| Por Ehécatl Lázaro

Existe en la academia un viejo debate en torno al significado del concepto “democracia”. La polémica no es solo sobre cómo definir un término al mismo tiempo tan antiguo y tan actual; también se discute su aplicación y cuán democrático es un país. A primera vista está polémica pudiera parecer un ejercicio estéril, sin embargo, no lo es: se torna relevante cuando sale de la intelectualidad y es aplicada rigurosamente en el mundo de la política. Por ejemplo, cuando se afirma con argumentos que un gobierno es antidemocrático, esta aseveración no es solo un ejercicio teórico, sino que es al mismo tiempo una posición política. Caracterizar a un gobierno como antidemocrático significa cuestionar su legitimidad, alertar sobre una posible dictadura, y convocar a la ciudadanía a estar alerta contra sus gobernantes.

Pero el carácter democrático de un gobierno no es importante solo porque sea lo “políticamente correcto”. De hecho, su verdadera importancia radica en que la democracia ha resultado el único sistema político capaz de dirimir los conflictos por el poder sin quebrantar la estabilidad social. El cambio de gobernantes mediante elecciones cumple dos objetivos básicos para evitar la ruptura del orden social. Por un lado, el desempeño del gobernante es evaluado en las urnas por la ciudadanía, abriéndose las puertas para que el partido en el poder abandone su lugar como timonel del país. Por otro lado, los partidos perdedores se ven obligados a aceptar su derrota, legitimando así al contendiente ganador. De esta manera se evita que la alternancia en el poder se dé mediante alzamientos armados. El mecanismo es sencillo pero eficaz.

Cuando un gobierno pretende eternizarse en el poder, las consecuencias pueden ser catastróficas. En ese caso el pacto social se rompe: los sectores inconformes, que no pueden acceder al poder porque los mecanismos institucionales están cerrados, desconocen al gobernante en turno y optan por la única vía posible para destronar al dictador, la fuerza. Entonces ocurren los levantamientos armados. En la historia de México el pasaje más conocido es la Revolución. Después de tres décadas de gobierno porfirista sin permitir que otros sectores ascendieran al poder, los campesinos, los obreros y los empresarios del norte, se levantaron en armas contra el octogenario dictador. El estallido social comenzó más por la falta de un cambio en el poder que por las condiciones de explotación en las que vivían los trabajadores. No es gratuito que uno de los principales legados de la gesta revolucionaria sea el conocido lema abanderado por Madero: “Sufragio efectivo, no reelección”.

Pero la Revolución no fue el único episodio de este tipo durante el siglo XX. En la segunda mitad de la centuria, el orden autoritario que se había establecido bajo el mandato del PRI, comenzó a hacer crisis por los mismos motivos: el partido nacido de la Revolución había cerrado los canales institucionales de ascenso al poder. Las expresiones más radicales fueron las guerrillas rurales y urbanas que nacieron en los años 60, y que fueron exterminadas por el Estado mexicano mediante la fuerza militar. Tras la represión del 68, e inspirados por la Revolución Cubana, no fueron pocos los mexicanos que concluyeron que la única manera de terminar con la “dictadura perfecta” -Vargas Llosa dixit- era usando el poder del fusil. Fue tal la negación del PRI a compartir el poder, que algunos partidos incluso fueron prohibidos, como el Partido Comunista Mexicano. Con el desgaste del régimen, la presión de las guerrillas, y la inconformidad social generalizada, el PRI se vio obligado a abrir los canales institucionales para cambiar al partido en el poder, proceso que concluyó con el ascenso del PAN en 2000, y posteriormente con la llegada de Morena.

“Negarle a la ciudadanía el derecho a elegir sus gobernantes, puede desembocar en la ruptura de la paz social”

Hoy el partido gobernante parece dispuesto a caer en los mismos errores que cometieron Porfirio Díaz y el PRI. En su afán de mantenerse en el poder a toda costa, Morena ha copado ya los tres poderes de la nación: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el control del aparato de Estado no se observa solo en las estructuras más visibles -Presidencia de la República, Congreso de la Unión y Suprema Corte de Justicia- sino también en organismos “menores”, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Más recientemente, el morenismo busca colocar a cuatro consejeros afines a ese partido en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con lo que se apoderaría también del aparato responsable de vigilar el funcionamiento democrático del país.

Pero el fenómeno no ocurre únicamente a nivel nacional. En el estado de Puebla, donde gobierna el morenista Miguel Barbosa desde la muerte aún misteriosa de Marta Érika Alonso, los mecanismos institucionales para supervisar la democracia poblana han comenzado a ser cooptados por el partido en el poder. Desde el Instituto Electoral del Estado (IEE), Barbosa busca frenar a las fuerzas políticas que considera una amenaza para su partido y su gobierno. Así se explica que el mismo día que Miguel Ángel García Onofre -de reconocida filiación morenista- asumió la presidencia del Consejo General del IEE, se le negara al Movimiento Antorchista Poblano la posibilidad de convertirse en partido político; esto a pesar de que los antorchistas habían cumplido todos los requisitos exigidos por la ley, y a pesar de que el mismo IEE los había supervisado y validado. En Puebla, como en el país, el partido gobernante comienza a cerrar los mecanismos necesarios para el funcionamiento de la democracia.

Los peligros de un gobierno antidemocrático son evidentes. Negarle a la ciudadanía el derecho a elegir a sus gobernantes, puede desembocar en la ruptura de la paz social y, en el caso extremo, dar lugar a levantamientos armados. Así ocurrió con Porfirio Díaz y con el gobierno autoritario del PRI. Es necesario que el partido en el poder respete el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes; no hacerlo así es agregar un elemento más al descontento social que ya existe. Es verdad que la democracia mexicana no es la mejor de las posibles, sin embargo, debe resguardarse, pues atentar contra ella es promover el desborde de la inconformidad y alentar una posible explosión.


Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
ehecatllazaro@gmail.com

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