Septiembre 2021
En México, las desarrolladoras inmobiliarias son las que definen la política de vivienda. Esto ha provocado un desarrollo urbano desordenado y sobre todo la profundización de la desigualdad social y económica. La falta de planeación del espacio urbano ha resultado en que las viviendas queden alejadas de zonas de empleo, sin que tengan asegurados los servicios básicos y sin la atención de autoridades gubernamentales para la construcción de espacios públicos. Una política de vivienda así, en la que realmente no hay política, está asentada sobre los principios de la menor participación del estado en la producción y reproducción de la sociedad; es decir, del neoliberalismo.
El neoliberalismo establece pautas de acumulación y competitividad dentro de varios espacios mediante la reorganización de las instituciones económico-políticas en distintas escalas. Los orígenes de esta ideología pueden rastrearse en el liberalismo clásico de los siglos XVII y XVIII. Entre los puntos comunes están: 1) la mayor virtud de la sociedad está en permitir que los individuos busquen y ejerzan libremente sus deseos; 2) el libre mercado es el medio más efectivo para alentar la autonomía individual y asegurar la búsqueda del placer individual y 3) la intervención del Estado en la economía debe ser mínima. Por tanto, el neoliberalismo decreta que, los individuos pueden cumplir sus necesidades y deseos mediante los mecanismos del mercado; en tanto, el Estado solo debe garantizar el ejercicio de los derechos individuales, en particular el derecho a la propiedad privada, crear un marco jurídico para ello.
Estos principios comenzaron a transformar el sistema político y económico desde los años setenta con el agotamiento de los regímenes de acumulación y sistemas de gobierno que se evidenció por la crisis del estado de bienestar keynesiano y la decreciente rentabilidad de los capitales nacionales y globales. Desde entonces, la clase capitalista logró construir consenso alrededor de la demanda de las libertades individuales manipulando el reclamo de los movimientos populares. El principio inapelable de la búsqueda de libertad individual sirvió para legitimar el embate sobre las prácticas intervencionistas del Estado, e implementar políticas que fortalecieran al libre mercado y la competencia (Harvey, 2007).
En varios países, tal objetivo llevó a la transformación de instituciones y de relaciones entre actores institucionales y políticos. En la historia reciente de las ciudades se puede ver los principios neoliberales y la primacía del sector empresarial en el control político y manejo de las mismas. Un factor común en los procesos de desarrollo de las ciudades es la producción de espacios financieros para la reproducción del capital, los cuales se convierten en esfuerzos por “limpiar” la ciudad, segregando a esto último a espacios alejados.
La filtración de los objetivos neoliberales en las ciudades mexicanas se puede apreciar mediante los cambios en la política de vivienda, en los que localmente han actuado dos fuerzas. La primera fue el abandono del estado como promotor y gestor de la vivienda, ese papel se lo dejó a las desarrolladoras inmobiliarias. La segunda fue la transformación del régimen jurídico de la tierra con la posibilidad de enajenarse. Cosa que antes la propiedad del suelo bajo la forma del ejido lo impedía. Esta liberación permitió a construcción de miles de casas en la periferia de las ciudades dirigidas por desarrolladores inmobiliarios como Geo, Ara, entre otras.
Después de la revolución mexicana se institucionalizó el financiamiento de la vivienda social para los trabajadores. Esto se plasmó en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917. Sin embargo, hasta 1934 con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se obligó a los patrones a aportar parte de los ingresos de los trabajadores a un fondo nacional de crédito, dado que antes de esto nadie había exigido el cumplimiento del artículo. Esto permitió que más tarde se constituyera las bancas de desarrollo, instituciones que se encargarían de otorgar financiamiento para la vivienda.
Entre 1940 y 1970 se crearon distintas instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 1943; el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), en 1940 y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) en 1970. Con tales instituciones se robusteció el aparato estatal para el financiamiento de la vivienda para los trabajadores. El objetivo era responder a las demandas para un México cada vez más industrializado y urbano. Había que ampliar la dotación de acceso a la vivienda a los sectores económicamente más desfavorecidos (García, 2010). A pesar de los esfuerzos, la oferta no fue suficiente para la demanda. Una de las críticas regulares a este periodo es que junto con la industrialización y a pesar de ella, crecía una gran masa de trabajadores informales cuyas condiciones económicas no estaban definidas en ninguno de los sistemas de acceso a la vivienda.
A partir de 1970 comenzó una oleada de políticas públicas desarticuladas de planeación urbana por la descentralización y la falta de recursos en los órdenes inferiores de gobierno. Se promulgó la Ley de Asentamientos Humanos, una ley dirigida a la planeación urbana regional; se reformó el artículo 115 constitucional, que trasladaba cada vez más la responsabilidad de atender las demandas de vivienda a los gobiernos municipales. Esto se tradujo en la dislocación de la planeación regional y local, derivando en el crecimiento anárquico de las ciudades. En la escala nacional, se creó el Infonavit en 1972 y se constituyó como la mayor instancia para financiar y producir vivienda. Sin embargo, 14 años después de su creación solo había satisfecho 17% de la demanda nacional de vivienda. Para la población de menores ingresos se creó el Fondo de Habitaciones Populares (Fonhapo), que serviría principalmente para financiar vivienda de autoconstrucción (Maya, 2008).
Hacia la última década del siglo XX los esquemas de financiamiento fueron modificados drásticamente. Se siguieron recomendaciones de diversos organismos internacionales para crear lo que se llamaría la política facilitadora de vivienda (Boils, 2004). El resultado fue la disminución del papel del Estado en la producción y financiamiento de la construcción de vivienda social. En su lugar, la gestión urbana fue abiertamente empresarial, las desarrolladoras inmobiliarias dirigieron la producción de vivienda en su totalidad y el Infonavit quedó reducido a la tarea de otorgar créditos. En cuanto a la estructura urbana se caracterizó por la construcción masiva de conjuntos habitacionales distantes al área urbana. Estos conjuntos no se construyeron como parte integral de la estructura urbana. En lugar de ello rompieron con la continuidad de las ciudades y provocaron dificultades para que los habitantes pudieran tener centros de empleo, equipamiento educativo, de salud, de cultura y de esparcimiento en su entorno inmediato (Montejano, Caudillo y Cervantes, 2018).
Hasta la fecha las desarrolladoras inmobiliarias son las que definen la política de vivienda mexicana. Esto ha aumentado las desigualdades social y económica, ya que a la gente que vive en los lugares alejados se le dificulta encontrar un empleo bien remunerado que generalmente se encuentra en los lugares centrales de la zona metropolitana. Por eso, urge que el gobierno tome el problema de la vivienda como un problema serio, que se tiene que resolver fuera de la voluntad del mercado. Para ello es necesario que el gobierno se vincule con movimientos populares que han surgido como respuesta a la política excluyente de vivienda y que mediante ellos se busque dar solución a la demanda.
Samira Sánchez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Bibliografía
Boils, Guillermo (2004) “El Banco Mundial y la política de vivienda en México”, Revista Mexicana de Sociología, año 66, núm. 2, abril-junio, México, pp. 345-367
De Mattos (2005) Globalización, redes, nodos y dinámica metropolitana: El Gran Santiago en los noventa, en Carlos de Mattos, et. Al, Gobernanza, competitividad y redes: La gestión en las ciudades del siglo XXI, Chile: Rideal. Pp31-64.
García y Puebla (1998), “El Infonavit en el contexto de las políticas habitacionales”, en Martha Schteingart y Boris Graizbord (edits.), Vivienda y vida urbana en la Ciudad de México: La acción del Infonavit, México, El Colegio de México, A.C., pp. 21-85.
Harvey (2007) Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal.
Monkkonen, Paavo (2012), “Housing finance reform and increasing socioeconomic segregation in Mexico”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 36, núm. 44, pp. 757-772.
Montejano, Caudillo, y Cervantes (2018). Vivienda de interés social, segregación residencial y accesibilidad: análisis de 121 conjuntos urbanos en el arco nororiente del Valle de México, 2001-2010. Estudios demográficos y urbanos, 33(1), 187-224.
Maya, Cervantes y Rivas (2008), Crítica a la promoción privada de grandes conjuntos urbanos habitacionales, ponencia presentada en el X Coloquio Internacional de Geocrítica “Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 1999-2008”, Barcelona, Universitat de Barcelona, 26 a 30 de mayo.
Pirez (2011) “Servicios Urbanos y urbanización popular: mercantilización y desmercantilización”, Hacedores de Ciudades II Reunión y II Congreso del Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social de Clacso Caracas, 27-29 de julio.
Puebla (2002) De la intervención estatal a las estrategias facilitadoras. Cambios en la política de vivienda en México, México, El Colegio de México.