Por Christian Jaramillo Reinoso | Julio 2024
Introducción
De manera general, la literatura describe al Estado Social, Welfare State o Estado de Bienestar, como una estructura de poder político en donde el Estado reconoce y garantiza los derechos económicos, sociales y culturales en las Cartas constitucionales, con una mayor participación de las clases desposeídas en los asuntos públicos, difiriendo con el elitismo del Estado liberal de derecho de finales del siglo XVIII y parte del XIX (Cárdenas, 2017). Los años en que sus fuerzas se desplegaron con mayor esplendor abarcan desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1972-1973, cuándo tiene lugar la primera crisis del petróleo. La conformación del Estado de Bienestar está constituida por tres grandes periodos: el primero que va desde los años ochenta del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en donde el Estado cumple un papel meramente asistencial y los derechos económicos, sociales y culturales no son considerados como derechos humanos[1]; el segundo abarca las dos guerras mundiales y su periodo intermedio (entreguerras) y se caracteriza por constitucionalizar derechos sociales y por establecer las bases de la teoría económica que darían forma al Estado de Bienestar; y el tercero, que se extiende de 1945 al final de los años setenta del siglo XX, en donde el Estado de Bienestar se materializa y consolida en los países más industrializados del mundo (Sotelo, 2010).
Tanto el Estado Social como posteriormente el Estado de Bienestar fueron modelos de Estado con presencia en distintas regiones del mundo (sobre todo en Europa y América), aunque con características y niveles de profundidad diferentes, dependiendo del nivel de industrialización y de las características democráticas de cada país.
Estado Social
De acuerdo con Sotelo (2010), el origen de lo que se denomina Estado Social tiene que ver con las disputas ideológicas entre socialdemócratas y marxistas, sobre todo en la Europa central de finales del siglo XIX. Una de las disyuntivas más fuertes entre socialdemócratas y marxistas estaba relacionada con la manera de entender el papel del Estado. Los marxistas sostenían la tesis del carácter de clase del Estado y de su disposición servil ante el capital, mientras que los socialdemócratas consideraban que el Estado también podía ponerse al servicio de la clase trabajadora a través del reformismo, siempre y cuando éstos lograran el sufragio universal. Es necesario puntualizar que la teoría marxista también considera que las reformas pueden servir como medio para alcanzar los objetivos últimos de los trabajadores para instaurar el socialismo, pero éstas no se consideran un fin en sí mismas, como si lo son para los reformistas.
El primer fruto de esta disputa es el Programa de Gotha que, a pesar de su carácter oportunista y conciliador con la burguesía, plantea las bases de lo que más tarde sería el Estado Social. Se reivindicaba el derecho a la asociación sindical sin limitación alguna; prohibición del trabajo de los niños y del trabajo de la mujer que sea perjudicial para la salud y a la moral; jornada laboral de acuerdo con las necesidades de la sociedad; impuesto progresivo sobre la renta a nivel estatal y municipal, en lugar de los impuestos indirectos que inciden sobre las masas populares; educación pública en todos los niveles; consideración de la religión como asunto perteneciente a la esfera privada de las personas; entre otros (Cárdenas, 2017). A este respecto, Marx (1979), a través de Crítica al Programa de Gotha, reprocha el carácter pequeño burgués de las proposiciones de la facción lassalleana del Partido Socialista Obrero de Alemania, como son las concesiones que esta tenía con los junkers alemanes, además de la poca cientificidad de sus planteamientos.
Las demandas obreras, a través de los sindicatos y respaldadas por el Partido Socialdemócrata Alemán, eran cada vez más y de mayor calado. Esto provocó que las administraciones liberales y conservadoras de la época se mostraran accesibles a adoptar políticas de tipo social dentro de sus programas de gobierno, sobre todo por el terror que tenían a una inminente revolución socialista. Así se explican las tres grandes reformas laborales de Bismarck de 1883, 1884 y 1889; en esta última se estableció el que fue el primer sistema de pensiones de jubilación de la historia, aunque solo unos años atrás, en 1878, se promulgaba la Ley de Excepción (o Antisocialista) que tenía por intención ilegalizar al Partido Socialdemócrata Alemán, es decir, evitar la revolución socialista: “Bismarck pensaba que la legitimidad de la monarquía, desafiada por los socialdemócratas, se fortalecería si el káiser sacaba de la pobreza a los ancianos y evitaba que se convirtieran en una carga para sus parientes” (Blackburn, 2010, pág. 134).
En ese mismo sentido, en 1911 se estableció en Reino Unido la National Insurance Act, que fue una medida adoptada por el gobierno del partido liberal para contrarrestar el rápido crecimiento de la miseria provocada por el desempleo. Junto a la Unemployed Workmen Act en 1905, dan inicio a la conformación del sistema de seguridad social del Reino Unido. En estos años e incluso antes, otros países de Europa seguían el ejemplo de la Alemania de Bismarck: “un poco de socialismo para evitar tener socialistas”. Dinamarca e Italia, por ejemplo, aprobaban el seguro por enfermedad en 1892 y 1886, respectivamente (J. Silvestre y J. Pons, 2012).
Estado Social de 1914 a 1945
El Estado Social, embrión del Estado de Bienestar, no tuvo su origen en los partidos socialistas, sino en los partidos liberales y conservadores. Para estos partidos de finales del siglo XIX y principios del XX, era muy importante frenar cualquier atisbo revolucionario, así como contener desde los gobiernos el avance electoral de la socialdemocracia. Al empezar la Primera Guerra Mundial se hizo más forzoso que nunca, para las burguesías de los respectivos países, mantener una buena relación con las clases trabajadoras, pues necesitaban carne de cañón que defendiera y representara los intereses de “la nación”, a cambio de reconocer derechos para los sindicatos y los trabajadores (Cárdenas, 2017).
De acuerdo con Ignacio Sotelo (2010), la Primera Guerra Mundial aportó al Estado Social las siguientes contribuciones: 1) los Estados europeos adquirieron la obligación de mediar entre los intereses de los obreros y los empresarios, diferente a lo que sucedía en el Estado liberal de derecho, donde primaba de manera más rudimentaria “la ley del más fuerte”; 2) reconocieron en la mayoría de los países el sufragio universal; 3) el liberalismo económico fue desplazado por una economía mixta, donde el Estado desempeña un papel destacado en la economía; 4) con la guerra, la mujer se incorporó a la fuerza de trabajo, adquiriendo más derechos políticos, al tiempo que se debilitaba la posición del hombre en la familia y en la sociedad; 5) el triunfo de la revolución bolchevique y la instauración del Estado soviético, que se industrializaba a pasos acelerados debido a la planificación central, implicó para el mundo una alternativa al modo de producción capitalista, lo que fomentó en los demás Estados la necesidad de ampliar los niveles del Estado Social.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, varios países de Europa y América elevaron a rango de ley las prebendas que previamente la lucha de clases había alcanzado. En México, por ejemplo, la Constitución de Querétaro de 1917, reconoce los derechos sociales a la educación, a la propiedad social-colectiva, al trabajo y a la seguridad social en los artículos 3º, 27º y 123º. En Alemania, los artículos 151º a 165º de la Constitución de Weimar de 1919, incorporaron la noción de justicia social y fijaron los principios de lo que se denominó el Estado de Bienestar (Abendroth, E. Forsthoff, K. Doehring, 1986). Algunos de los principios y derechos que reconoce este texto constitucional son: el trabajo es un derecho que no debe ser concebido como una simple mercancía, ya que eso va en contra de la dignidad humana; el carácter social de la propiedad; la socialización de las empresas privadas cuando ello resulte en beneficio del bien común; el reconocimiento amplio a todas las formas de organización sindical; la negociación colectiva de las condiciones de trabajo; las ayudas a la manutención de los trabajadores y sus familias cuando el salario fuese insuficiente; entre otras (Cárdenas, 2017).
Cada país europeo fue edificando su propio Estado de Bienestar, bajo condiciones particulares correspondientes a las necesidades propias, como fue el caso de los países escandinavos y los del norte del continente. El modelo sueco, por ejemplo, se desarrolló a partir de políticas que impulsaban las obras públicas y las inversiones estatales. Antes de que Keynes lo propusiera, ya había gobiernos que tomaron medidas en favor de alcanzar el pleno empleo, como lo hizo Suecia a finales de la década de los treinta. Se caracterizó, además, por ser una economía mixta con fuerte participación del Estado, alta participación de los sindicatos en la toma de decisiones políticas y económicas, y una política fiscal de altos impuestos de carácter progresivo, que hizo posible la construcción de un proyecto de altos costos económicos, como fue el Estado de Bienestar.
En 1929 se produjo el derrumbe de la bolsa de Nueva York, creando una crisis sistemática a nivel mundial. Los niveles de desempleo fueron abrumadores en Europa y los Estados Unidos, de modo que los economistas de la época, tales como Keynes o Beveridge, advirtieron que para la construcción del Estado de Bienestar era imprescindible alcanzar el pleno empleo mediante la activa participación del Estado. Keynes criticó a la economía clásica del laissez faire, poniendo de relevancia que el Estado no podía ser más un espectador de las relaciones económicas, pues desmintió que el mercado por sí mismo pudiera conseguir el equilibrio entre la oferta y la demanda. Criticó a la teoría económica clásica por la solución que proponía para el problema del desempleo, que era la disminución de los salarios; de acuerdo con esta teoría, esto permitía que los empresarios inviertieran más. Para Keynes la inversión no necesariamente estaba ligada al ahorro, pues este no se invierte en el sector productivo mecánicamente, la mayoría de las veces se puede quedar como ahorro y nada más; que se invierta más no está en función de los salarios única o principalmente, sino en crear condiciones de confianza en la economía en general, para lo que la participación del Estado resulta fundamental (Keynes, 1965).
Esto no quiere decir que Keynes fuera partidario del socialismo o del modelo soviético, por el contrario, era defensor del sistema capitalista, pero era consciente que su continuidad o la prolongación de su existencia dependía de eliminar sus peores defectos que, desde su punto de vista, son: el capital financiero, la especulación, y el rentismo. Estos elementos constituyen, para la teoría keynesiana, el mayor mal que ataca los cimientos para el buen funcionamiento del sistema capitalista y el Estado de Bienestar (Dillard, 1981).
En Estados Unidos, como respuesta a las catástrofes sociales de las crisis de 1929, se promovió el New Deal que, a partir de 1935, significó una ampliación de las políticas del Estado de Bienestar norteamericano. Por su parte, la Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, había dejado como lección a los gobiernos europeos, a la clase capitalista y a los sindicatos, que sólo la promoción de los intereses comunes favorece a los intereses propios, y no al revés, como sostiene la teoría económica clásica (Cárdenas, 2017). La privación del Estado en la vida económica era insostenible porque conducía hacia el fin del propio Estado capitalista, debido a las crecientes contradicciones económicas y sociales que traen consigo las fuerzas del mercado en su estado natural. De acuerdo con Jaime Cárdenas Gracia, el precio que el capitalismo tuvo que pagar por mantener la paz, en la segunda posguerra, fue el establecimiento del Estado de Bienestar que “diera seguridades a través de derechos humanos de carácter social y económico, tanto a los privilegiados por el sistema capitalista como a los menos aventajados en él” (Cárdenas, 2017, pág. 12).
Estado de Bienestar después de 1945
La etapa de consolidación del Estado de Bienestar tiene lugar entre el final de la Segunda Guerra Mundial e inicios de la década de los setenta (Sotelo, 2010). Bajo la disputa del mundo entre el bloque soviético y la esfera capitalista (liderada por los Estados Unidos), cada país, dependiendo de la orientación política de los gobiernos, adoptó características diferentes. En muchos casos, fue en los países más cercanos a la URSS y de mayor conflicto ideológico, donde el Estado de Bienestar se aplicó más extensivamente; por ejemplo, los países escandinavos, sobre todo Suecia, y la Alemania Occidental, respectivamente, recibieron altas dosis de beneficios sociales, al punto de malamente ser confundidos por algunos historiadores, como países que avanzaban hacia un socialismo democrático.
La República Federal de Alemania (o Alemania Occidental) reconoció en 1954 el derecho de todo ciudadano a reclamar al Estado una ayuda de supervivencia o mínimo vital; se esmeró, además, por reconocer y garantizar la seguridad social a todos los habitantes de ese país, así como derechos humanos a la salud, a la educación, a las pensiones, a la vivienda, además de compensar mediante indemnizaciones a las víctimas de las dos Guerras Mundiales (Cárdenas, 2017). En Gran Bretaña y los Estados Unidos las pretensiones, aunque fueron grandes, nunca llegaron a los niveles de los países antes mencionados. Sus políticas no alcanzaron la profundidad para afectar las grandes diferencias políticas y económicas entre clases. Sin embargo, para ambos casos el objetivo fue el mismo: impedir revoluciones sociales, y el crecimiento del bloque soviético.
A mediados de los años setenta en algunos países, y en otros durante las dos décadas siguientes, el Estado de Bienestar comenzó a ser desmantelado. Las causas, como todo fenómeno social, son varias, pero no es objeto de análisis de este documento. En la próxima entrega se analizará con detenimiento las causas y repercusiones sociales del derrumbe del Estado de Bienestar.
Christian Damián Jaramillo Reinoso es economista por la UNAM. Opinión invitada.
[1] Al carácter de este primer grupo de reformas sociales se le conoce como Estado Social, que es el antecedente inmediato del Estado de Bienestar. Este último es cualitativamente superior al Estado Social, ya que no sólo busca garantizar a los trabajadores un mínimo de seguridad en caso de enfermedad, accidente, invalidez y vejes, sino interceder, a través de reformas, en las relaciones capitalistas de producción, de modo que se garantice la dignidad humana para todo individuo de esa sociedad (Sotelo, 2010).
Bibliografía
Abendroth, E. Forsthoff, K. Doehring. (1986). Problemas constitucionales del Estado social. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Blackburn, R. (2010). El futuro del sistema de pensiones. Madrid: Akal.
Cárdenas, J. G. (2017). Del Estado Absoluto al Estado Neoliberal. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Dillard, D. (1981). La teoría económica de John Maynard Keynes. Teoría de una economía monetaria. Madrid: Aguilar.
J. Silvestre y J. Pons. (2012). Los origenes del Estado de Bienestar en España, 1900-1945. Investigaciones de Historia Económica, 127-128.
Keynes, J. M. (1965). Teoria general de la ocupación, el interés y el dinero. México: Fondo de Cultura Económica.
Marx, C. (1979). Crítica al Programa de Gotha. Pekin: Lenguas Extranjeras.
Sotelo, I. (2010). El Estado social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Madrid: TROTTA.