Diciembre 2022
La Ciudad de México enfrenta graves problemas de desigualdad, entre ellos se halla la desigualdad territorial. Existen espacios donde se concentran todos los servicios urbanos como agua, electricidad, servicio de basura, rutas para las bicicletas, transporte público y sustentable en mayor cantidad y calidad, en contraste con otros espacios, en los que ninguno de estos servicios funciona de forma regular o, incluso, no existen. Junto con esta desigualdad, como fenómenos que se complementan, ha estado ocurriendo de manera acelerada el desplazamiento de personas de ciertas colonias a otras porque el ingreso ya no es suficiente para costear la vida ahí mismo. Esto es la gentrificación.
Mucho se ha hablado de la gentrificación como un acto en el que los propietarios del inmueble residencial o comercial utilizan las casas o locales como activos de inversión, es decir, como bienes de inversión que se tienen que capitalizar, de los que se tiene que sacar ganancias. Sin embargo, esta expansión de la gentrificación sería imposible sin la participación del gobierno. Muchas de las acciones del gobierno de la Ciudad de México por hacer de ésta un “espacio moderno” esconden la profundización del desarrollo urbano desigual y excluyente para la mayoría de sus habitantes. Desde hace cuatro sexenios, el gobierno de la Ciudad de México ha venido aplicando políticas de recuperación, renovación, de ciudad compacta que, en términos de gasto público, consisten en la materialización de obras de infraestructura –de transporte público, de intervención de las calles para que las ciclistas puedan andar más seguros, de aumento de la seguridad pública, de mejora de servicios de la basura– pero solo para las colonias centrales.
El gobierno justifica esta aplicación gasto público con el argumento de que el embellecer la ciudad va a promover el turismo extranjero de altos ingresos que, a su vez, dejará una derrama económica en la ciudad que beneficiará al resto de la sociedad. Y 22 años después de que se planteó así el gasto público, la gente más pobre de la ciudad sigue esperando tales derramas económicas en sus bolsillos. El viejo cuento del goteo que propagó el neoliberalismo y que hoy la realidad ha más que desmentido.
Lo que sí ha ocurrido es que los dueños del capital han aprovechado estas “políticas de recuperación” para el desarrollo inmobiliario y en un escenario de poca o nula regulación, el efecto ha sido el aumento del precio de la vivienda (las famosas plusvalías como las denominan en ese sector, que es el incremento del valor de la vivienda resultado de las acciones públicas). Es decir, el gasto público, que se paga con la recaudación pública, se traduce en beneficios para unos cuantos, para los propietarios de las viviendas que no son quienes las habitan, sino que las poseen como formas de capital, como riqueza que existe para valorizarse.
La concentración del gasto público en las colonias centrales de la ciudad tiene su contraparte en el pobre cumplimiento para la satisfacción de los servicios más básicos de la gente que vive en las colonias más pobres. Por tanto, en lugar de hacer que el gasto público sirva como un atenuante de las desigualdades que conlleva vivir en un sistema capitalista, este las hace más profundas. Además, por si eso no bastara, se estigmatiza y hasta criminaliza a los habitantes de colonias populares y a su organización, declarándolos como paracaidistas, delincuentes, etc. sin que el Estado ofrezca solución a sus demandas de servicios y vivienda adecuada. Esta política forma parte de un modelo económico que contribuye a la polarización económica de la sociedad. Necesitamos un modelo que priorice las necesidades de la gente. Pero el cambio de modelo solo puede ser obra de la misma gente empobrecida, mediante su organización y su lucha por un poder político emanado de su seno, de sus iguales.
Samira Sánchez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.