Agosto 2022
La última encuesta de percepción de inseguridad en México arrojó un porcentaje de 67.4% de mexicanas y mexicanos que no se sienten seguros. Esta cifra representa un aumento respecto al 66.2% que se presentó en marzo de este año. Estos resultados se dieron a conocer a finales de julio, después de que sucedieran hechos como el asesinato de Debanhi Escobar en Nuevo León, el asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara, o se diera a conocer a nivel nacional el control armado que el narco tiene en Guerrero sobre la canasta básica.
Es crucial revisar cuáles son los posibles orígenes del problema, la estrategia de seguridad que está implementando el gobierno en turno, si esta estrategia es congruente con las causas y cuáles podrían ser algunas soluciones viables para erradicar este problema. Son dos los posibles orígenes de la violencia que tienen mayor aceptación: el primero dice que se debe a razones subjetivas, a que las personas que ejercen violencia lo hacen por problemas mentales o de otra índole pero siempre producto de circunstancias propias del individuo; el segundo origen con una aceptación más o menos amplia señala a la violencia como producto de causas materiales, con especial énfasis en la pobreza debido a que la falta de ingresos que permitan un nivel de vida digno orilla a que se busquen alternativas ilegales. No puede obviarse que también existen quienes ven en el crimen la salida más rápida para satisfacer fines egoístas, pero estos no son la constante.
Durante el periodo de campañas, López Obrador parecía comprender el origen de la violencia y la inseguridad que ésta produce en los contextos materiales y manifestaba la necesidad de desarrollar programas que integraran a las personas sin trabajo al proceso productivo con salarios dignos, así como la creación de programas de apoyo y recreación para los jóvenes y así alejarlos y sacarlos de las garras del crimen; en suma, López Obrador parecía traer consigo un programa que partía de la consideración de la violencia en conjunto con las condiciones materiales que la propician y, por tanto, que buscaba erradicarlas a partir de la atención y solución de los problemas económicos y sociales que la generan. Sin embargo, ya con el control de las instituciones, todas estas consideraciones y propuestas para erradicar la inseguridad y la violencia en el país se olvidaron y se apostó por una nueva versión de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues así como Calderón decidió que quienes debían estar en las calles “poniendo orden” eran los militares, López Obrador sacó a los militares de los cuarteles, y también creó un nuevo cuerpo militar, la guardia civil, que suplantó las labores de la policía federal, y, además, le dio tareas y facultades que anteriormente el ejército no había tenido, como la construcción y administración de obras federales.
Esta influencia en aumento del ejército en la vida social del país no se ha traducido en una disminución de la inseguridad y la violencia, lo que las cifras recientes muestran es más bien un aumento en ambos aspectos, que aunque no tiene una relación causal inmediata con la presencia de los militares en las calles, sí deja en evidencia lo insuficiente que ha sido y es la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación. Esta deficiencia fue mencionada al presidente por la arquidiócesis mexicana, pero su respuesta fue que no habría ningún cambio en la estrategia porque era la adecuada.
Sin intención de establecer una relación causal absoluta, se puede intuir una relación entre el aumento de desempleo, la pobre recuperación económica del país, la inflación creciente y las altas tasas de interés que han golpeado a los y las mexicanas con el aumento de la violencia y la inseguridad, por lo que no sería irracional tratar de buscar alternativas cercanas a las que López Obrador planteaba en campaña pero que ahora ha olvidado y parecer renegar totalmente de ellas. Pero como siempre, quien sufre y paga las crisis, son las y los trabajadores.
Jenny Acosta es licenciada en filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.