México necesita energías baratas y limpias

OPINIÓN Por: Luis Ángel Velasco

Marzo 2022

El cambio climático es una gran amenaza para la humanidad por las afectaciones ambientales que repercuten directamente en la sociedad y en la economía. México debe tomar con mayor seriedad este problema, pues aporta el 1.47% del total de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), colocándose como uno de los 15 países con mayores emisiones. Ante esto, y atendiendo el Acuerdo de Paris, México planteó reducir en un 22% sus emisiones de GEI para 2030, meta difícil de cumplir, más aún, por la nueva reforma energética propuesta por el gobierno de la «cuarta transformación».

Una de las acciones para reducir las emisiones de GEI es mediante la sustitución de “energías sucias” por “energías limpias”. Esto significa que se debe reducir la producción de energía a base de combustibles fósiles y aumentar la producción de energías menos contaminantes como la eólica y la solar. Esto es urgente dado que, del total de la generación de energía en nuestro país, el 83.9% tiene como fuente a los hidrocarburos, el 3.6% el carbón y solo el 12.3% tiene fuentes menos contaminantes como el sol, el viento y el agua.

La apuesta por la generación de energías limpias tiene varios beneficios para nuestro país. En primer lugar, se emiten menos GEI, lo que repercute directamente al medio ambiente y además se cumple con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París; en segundo término, los hogares y las empresas pueden adquirir energía más barata, dado que las energías limpias tienen un menor costo de producción.

Actualmente la producción de energía eléctrica en nuestro país está a cargo del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la iniciativa privada. La CFE tiene una participación en el mercado del 38% y las empresas privadas participan con el 62%. En cuanto al tipo de energía que producen, la CFE genera el 62.5% de la energía con combustibles fósiles y el 3.1% es combustóleo, señalado como el combustible más contaminante. El 37.5% restante corresponde a energías limpias, que en su mayoría corresponde a hidroeléctricas, por otro parte, la energía eólica y solar es prácticamente inexistente en CFE.

Este esquema de producción de la CFE con altos niveles de combustible fósil y prácticamente nula producción de energía eólica y solar, afecta directamente a sus costos, pues, de acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los costos de producción de la CFE son mayores con relación a las empresas privadas y los Productores Independientes de Energía (PIE). Por ejemplo, en la producción de ciclo combinado, donde se usa gas natural, la CFE tiene un costo de $1,759 por MWh mientras que los PIE solamente $767. Esto significa que CFE tiene un costo de producción mayor en 129.3%. Además, la producción de energía con termoeléctricas es muy cara, pues cuesta $2,079 por MWh, con las hidroeléctricas el asunto no cambia mucho, pues cuesta $1532 por MWh. En cuanto a la energía limpia, la CFE produce energía solar a un costo de $878 por MWh contra los $606 de su competencia, es decir, resulta 31.2% más cara en la empresa estatal.

La única ventaja que tiene la CFE es en la energía eólica, tiene un costo producción de $618 por MWh contra $630 de los privados, sin embargo, esta ventaja se ve opacada rápidamente al producir únicamente el 0.06% del total.

Ante la situación antes descrita, el gobierno de la 4T está planteando una reforma eléctrica que pretende darle mayor poder de mercado a la CFE (mínimo un 54%) acotando la participación de los privados. Esto significa quitarle competidores a la empresa estatal de manera artificial. Además, implica que el gobierno debe suplir las inversiones privadas con dinero público o con deuda. Acotar las inversiones privadas por considerarlas saqueadoras puede llegar a ser perjudicial. Cualquier capital sea público o privado sin regulación clara puede ir en contra de los intereses nacionales o puede ser un detonador de desarrollo si el estado pone las reglas para favorecer los intereses nacionales. Poner capital público en vez de privado no es la solución para los problemas que hay en el sector energético.

Por tanto, de aprobarse la reforma, traerá consecuencias no favorables para el país. En primer lugar, aumentaría la producción de energía mediante combustibles fósiles y contaminantes. En segundo lugar, la cancelación de contratos con los productores privados para frenarlos en su participación en el mercado traerá conflictos comerciales y de índole jurídico, que terminarán afectando al país en general.

Además, dado que la CFE produce energía a un costo mayor que los privados, los más afectados serán los hogares y el sector productivo, ya que tendrá que pagar un mayor precio de la energía eléctrica. Por otro lado, si el Estado decide no subir precios, entonces tendrá que subsidiar la energía eléctrica y, por lo tanto, las finanzas públicas se verían afectadas.

Hasta hoy el gobierno no ha dado una razón importante y de peso para decir que la reforma eléctrica que proponen es lo que más conviene al país. Solo apelan a la “soberanía” energética, que no es mala por sí misma, pero sin decir cómo la piensan lograr. No dicen que con esta reforma los mexicanos seguiremos financiado la producción de energía cara y contaminante. Una reforma eléctrica mal hecha puede traernos consecuencias económicas desastrosas y parece que para allá vamos. Tendría un impacto mayor si se hace una reforma fiscal que obligue a las grandes fortunas a pagar una tasa mayor de impuestos con la finalidad de financiar el desarrollo del país. De esta manera, se asegura que los capitales privados aporten al desarrollo económico del país.


Luis Ángel Velasco es ingeniero en economía agrícola por la UACh e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.