Por Ollin Vázquez | Octubre 2024
En mayo de 2024 empezó la temporada de huracanes en el Océano Pacífico y en junio en el Océano Atlántico, a partir de entonces México ha experimentado huracanes como el Aletta, Beryl y John. Sin embargo, es probable que en futuras fechas se presentan más, pues generalmente impactan en el país entre cuatro o cinco ciclones en promedio por año, mismos que pueden convertirse en huracanes. Se estima que el 40% del territorio mexicano y más de una cuarta parte de su población está expuesta a tormentas, huracanes e inundaciones. Estos fenómenos naturales se caracterizan por causar grandes daños económicos y humanos en el país, por ejemplo, inundaciones, deslaves, destrucción de casas, daño en carreteras y electrificación, pérdidas de objetos personales, desapariciones o defunciones. Se estima que el huracán Beryl afectó cerca de 56 mil negocios en Yucatán y el huracán John dejó en Guerrero 40 colonias destruidas, 270 mil personas afectadas -la mitad de ellas en Acapulco, donde las inundaciones cercaron más de 40 mil viviendas- y alrededor de 23 fallecidos. En 2023, se estima que el huracán Otis dejó al menos 273 mil 844 viviendas afectadas y 11 mil 500 totalmente destruidas; el 80% del sector hotelero se vio afectado y el 70% de los cultivos estaban en riesgo de perderse. En total, se calcula que los daños materiales ocasionados por Otis fueron mayores a los 15 mil millones de dólares (BBVA Research, 2023; El Economista, 2023).
La regularidad con la que estos fenómenos naturales afectan al país ya debería poner sobre aviso al gobierno de la necesidad de resguardar un monto de recursos destinados a la preparación de las medidas necesarias para prevenir lo más posible las pérdidas económicas y humanas (como albergues provistos de alimento y enseres necesarios para estar algunos días antes de que pase el ciclón o huracán), a la reparación de daños materiales de las familias, y al fortalecimiento de la infraestructura (presas, carreteras, electrificación, cercamiento de ríos, entre otros elementos) en los municipios donde son más frecuentes los desastres naturales. Sobre este último punto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda preparar a las ciudades para los desastres naturales, creando una infraestructura resistente, con menores probabilidades de presentar fallas, con menos consecuencias negativas en caso de fallas y con una recuperación rápida. Esto no solo va dirigido a la infraestructura pública, sino también a la construcción de viviendas resistentes con asesoramiento especializado para la población vulnerable.
Sin embargo, el gobierno de México parece no aprender del pasado. El Fondo de Desastres Naturas (FONDEN) tiene por objetivo apoyar las actividades de emergencia, prevención, recuperación y construcción en caso de desastres naturales. Este fondo había ido evolucionando en positivo en cuanto a eficiencia y eficacia desde su nacimiento. En un principio era un fondo federal al que se le destinaba un recurso determinado para emplearse en cuanto se necesitara. En 2005 y 2006 se le permitió incluir instrumentos y mecanismos financieros para obtener recursos disponibles en caso de catástrofe natural, como los “bonos y seguros catastróficos”. Sin embargo, en julio de 2021 desapareció el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, reduciendo el recurso para los desastres naturales en 45%; además, antes tenía un presupuesto acumulable de 0.4% del gasto programable del Presupuesto de Egresos anual. Ahora, su presupuesto no es acumulable y durante varios años en este sexenio ha sido de entre 0.3% y 0.1% (2019 y entre 2021-2024). Como dijo Jorge Cano, coordinador del programa de gasto público de México Evalúa, al periódico Milenio, la desaparición de los fideicomisos del FONDEN pone a la población en una situación muy vulnerable, similar a lo que ocurrió en Acapulco con el huracán Otis. En 2023 se aprobaron solo 17 mil 156 millones y en 2024, 17 mil 984 millones de pesos; cuando los huracanes más destructores a los que se asemejó dejaron costos de entre 32.8 (en Chiapas, 2005) y 43.4 mil millones de pesos (en Veracruz, 2010).
La pregunta que salta inmediatamente es, si el FONDEN no tiene los recursos suficientes para hacer frente a los daños materiales de los huracanes, ¿de dónde se obtendrán si el gobierno promete resarcir los daños a los damnificados? En 2023 se dijo que se iban a destinar 61.3 mil millones para solventar los costos del huracán Otis, ¿de dónde se obtuvieron los demás recursos que no provinieron del FONDEN? La respuesta es obvia, de quitarle recursos mediante el subejercicio a otras partidas donde ya había sido presupuestado. Agréguese a esto que no fue a aquellas obras prioritarias del gobierno; por ejemplo, en 2023 la salud tuvo un subejercicio del 62 mil 139 millones. Además, del plan para reparar los daños de Otis, el 29.8% de los recursos fueron más bien exenciones de pagos al gobierno -por ejemplo, hubo 9 mil 109 mdp de exenciones de impuestos IVA e ISR y la misma cantidad de prórroga al IMSS, Infonavit y Fovissste-. Sin embargo, lo destinado a reponer la infraestructura fue insuficiente si se toman en cuenta los costos de otros huracanes que han sido de menor magnitud (México Evalúa, 2023).
Es decir, pues, que dados los conocimientos que se tienen sobre que México corre el riesgo de sufrir desastres naturales, el gobierno debería contar con recursos suficientes y bien especificados para estos desastres. En los últimos días, el huracán John ha dejado alrededor de 260 mil 140 personas sin suministro eléctrico (19% de los usuarios totales de Guerrero), varias vialidades (como la carretera federal México-Acapulco en el km.31), terracerías y casas dañadas, pueblos inundados y afectaciones en las cosechas de varias comunidades. El gobierno no puede estar parchando esta gran necesidad mediante el subejercicio de otros rubros que también son importantes para la población mexicana. Lo más coherente sería incrementar sus ingresos, presupuestar más para el FONDEN y buscar la manera de atraer más recursos para estas situaciones, como lo hacía el fondo de fideicomisos hoy extinto.
Ollin Vázquez es maestra en Economía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.