Por Ollin Vázquez | Marzo 2025
A mediados de febrero del presente año, aproximadamente 5 mil trabajadores del sector salud salieron a las calles en diversas partes del Estado de México para protestar por la falta de insumos médicos, medicamentos y el impago de salarios a algunos empleados. El vocero de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud denunció que, con la transición al IMSS-Bienestar, las carencias en las instituciones de salud del Estado de México se han agudizado. Hay escasez de insumos básicos como jeringas, material quirúrgico, antibióticos y analgésicos, lo que ha llevado a la suspensión de cirugías y a una atención médica deficiente. En lugar de atender las demandas y darles seguimiento, la respuesta del gobierno fue enviar al cuerpo de granaderos para contener a los manifestantes. Estos, a pesar de los riesgos que implicaba, irrumpieron contra los protestantes con sus vehículos.
El desabasto de medicamentos no es un problema exclusivo del Estado de México, sino que se extiende a todo el país. En 2023, alrededor de 7 millones 503 mil 818 recetas no se surtieron efectivamente. De 2021 a 2024, el portal cerodesabasto.org registró 7,089 reportes de pacientes y personal médico que denuncian haber enfrentado desabastos en hospitales públicos, a pesar de ser población derechohabiente del sistema de salud. Además, según notas periodísticas, en ese mismo periodo se han contabilizado más de 61 protestas y paros del personal de hospitales. Un ejemplo es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en Guanajuato, donde se ha denunciado que el laboratorio no puede operar por falta de insumos y que, de las siete salas quirúrgicas, solo una ha estado en funcionamiento durante más de un año. Las políticas del gobierno han derivado en la sustitución del servicio público por el privado, evidenciando la adopción de medidas liberales en materia de salud. Esto se refleja en el gasto de bolsillo, que representa aproximadamente 50 de cada 100 pesos destinados a la salud, lo que significa que la población debe cubrir de su propio bolsillo la mitad de los costos.
Los trabajadores de la salud del sector público también han sido afectados por el desorden en las reglas de operación durante la transición del Seguro Popular al INSABI y, posteriormente, al IMSS-Bienestar. Se han reportado atrasos en el pago de salarios y prestaciones de hasta medio año, desinformación sobre los contratos laborales (si son a nivel federal o estatal) y el incumplimiento de la promesa de otorgar bases laborales a los profesionales eventuales, hecha en 2021. Además, algunos trabajadores han sido perseguidos a través de recursos humanos en sus hospitales de trabajo por negarse a operar sin los insumos necesarios.
El recurso aprobado en el presupuesto de 2025 a la salud disminuyó en 11.6% respecto a 2024. Hubo una contracción del gasto en salud para las personas con seguridad social, de 38 mil mdp (6.2%), y de 84 mil mdp (22%) para la población sin seguridad social. De hecho, lo destinado en salud a las personas sin seguridad social es menor al aprobado anualmente entre 2013 y 2018, a pesar de que se planea dar servicio a una mayor cantidad de gente; la última cifra de la población afiliada al seguro popular fue de 51.9 millones y ahora se pretende atender a 66.4 millones de personas. Lo aprobado a salud para personas sin seguridad social en términos per cápita ha disminuido: fue de 5,699 en 2018; de 5,803 en 2024 y de 4,490 en 2025 (México Evalúa, 2024). Actualmente, se estima que 50.4 millones de mexicanos (39.1% de la población) carecen de acceso a servicios de salud. Sin embargo, esta cifra está subestimada debido al desabasto de insumos médicos, pues debe incluirse a la población que, aunque tiene acceso nominal a estos servicios, en la práctica no puede ejercer su derecho debido a las deficiencias del sistema. Aunque en teoría se diga que tienen cobertura, en términos reales no la tienen, pues cuando acuden a hospitales y laboratorios, no reciben la atención que necesitan.
Responder a las protestas de los trabajadores de la salud con represión no solucionará el problema. Por el contrario, el gobierno debe comenzar por reconocer que existe un desabasto generalizado de medicamentos, una insuficiencia en el presupuesto destinado a salud y un plan muy desorganizado respecto a cómo proveer el servicio de salud para las personas sin seguridad social. De no hacerlo, se profundizará la pobreza y la desigualdad que afectan a millones de mexicanos. Los trabajadores del sector salud son testigos directos del sufrimiento del pueblo, pues son ellos quienes deben negar la atención médica por falta de recursos. Además, han visto violentados sus derechos laborales. Sin embargo, este no es un problema que compete solo a ellos; es un asunto que nos concierne a todo el pueblo mexicano. Debemos sumarnos a las movilizaciones de los trabajadores de la salud y denunciar el desmantelamiento del sistema de salud pública en beneficio del sector privado. Las tarjetas del bienestar han funcionado como un distractor para la población, reduciendo sus exigencias a la mera supervivencia, es decir, a la satisfacción básica del hambre. Debemos organizarnos y luchar por transformar el sistema de producción que impide que la mayoría de los mexicanos vivan con dignidad, sin acceso a vivienda, vestido, educación y salud. La lucha por un sistema de salud público y funcional es parte de una batalla más amplia que debe darse, por un país más justo y equitativo.
Ollin Vázquez es maestra en Economía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Bibliografía
México Evalúa. (28 de Noviembre de 2024). PEF 2025: menos servicios de salud para los más pobres. Obtenido de Números del erario : mexicoevalua.org