Por Pablo Hernández Jaime
Marzo 2021
En las sociedades modernas, la política está organizada sobre la base de Estados que se encargan de gobernar y administrar los recursos públicos. Sin embargo, todo Estado supone una escisión con la sociedad: unos gobiernan, mientras la mayoría son gobernados. El Estado es, entonces, una estructura que se fundamenta y que ejerce su poder mediante la obediencia, coactiva o voluntaria, del resto de la sociedad. Sin embargo, el poder estatal es prestado, pues no dimana de él, sino del pueblo, que es el verdadero soberano, ya que el poder político solo es la posibilidad de encontrar obediencia en otros para la consecución de un fin, mas es en esos otros, el pueblo, en quienes reside el poder.
Pero ¿de dónde surge esta obediencia? Hay tres fuentes principales: 1) el control estatal de grupos armados como el ejército y la policía; 2) el control de la economía, ya sea porque el Estado administra bienes escasos, porque establece acuerdos con élites económicas o porque el Estado mismo es una de esas élites; y, finalmente, 3) el apoyo voluntario, más o menos directo, organizado y consciente de la sociedad; este apoyo es lo que otorga legitimidad a un régimen y le permite encontrar poca resistencia en su mandato. En este sentido, las elecciones, plebiscitos, consultas, asambleas y mecanismos de participación no buscan solo (y a veces tampoco principalmente) reflejar la voluntad popular, sino crear legitimidad.
Y esto no sería problema si los gobiernos trabajaran por el bienestar y la justicia sociales, por la democracia y las libertades. Sin embargo, este no es el caso y hay al menos dos razones.
Primero, porque el Estado detenta una posición tal que los cargos públicos se convierten (legalmente o no) en posiciones de poder con acceso privilegiado a prestigio y recursos, volviéndose posiciones corruptibles y con intereses propios, de donde se sigue que los políticos tenderán a buscar estos cargos como un fin en sí mismo y no como un medio de representación popular.
Segundo, porque el Estado depende del poder económico. Por eso, cuando él mismo no es empresario o no tiene control sobre la economía, termina dependiendo de élites económicas; y aun si logra cierta autonomía, las élites ganarán terreno al aumentar su riqueza. De aquí se sigue que, aún y cuando existen regulaciones entre el poder político y económico, los gobiernos tenderán a representar a las élites.
De manera que el Estado necesita legitimarse ante el pueblo, pero tiende a no representarlo.
El resultado de esta contradicción es una política de simulación y demagogia, que crea discursos y propuestas para ganar simpatía, pero que solo promueve reformas cosméticas. Y si el Estado no tiene instituciones para contener esta degeneración, la simulación se vuelve regla. Sin embargo, tal proceder solo conduce al desenmascaramiento de la clase gobernante y al descontento popular. Esto es lo que ocurrió en México con los gobiernos del PRI y PAN.
Y aclaro que no me refiero a ciertos administradores honestos que tratan de hacer mucho con pocos recursos y poco margen de acción. En buena medida, ellos mantienen a flote el sistema. Aunque tampoco son los únicos. Las organizaciones y movimientos sociales hacen mucho por impeler al Estado para que atienda las demandas y necesidades populares.
Sin embargo, cuando la simulación es sistémica, no basta cambiar al presidente y al partido, a menos que se cambie también a la clase política. Y no basta que el nuevo gobierno quiera ser honesto; se necesita un proyecto bien reglamentado y sujeto a evaluación, que sea integral y que garantice la atención de demandas y necesidades populares.
De lo contrario, solo cambiaremos a unos demagogos por otros; y esto es, básicamente, lo que ocurrió con la llegada de Morena al poder.
Para corregir es necesario que el pueblo se dé cuenta de su soberanía y de que solo organizándose podrá hacerse oír. Es necesario que elabore un proyecto científico para construir su propio bienestar y justicia, democracia y libertad. Y es necesario que, contando con la fuerza y la razón, cambie no solo al presidente y al partido, sino a toda la clase política.
Pablo Hernández Jaime es Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.