Por Ollin Vázquez
Febrero 2021

El 1 de febrero, con el inicio de las sesiones legislativas, volvió a surgir la discusión de los cambios en la regulación del outsourcing. De acuerdo con lo expuesto por el presidente en la conferencia matutina del 12 de noviembre de 2020, esta ley tiene dos propósitos: en primer lugar, evitar la defraudación fiscal, porque la subcontratación está altamente relacionada con empresas que evaden impuestos y cuotas a servicios públicos como el IMSS y el INFONAVIT; y, en segundo, resguardar los derechos de los trabajadores que violenta la subcontratación, tales como la afectación a las pensiones, a la estabilidad en el empleo y al reparto de utilidades de quienes se encuentran contratados por outsourcing.

La propuesta del presidente consiste en regular tres figuras del outsourcing: la subcontratación, donde se prohíbe la existencia de empresas que contraten trabajadores en beneficio de otra; los servicios y obras especializados, que se permitirá únicamente bajo ciertos requisitos y autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  y las agencias de colocación, que podrán intervenir en el proceso de contratación pero no podrán ser considerados como el contratante.

Esta iniciativa de ley ha recibido opiniones encontradas. Quienes están a favor sostienen que regular el outsourcing significa un paso hacia la erradicación de la precariedad laboral, y los que están en contra ven un peligro en esta iniciativa porque, desde su punto de vista, significaría una caída drástica de la inversión, el cierre de algunas empresas y pérdida de empleos. Esta discusión se centra entre resolver en favor de los trabajadores o de los empresarios, como si ambos agentes económicos tuvieran la misma posibilidad y magnitud de beneficios en caso de resolverse a favor de unos u otros. Sin embargo, acercando la lupa a las medidas ya mencionadas podemos encontrar que los trabajadores tienen una posibilidad muy marginal de beneficiarse de esta regulación.

Esta reforma hace ilegal el outsourcing, pero de ninguna manera crea medidas para que el trabajador obtenga mayores beneficios. La ley no tiene un mecanismo que garantice que se va a contratar formalmente a los empleados que actualmente se encuentran laborando bajo el esquema de subcontratación. Dado que no hubo diálogo previo entre el Estado, las empresas y los trabajadores, imponer la ley de tajo podría generar el despido de los empleados en outsourcing. Pero, suponiendo que los trabajadores subcontratados fueran contratados formalmente, eso no les garantiza que su nuevo empleo no será precario. Hasta ahora, el trabajador ha fungido como un ente pasivo en las discusiones sobre la determinación de los derechos laborales, y esto se ha resuelto así porque el mismo sistema económico y la política mexicana así lo han determinado. La existencia de una gran masa de trabajadores que no ha podido encontrar empleo en el sistema y ha tenido que buscar refugio en el empleo informal, o que simplemente no tiene trabajo, ha obligado al trabajador a aceptar empleo con cualquier condición laboral que le imponga el patrón. En este sentido, el outsourcing vino a perfeccionar esa explotación ya existente, y no es más que la forma superada de los métodos tradicionales de explotación laboral.

Agréguese a esto que es mínimo el impacto que pueda tener esta reforma en la población ocupada en empleos precarios. Los trabajadores empleados en outsourcing, de acuerdo con datos del Censo Económico 2019, son 4.68 millones, esto es el 17.1%. de la población ocupada. Si el gobierno en turno estuviera realmente preocupado en combatir la precariedad laboral buscaría las raíces de éste problema para combatirlo con éxito. Hasta la fecha el sector informal sigue absorbiendo a más del 50% de la población ocupada, y recordemos que el empleo informal no es más que la salida que los trabajadores mexicanos encuentran a la escasez de empleo. Esta reforma no resolverá el problema de precariedad laboral entre los mexicanos.   


Ollin Vázquez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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