Por Anaximandro Pérez
Noviembre 2020

Los fundamentos del presidencialismo mexicano se fijaron en la escena posrevolucionaria de México. Se implementó la Constitución de 1917 y, desde ella, los generales del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, secundados por hombres muy competentes de la política, como Adolfo de la Huerta, José Vasconcelos, Alberto J. Pani, entre otros, proyectaron el andamiaje de un régimen de tres poderes relativamente autónomos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero en realidad la administración nacional se hizo progresivamente dependiente de los designios del Ejecutivo.

Esto fue altamente visible entre 1917 y 1928, durante los gobiernos de Carranza, De la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Allí nació el presidencialismo. Todos los personajes del teatro político operarían en aras de la voluntad presidencial. Las cámaras legislativas, el poder judicial, el ejército y los sindicatos tenían que escoger entre dos opciones: si estaban de acuerdo o no con la voluntad presidencial. Esas decisiones, sin embargo, estaban condicionadas en la medida en que los presidentes y sus gabinetes habían salido de los estados mayores del ejército: en realidad, las administraciones presidenciales estaban garantizadas por las fuerzas armadas.

A cualquier disidente se le imponía una amenaza doble: su supresión o el reinicio de la guerra civil. De esa manera, el ejercicio de la política mexicana se enfrascó en una dinámica parecida a la que expone Carl Schmitt, filósofo y jurista alemán de la ultraderecha. Éste señala, palabras más, palabras menos, que el ejercicio de la política implica distinguir al amigo del enemigo, siendo amigo quien apoya comprometidamente, sin cuestionarlo, el desarrollo de la voluntad del poderoso, y enemigo quien se opone a ésta de forma abierta o tácita. Siempre y cuando los deseos de la clase en el poder puedan imperar sobre la sociedad civil, esa dinámica supone la contemporización simultánea con amigos y enemigos. No obstante, el sujeto político nunca debería perder de vista quién es hostil al régimen –ya en secreto, ya en público– y con qué fuerzas cuenta, para que, llegado un momento de circunstancias adversas, pueda dirigir todos los elementos a su alcance, como la coerción armada, la propaganda, etc., en contra del adversario, ya sea para neutralizarlo o para suprimirlo físicamente. Sólo así se podría reafirmar el predominio del poderoso sobre los demás en medio de la incertidumbre.

Con el paso de los primeros años, ese presidencialismo mexicano de amigos-enemigos imponía su voluntad a través de favoritos ubicados en las secretarías y curules legislativos, lo que no impedía la coexistencia de amenazas significativas: atentados, conspiraciones y tentativas de golpes de estado. A veces la disidencia triunfaba, aunque fuera sólo parcialmente, como en el caso de los asesinatos de Carranza en 1920 y de Obregón en 1928. Pero, en general, la distinción clara de los adversarios y la movilización pronta de las fuerzas presidencialistas permitía una rápida represión de amenazas de envergadura mayor, como la rebelión de los partidarios del candidato opositor De la Huerta en 1923. Ese año los obregonistas cerraron filas en torno a Calles (el candidato del presidente), doblaron a la prensa discrepante, hicieron desaparecer a algunos diputados delahuertistas y sometieron militarmente la rebelión.

Ciertamente, esa política de hostilidades se desdibujó con el paso de los años o, más bien, quedó disimulada bajo una gruesa capa de maquillajes publicitarios. La aparición de algunas oposiciones oficiales al PRI en las entidades federativas, en los foros políticos federales de la segunda mitad del siglo XX, así como el cambio de partido en el poder en 2000, pudieran pasar ingenuamente como un desvanecimiento del sistema presidencialista. Sin embargo, esta es una percepción ilusoria, ya que, por el contrario, se sigue constatando, año con año, que las decisiones emanadas de los tres poderes tienden a obedecer la voluntad gobernante, representada en su forma más pura por el Ejecutivo.

Hoy, en el gobierno de la 4T se reafirma esa forma de gobernar. Por un lado, encontramos una obediencia servil de las mayorías morenistas en las cámaras legislativas y un sometimiento angustiante de los organismos judiciales; estos poderes dejan todos los recursos del Estado mexicano al presidente, sin preguntarse a quién beneficiará cumplir los deseos del Ejecutivo. Por otro lado, López Obrador señala con desdén a sus enemigos y emprende con afán su persecución. Busca neutralizarlos o suprimirlos. Un ejemplo concreto: en el Senado se acaba de aprobar, el 18 de noviembre, la “Ley Nieto”, que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto (un ciego sabueso de la voluntad lopezobradorista) para congelar a discreción las cuentas de cualquier ente que aparezca como enemigo ante su olfato partidista. Se amenaza nuevamente a la oposición visible: a los damnificados del morenismo, a las organizaciones sociales y a los enemigos declarados de la 4T.


Anaximandro Pérez es Maestro en Historia por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales