| Por Jesús Lara

El gobierno de la 4T celebra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituye al TLCAN después de 25 años de vida. El Presidente y la secretaria de economía afirman entusiastas que esta era la pieza faltante para detonar el desarrollo económico y, en este contexto, para sacar a México de la recesión que empezó en 2019 y que se ha vuelto crítica por la pandemia global del coronavirus. La crisis, de acuerdo con los últimos datos del INEGI, tiene a 34.3 millones de mexicanos con necesidad de empleo, ya sea en las categorías de desempleados, subocupados o disponibles. En ese contexto entra en vigor el nuevo tratado.

Aunque el T-MEC lleve el “libre comercio” en su nombre, por su contenido queda demostrado que el libre comercio como supuesto camino universal para el desarrollo está poco más que muerto. En los hechos, el T-MEC es una herramienta que el gobierno de Estados Unidos quiere utilizar para alcanzar sus fines económicos nacionales y geopolíticos. Los primeros se refieren a capturar una mayor proporción de los empleos de la industria manufacturera. Los segundos tienen que ver con crear las capacidades económicas para enfrentar el avance de China a nivel mundial, en donde reposicionar a la industria manufacturera norteamericana es un elemento clave. No por nada, al terminar las negociaciones, al T-MEC lo llamaron “el primer tratado anti-China de la historia” porque, entre otras cosas, le da a los tres países la potestad de decidir si uno de ellos puede entrar en negociaciones comerciales con economías “que no son de mercado”, es decir, China.

Estas aseveraciones no son inferencias, sino declaraciones de intención del mismo gobierno norteamericano. Robert Lightizer, representante de comercio de EE.UU,  afirmó que “la era de trasladar empleos fuera de EU ha terminado. Diversas empresas protestaron porque este cambio de política (la renegociación de los tratados comerciales de Estados Unidos sobre esta base) creó incertidumbre. La respuesta del presidente Trump fue simple, si desean seguridad, traigan sus plantas de regreso a Estados Unidos. Si desean los beneficios de ser una empresa de los Estados Unidos y la protección del sistema legal estadounidense, devuelvan los trabajos” (El Financiero 12/05/2020). En otra ocasión afirmó que “Estados Unidos necesita una política industrial que le asegure al país, en cualquier crisis futura, la habilidad de manufacturar localmente lo que necesitamos… necesitamos una política, sean subsidios, aranceles o lo que sea” (Bloomberg 05/06/2020). En palabras de José Luiz de la Cruz, director general del Instituto Mexicano para el Desarrollo Industrial (IDIC), nos encontramos frente a una etapa de “comercio administrado”, en donde el gobierno norteamericano establecerá y cambiará su política comercial cuando le plazca —como lo hizo el año pasado para obligar a México a cambiar su política migratoria en la frontera sur— para garantizar que el empleo nacional crezca en los sectores estratégicos: el automotriz, electrónicos, el de maquinaria y equipo, equipo eléctrico y metales.

Es sobre esta base que debemos analizar el nuevo tratado, especialmente las dos modificaciones que han recibido la mayor atención por los “retos y oportunidades” que abren. La primera tiene que ver con las especificaciones de contenido regional. A grandes rasgos, para que las exportaciones de un país a otro queden libres de aranceles (o paguen muy pocos), un cierto porcentaje del producto total debe ser producido en alguno de los tres países del tratado. El T-MEC aumenta este porcentaje para los sectores clave mencionados previamente. Esto tiene un impacto directo en México, dado que, desde la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, una creciente proporción de las exportaciones manufactureras a Estados Unidos son en realidad ensamblaje de insumos importados de Asia. La industria de la maquila es el caso extremo. Estados Unidos busca producir nacionalmente al menos una parte de estos insumos, aumentando el empleo en estas industrias.

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El segundo gran cambio tiene que ver con la política laboral. El T-MEC obliga a los tres países a acatar todos sus compromisos con la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a derechos, prestaciones y seguridad laborales. Más aún, el nuevo tratado específica que, para evitar los aranceles, entre el 40 y el 45% del contenido de los automóviles debe producirse por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora. Con esto se busca, de acuerdo con la oficina de comercio de Estados Unidos, “apoyar mejores empleos para los trabajadores norteamericanos requiriendo que una proporción significativa del vehículo sea producido con trabajo que gana salarios altos, para asegurar que los productores norteamericanos sean capaces de competir de manera justa”.

La reforma laboral del año pasado en México consistió en crear las bases legales para el nuevo tratado, de acuerdo con las indicaciones y los objetivos del gobierno norteamericano. En la forma, los intereses económicos de la clase obrera mexicana coinciden con la política exterior de EE.UU. Pero estos cambios no se hacen a ciegas: el gobierno norteamericano sabe perfectamente que México deriva la mayor parte de su competitividad en el sector manufacturero de las pésimas condiciones laborales y de la importación de insumos intermedios de los países de Asia.

Muchos analistas han comentado acertadamente que el tratado abre una oportunidad para ascender en las cadenas de valor produciendo localmente parte de los insumos que ahora importamos. Esto podría ocurrir suponiendo que el gobierno mexicano implementara una política industrial, es decir, una serie de medidas encaminadas a elevar la productividad de las empresas manufactureras y crear nuevos encadenamientos productivos, apoyando a las empresas nacionales para que se conviertan en proveedores competitivos de las empresas de exportación. Esto requiere, entre otras cosas, un verdadero apoyo al desarrollo científico y tecnológico nacional y su vinculación con el sector productivo, además de la provisión de incentivos y apoyos adecuados.

Pero en México vamos exactamente en el sentido contrario. Con respecto a cumplir los compromisos con la OIT, en México hay una tendencia desde 2019 a la destrucción del empleo formal y a la disminución de empleos con salarios altos (de más de cinco salarios mínimos) pues estos pasaron de 4 millones trescientos mil al iniciar 2019 a poco menos de 3 millones y medio actualmente. Además, el gobierno ha mostrado un claro desprecio por la ciencia y la investigación, abandonado a importantes centros de investigación nacionales (como el CINVESTAV). Por último, resalta la necedad del gobierno en no apoyar a las empresas del sector real de la economía a sobrevivir en el contexto de la pandemia. ¿El resultado? Casi 10 mil empresas que ya se dieron de baja en el IMSS durante abril y mayo, y una tasa de cierre de medianas y grandes empresas más alta que en la crisis de 2008-2009.  Asimismo, la CEPAL estima que 500 mil empresas formales pueden desaparecer por la crisis.

Si no se revierten estas tendencias, las consecuencias podrían ser una caída mayor del empleo formal y manufacturero; una aceleración de la desindustrialización (iniciada hace una década aproximadamente) que sería fatal para el desarrollo en México. Pero aún sin estos elementos, sorprende que la 4T muestre una estrategia de desarrollo y reactivación económicas tan pasivas, esperando que un acuerdo que lleva 25 años de vigencia y que nunca cumplió las promesas, de repente resuelva los problemas del país en la crisis más grande del último siglo. Irónicamente, contra esta confianza injustificada ha advertido el propio FMI, guardián del orden neoliberal en el mundo. De la crisis no se va a salir automáticamente, ni la clase obrera mexicana conquistará su independencia ideológica y política de la mano del imperialismo norteamericano. Lo que urge es la consolidación de una alternativa política con un proyecto de país claro y la fuerza de masas suficiente para ponerlo en práctica. No hay tiempo que perder.


Jesús Lara es economista por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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