como referencia para los contratos de deuda privados y públicos a nivel internacional, y fue la inauguración más clara de la política neoliberal que se comenzó a extender en el mundo y que se presentó como un “combate a la inflación”.
México, sin embargo, durante 1970-1981 siguió recibiendo grandes préstamos de los bancos privados y del Banco Mundial. Éste último, incluso, en 1981 le concedió un préstamo de 1,100 millones de dólares, el préstamo más grande desde 1946 (Toussaint, 2024). Debido a que las tasas de interés ya eran muy altas, la salida para el pago del servicio de la deuda estaba mermando las arcas nacionales ante el incremento de las tasas de interés (los préstamos se habían tomado a tasas de interés flotantes). Además, el precio del petróleo, fuente importante de ingresos en dólares para el Estado mexicano, cayó en 1982. Por otro lado, la élite industrial y financiera de México, viendo la situación del país, comenzó a relocalizar sus dólares en Estados Unidos (Roos, 2019). Todo ello hizo que el pago de la deuda externa fuera insostenible. Y comenzó el círculo vicioso de la deuda en la que muchos países en desarrollo han estado sometidos. México se encontró en una crisis de balanza de pagos: tenía una reserva de 180 millones de dólares y debía pagar 300 millones el 23 de agosto (Toussaint, 2024).
Los grandes gerentes y representantes de las finanzas internacionales se organizaron, pues México no era el único país en situación de crisis de deuda, era toda la región latinoamericana y africana, lo que ponía en peligro sus inversiones. De hecho, la deuda combinada de 17 países deudores era el 194% de los 9 bancos más grandes del mundo (Roos, 2019). El FMI, la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense, representantes del cartel de acreedores, acordaron estar dispuestos a prestar divisas al país –ya que los bancos privados dejaron de otorgar créditos debido a la frágil situación en la que se encontraba, fomentando la magnitud del problema–, pero con las condiciones de que esos ingresos por una nueva contracción de deuda se destinaran al pago de intereses de los grandes acreedores y de poner en práctica políticas de ajuste estructural (Toussaint, 2024).
Aunque también podía existir la posibilidad de un cartel de deudores, éste nunca se concretó. Está registrado que hubo una reunión planeada en 1985 en Perú entre los ministros de finanzas de Brasil, Argentina, Colombia, México y Perú que fue desconvocada de último momento (Toussaint, 2024). El FMI trató las negociaciones caso por caso, argumentando que eran países distintos, pero de lo que realmente se trataba era de dividir a los deudores. Además, a pesar de que Cuba comenzó una campaña en 1985 con la consigna de “La deuda es impagable”, no hizo eco de ella ningún país latinoamericano.
El ajuste estructural tuvo como lema la austeridad y fue comandado por el FMI. Éste se convirtió en el disciplinario fiscal a la cabeza del cartel de acreedores para asegurar el pago de la deuda con Wall Street (Roos, 2019). La situación permitió que los principales puestos gobierno en 1982, incluyendo la Presidencia de la República, fueran ocupados por personas familiarizadas con la doctrina económica neoliberal, educadas en Estados Unidos, y eran aceptados completamente en estos círculos (Roos, 2019). Ellos aceptaron las medidas de austeridad en el Estado y también las exigencias para los cambios en la estructura económica. México se volvió un ejemplo para los demás países deudores en términos de aceptar sin cortapisas la intervención de los acreedores en la conducción de la política económica. Por otro lado, la nacionalización de la banca que decretó López Portillo en 1982, aunque desató la furia de la gran burguesía nacional, en realidad sirvió para profundizar las reformas neoliberales y consolidar al sector bancario en manos del Estado (Marois, 2008).
Sin embargo, la crisis y el acceso a los mercados financieros internacionales solo se resolvió hasta 1989 con el Plan Brady. Éste consistía en una reestructuración de una parte de la deuda mediante la emisión de títulos de la deuda, conocidos luego como «Bonos Brady». No fue efectivo en una reducción amplia de la deuda, pero sí para restaurar la confianza de los inversionistas internacionales y para convertir su deuda en activos transables (Roos, 2019). Pero para implementarse se condicionó a liberalización de la cuenta financiera de la balanza de pagos y la creación del mercado de bonos soberanos, los cuales reforzaron las conexiones con los mercados financieros internacionales (Painceira, 2021). La apertura de la cuenta financiera se trata de la liberalización de las entradas y salidas de capital por inversionistas extranjeros y nacionales, así como la garantía de la convertibilidad de la moneda (Akyüz, 1992, citado por Painceira, 2021).[2] En 1990, justo antes del comienzo de las negociaciones para el TLCAN, Carlos Salinas comenzó con la reprivatización de la banca, que sirvió para concentrar aún más el capital financiero y bancario en las manos de unos pocos individuos y grupos empresariales (Marois, 2008).
A principios de 1990, Estados Unidos disminuyó su tasa de interés para estimular su economía ante una recesión, lo cual dio origen a un nuevo ciclo de liquidez internacional de los grandes capitales financieros internacionales buscando mayores rendimientos de sus activos. México fue gran receptor de ellos, pero con la característica de ser capitales altamente volátiles (capitales golondrinos) y con una cuenta financiera completamente liberalizada: durante 1990-1993 recibió casi la mitad del total de capitales hacia América Latina, dirigidos hacia la deuda en forma de bonos del gobierno y, fundamentalmente, a las acciones empresariales (Ros, 2001). El oligopolio internacional de las agencias calificadoras, también ponía a México como un paraíso para invertir, alimentando la oleada de entrada de capital financiero especulativo.
Con la liberalización, el país se encontró en una posición vulnerable cuando, a principios de 1994, la tasa de interés aumentó en Estados Unidos: la salida por los grandes capitales comenzó, pues este aumento reducía la tasa de rentabilidad relativa. La desaceleración económica y los eventos políticos de 1994 también llevaron a ataques especulativos recurrentes. Como medida para pausar la salida de capitales, el gobierno trasladó los riesgos financieros de los inversionistas extranjeros hacia el Estado mediante la conversión de la deuda denominada en pesos de los bonos CETES a Tesobonos, que era deuda de corto plazo indexada al dólar (Marois, 2012). Pero fue por poco tiempo. Durante los primeros días de 1995, más allá de la filtración de información privilegiada entre la burguesía mexicana acerca de la devaluación del peso, y el consiguiente anuncio de la devaluación de la moneda, era evidente que México estaba al borde una moratoria. Fue necesario recurrir a un rescate de 50 mil millones de dólares coordinado por el Tesoro de Estados Unidos (quien tenía un gran interés en que no hubiera impago debido a que la mayoría de esa deuda era con los clientes de Wall Street), pero que incluía al Banco de Pagos Internacionales y el gobierno canadiense, para detener la crisis[3].
Gladis Mejía es maestra en Economía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
[1] En el documental “Yglesias”, el Secretario relata cómo siempre había banqueros esperándolo en su despacho para ofrecer créditos a bajo costo.
[2] También, para emitir los títulos Brady, los países que participaron en la negociación debían comenzar por la compra de títulos del Tesoro de Estados Unidos, que servían de garantía: los países endeudados estaban financiando a la primera potencia mundial (Toussaint, 2024).
[3] En estos acuerdos, la soberanía de México en materia financiera y fiscal quedó bastante mermada. “De manera irrevocable, el gobierno de México se somete a la jurisdicción exclusiva de la Corte del Distrito de Estados Unidos localizado en el distrito de Manhattan, Nueva York, renunciando a cualquier otro tribunal. Se obliga también a renunciar a cláusulas claves respecto a la inmunidad del embargo precautorio incluidas en el Código de Estados Unidos” (Marichal, 1995, p. 27).
Referencias
Marichal (1995). La nueva crisis de deuda externa mexicana, 1994/1995. COLMEX. https://carlosmarichal.colmex.mx/deuda/La%20nueva%20crisis%20de%20la%20deuda%20externa%20mexicana,%201994-95.pdf
Marois, T. (2008). The 1982 Mexican bank statization and unintended consequences for the emergence of neoliberalism. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 41(1), 143-167.
Marois, T. (2012). States, banks and crisis: Emerging finance capitalism in Mexico and Turkey. Edward Elgar Publishing.
Ocampo, J. A. (2014). La crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia. En La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica. LC/G. 2609-P. 2014. p. 19-51.
Painceira, J. P. (2021). Financialisation in emerging economies: Changes in central banking. Routledge.
Roos, J. E. (2019). Why not default? The political economy of sovereign debt. Princeton University Press.
Ros, J. (2001). Del auge de capitales a la crisis financiera y más allá: México en los noventa. En: Crisis financieras en países’ exitosos’-Santiago: McGraw-Hill Interamericana/CEPAL, 2001-p. 119-157.
Toussaint, E. (2024). Serie: 1944-2024, 80 años de intervenciones del Banco Mundial y del FMI, ¡basta ya! CADTM. https://www.cadtm.org/Acerca-de-la-fundacion-de-las-instituciones-de-Bretton-Woods