Por Vania Sánchez | Diciembre 2024
En México, para reportar la situación del cáncer en el país, hay que acudir a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo hacen, incluso, las voces más calificadas como el director de la Instituto Nacional de Cancerología (INCan), máxima autoridad cuando se trata de hablar del cáncer pues son la vanguardia en el combate de esta lacra de la humanidad. El Inegi a su vez, cuando se trata de una fecha señalada para visibilizar el cáncer, se remite a informar de la mortalidad ocasionadas por los distintos tipos de cáncer porque esta información queda registrada en la Estadística de Registro de Defunciones (ERD). Ésta falta de datos no es más que otra manifestación del desastre que es la atención a salud pública en México. No hay pues, una estadística oficial, completa, de la realidad del cáncer en nuestro país.
En su lugar no queda más que recurrir al Observatorio Global de Cáncer (GCO, por sus siglas en inglés) de la OMS que reporta estimaciones hechas a base de los datos que cada país.
Según la estadística de GCO (https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/484-mexico-fact-sheet.pdf), cada día, en promedio, 523 mexicanos reciben un diagnóstico de cáncer; esto es, al año se registran 191 mil casos de cáncer nuevos. El cáncer provoca 7% de las muertes prematuras, las de las personas con menos de 75 años en México de modo que si no hubiera cáncer, la esperanza de vida de los mexicanos sería 11 meses mayor de lo que es ahora. El cáncer es la cuarta causa de muerte en México, pero el número de éstas se ha más que duplicado en las últimas dos décadas. Si la presencia y el desarrollo de esta enfermedad causan vértigo, las proyecciones de su crecimiento realmente son aterradoras.
A medida que la incidencia de esta enfermedad crece, los costos sociales y económicos lo hacen también. Según plantea el organismo citado, tanto el envejecimiento de la población como el avance en los tratamientos traerán consigo un mayor número de casos nuevos y recurrencias; asimismo, el avance en los tratamientos y medicamentos incrementarán sus costos. De acuerdo con estimaciones del GCO en los próximos años el costo per cápita por esta enfermedad aumentará 144%. Según cálculos de la aseguradora MetLife, en México el costo promedio anual de un tratamiento de cáncer en instituciones privadas ronda los $350 mil pesos. Un gasto imposible de afrontar con los ingresos que tiene casi 90% de los mexicanos.
El GCO estima que si en México se alcanzan el nivel promedio que tienen los países de la OCDE en materia de detección, diagnóstico y tratamiento (es decir, aun manteniéndose dentro de los márgenes del esfuerzo que hacen otros países) se prevendrían una de cada dos muertes prematuras por esta causa y se incrementaría así, en cinco meses, la esperanza de vida media de toda la población. Parece una nimiedad, pero equivale a sumar 13 mil trabajadores. Eso exige contar con hospitales, laboratorios, reactivos, equipos de imagenología, equipos para pruebas genéticas, biopsias, vacunas (la vacuna contra el VPH podría prevenir 84% de las muertes ocasionadas por el cáncer cervical) y medicamentos, etc. Por ejemplo, alcanzar la recomendación de tener 20 oncólogos por millón de habitantes, esto es, 2,600 en el sistema de salud pública. En fin, mayor gasto para desarrollar una política integral de atención y prevención del cáncer.
Por otro lado, el GCO estima que abatir factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, hábitos de vida no saludable, así como la exposición al sol sin protección, etc. y se alcanzan en estos componentes las metas que propone la OMS, se podrían evitar 6% de las muertes prematuras por cáncer y 4% de las muertes totales por cáncer. Esto implica si bien campañas de educación, también el combate de la pobreza y de la desigualdad que padecen las grandes mayorías de los mexicanos.
Esta situación está urgiendo una política pública contra el cáncer y sus costos. Ello implica recursos; mayor gasto en salud y estrategias realmente eficaces para atacar por un lado los factores de riesgo prevenibles y mejorar la capacidad para hacer mejores detección, diagnóstico y tratamientos del cáncer. Se estima que hasta 40% de los casos de cáncer son prevenibles mediante cambio de hábitos y acciones de salud pública.
¿Qué se ha hecho? El 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que desapareció el Seguro Popular y creo el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que, tras tres años, también desapareció para ser sustituido con un frankenstein denominado IMSS-Bienestar. Junto con el Seguro Popular, se extinguió el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC) y se sustituyó con el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) recursos que, según la publicación, “se destinarán a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos…”; es decir, enfermedades con costos que alcanzan y rebasan el patrimonio promedio de un hogar mexicano y por eso provocan una verdadera calamidad para los hogares de los enfermos, como el cáncer.
Todos estos cambios formales se han traducido, contrario a toda urgencia, en la reducción del presupuesto destinado al combate del cáncer. En 2021, en el marco del cambio de Seguro Popular a Insabi significó la cancelación de todos los tratamientos de cáncer entonces en proceso. En 2022, los reportes de Fonsabi dicen que no se atendió ningún tratamiento de las 66 enfermedades que consideraba el antiguo FPCGC. De 119 mil millones de pesos (mmdp) que se destinaba a este concepto en 2018, en 2023, este presupuesto era de 45 mmdp, poco más que la tercera parte del de hace seis años. Según informe de México Evalúa (https://www.mexicoevalua.org/amlo-le-quito-157-mil-millones-de-pesos-a-la-salud-suspendieron-97-de-las-atenciones-a-cancer/#:~:text=El%20gasto%20del%20Seguro%20Popular,2018%20a%20300%20en%202021.), no hay reporte de a dónde fueron los recursos presupuestados para ello.
En México está pendiente y urge una política que garantice el acceso a la atención sanitaria en cantidad y calidad suficiente para las grandes mayorías, para los millones de familias de los trabajadores. El cáncer es una calamidad que se ceba con quienes no cuentan con seguro social, por lo que no son diagnosticados ni tratados; el abandono al que los condena el Estado mexicano es un acto criminal contra nuestro pueblo. De acuerdo con el Paquete Fiscal de 2025, los recursos destinados a la atención de la salud de quienes no son derechohabientes de una entidad de atención a la salud como el IMSS o el ISSSTE -los más pobres, pues- se reducirán todavía más. ¿A quién le pueden importar los miles de vidas perdidas por el cáncer si no a sus padres, hermanos e hijos que forman las filas de los millones de trabajadores de este país? ¿Espera el gobierno que con las pensiones y las becas los mexicanos puedan atenderse o ayudar a sus enfermos de cáncer? ¿No es ésta una política criminal?
Vania Sánchez es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.