Marzo 2022
La educación no debe ser ni un privilegio ni una inversión, sino un derecho imprescindible.
La educación pública, laica y gratuita, es una de las columnas vertebrales de la ciudadanía; por dicho derecho fundamental, al menos 40 mil personas murieron, fue adquirido con el deseo y la sangre de muchos miles, pues es una de las conquistas de la Revolución Francesa, y si se deja de cultivar puede perdérsele fácilmente.
Ahora bien, el educar está necesariamente ligado a la esfera pública, ya que se trata del primer contacto de niñas y niños con la sociedad. La educación implica una confrontación con la realidad social y, en ese sentido, un camino alterno a la autoridad familiar (que, desgraciadamente, repetidas veces está llena de dogmas, irracionalidades y violencia). La educación debiera contribuir para conocer el mundo de forma libre, independiente y autónoma. Y ésta es la tarea que lleva a cuestas el gobierno, que debe garantizar a través de las leyes del Estado.
En México, desde 1988 hay una verdadera agresión a los derechos constitucionales educativos. Para desgracia de millones, los daños a la enseñanza pública se han fortalecido en los últimos tiempos. Los recortes de recursos para fortalecer el aprendizaje son cada vez mayores. En este año, no hay dinero destinado a infraestructura educativa, y recientemente eliminaron el importante programa “Escuelas de Tiempo Completo”, que beneficiaba a más de tres millones de estudiantes.
Por otro lado, los planes y programas de estudio han sido agraviados notablemente. Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que este mes continuarán las asambleas de consultas a la ciudadanía para elaborar el nuevo marco curricular, las cuales son una especie de consulta popular de López Obrador, es decir, son una farsa que sirve para perpetuar al partido político en el poder. El marco curricular ya está establecido (puede descargarse aquí: https://bit.ly/3sFQFC5) y en las consultas a la masa lopezobradorista solo se vota a su favor, de acuerdo con Marco A. Fernández, especialista de México Evalúa.
En buena medida, la base de los nuevos planes de estudio son apuntes obsoletos que se presentan como guía de una educación popular, cuando realmente se trata de una continuación del neoliberalismo en la escuela pública. Pero eso no es lo más grave, sino la ausencia de raciocinio en la estrategia de enseñanza: se plantea, por ejemplo, que la estructura curricular de los planes de estudio pasados debe eliminarse dado que es fragmentaria y que, por tanto, divide al conocimiento, hecho que desemboca en la incapacidad de conocer la realidad integralmente. Esa argumentación es absurda, resulta difícil creer que los especialistas de la SEP no sepan que para la síntesis del conocimiento de la realidad es necesario que primero haya un análisis, y por ello es imprescindible que la enseñanza sea a través de múltiples materias, desde diversos campos de la realidad que han de conjuntarse abstractamente en el cerebro humano.
No puede agotarse cada falacia del plan de estudios 2022 en este espacio, además, ése no es el objetivo. Pero si de lo que se trata es de que la educación se adecue a la sociedad y sus necesidades cambiantes, es claro que se ha de buscar un patrón eficiente de medida para evaluar las condiciones actuales. Dicha evaluación tendría que darse a través de verdaderos especialistas y no de pretenciosos mercenarios compinchados a favor de sí mismos y en contra de formar no ya una ciudadanía crítica, sino mínimamente una ciudadanía. Preocupa que la ambición irracional disfrazada de transformación continúe los estragos a un derecho que costó años y sangre de miles de actores políticos. Una sociedad que pierde los pilares de la enseñanza pública se dirige hacia un abismo y tal parece que hacia allá nos conducirán si no somos capaces de poner un alto.
Betzy Bravo es licenciada en filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.