Por Ollin Vázquez | Mayo 2023
El 25 de abril del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud. Esta reforma consiste, básicamente, en que desaparecerá el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); recordemos que éste era el remplazo del Seguro Popular, el cual tenía como objetivo proporcionar servicio de salud a las personas sin seguridad social. Ahora cederá todos sus recursos –tanto en personal y de infraestructura, como presupuestarios–, obligaciones y población afiliada al IMSS-Bienestar.
Este fracaso de la política de salud del gobierno en turno ya estaba anunciado desde su nacimiento. Desde un principio, los conocedores del tema denunciaron la ausencia de reglas de operación bien delimitadas, pues no tenían su Estructura Orgánica ni los manuales de Organización y Procedimientos, además de que las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar seguían en proceso de autorización y revisión. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que, hasta agosto de 2020, el Insabi no contaba con reglas de operación, a pesar de haberse puesto en marcha en enero del mismo año. Esto muestra que el Insabi fue fruto, más que de un proyecto bien estructurado que tomara en cuenta la realidad mexicana, de una consigna presidencial, una idealización o un simple capricho del presidente. El gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no se preocupó por la población sin seguridad social que se vería afectada del vacío entre el cambio del Seguro Popular al Insabi, agravándose la situación porque el país se encontraba en plena pandemia y era imperativo que funcionara correctamente todo el sistema de salud pública. De hecho, como dicen varios investigadores, la desaparición del Insabi ya estaba tomando forma desde 2021, cuando en la propuesta del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 se incrementaron al doble los recursos del IMSS-Bienestar (antes IMSS-Coplamar) en detrimento del Insabi.
Estas ineficiencias se reflejaron negativamente en el bienestar de la población. De acuerdo con cálculos de Patrick Heuveline, académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la crisis sanitaria causada por la pandemia generó un retroceso en la esperanza de vida de la población; el grueso de los países retrocedió dos años. Sin embargo, ocho países, entre ellos México, perdieron cuatro años de esperanza de vida. Lima y otros (2021) encontraron que la pérdida en México fue en realidad de 5.5 años. Esto se debió, en parte, al deficiente manejo de la pandemia; pero también, dicen los estudiosos del tema, al aumento la población que no tiene acceso a la salud. La esperanza de vida es sensible, entre otras cuestiones, al acceso a la salud. Según Julio Frenk, ex secretario de salud en México y actual rector de la Universidad de Miami, las estadísticas muestran un deterioro sin precedentes en los niveles de salud del país, por ejemplo, hubo repuntes de sarampión en infantes y la mortalidad materna aumentó 30%. Adicionalmente, se incrementó el gasto de bolsillo entre las familias mexicanas. De acuerdo con la directora de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el gasto de la población en salud en 2023 puede llegar a ser hasta del 50% del total. Es decir, de 100 pesos gastados en salud en México, 50 pesos los pone de su bolsillo la población; en 2019 era de 41 pesos. Además, en 2020 las consultas para siete enfermedades cayeron en 48.6% y para embarazo disminuyeron en 35.3% respecto a 2019 (CIEP, 2021)[1]; la cobertura de infantes vacunados cayó de 86% en 2019 a 83% en 2020; hubo desabasto de medicamento para los niños con cáncer; entre otras cuestiones.
La población que se vio y se verá afectada por las piruetas de la 4T en materia de salud se cuentan en millones. Varios periódicos dicen que 12 millones de personas atendidas por el INSABI se sumarán a los 71 millones que el IMSS ya atendía; sin embargo, ésta cifra podría estar subestimada. Se supone que la población objetivo del INSABI era aquella que no contaba con seguridad social. En 2020, de acuerdo con el último Censo de INEGI, se registró que 32.8 millones de personas declaró estar afiliada al INSABI (sumando a las que mencionaron el Seguro Popular o al servicio del Siglo XXI) y 958 mil 787 al IMSS-Bienestar; esto daría un total de 33.7 millones. A 2023, si se registraron 11.6 millones de personas afiliadas al IMSS-Bienestar (diferentes de los derechohabientes del IMSS), restarían 22.1 millones de personas cuya atención será transferida al IMSS-Bienestar; esto sin tomar en cuenta a la población que dice no estar afiliada a ningún servicio de salud, que son aproximadamente 35.7 millones (15.6 millones se sumaron entre 2019 y 2020), de acuerdo con cifras del CONEVAL. Para hacer mejor la comparación, es necesario decir que la última cifra de afiliados al Seguro Popular era de 56.5 millones y 12.1 millones en IMSS-Coplamar. El movimiento tan drástico de las cifras es un reflejo del desorden existente en los registros de las personas afiliadas en los sistemas de salud. Ahora bien, si se pretende que el IMSS-Bienestar, que es un brazo del IMSS, atienda a la población sin seguridad social, tendrían que atender a 69.4 millones de personas. Es por esto que muchos sabedores de la materia han dicho que se está sobrecargando al IMSS, que es quien finalmente tendrá que resolver la atención de toda esa población. El IMSS-Bienestar, de acuerdo con algunos investigadores, ayudó a disminuir las ineficiencias del INSABI durante la pandemia y tiene una mejor planeación. El problema reside, entonces, en si se le incrementará proporcionalmente al IMSS el presupuesto a la par del número de beneficiarios. De acuerdo con el CIEP[2], el presupuesto para el INSABI en 2021 aumentó en 8 mil 647 mdp, mientras que los afiliados se habían incrementado en 14.4 millones; el gasto por persona era 20.4% menor que en 2019.
La desaparición del Seguro Popular y la poca seriedad con que se implementó y eliminó el INSABI, sin un estudio previo de las necesidades en materia de salud requeridas por la población del país, es un ejemplo de cómo toma decisiones sobre problemas trascendentes el presidente. Esto es, no guiarse de lo que la realidad mexicana estudiada científicamente demanda, sino obedeciendo a ocurrencias e idealizaciones de lo que supone mejor para la población desde su punto de vista “superior”, que no se corresponde con la realidad del país. En este caso, Andrés Manuel mantenía la consigna de que el Seguro Popular no era “ni seguro, ni popular”, a pesar de que, de acuerdo con algunos estudios[3], había una clara correlación positiva entre la población afiliada y la población pobre, y en los cuartiles más pobres había un mayor porcentaje de población afiliada al Seguro Popular que en los ricos. El Seguro Popular ya había logrado afiliar, hasta 2018, a un mayor número de población que en los años anteriores; redujo el gasto de bolsillo y la vulnerabilidad financiera de los hogares ante enfermedades (CONEVAL, 2018)[4]; disminuyó la probabilidad de incurrir en gastos en salud en hogares con enfermos diabéticos e hipertensos (7.1%) y en enfermos hospitalizados (41.7%), (Ávila-Burgos y otros, 2013). Esto no quiere decir que el Seguro Popular fuera inmejorable; pudo haberse perfeccionado eliminando las deficiencias y desarrollando la infraestructura, mejorando el funcionamiento y la logística que ya tenían, en lugar de desecharlo como a un perro muerto.
Los problemas del servicio de salud público aumentarán todavía más porque se desprecia la creación de empleos con seguridad social, que puedan aumentar los registros en el IMSS y reducir el peso de población con servicios de salud financiado netamente por el gobierno. El gobierno de la 4T debe modificar su política y fundamentarla, más que en consignas, en la realidad mexicana. De lo contrario, seguirá realizando políticas erradas y quienes pagarán los platos rotos será la población más pobre de México.
Ollin Vázquez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
[1] https://ciep.mx/interrupcion-de-los-servicios-de-salud-por-covid-19-implicaciones-en-el-gasto-de-bolsillo/
[2] https://ciep.mx/de-seguro-popular-a-insabi-mayor-poblacion-con-menor-atencion/
[3] https://datos.nexos.com.mx/quienes-estan-en-riesgo-con-la-llegada-del-insabi-lo-que-sabemos-sobre-el-extinto-seguro-popular/
[4] https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Seguro_Popular_Seguro_Medico_Siglo_XXI.pdf
Bibliografía
Lima, E.E.C., Vilela, E.A., Peralta, A. et al. Investigating regional excess mortality during 2020 COVID-19 pandemic in selected Latin American countries. Genus 77, 30 (2021).
Ávila-Burgos, Leticia, Serván-Mori, Edson, Wirtz, Verónica J, Sosa-Rubí, Sandra G, & Salinas-Rodríguez, Aarón. (2013). Efectos del Seguro Popular sobre el gasto en salud en hogares mexicanos a diez años de su implementación. Salud Pública de México, 55(Supl. 2), S91-S99.