Inversión social e incremento de los impuestos a las grandes fortunas en México: ¿quién lo hará realidad?

Abril 2023

En marzo de 2023, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hizo público su reporte sobre el rezago social en nuestro país. Los principales resultados son que a pesar de que, entre los años 2000 y 2020, el rezago social se abatió de manera importante, hay todavía más de 7 mil localidades con “alto” o “muy alto” rezago social”; esto equivale a más de 390 mil mexicanos que se encuentran en esa situación. El rezago social mide el acceso que tiene la población a los servicios de educación, de salud, de vivienda mínimamente adecuada dada por el material de construcción, los servicios básicos que tenga y el equipamiento con el que cuentan (lavadora, refrigerador, teléfono, televisión y computadora). En general, pues, mide en qué grado la población de la comunidad cuenta con las condiciones mínimas para tener una vida digna, acorde las necesidades de nuestro tiempo. El indicador es relevante para la política social. Este reporte mide la magnitud de la inversión social urgente e indica las localidades en que las carencias son mayores. Los resultados de 2020 arrojan que todas las localidades con alto y muy alto grado de rezago social son rurales y que la mayor parte (70%) se encuentra concentrada en solo cinco estados del país: Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Durango y Oaxaca.

Por otro lado, este año también, Oxfam México publicó el reporte titulado ¿Quién paga la cuenta? El reporte plantea la cuestión de qué sectores de la población son los que financian al gobierno mexicano mediante el pago de impuestos, es decir, qué parte de los ingresos por impuestos pagan las grandes fortunas y cuánto el resto de la población. Esta cuestión es relevante porque, como muestra el documento, “aun sin corrupción el dinero público no alcanza”. Y explica que no alcanza, primero, porque se recauda muy poco en relación con el volumen de la producción (“por cada 100 pesos que genera la economía, el gobierno recolecta apenas 17 pesos”) y en comparación con lo que lo hacen otros países (el promedio de la OCDE es de 30 por cada 100); y segundo, porque el gobierno tiene ya una serie de compromisos ineludibles como el pago del servicio de la deuda pública, el pago del gasto corriente del gobierno, que le dejan un monto muy pobre para hacer frente a las necesidades de inversión social. Hay que decir que este problema se ha agravado con los programas de transferencias monetarias. El reporte de Oxfam muestra que no son los más ricos los que pagan impuestos: la recaudación en México proviene de los impuestos al consumo y a los ingresos por trabajo, pues entre ambos impuestos suman 74% del total recaudado, mientras que los impuestos a los ingresos de las empresas o a la riqueza es mucho menor (apenas suman 22% del total recaudado).

Los reportes citados evidencian la urgente necesidad de que se realicen, por un lado, la inversión social que saque del rezago a cientos de miles de mexicanos que viven aún en la obscuridad y la ignorancia; y por otro lado, una reforma fiscal para que haya recursos y que los más ricos paguen los impuestos que corresponden, dadas las enormes ganancias que se embolsan. Esto no es lo que ha hecho ni será lo que haga el gobierno de la 4T. Solo las hará un gobierno del pueblo organizado y educado que exija reglas más justas para los que con su trabajo crean la riqueza. Sin embargo, el gobierno de la 4T se ha encargado de combatir con fiereza la organización social, y por eso recibió y mantiene el apoyo de los poderosos del país; su discurso criminaliza a la organización política y todo intento de educación auténtico que no esté bajo su égida. Exige que el pueblo se disperse en individuos que, inermes, vayan a pedir “lo que sea la voluntad del poderoso”, y si es de otra manera, suelta de la boca de sus paleros las acusaciones fáciles de corruptos y criminales. La justicia social tiene que conquistarse o no será. Así, pues, los reportes citados urgen a que sean los trabajadores los que hagan la política de nuestro país, a que se organicen y luchen para arrancar el poder a los dueños del dinero.


Vania Sánchez es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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