Por Tania Rojas | Noviembre 2024
En materia de crecimiento económico, el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluyó con un desempeño deficiente, registrando un crecimiento promedio anual estimado de apenas 0.81% (dado que el año 2024 aún no ha concluido) y una contracción estimada de -1.05% en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (Grupo Financiero Base, 2024). Parte, importante quizá, de la explicación a este bajo crecimiento, se debe al golpe inusitado a la economía mundial que significó la crisis del Covid-19. Y si bien no podemos ignorar los efectos de esta crisis, sí podemos hacer un esfuerzo, por demás necesario, para identificar las insuficiencias de la política económica detrás de estos resultados.
Recordemos primero el programa económico de AMLO al inicio de su sexenio. Su apuesta para crecer recaía en la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); el impulso al consumo a través de las transferencias monetarias y la recuperación del salario mínimo; inversión en proyectos regionales (los conocidos megaproyectos); y rescatar a PEMEX para financiar el gasto del gobierno. Este era el plan de crecimiento antineoliberal. La intención era mayor intervención estatal, y la gran solución: limpiar de corrupción al gobierno, a Pemex, y hasta al TLCAN.
El expresidente asumió el cargo denunciando al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como la consumación del proyecto neoliberal en México. Su crítica, no obstante, se centró en los elementos corruptos e inmorales del tratado, como la privatización de empresas estatales y la promoción de exportaciones basadas en mano de obra barata como principal ventaja competitiva. Con base en esta crítica, la ratificación del T-MEC en su sexenio fue presentada como la aprobación de una forma de libre comercio que respetaba la soberanía energética de México y se fundamentaba en relaciones laborales éticas. Al final de cuentas, sostuvo AMLO, el neoliberalismo, sin corrupción, “no sería del todo malo”.
Las modificaciones clave al TLCAN en el T-MEC, que supuestamente erradicaban el carácter «neoliberal» del tratado, incluyeron el reconocimiento pleno de la soberanía energética, el aumento del salario mínimo, la «legitimación» de los contratos colectivos y una mayor supervisión laboral en los sectores incluidos en el T-MEC. Sin embargo, problemas estructurales como la falta de modernización de los procesos productivos, la insuficiente diversificación productiva, la dependencia tecnológica, comercial y financiera, así como los débiles vínculos entre la industria de exportación y la economía nacional, quedaron fuera del debate. Estas causas estructurales fomentan la competencia por costos laborales bajos, perpetúan la baja productividad, limitan el crecimiento, y contribuyen a la pérdida progresiva de competitividad respecto de los parámetros internacionales. El impulso del libre comercio combinado con una estructura productiva poco diversificada y desactualizada, ha moldeado el crecimiento económico de México en las últimas cuatro décadas. Esta situación persiste a pesar de los cambios en el follaje político bajo gobiernos de centro, derecha o pseudoizquierda.
El hecho de que la crisis del COVID-19 haya atravesado el sexenio de AMLO dificulta establecer con certeza la contribución que las transferencias monetarias y el aumento del salario mínimo habrían tenido en el crecimiento económico a través de un mayor consumo. No obstante, la experiencia económica de México ha demostrado que las transferencias funcionan como un estabilizador del ingreso de los hogares; aunque son un alivio temporal, resultan insuficientes para impulsar un crecimiento sostenible. Adicionalmente, en los hechos, el impacto de su implementación fue limitado. En cuanto a los incrementos del salario mínimo, este beneficio no abarcó a todos los asalariados y, en el mejor de los casos, benefició entre el 10 y el 15% de los ocupados. Asimismo, la inflación erosionó parte de este aumento (Pérez, 2024). El propósito aquí no es oponerse a estas medidas, sino el de señalar que no deben considerarse como un reemplazo de una estrategia de crecimiento más integral y ambiciosa.
Por su parte, la inversión pública, que se concentró en los megaproyectos, se situó en un 2.7% del PIB, la cifra más baja en los últimos tres sexenios. Este porcentaje se queda corto en comparación con las expectativas mismas del expresidente, quien anticipaba que la limpieza de la corrupción en Pemex restablecería rápidamente las rentas petroleras necesarias para financiar las transferencias directas y la inversión pública. Sin embargo, en su intento por revivir un estado dependiente de la renta petrolera, el gasto público enfrentó un conflicto interno entre las asignaciones para transferencias, los megaproyectos y el rescate de Pemex, conflicto que se resolvió eliminando proyectos, programas y organismos para priorizar la agenda de la administración morenista. En suma, el problema del crecimiento se redujo a un problema de corrupción a distintos niveles, y el saldo de la intervención estatal terminó siendo mínimo, al mismo tiempo que se obviaron las deficiencias de nuestra estructura productiva.
Con el inicio del nuevo sexenio, el tema del crecimiento ha resurgido como un punto focal en la discusión sobre los retos principales de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo ante la previsión de una recesión en los próximos meses. En este debate se plantean críticas justas a los efectos desestabilizadores que generan el deterioro del estado de derecho y la violencia, así como la preocupación por la presión en las finanzas fiscales y la promesa de reducir el déficit fiscal en 2025, lo cual redundaría en la falta de dinamismo de la economía. Sin embargo, sigue dominando la idea de que no es necesario cambiar los pilares del modelo de crecimiento vigente que nos mantiene dependientes y subdesarrollados.
Tania Rojas es maestra en Economía por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.