Pobreza y salario mínimo en tiempos de la 4T

OPINIÓN Por: Vania Sánchez

Diciembre 2022

El 2 de diciembre se anunció un incremento del salario mínimo de 20% para el 2023; esto es, el salario mínimo en 2023 será de $207 pesos diarios. El gobierno de la 4T ha presumido en estos años el incremento del salario mínimo, pues pasó de $88 a $207 en estos cuatro años: 33% cada año. Sin embargo, este incremento ha sido atemperado por el alza de los precios que deteriora la capacidad adquisitiva real del salario, inflación que ha sido particularmente alta en las mercancías de alimentación (en lo que va de 2022 se ha registrado hasta 14% de inflación en estos productos). En 2022, el salario mínimo de $173 pesos equivale a $142 pesos de 2018; es decir, el incremento no es de 130%, sino de 60% en términos reales. Además, este salario mínimo, aun con los incrementos, se halla todavía muy por debajo comparado del de otros países de América Latina.  

La noticia del incremento del salario mínimo sugeriría que los trabajadores mexicanos han visto mejorar sus condiciones de vida, que la pobreza por ingresos en el país habría disminuido y que, en general, la población tiene menos carencias. No es así. Casi a renglón seguido de la noticia sobre el acuerdo de incremento del salario mínimo, los medios de información reportan que la pobreza laboral es la misma que en 2019. De acuerdo con el Coneval, en 2022, 40% de la población tenía un ingreso menor al costo de la canasta básica alimentaria; es decir, dos de cada cinco personas no tienen medios suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación, los mismos que la padecían en 2019. La pobreza laboral está también espoleada por la inflación: entre junio y septiembre creció 2 puntos porcentuales, mismos que equivalen a más de 2.5 millones de mexicanos. ¿De qué o a quién ha servido, pues, ese incremento del que se vanagloria la 4T?

La aletargada economía mexicana ha mantenido un penoso ritmo de desarrollo desde hace un par de décadas. El pobre crecimiento y la baja tasa de inversión en el país han provocado que buena parte de los trabajadores estén ocupados en actividades de baja productividad y en calidad de autoempleados. Los trabajadores informales no cuentan con la protección y las garantías de la ley del salario mínimo; de acuerdo con el INEGI, estos trabajadores representan 57.7% de la población ocupada. Por otro lado, muchos de estos y aun otros trabajadores formales son trabajadores por cuenta propia, no tienen un patrón a quien reclamar que sus ingresos sean menores al salario mínimo. Para ellos, estos incrementos no tienen ningún efecto.

La ENIGH 2020 muestra cómo el ingreso salarial está todavía más concentrado que el ingreso global. El 10% más rico de la población concentra 33% del ingreso salarial, mientras que el 50% más pobre se debe conformar con el 20% del mismo. Según la misma fuente, el ingreso por “actividad empresarial” del 50% más pobre representa 35% del ingreso global por este tipo de actividad y el 10% más rico percibe el 22% del ingreso generado por la actividad empresarial. Esta aparente contradicción de que los más pobres se queden con una porción menor del ingreso salarial y con una porción mayor del ingreso por “actividades empresariales”, mientras que ocurre todo lo contrario con el sector más rico, se explica por la falta de desarrollo del capitalismo mexicano.

La clase obrera mexicana sufre por doble razón, por la opresión que conlleva de por sí el capitalismo y por el carácter dependiente y atrasado del capitalismo mexicano. Esta situación se ha prolongado porque los gobiernos mexicanos, incluido el de la 4T, son representantes de los intereses de los grandes capitales internacionales. El liberalismo económico, del que hacen gala AMLO y sus predecesores, ha servido para mantener postrada la economía de México, esto es, para impedir un desarrollo vigoroso que verdaderamente responda a las necesidades de su pueblo, antes que a las del capital mundial. Un desarrollo económico de esta naturaleza es una condición para la liberación del pueblo. Esta es una tarea que el pueblo debe tomar en sus manos.


Vania Sánchez es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.