Noviembre 2019
En los últimos 15 días pasó a ocupar el centro de atención de la agenda nacional la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el presupuesto debió aprobarse por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. Sin embargo, esto no se hizo porque la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue pospuesta tres veces consecutivas, a causa del plantón que mantienen distintas organizaciones sociales, populares y campesinas afuera de la Cámara de Diputados exigiendo una distribución equitativa de los recursos para atender los problemas del campo y de rezago social.
Estos acontecimientos mostraron actitudes antidemocráticas y dictatoriales del Presidente de la República que no se pueden pasar por alto y deben ser señaladas.
Debe destacarse, en primer lugar, que ante estas manifestaciones de descontento la respuesta del presidente únicamente ha sido la descalificación de las organizaciones sociales, acusándolas de corruptas y de que quieren moches, a pesar de que se le han hecho saber públicamente los programas y obras de carácter social donde se requiere canalizar los recursos. El presidente se ha negado a escuchar y dar respuesta a las inconformidades de sus gobernados, rechazando la legitimidad de sus demandas, a sabiendas de que son parte de la ciudadanía que paga impuestos y tiene derechos consagrados en la constitución.
En segundo lugar, al desacreditar públicamente a estas organizaciones sociales, están atropellando los derechos de petición y organización estipulados en nuestra Carta Magna, violando el juramento que hizo al tomar protesta como Presidente de la República; además, se provoca un clima de linchamiento social hacia las organizaciones.
Y en tercer lugar, quebrantando la división de poderes, le ha ordenado a la Cámara de Diputados que apruebe el PEF 2020 en su totalidad, sin hacerle ninguna modificación.
Es apremiante que el presidente reconsidere esta actitud y atienda las demandas de sus gobernados.
Ollin Vázquez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.