| Por Jenny Acosta

Palacio Nacional está de fiesta, el presidente López Obrador anunció una “medida histórica”, “sin precedentes”: una reforma al artículo cuarto constitucional, que contempla las transferencias monetarias directas implementadas por su gobierno como un derecho constitucional.

El artículo cuarto de la Constitución estipulaba el derecho a servicios públicos como la salud y la educación, al deporte y la cultura, además de la libertad de autodeterminación y planificación familiar para los ciudadanos mexicanos. Los cambios hechos a este artículo son los siguientes: 1) todos los adultos de 65 años en zonas rurales, y de 68 en las urbanas, deben recibir un apoyo gubernamental; 2) los hijos de familias pobres deberán recibir una beca escolar a lo largo de su trayectoria académica (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura); 3) atención médica gratuita independientemente de si se cuenta con seguridad social; y 4) aquellas personas que tengan alguna discapacidad obtendrán un apoyo gubernamental.

Los cambios realizados cuentan con un artículo transitorio —o sea, un apéndice al cuerpo de normas que es aplicable por un tiempo determinado, puede dirigirse a la vigencia de cierto cambio o al tiempo en el que se aplicarán las modificaciones realizadas— en el que se consideran 365 días para que entre en vigor la reforma, al mismo tiempo indica que el presupuesto destinado para estos programas constitucionales no puede ser menor al etiquetado el año anterior. ¿Por cuánto tiempo se deberá aumentar el presupuesto para estas transferencias monetarias directas? No se especifica, aunque es de suponerse que por lo menos será aplicable mientras dure el gobierno de López Obrador.

Si bien es cierto que en el Senado esta reforma contó casi con el 100% de aprobación, en la Cámara de Diputados la situación fue distinta, pues en esta sí hubo algunos detractores, sobre todo porque no había claridad en la fuente del financiamiento para tal reforma. Una revisada veloz al documento final dejará en evidencia que sobre este tema sólo se dice que existen varios apoyos monetarios que otorga la federación a los sectores mencionados y, por tanto, ya hay un monto económico destinado a tales fines, pero no se dice cómo se resolverá la cuestión del gasto progresivo que estos programas conllevan.

Lo novedoso de la reforma al artículo cuarto no consiste en los apoyos, pues como cualquier mexicano sabe estos no son creación de la actual administración. Parece, pues, que lo que cambia es que ahora estos apoyos serán considerados como un derecho para la población que cumpla con los requisitos para obtenerlos, mientras que antes eran sólo ayudas que el gobierno tenía a bien otorgar. Para el presidente, sin embargo, esta metamorfosis hecha al artículo cuarto constitucional representa un “hecho histórico” en la historia de la humanidad, no son dádivas, son pasos firmes hacia un verdadero “Estado de Bienestar”.

El Estado de bienestar es un modelo gubernamental en el que el Estado se encarga de proveer y garantizar el acceso a los servicios básicos para que el ciudadano tenga un buen nivel de vida, dentro de estos servicios entran la salud, seguridad, educación, alimentación sana, agua, electrificación, entre otros. Lo interesante de este modelo estatal está en su origen, pues fue planteado como un amortiguador de la fuerza de las organizaciones obreras bajo el impulso de la Unión Soviética. Después del triunfo de la Revolución Socialista de 1917 y de los avances que mostró para la clase trabajadora, los teóricos menos conservadores del capitalismo, buscaron nuevas formas con las que se pudieran hacer cambios desde arriba para minimizar la posibilidad de revueltas sociales o, peor aún, de una búsqueda del socialismo en los países en cuestión. Debían encontrar el modo de mantener contenta a su clase trabajadora para que ésta no buscara una transformación radical como la ocurrida en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue así como se propuso el Estado de bienestar: el Estado se encarga de cubrir algunos servicios que los trabajadores no pueden proveerse con su salario raquítico, al tiempo que protege a los grandes capitalistas de las diversas manifestaciones de descontento que esta situación podría originar.

Teniendo este esbozo histórico sobre el Estado de Bienestar queda claro que su cumplimiento no puede ser la meta final de un gobierno que dice estar con los pobres, pues, en estricto sentido, busca mantener tranquila la superficie del mar caótico del capitalismo. “Que los capitalistas paguen al trabajador lo que puedan sin afectar sus ganancias, al fin y al cabo, el Estado aportará el plus que el salario no puede”, dice el Estado de Bienestar pensando en los capitalistas. “Que los trabajadores no hagan revueltas porque el salario no les alcanza para cubrir lo básico, al fin y al cabo, cuentan con el gobierno para llegar a fin de mes”, dice también el Estado Benefactor pensando nuevamente en los dueños de las grandes fortunas. Por tanto, este argumento a favor de la reforma al artículo cuarto no puede ser aceptado por la clase trabajadora como el culmen de sus problemas.

“El Estado de Bienestar no puede ser la meta final de un gobierno que dice estar con los pobres”.

Sobre el financiamiento a estos programas. Como se mencionó arriba, la oposición en la Cámara de Diputados cuestionaba este rubro, sobre todo porque cada año se deben aumentar los egresos etiquetados para este rubro. Estas preocupaciones adquieren relevancia si se considera el panorama económico que la emergencia sanitaria del COVID-19 ha traído para México y el mundo entero, misma que en el caso de nuestro país no pintaba favorable incluso sin el escenario dejado por la epidemia. Nuestro país cerró el 2019 con un decrecimiento económico de 0.1%, las estimaciones de la Secretaria de Hacienda marcaban para 2020 un crecimiento del 2%, el Banco de México valoraba que sería entre .8% y 1.8%, mientras que para algunos organismos internacionales éste se encontraba entre un 1.3% y 1.2%, todo esto sin la cuarentena por COVID-19. El 1 de abril, Haciendo publicó nuevas estimaciones en las que el crecimiento oscila entre –3.9% y 0.1%, un escenario que siembra incertidumbre incluso sin considerar los pronósticos más desoladores que marcan una contracción del 8% (Bank of America Merrill Lynch). ¿De dónde, entonces, se obtendrá ese dinero para financiar la reforma que nos ocupa?

No se sabe con exactitud. Algunos sospechan, basándose en las declaraciones del mismo presidente, que buena parte de este presupuesto vendrá del desmantelamiento reciente de algunos fideicomisos federales, mismo que deja 300 mil millones de pesos para que el gobierno federal gaste a discreción. ¿A dónde irán a parar estos millones de pesos? Tampoco se sabe con exactitud, y dado que el gobierno puede gastarlos sin comprobar egresos, es probable que no se sepa, pero se sospecha que se dividirán entre la construcción de la refinería en Dos Bocas, la terminal de Santa Lucía y el financiamiento a esta reforma. Mientras tanto, los beneficiarios de los fideicomisos destruidos por decreto presidencial siguen en la incertidumbre, sobre todo porque los supuestos apoyos universales que salvarían al pueblo de su pobreza tampoco están llegando.

Una posible salida, que el presidente no quiere ni escuchar, es implementar una política fiscal progresiva, es decir, que paguen más impuestos quienes más dinero tienen. ¿Cuál es el defecto de esta solución? Que “afecta” a los grandes grupos de poder económico en el país, hecho que no debería detener demasiado a un presidente que dice respetar la enseñanza bíblica de “primero los pobres”. Un aumento en la creación de empleos y en el aumento a los salarios sería otra medida para combatir el escenario desalentador de la economía mexicana al tiempo que se eleva el nivel de vida de los ciudadanos, pero el presidente tampoco ha considerado seriamente esta cuestión. En el discurso pide que no se despida a la gente por la emergencia sanitaria del SARS-COV-19, pero en los hechos despidió a 444 mil 503 trabajadores del gobierno federal. Se apuesta por que Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía sean bastión en el empleo de fuerza de trabajo, sin embargo, esta situación será transitoria, pues una vez que terminen estas construcciones la mayoría de los empleados deberán volver a buscar cómo ganarse la vida en las soluciones que el sector informal presenta.

En todas las políticas, y errores, mencionados hasta aquí queda claras dos cosas: la primera que la última preocupación del gobierno es el ataque real a la pobreza. Para esta administración la marginación en que se encuentran los mexicanos es una cuestión secundaria que se acabará cuando se combata a la corrupción, como si los actos corruptos no fueran una consecuencia de no tener qué llevarse a la boca sino de gente sin principios morales que rijan su conducta. Por eso tanta insistencia en la creación de una Constitución Moral Todopoderosa que salvará al pueblo mexicano de todas sus miserias. Si en realidad se quisiera aumentar el nivel de vida de los mexicanos, se trabajaría en propuestas concretas y radicales, no en meros parches como la entrega de apoyos monetarios que ni solucionan los problemas más grandes de las familias y, por tanto, no pueden considerarse como el gran legado de una administración estatal.

La segunda cosa que se aclara o, mejor dicho, se comprueba, es el carácter populista como fondo y forma de la 4T. La consigna de “Ir al pueblo” fue fundamental en un momento específico del desarrollo de los revolucionarios, sin embargo, pronto mostró su ineficiencia al no contar con un plan detallado de hacia dónde había que llevar al pueblo y con qué medios. Para los populistas el ir al pueblo lo es todo y esto, en la coyuntura mexicana, se manifiesta bajo la forma de un presidente que no da un paso “hacia el pueblo” sin hacer circo, maroma y teatro. Todos y cada uno de los que para su administración son avances tienen que pasar por la figura del presidente, todas y cada una de las que para su gabinete son batallas contra la oposición son lideradas por el presidente, todas y cada una de las reformas que en la superficie apoyan al pueblo tienen que llegar por medio del presidente. La historia nos ha enseñado que los cambios encabezados por una figura omnipotente y omnipresente tienen breve futuro, pues cuando esta personificación de la revolución cae, se lleva consigo todo el camino avanzado. Además, cuando la meta de cierto movimiento sólo es aglutinar a la masa como medio seguro del triunfo personal o de unos cuantos, se afecta, además del movimiento en cuestión, a todas las demás organizaciones que buscan organizar al pueblo para encontrar, con él, un sendero hacia una sociedad más justa, más solidaria, más humana.

La reforma al artículo 4º no puede ser, por tanto, más que un tapón a los problemas del pueblo mexicano, al tiempo que un modo de granjearse el apoyo popular para ampliar la posibilidad del triunfo en las próximas jornadas electorales.


Jenny Acosta es licenciada en Filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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