Por Jorge López Hernández
Mayo 2021

En México millones de personas del campo y la ciudad se encuentran en pobreza alimentaria, es decir, padecen hambre. Con el paro de la economía a causa de la pandemia este problema se agudizó por dos razones. Al quedar desempleados millones de trabajadores en México, el ingreso de las familias se redujo drásticamente, esto provocó que los hogares tuvieran que modificar su consumo racionando su alimentación en el mejor de los casos y en otros solo se alimentaron una o dos veces al día, es decir, padecieron hambre. Además, por el paro de actividades en todo el mundo, se interrumpieron las cadenas de suministros de algunos alimentos lo que ocasionó que productos de la canasta básica presentaron incrementos de precios superiores al promedio, tales como: el pan y cereales (7.21%), carnes (7.94%), leche, quesos y huevo (6.41%). Con ingresos bajos y precios altos las familias más pobres dejaron de consumir alimentos esenciales para una sana alimentación.

En lo que va del 2021 algunos alimentos básicos siguen encareciendo, por ejemplo, durante el mes de marzo el pollo tuvo un incremento del 15.2% a tasa anual, la leche pasteurizada (7.5%), la carne de res (7.3%), el arroz (34.2%), el frijol (27.7%), la pasta para sopa (13.3%), el bolillo (12.7%), aceites y grasas (10.9%), la tortilla y el pan de caja (6.7%). A esto se le agrega el gas doméstico LP que en promedio tuvo un incremento de 9.5% en 2020 y en marzo del 2021 presentó un alza de 36.5%. La inflación del mes de abril fue de 6.08%, es decir, hubo un incremento de precios generalizado y no solo de los productos básicos.[1]

El aumento de precios de los alimentos y de productos de primera necesidad impacta directamente y de inmediato a las familias pobres ya que tienen que reducir la cantidad de alimentos que consumen diariamente. Además, tienen que sustituir el consumo de productos frescos y de mayor calidad por productos ultra procesados que en su mayoría son más baratos, pero que dañan la salud. No comer correctamente en calidad y en cantidad, es decir, pasar hambre y comer productos chatarra y ultra procesados, significa poner en riesgo la salud, el pleno desarrollo de los individuos y hasta la vida de la población. El hambre y la mala alimentación causan desnutrición, obesidad y sobre peso que afecta al 14.4% y 7.5% en los niños menores de 5 años respectivamente, y para los niños de 5 a 11 años el 35% padece sobre peso y obesidad. A nivel agregado, el 75.2% de los mexicanos padece obesidad y el 10.3% diabetes.[2] Las consecuencias en el desarrollo presente y futuro de los niños y adultos mal alimentados son muchas y afectan directamente al bienestar de la población.

A la inflación se le agrega la sequía que sufre el 87.5% del territorio nacional[3] que tendrá efectos por dos vías en la alimentación de los mexicanos. La sequía está provocando que las presas que almacenan agua para riego se encuentren casi vacías, esto implica que una cantidad importante de tierra cultivada bajo riego no será sembrada con ello la oferta de alimentos disminuirá. Por otro lado, la producción de temporal que depende en su totalidad de las lluvias y que representa alrededor del 79% de la superficie sembrada se verá seriamente afectada. Miles de familias que producen para autoconsumo no obtendrán alimentos por la falta de lluvias y ni los podrán adquirir en el mercado por su elevado precio.

Las familias pobres del campo y la ciudad están en grave riesgo de sufrir una hambruna a causa del incremento de los precios de los alimentos y por la sequía que azota gran parte del territorio nacional. La FAO y la CEPAL proyectaron que 21.7 millones de personas en México padecerían crisis alimentaria derivado de la pandemia y en mayor intensidad en las zonas rurales.

Para el gobierno actual el hambre que sufren millones de personas no representa un problema social o sencillamente no le importa ya que eliminó el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) que dotaba de una canasta básica a las familias más pobres o a las que tenían problemas de nutrición. Además, eliminó los comedores comunitarios que beneficiaba a la población más pobre de las zonas urbanas principalmente. Los únicos programas que siguen vigentes son los operados por Segalmex que se limitan a la venta de productos a través de tiendas Diconsa y el programa de leche Licosa. Este último eliminó a 67 municipios marginados de su lista prioritaria de abasto que recibían la leche a tasa preferencial, subieron los precios en 150% en 2019, además, en ese mismo año dejó sin el lácteo a más de 478 mil mexicanos[4] que en años anteriores fueron beneficiarios.

Otras pruebas del desinterés de este gobierno por los que padecen hambre están en que durante la pandemia no se implementó ningún programa de abasto de alimentos en los meses de cuarentena, a pesar de que millones de familias se quedaron sin ingresos. Con la inflación y con la sequía que padece nuestro país el gobierno tampoco implementa ningún programa para mitigar los efectos que causan en las familias mexicanas. Este gobierno está dejando a su suerte a los más pobres de la patria, ni los ve, ni los escucha.


Jorge López Hernández es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

[1] Datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

[2] Datos de la ENSANUT 2018

[3] Datos de la Conagua al 30 de abril del 2021

[4] Datos de Animal Político.

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