Por Aquiles Román
Septiembre 2021

La Constitución Mexicana de 1917 estableció la obligación de los patrones de proporcionar una vivienda digna a sus trabajadores. Sin embargo, no fue sino hasta  los años 40 que se comenzó realmente con la construcción de viviendas sociales. Más adelante, durante la década de 1960, la economía mexicana experimentó un importante crecimiento, con una baja inflación y estabilización del tipo de cambio, lo que posibilitó que, en 1963, se creara el Fondo de Cooperación y Financiamiento Bancario (por sus siglas Fovi, el primer fondo público para la vivienda), pero con alcances apenas permisibles.

Años después, en 1972, se creó el Infonavit con el objetivo de que los miembros más desprotegidos de la sociedad pudieran ahorrar para una vivienda. Debido al enorme presupuesto que se le destinó, se convirtió en el mayor fondo de su tipo en el país; sin embargo, el Infonavit era una institución de administración tripartita que involucraba al Estado, sindicatos y empresas privadas. Este arreglo llevó a la corrupción y al clientelismo en el manejo de los préstamos. Como resultado, los particulares que gestionaban los créditos se vieron beneficiados por el auge de la industria de la construcción inmobiliaria.

Durante los años 80, la deuda externa del país creció, lo que obligó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional; de ahí que desaparecieran el impuesto a los bancos y algunos créditos para la vivienda. A partir de este momento, el gobierno mexicano centró sus esfuerzos en proporcionar viviendas únicamente a personas capaces de pagarlas, dejando en el olvido a las personas con menores ingresos. Además, el Infonavit fue despojado de muchas de sus funciones, cediendo el control al sector privado. Junto con el Infonavit, otros fondos para la creación de vivienda social se convirtieron sólo en instituciones administradoras de dinero sin responsabilidades significativas. La apertura del mercado inmobiliario al sector privado demeritó cualquier esfuerzo previo en materia de calidad de la vivienda en México. A partir de entonces, la vivienda para los trabajadores fue considerada una mercancía.

En 1992, Carlos Salinas de Gortari declaró posible la venta de los ejidos, provocando que los municipios que rodean la capital mexicana experimentaran un vertiginoso crecimiento demográfico, inició una acelerada construcción de proyectos de vivienda masiva. En medio de las tierras de cultivo, grandes empresas inmobiliarias, como Consorcio ARA y Geo, desarrollaron enormes conglomerados de casas, algunos del tamaño de una ciudad pequeña.

Ixtapaluca fue uno de los municipios que permitió la construcción de estos desarrollos, aprobó ocho proyectos de vivienda masiva en los antiguos ejidos. Sin embargo, a diferencia de otros municipios como los ubicados en el norte del Estado de México, donde la introducción de la industria atrajo inversión inmobiliaria, Ixtapaluca tenía poco que ofrecer a sus nuevos inquilinos. Rápidamente, los campos de cultivo y fincas ganaderas se tornaron en miles de casas. Por desgracia, el número de nuevas viviendas en Ixtapaluca superó con creces la precaria oferta de infraestructuras educativas, hospitalarias, fuentes de empleo y vías de transporte, convirtiendo así a Ixtapaluca en una ciudad dormitorio. A inicios del siglo XXI, Ixtapaluca vió nacer a uno de los mayores conjuntos habitacionales de América Latina: San Buenaventura.

San Buenaventura consta de 20,342 viviendas cuyo objetivo público fue la clase media. El proyecto pretendía apelar al deseo de parejas jóvenes que buscaban una vida en los suburbios. No obstante, aunque el flamante complejo ofrecía satisfacer las necesidades de los usuarios, el vecindario ideal, limpio y recién pintado, no duró lo suficiente. Además, la gigantesca escala de San Buenaventura hace que definir el complejo como “Unidad Habitacional” no sea exacto.

En los primeros años de San Buenaventura, la falta de servicios no respondió a las expectativas de sus habitantes. Este problema se agudizó cuando asentamientos irregulares, conocidos como “colonias populares”, germinaron en los bordes del complejo. Así, casas de cartón enmarcaban la estricta retícula del conglomerado, demandando servicios como comercio y educación, apenas suficientes para San Buenaventura. Con el tiempo, el número de colonias populares aumentó, provocando una fuerte segregación. Por un lado, la clase media con acceso a créditos de vivienda, y por el otro la clase baja, desprotegida y olvidada.

Quince años después de la edificación de San Buenaventura, el complejo expuso el fracaso de las políticas de vivienda social de México. En primer lugar, la población estimada para el complejo en 2010 era de 100.000 habitantes; hacia 2005, el desarrollo parecía ir viento en popa, con 48.000 residentes ocupando el 62% del complejo. Sin embargo, el pico poblacional nunca llegó y la zona comenzó a despoblarse. Para 2015, la población del complejo apenas alcanzaba los 45.000 habitantes, con más de 8.000 casas abandonadas; mientras al menos el 50% de los mexicanos viven en asentamientos irregulares, privados de créditos del Estado ya que éstos son inasequibles para sus bajos salarios.

En segundo lugar, el escaso esmero en el diseño de las viviendas obligó a sus habitantes a ampliarlas. Las proporciones de las viviendas oscilan entre los 45 y los 65 metros cuadrados, previstas para acoger a parejas jóvenes. La falta de comprensión de la dinámica familiar por parte de los promotores provocó una alteración desordenada de las residencias: la familia comenzó a crecer, forzando a los residentes a añadir o modificar habitaciones sin asesoramiento o planificación constructiva. En consecuencia, la imagen urbana de San Buenaventura es ahora un híbrido de tipologías homogéneas y heterogéneas, dificultado la localización de elementos identitarios.

Adicionalmente, la inmensidad de San Buenaventura está en directa contradicción con la pequeñez de sus lazos comunitarios. Debido al tamaño del complejo, varias calles fueron enrejadas, limitando la interacción de los moradores a los que compartían la misma calle. En tanto, las largas distancias a los centros de trabajo hicieron necesaria la posesión de un automóvil, pero cada hogar sólo dispone de una plaza de estacionamiento, creando un sinfín de conflictos entre los vecinos. Una vez más, el mal diseño arquitectónico es el origen del mal funcionamiento del conjunto.

La mercantilización de la vivienda social en México fue el punto de quiebre en cualquier intento por proveer hogares para los trabajadores. A partir de entonces, el tinte neoliberal priorizó la rentabilidad sobre la planeación urbanística y arquitectónica que garantiza el correcto funcionamiento de los complejos habitacionales. Del ejemplo de San Buenaventura se puede aprender suficiente para transformar las políticas de creación de vivienda en México. Ofrecer hogares de calidad que no propicien el hacinamiento, promuevan los lazos comunitarios, densifiquen ciudades en lugar de expandirlas, pero, sobre todo, accesibles para quienes con el sudor de su frente ponen en función el engranaje de la producción y la riqueza nacional. 


Aquiles Román es arquitecto por la Universidad Iberoamericana Puebla e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Suscríbete al boletín semanal del CEMEES

Procesando…
¡Lo lograste! Ya estás en la lista.