Octubre 2022
No es un secreto para nadie que el empobrecimiento que vivieron los trabajadores mexicanos a partir de la década de 1980 y la creciente explotación subsecuente hubieran sido imposibles de existir una organización obrera libre, independiente y combativa que opusiera resistencia y obligara a la clase capitalista a asumir parte de los costos de las múltiples crisis que ha sufrido nuestro país desde entonces. El renovado charrismo sindical, en conjunto con múltiples reformas de mal llamada “flexibilización” laboral son, pues, elementos constitutivos de la forma que el capitalismo globalizado ha asumido en nuestro país.
Pero, de acuerdo con la retórica oficial del actual gobierno, a partir de la reforma laboral de 2019, todo eso pertenece o pertenecerá muy pronto al pasado. La reforma, afirman, será la base institucional para la conquista de verdadera democracia sindical, condición necesaria para hacer valer los derechos de la clase obrera. Uno de los elementos centrales de la reforma es el requisito de que todos los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), negociados, a su vez, entre sindicatos y empresas, sean legitimados por los trabajadores en votaciones libres y secretas.
El objetivo de este procedimiento es, supuestamente, eliminar el sistema de “contratos de protección”, que, de acuerdo con el informe de la Red de Solidaridad con la maquila, son aquellos en que “sindicatos o abogados no representativos firman contratos colectivos sin el conocimiento o el consentimiento de las trabajadoras(es) cubiertas por estos contratos”. Esto implica que los más de 500 mil CCT existentes en el país deben ratificarse o rechazarse antes de la fecha límite que establece la reforma, que es el primero de mayo de 2023. En principio, pues, este ejercicio eliminaría toda suerte de imposiciones que arreglan sindicatos y empresas a espaldas de los obreros. Pero, a más de tres años de la reforma, ¿cuál el avance real a este respecto y qué ilustra acerca de las verdaderas causas de estos cambios institucionales?
Para aproximarnos a esta pregunta resultan bastante ilustrativas las palabras de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en una entrevista para el periódico El País en junio de este año. Ante la pregunta sobre la causa de las recientes intervenciones de EE. UU. en asuntos laborales en México -como, efectivamente, permite el T-MEC- Clouthier se apresuró a responder:
“No somos niños chiquitos ni necesitamos vigilantes. México es adulto. México se sabe portar a la altura de las circunstancias y esta reforma la hizo el presidente López Obrador de que existiera el T-MEC”
Esta aclaración responde a la preocupación general de que la aprobación de la reforma laboral en México está fuertemente relacionada con los requisitos en materia laboral del tratado comercial. Al respecto, el propio gobierno de Estados Unidos, en la página oficial sobre el T-MEC, se jacta de lo siguiente:
“El T-MEC tiene las disposiciones laborales más fuertes y de mayor alcance de cualquier tratado comercial […] Este cambio es uno importante en comparación con el TLCAN, que solo contenía un acuerdo paralelo sobre el ámbito laboral, y beneficiará enormemente a los trabajadores y empresas estadounidenses.
[…] Para cumplir con este compromiso, México promulgó reformas laborales históricas el 1 de mayo de 2019 y está implementando cambios transformadores en su régimen laboral, como nuevas instituciones independientes para el registro de sindicatos y contratos colectivos y tribunales laborales nuevos e imparciales para resolver controversias. (Subrayados míos, JL)”
El gobierno de EE. UU. afirma, pues, que los cambios en materia laboral en México no son más que los requisitos impuestos por el T-MEC, diseñados, a su vez, para beneficio de la economía estadounidense. Del mismo modo, el tratado faculta a EE. UU. tomar medidas en establecimientos que “no cumplan con las leyes nacionales de libertad de asociación y negociación colectiva” por medio del llamado Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
Ahora bien, podría argumentarse con justicia que, independientemente de cuál sea la fuerza principal detrás de las reformas laborales en México, son cambios bienvenidos en tanto contribuyen a crear mejores condiciones para el despertar de la clase obrera. Y aunque esto es cierto en sentido abstracto, el mismo desarrollo de los acontecimientos indica que, igual que gran cantidad de leyes y reformas, la actual va encaminada a convertirse en letra muerta.
Centrémonos en el proceso de legitimación de los CCT previamente descrito. En primer lugar, en el mes pasado solo se habían votado 5,800 de los 500 mil contratos colectivos, a 8 meses de la fecha final. Esto quiere decir que el 98.8% de todos los CCT se deben someter a votación en cuestión de solo ocho meses, algo que, comparado con el avance mínimo de 2.2% en más de tres años, luce francamente improbable.
Pero lo más ilustrativo son los resultados de las votaciones. De septiembre de 2019 a abril de 2021 hubo votaciones de 1,300 CCT; y, de estos, solo cuatro fueron rechazos. Para mayo de este año, iban 4,174 votaciones. De todos estos, solo 34, es decir, el 0.8%, fueron rechazados. ¿Qué quieren decir estas cifras? Tomadas literalmente, significarían que los obreros mexicanos han legitimado prácticamente la totalidad de sus CCT, que están satisfechos con la “negociación” que su sindicato realiza con la empresa. Pero ¿es consistente esto con la realidad del sindicalismo charro y, sobre todo, con la pobreza, precariedad y explotación que padece la clase obrera en México? Lo que está detrás del prácticamente nulo avance en la legitimación de contratos y, sobre todo, en los resultados de esas votaciones, es la manipulación por parte de sindicatos y empresas para mantener las condiciones laborales actuales.
Y, allí donde los trabajadores se han rebelado en las urnas, rechazando su CCT y, en ese mismo acto, a su sindicato, el gobierno mexicano, unido con la nueva dirigencia sindical mal llamada independiente, ha mostrado su verdadera posición al respecto. El ejemplo más reciente y claro lo tenemos en la planta de Volkswagen de la ciudad de Puebla.
Allí, los obreros rechazaron en una consulta el 31 de agosto la propuesta de CCT negociado por el sindicato, después de que en la primera consulta ni la aprobación ni el rechazo alcanzaran la mayoría. Así, la amenaza de huelga, que debía estallar el 9 de septiembre, encendió los focos rojos para los patrones y la clase empresarial mexicana en su conjunto representada en el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Canacintra, quienes enfatizaron, como no podría ser de otra forma, los “daños” que esto tendría para la economía de Puebla y del país y, amenazantes, “sugirieron” a los obreros a que “cuidaran sus empleos”. Pero esto no fue todo, Miguel Barbosa, gobernador morenista del estado, intervino abierta y descaradamente; al respecto, declaró:
“quiero decirles y anunciar que aun cuando es de competencia federal las relaciones entre Volkswagen y su sindicato, voy a buscar participar en el equilibrio, en el diálogo de este asunto […] Está ocurriendo con la empresa más importante del estado y no podemos mantenernos al margen”
Así pues, el gobierno estatal operó a favor de Volkswagen y en contra de la voluntad de los trabajadores para evitar la huelga. Con esta avalancha de fuerzas en contra, no solo se previno la huelga, sino que se repitió la consulta y, tras denuncias de manipulación, acoso y hostigamiento, el 12 de septiembre finalmente ganó la aceptación al CCT en la planta de Volkswagen en Puebla.
En suma: la evolución en la legitimación de los CCT muestra que la reforma laboral no está resultando en una verdadera liberación obrera del yugo patronal y del charrismo sindical. La aprobación masiva de contratos, la intervención selectiva de Estados Unidos en asuntos laborales en México, y la alianza abierta de líderes sindicales llamados “independientes” y del gobierno estatal morenista de Puebla con los empresarios apuntan a que, contrario a lo que afirma la secretaria de economía, la reforma laboral no expresa una preocupación verdadera del gobierno actual por la suerte de la clase obrera. Ella, como en otras ocasiones, debe aprovechar la coyuntura actual para, con sus propias fuerzas, dar pasos firmes en la consecución de sus derechos y en su consolidación como clase capaz de encabezar una transformación social profunda en nuestro país.
Jesús Lara es economista por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.