| Por Victoria Herrera

A principios de los años sesenta del siglo pasado, el historiador y politólogo Daniel Cosío Villegas afirmó que el sistema político mexicano emanado de la Revolución se conformaba de una síntesis entre “un poder ejecutivo -o, más específicamente, una Presidencia de la República- con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial predominante.” No hay duda de que hacía alusión al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En ese sentido, Cosío Villegas expresó que dadas las amplísimas facultades, legales y extra legales, del Presidente de la República sobre los poderes legislativo y judicial, y dado también el abrumador predominio del partido político oficial, resultaba importante y urgente reducir en alguna forma ese poder excesivo en aras de la aplicación de una verdadera democracia.

Asimismo, el jurista Jorge Carpizo enunció a finales de dicha década que las causas del presidencialismo -el predominio del presidente mexicano- son, en primer lugar, que éste es el jefe del partido predominante, el debilitamiento del poder legislativo, la integración, en buena parte, de la suprema corte de justicia, su marcada influencia en la economía, la institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él, la fuerte influencia sobre la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación, la concentración de recursos económicos en la federación, específicamente en el ejecutivo, la determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin que para ello exista ningún freno del senado… y, finalmente, un elemento psicológico, ya que en lo general se acepta el papel predominante del ejecutivo sin que mayormente se le cuestione.

De acuerdo con el análisis hecho por ambos intelectuales mexicanos hace más de treinta años, resulta necesario cuestionar hoy, en pleno 2020, ¿cuáles son las diferencias entre lo sobredicho y el sistema político mexicano actual? ¿La presunta democracia conquistada en julio de 2018 por medio de las urnas es real, o el esquema presentado por el jurista es el mismo que ahora? ¿No estamos presenciando el mismo sistema que observaba Cosío Villegas: un poder ejecutivo con amplísimas facultades y un partido oficial predominante?

¿La presunta democracia conquistada en julio de 2018 es real o estamos ante el mismo sistema presidencialista del PRI?

Las cuestiones son válidas en tanto que en el corto periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hemos presenciado una falta de democracia absoluta desde la retórica que utiliza el presidente para referirse a sus opositores hasta las determinaciones cuasi unipersonales como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el esfuerzo por cooptar los órganos electorales, la necesidad de dirigir la atención de la opinión pública a la figura presidencial a través de espectáculos matutinos y, entre otras cosas que sería prolijo enumerar, la negación arbitraria de datos científicos y estadísticos con la afirmación concomitante y exclusiva de su propia opinión, dando por hecho que es la única opinión que merece credibilidad.

Este mismo modelo no ha tardado en replicarse en algunos estados del país por verdaderos sátrapas imitadores del presidente: el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, es uno de esos. En fechas recientes ha desplegado personalmente, sin ningún miramiento, una campaña en contra de un numeroso grupo de ciudadanos poblanos que pretende por la vía institucional convertirse en partido legal, negando su registro pese a que éste ya cumplió -y con creces- los requisitos establecidos por el propio Instituto Electoral del Estado. Una verdadera violación a la ley, pues el señor gobernador no tiene ninguna facultad legal para interceder en el asunto.

No cabe duda, entonces, que las campanas que habían echado a repicar por la muerte del viejo dinosaurio eran una mentira. Éste no ha muerto, sigue en pie pero con otra indumentaria. De modo tal que, como adujo Cosío Villegas, el presidencialismo sigue siendo un problema importante y urgente de resolver, sobre todo en beneficio de las mexicanas y los mexicanos que sufrimos las decisiones arbitrarias casi siempre improvisadas.


Victoria Herrera es historiadora por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
vickipato@gmail.com

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