La creciente influencia económica de China a nivel mundial ha suscitado un importante debate entre los académicos de la tradición marxista: ¿es China un país imperialista? La cuestión surge de una premisa básica: si todos los países capitalistas desarrollados tienden a convertirse en imperialistas por la propia naturaleza del capital, entonces China, que es ya un país capitalista desarrollado, debe ser, o está en camino de serlo, un país imperialista. La mayoría de los análisis responden positivamente a la pregunta planteada; sin embargo, hay algunas voces discordantes.
Es el caso de David Kotz y Zhongjin Li[1], un par de académicos estadounidenses especialistas en economía política china. Kotz y Li parten de la definición de imperialismo acuñada por Lenin en Imperialismo, fase superior del capitalismo, y señalan que, aunque Lenin apuntó cinco aspectos económicos para caracterizar al imperialismo, el revolucionario ruso no restringió el concepto a las puras relaciones económicas, sino que el concepto contempla también una dimensión política. Así, partiendo de Lenin, Kotz y Li definen al imperialismo como la “dominación económica y política de un país por la clase dominante de otro país realizada con el objetivo de extraer beneficios económicos para esa clase dominante”. La dominación política se entiende aquí de la siguiente manera: las clases capitalistas pueden establecer relaciones de dominación económica en otros países por medio del establecimiento de sus empresas, pero solo pueden establecer relaciones de dominación política a través del Estado.
Una vez delimitado el concepto, los académicos estadounidenses pasan a caracterizar la base económica del modo de producción actualmente prevaleciente en China. Para ello, los investigadores recuperan los tres aspectos que Marx apunta en El Capital como centrales de toda economía capitalista: 1) Se producen mercancías para el intercambio en el marco de una economía de mercado, 2) La relación fundamental de producción se da entre trabajadores libres y propietarios de los medios de producción y 3) El objetivo de la producción es la ganancia mediante la apropiación del plustrabajo de la clase trabajadora. ¿Se puede caracterizar a China a partir de estos tres aspectos? Sí. La reforma impulsada desde 1978 por Deng Xiaoping ha logrado que hoy la economía china sea, fundamentalmente, una economía de privados. Los propios datos del Estado chino lo expresan así: de 1998 a 2018 la propiedad pública del sector industrial cayó del 69% al 39% y la propiedad privada creció del 31% al 61%; en el mismo periodo la generación de empleo en el sector industrial por parte de empresas públicas pasó del 60% al 18% y los empleos generados por empresas privadas crecieron del 40% al 82%. Si bien hay participación estatal, la economía china es predominantemente una economía de mercado: la base económica del modo de producción existente en China es capitalista.
De acuerdo con la teoría marxista, la clase social económicamente dominante es también la clase que domina al Estado; por lo tanto, en una sociedad económicamente dominada por la clase capitalista, se espera que esa clase también controle al Estado. Sin embargo, Kotz y Li explican que dentro del capitalismo esto no necesariamente ocurre así, sino que ha habido casos de economías capitalistas con Estados no dominados por la clase capitalista. Esto es, de acuerdo con los académicos, el fenómeno que se presenta en China. La economía es dominada por los capitalistas, pero el Estado es dominado por el Partido Comunista de China (PCCh). Si bien el partido comenzó a aceptar a grandes empresarios privados desde 2001, estos no son la mayoría, no han logrado insertarse en los órganos de decisión más importantes y no controlan el partido. El PCCh es controlado por un grupo dirigente que no responde a los intereses de los capitalistas chinos, sino que tiene sus propios objetivos: 1) Promover el desarrollo de la economía china, 2) Promover el desarrollo tecnológico y 3) Hacer de China una potencia económica y política mundial. El PCCh utiliza al Estado para alcanzar estas metas.
La consecución de estos objetivos no exige el establecimiento de relaciones imperialistas con los otros países del mundo, sino que ha dado origen a relaciones de beneficios mutuos, que incluso son menos costosas que las relaciones de dominación política y económica. Por supuesto, la clase capitalista china tiene una tendencia hacia el imperialismo; sin embargo, mientras el Estado esté controlado por el PCCh y no por los capitalistas, China no operará como un país imperialista.
Como soporte empírico a su argumentación teórica, Kotz y Li revisan la relación de China con países de Asia, África y América Latina en los últimos años, y sostienen que el comportamiento de China en todos esos casos no sigue una dinámica imperialista. Estos son argumentos de una discusión que sigue abierta.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
[1] Kotz y Li, “Is China imperialist? Economy, State and Insertion in the Global System”, diciembre 2020.
Después de la normalización de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, con la visita de Nixon a Mao en 1973, la política exterior de Estados Unidos se planteó el objetivo de integrar subordinadamente a China al orden internacional de Breton Woods. Así, durante las décadas de 1980 y 1990 la estrategia estadounidense respecto a China consistió en promover la desestatalización de la economía con el supuesto de que una economía abierta al mercado internacional necesariamente debía conducir a un cambio del sistema político: de ser una economía socialista gobernada por el Partido Comunista, China pasaría a ser una economía capitalista globalizada con un sistema democrático liberal.
La economía china atrajo capitales de todo el mundo cautivados por las facilidades para la inversión y por los bajos salarios de la abundante fuerza de trabajo, se impulsaron Zonas Económicas Especiales para promover la transferencia tecnológica de las empresas extranjeras a las empresas chinas, se privatizó casi la totalidad de la economía (hoy el 84% de las empresas son privadas) y, como corolario de la inserción subordinada al sistema económico internacional, China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio en 2001. Sin embargo, no hubo ningún cambio sustantivo en el sistema político chino y el Partido Comunista se mantuvo en el poder.
La política de reforma y apertura que China aplicó en los años 80, 90 y 2000 se basó en el modelo de manufacturar productos de bajo valor agregado orientados a la exportación, generó tasas de crecimiento económico inéditas en la historia mundial y permitió que millones salieran de la pobreza. Pero este modelo de crecimiento también tuvo sus consecuencias negativas, como la contaminación medioambiental, la desigualdad, sobrecapacidad y problemas de rentabilidad; la crisis de 2008 lo volvió prácticamente inviable. En sustitución se planteó un modelo de crecimiento basado en la tecnología y en productos de alto valor agregado (cuarta revolución industrial) al tiempo que China hacía fuertes inversiones en algunas regiones de África, Asia y América Latina, y las Olimpiadas de Beijing 2008 le mostraban al mundo el progreso económico y social que disfrutaba el país asiático.
Fue a partir del cambio de modelo económico y de la creciente proyección internacional que Estados Unidos comenzó a ver con preocupación a China. Durante el mandato de George W. Bush la política exterior estadounidense se enfocó en Medio Oriente como parte de su cruzada contra el terrorismo. El gobierno de Obama mantuvo la fuerte presencia militar en los países de Medio Oriente y alentó las Revoluciones de Colores del norte de África. Sin embargo, en su segunda administración Obama comenzó a implementar una política conocida como “Pivote a Asia”, la cual consistía en cambiar el centro de su política exterior del Medo Oriente a China para contener el crecimiento de ese país. Estados Unidos asumió a China como un rival estratégico.
Con el Pivote a Asia Obama intentó aislar comercialmente a China mediante el TPP, reforzó sus lazos militares con los países aliados del sudeste asiático (Corea del Sur, Japón, etc.), y en general buscó frenar crecimiento chino. Trump continuó la política exterior anti-china aunque con otras estrategias, como el inicio de la guerra comercial, la imposición de sanciones económicas y la campaña discursiva que señalaba a China como un peligro para la supervivencia de las sociedades occidentales. Bajo la administración Trump las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos alcanzaron el grado de deterioro más alto desde los tiempos de Nixon.
Biden pretende retomar el papel de líder mundial al que renunció Trump y busca aplicar una política exterior más activa contra China. El primer paso de esta nueva política fue la cumbre bilateral de alto nivel realizada en Alaska los pasados días 18 y 19 de marzo. Acostumbrados a imponerle al mundo sus propias decisiones, los representantes de Estados Unidos acusaron a China de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en Hong Kong, Xinjiang y Taiwán. Por su parte, los representantes chinos respondieron que Estados Unidos no estaba calificado para hablarle a China desde una posición de fuerza, afirmaron que los puntos de vista del gobierno estadounidense no representan a todo el mundo sino solo a Estados Unidos y exigieron respeto a su soberanía. Después de la cumbre la delegación china se retiró sin ofrecer un mensaje a los medios en señal de descontento, lo que se comprende si se considera que un día antes de la cumbre Estados Unidos aplicó sanciones a 24 individuos chinos.
La cumbre bilateral en Alaska es el episodio más reciente del fracaso de la política exterior estadounidense que pretende subordinar a China a los intereses y decisiones de los Estados Unidos. Hoy China enfrenta a Estados Unidos en condiciones de igualdad y reclama también un diálogo entre iguales.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Los conceptos de régimen de acumulación y régimen de bienestar guardan semejanza con la metáfora de estructura y superestructura expresada por Marx en su Contribución a la crítica de la economía política. Sin embargo, el concepto de régimen de acumulación es más concreto que aquello que la metáfora marxiana denomina estructura. El régimen de acumulación es el arreglo particular en el que existe determinado modo de producción. Así, en el modo de producción capitalista podemos identificar tres regímenes de acumulación: liberal (siglo XIX-1929), fordista-keynesiano (1929-1970s) y neoliberal (1970s-). Cada régimen de acumulación demanda un régimen de bienestar específico, entendiendo por este la forma en la que se define y se atiende la cuestión social.
Tipos de regímenes de bienestar
En su trabajo seminal Los tres mundos del Estado de Bienestar, Esping-Andersen plantea una tipología sobre los tipos de régimen de bienestar que existen en los países capitalistas desarrollados. El sociólogo sueco identifica tres actores principales en la provisión de bienestar (mercado, Estado y familia) y plantea tres tipos de regímenes a partir del actor predominante en cada caso. En el régimen residual-liberal (Estados Unidos, Gran Bretaña) el mercado es el actor preponderante, en el conservador-corporativo (Alemania) es la familia, y en el socialdemócrata (Suecia) es el Estado. Cada tipo de régimen se caracteriza, además, por el grado de desmercantilización de los bienes y servicios asociados al bienestar, y por el grado de estratificación social. El grado de desmercantilización es bajo en el régimen residual-liberal, medio en el conservador-corporativo y alto en el socialdemócrata. La estratificación es alta en el régimen residual-liberal, media en el conservador-corporativo y baja en el socialdemócrata.
Régimen de bienestar en México
El régimen de bienestar que existe actualmente en México se configuró fundamentalmente en la década de 1990, cuando el régimen de acumulación neoliberal terminó de sustituir al régimen fordista-keynesiano. Si bien el cambio de régimen de acumulación comenzó bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, fue con Salinas de Gortari cuando se aceleró la transición y con Ernesto Zedillo se terminó de instalar, al tiempo que se inauguró el nuevo régimen de bienestar propio de este periodo.
Durante la transición de regímenes el Estado mexicano aplicó una política social que “ayudara” a los afectados por la política económica. Es decir, antes de la aplicación del régimen de acumulación neoliberal ya se sabía que la transición afectaría al grueso de las clases trabajadoras, por lo que era necesario instrumentar una política social que “socorriera” a los afectados y les permitiera resistir mientras la transición terminaba de efectuarse. Según la tesis neoliberal, las reformas orientadas a incrementar el crecimiento económico exigían ampliar las brechas de desigualdad únicamente como fenómeno momentáneo, pues una vez que se hubieran terminado de aplicar las reformas y la economía comenzara a crecer sostenidamente las brechas de desigualdad comenzarían a reducirse.
Sin embargo, la política social diseñada puntualmente para mitigar los impactos sociales de esa transición se convirtió en una política permanente y dio lugar al nuevo régimen de bienestar. Si en el régimen de bienestar anterior, correspondiente al régimen de acumulación fordista-keynesiano, el principal actor generador de bienestar era el Estado, en el nuevo régimen de acumulación este lugar lo ocupó el mercado; asimismo, las tendencias a desmercantilizar los bienes y servicios asociados al bienestar se trocaron en su contrario, y la estratificación que ya existía en el régimen anterior se incrementó todavía más. De acuerdo con la tipología de Esping Anderson, el nuevo régimen de bienestar se alejó del régimen socialdemócrata y del conservador-corporativista para acercarse más al residual-liberal.
Quizá el mejor ejemplo del nuevo régimen de bienestar sean los programas de transferencias monetarias condicionadas. El primer programa de este tipo se implementó con la presidencia de Ernesto Zedillo bajo el nombre de Progresa, se mantuvo con Vicente Fox, Felipe Calderón cambió su nombre a Oportunidades y Peña Nieto lo convirtió en Prospera. Con diferentes nombres, el programa duró veinte años (1997-2018) y fue desmantelado por el gobierno de López Obrador para sustituirlo por programas de transferencias monetarias no condicionadas, sin embargo, los montos pecuniarios distribuidos con los nuevos programas no varían notoriamente respecto a los programas del sexenio anterior[1].
A pesar del discurso oficial, el régimen de bienestar actualmente existente representa la continuación del que inauguró Ernesto Zedillo y no una ruptura o transformación. El actor predominante en la generación de bienestar sigue siendo el mercado, no han cambiado las tendencias sobre la desmercantilización de los bienes y servicios asociados al bienestar, y la estratificación social sigue acentuándose. Un elemento que destaca en el régimen de bienestar aplicado por López Obrador es la consigna de austeridad, una bandera impulsada por la agenda neoliberal para achicar el Estado y que atraviesa transversalmente toda la política del gobierno actual.
¿Hacia dónde va el régimen de bienestar?
El agotamiento del régimen de acumulación neoliberal es un fenómeno global que se expresó claramente en México con la elección de López Obrador en 2018; sin embargo, todavía no se han delineado nítidamente los márgenes de un régimen de acumulación que sustituya al actual. En términos del régimen de bienestar, la pandemia ha hecho todavía más evidente la necesidad de transitar hacia un régimen que se desvincule del empleo y se articule en torno al concepto de ciudadanía social.
En Estados Unidos el gobierno de Joe Biden está implementando un Plan de Rescate de 1.9 billones de dólares que busca superar los estragos económicos y sociales potenciados por la pandemia; parece que la crisis está llevando al gobierno estadounidense a abandonar el régimen de bienestar residual-liberal para iniciar la transición hacia algo diferente[2]. En contraste, y a pesar de que el clima post-pandémico mundial facilita ahora la transición hacia un nuevo arreglo social, en México hay pocos esfuerzos por abandonar el régimen de bienestar actual. Parece que hoy, tal como en su tiempo ocurriera con el movimiento obrero, los avances que puedan darse dependen de la exigencia de los movimientos sociales para hacer efectiva la dignidad de la vida humana.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Desde su fundación, en 1949, la República Popular China se planteó una política exterior acorde con el movimiento revolucionario que había llevado al Partido Comunista de China al poder: el marxismo-leninismo. En el plano internacional, el planteamiento fundamental del marxismo-leninismo apuntaba a la conformación de una organización global de trabajadores que promoviera la revolución mundial como paso necesario en la construcción del comunismo. Fue este principio el que guio la política exterior de China entre 1949 y 1971.
En las décadas de 1950 y 1960, la China roja (como se le llamaba para diferenciarla de Taiwán, la otra China) imprimió millones de obras clásicas del marxismo-leninismo para inundar el mundo con las ediciones de Pekín, apoyó militarmente a Corea del norte contra Corea del sur y sus aliados estadounidenses, intervino en la guerra de Vietnam contra el avance militar norteamericano, hizo llamados abiertos al derrocamiento del imperialismo estadounidense, y en general usó sus limitados recursos para promover la revolución mundial. Sin embargo, la ruptura de relaciones con la Unión Soviética provocó un viraje importante en la política exterior china.
El conflicto sino-soviético se produjo, fundamentalmente, a nivel ideológico. Si bien la relación entre China y la URSS no había sido la mejor mientras vivía Stalin, Mao sí reconocía en la URSS al destacamento socialista de avanzada, y valoraba a Stalin no solo como el gran líder soviético triunfador de la Segunda Guerra Mundial, sino también como un referente teórico de la doctrina comunista. La muerte de Stalin (1953) y las críticas que contra él lanzó Jrushchov en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (1956), significaron un punto de inflexión en las relaciones entre China y la URSS.
Mao acusó a la URSS de haber renunciado a la construcción del socialismo, de favorecer el socialismo en un solo país, de convertirse en un imperio (imperialismo soviético) y de traicionar el principio de la revolución mundial al promover la coexistencia pacífica con el bloque capitalista. Al deshacerse de la “espada de Stalin”, Jrushchov y los líderes soviéticos se habían deshecho también del marxismo-leninismo para convertirse en revisionistas, como despectivamente los llamó Mao. La confrontación ideológica devino rápidamente en una confrontación estratégica: soviéticos y chinos dejaron de ser “hermanos comunistas” en el plano internacional.
De ser un aliado fundamental, la URSS se convirtió en el principal enemigo estratégico para China. En la guerra entre China e India (1962) la Unión Soviética apoyó a la India, las bases militares soviéticas localizadas en Manchuria comenzaron a verse como una amenaza, y China empezó a observar con recelo un posible triunfo de Vietnam del norte, pues como aliado de la URSS eso representaba un peligro estratégico. La confrontación llegó a su clímax en 1969, cuando tropas chinas y soviéticas tuvieron un enfrentamiento en el río Ussuri y se dispararon las alarmas de una posible guerra. A partir de ese momento, la URSS se convirtió en el enemigo más peligrosos de China: de las dos potencias (EE.UU. y URSS) era la que estaba más cerca, había desplegado un millón de soldados en la frontera con China, y tenía estratégicamente rodeada a China: al norte, Rusia; al oeste, los países soviéticos de Asia central; y al sur, Vietnam. Mao evaluó que, entre los dos imperialismos existentes, el más peligroso era el soviético. Para defenderse, decidió aliarse con la otra potencia: Estados Unidos.
Las conversaciones secretas entre Zhou Enlai y Kissinger en 1971 prepararon el terreno para que en 1973 se entrevistaran Mao y Nixon en Pekín, efectuándose un cambio en la correlación mundial de fuerzas: China y Estados Unidos formaron una alianza contra la URSS. Como apunta Kissinger en su libro On China (2011), las demandas de los dirigentes chinos (primero Mao y después Deng) buscando de Estados Unidos acciones más efectivas contra la Unión Soviética a nivel mundial, superaban incluso a las posiciones de los republicanos más conservadores en Washington. La alianza funcionaba bien: los puntos más intrincados de la relación sino-norteamericana fueron neutralizados (Taiwán), Estados Unidos pudo enfocarse en la URSS y China pudo intervenir militarmente en Camboya y Vietnam para contener el despliegue soviético.
La política exterior de la República Popular China pasó de estar definida por los principios ideológicos del comunismo (1949-1971) a la realpolitik (1971-1991). La caída de la URSS y el fin de la Guerra Fría significó la ruptura de la alianza estratégica entre China y Estados Unidos: al desaparecer el enemigo común, la alianza se volvió innecesaria. Por otro lado, el pujante crecimiento económico de China y las advertencias que al respecto hicieron los “think tanks” estadounidenses distanciaron a los dos países. En el nuevo siglo, China y EE.UU. volverían a ser enemigos.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
El Partido Comunista de China (PCCh) es el partido más grande del mundo y quizá también el más poderoso: con sus 95 millones de miembros, el PCCh comanda los destinos de una potencia habitada por mil cuatrocientos millones de seres humanos. Para alcanzar las dimensiones y la fortaleza que tiene hoy, el partido ha debido recorrer un sinuoso camino que abarca cien años.
Como pasó en otros países del mundo periférico, en China el partido comunista se fundó como consecuencia de las repercusiones globales que tuvo la Revolución Rusa de 1917. En China, las primeras inquietudes sobre el comunismo surgieron en la Universidad de Pekín y estuvieron muy relacionadas con el Movimiento del 4 de Mayo, una serie de movilizaciones estudiantiles realizadas en 1919 en la capital china en contra de los efectos perniciosos que se derivaron del Tratado de Versalles, como la cesión del territorio de Manchuria a Japón, entre otros. Aprovechando la energía revolucionaria del Movimiento del 4 de Mayo, y apoyados por la Internacional Comunista que dirigía Lenin, finalmente los comunistas fundaron su partido en 1921. Era tan incipiente el movimiento que solo 12 delegados asistieron al Primer Congreso, uno de los cuales era Mao Tse Tung.
Siguiendo los consejos emitidos por Moscú, el partido buscó aumentar su fuerza entre las masas y se alió con el Kuomintang (KMT), el Partido Nacionalista que entonces dirigía Sun Yat-sen, el fundador del sistema republicano en China. Al lado del Kuomintang, el PCCh luchó contra los Señores de la Guerra, que se habían dividido el territorio chino tras la caída del último emperador (1912), para unificar a todo el país en torno al gobierno central y poner fin a las disputas militares internas. En 1927, el KMT dirigido por Chiang Kai-shek traicionó al PCCh, rompió la alianza militar, y comenzó la persecución contra los comunistas. El partido se refugió en las áreas rurales relativamente inaccesibles de la provincia de Jiangxi y en 1931 fundó ahí el Soviet de Jiangxi, un pequeño Estado comunista autónomo. El acoso y la persecución de Chiang Kai-shek obligaron al PCCh a emprender la retirada hacia el norte del país y comenzó la Larga Marcha, una caminata que duró dos años y mediante la cual el Soviet de Jiangxi escapó del KMT y pudo reubicarse en Yan’an, que se convirtió en la base comunista hasta el fin de la guerra. Sin embargo, a pesar del conflicto que mantenían, el PCCh y el KMT nuevamente formaron una alianza militar para luchar contra la invasión japonesa. Tras de la liberación (ocurrida en 1945, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial) el conflicto interno se reanudó y, finalmente, en 1949 el PCCh logró triunfar sobre el KMT. Ese año, en Beijing, Mao declaró la fundación de la República Popular de China.
Con Mao a la cabeza, el partido pasó de ser un pequeño grupo de veinte miembros a gobernar el país más poblado del planeta. El espíritu marxista-leninista que siempre promovió Mao en el PCCh, llevó al partido a emprender ambiciosos proyectos orientados a establecer una sociedad socialista. El Gran Salto Adelante buscó revolucionar las fuerzas productivas para sacar a China del estado semifeudal en el que se encontraba y la Revolución Cultural se propuso exterminar las reminiscencias de la cultura burguesa y pequeñoburguesa para consolidar la transformación revolucionaria china.
La llegada de Deng Xiaoping al poder (1978) significó una ruptura con la línea maoísta. Deng impulsó al interior del PCCh un cambio de concepciones: la lucha de clases pasaba a segundo plano y el desarrollo de las fuerzas productivas y la generación de riqueza se convirtieron en el objetivo primordial del corto plazo. Esto se reflejó en reformas económicas como la reaparición de la propiedad privada de los medos de producción (eliminada con Mao), la retracción del Estado en la economía y el abandono del pleno empleo. Jiang Zemin (1993) mantuvo la línea desarrollada por Deng y la reforzó mediante la Teoría de las Tres Representaciones, la cual postuló que el PCCh ya no debía ser solo el partido de la clase proletaria sino también el de las fuerzas avanzadas de la producción (empresarios) y el de las fuerzas avanzadas de la cultura (intelectuales, artistas y científicos). Esto significó el ingreso de algunos de los hombres más ricos de China a las filas del partido. Por su parte, en la misma línea que habían desarrollado Deng Xiaoping y Jiang Zemin, Hu Jintao (2003) desarrolló la Concepción Científica del Desarrollo.
Desde 2012 Xi Jinping es el Secretario General del PCCh. Xi ha impulsado el estudio y la práctica del marxismo tanto al interior del partido como en la sociedad china en general, ha planteado la necesidad de ponerle más restricciones a la propiedad privada de los medios de producción, ha pugnado por un desarrollo económico más sustentable y ha combatido la corrupción que se generó en el partido a partir de las reformas iniciadas con Deng. Este 2021, el PCCh llega a su centenario de vida con grandes éxitos como conductor del gigante asiático. Su historia, desde Mao hasta Xi, encierra grandes lecciones para los partidos revolucionarios de todo el mundo.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
El término de Sueño Chino fue planteado por Xi Jinping en un discurso pronunciado el 29 de noviembre de 2012, al visitar “El camino al rejuvenecimiento”, una exposición permanente del Museo Nacional de China. En ese discurso, Xi —nombrado Secretario General del Partido Comunista de China (PCCh) dos semanas antes— trazó las líneas generales del Sueño Chino:
“Todos tienen un ideal, ambiciones, sueños. Ahora todos hablamos del Sueño Chino. En mi opinión, lograr el rejuvenecimiento de la nación China ha sido el más grande sueño del pueblo chino desde el advenimiento de los tiempos modernos […]. Creo firmemente que la meta de lograr una sociedad moderadamente próspera puede ser alcanzada en 2021, cuando el PCCh celebra su centenario; la meta de hacer de China un país socialista moderno próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso, puede ser alcanzada en 2049, en el centenario de la República Popular de China; de esa manera será realizado el sueño del rejuvenecimiento de la nación china” (Xi, 2014: 56).
El Sueño Chino adquirió una importancia mayor a partir del 14 de marzo de 2013, cuando la XII Asamblea Popular Nacional eligió a Xi Jinping como presidente de la República Popular de China (en adelante China). En el mensaje que dirigió a la Asamblea, Xi profundizó en el significado del Sueño Chino y señaló tres aspectos fundamentales que deben considerarse para alcanzarlo: 1) China debe tomar su propio camino, que es la construcción del Socialismo con Características Chinas; 2) China debe fortalecer el espíritu nacionalista y patriótico del pueblo; 3) China debe unir la fuerza de todos los grupos étnicos alrededor del mismo proyecto. Asimismo, Xi insistió en que las metas planteadas por el Sueño Chino únicamente podrían realizarse siguiendo la guía del Pensamiento de Deng Xiaoping, la Teoría de las Tres Representaciones desarrollada por Jiang Zemin y la Concepción Científica del Desarrollo elaborada por Hu Jintao (Xi, 2014: 59).
A raíz de los primeros discursos pronunciados por Xi Jinping en su calidad de Secretario General del PCCh y presidente de China, el Sueño Chino comenzó a recibir atención al interior del PCCh y fue sometido a un proceso de teorización por los intelectuales del partido. La revista Qiushi, publicación oficial del Comité Central del PCCh que funciona como guía teórica para el partido y para el país, publicó el 1 de mayo de 2013 una editorial en la que se desarrollan nuevas aproximaciones al término Sueño Chino desde la disciplina de la Historia. De acuerdo con Qiushi, después de la Guerra del Opio y los Tratados Desiguales con las potencias europeas, China tuvo “el sueño de cambiar el camino” y buscó establecer una monarquía constitucional siguiendo el modelo de Inglaterra y Japón, pero el intento fue cortado abruptamente por la emperatriz Cixi en la última década del siglo XIX; después vino el “sueño de asuntos exteriores”, que trató de aprender las técnicas occidentales para hacer progresar al país y fue frustrado por la invasión japonesa de 1894; más tarde surgió el “sueño constitucional”, dirigido por Sun Yat-sen, para establecer una próspera república capitalista, pero el proceso derivó en la fragmentación del país con los Señores de la Guerra y en cruentas guerras intestinas entre nacionalistas y comunistas; finalmente, el marxismo leninismo y el socialismo señalaron la vía que debía recorrer China para avanzar: el triunfo de la Revolución en 1949, la expulsión de las potencias invasoras, el desarrollo económico y el fortalecimiento del país, son las pruebas más contundente de lo idóneo que es esta vía para China. De esta manera, señala Qiushi, la propia historia ha demostrado que únicamente el Socialismo con Características Chinas puede hacer realidad el Sueño Chino.[1]
La política exterior del Sueño Chino
Al principio, el término de Sueño Chino fue planteado por Xi Jinping como un discurso de consumo doméstico. Era un proyecto nacionalista que llamaba a todo el pueblo a trabajar de forma unida, bajo el liderazgo del PCCh, en torno al deseo común de rejuvenecer (revitalizar) al país a través del Socialismo con Características Chinas. Sin embargo, con el paso de los años el Sueño Chino se convirtió también en un discurso dirigido al exterior para posicionar a China en el escenario internacional como un país poderoso que podía ofrecer alternativas de desarrollo a los países de Asia, África y América Latina. El primer antecedente de esta política exterior se encuentra en el mensaje que dirigió Xi a la prensa latinoamericana en 2013 y que se titula “El Sueño Chino no solo beneficiará al pueblo chino, sino también al de otros países” (Xi, 2014: 77).
El Sueño Chino se convirtió en la plataforma discursiva desde la cual Xi Jinping comenzó una activa política exterior que se ha convertido en el sello distintivo de su gobierno. Xi rompió con el principio de política exterior dictado por Deng Xiaoping y respetado por Jiang Zemin y Hu Jintao, el cual consistía en aparentar debilidad y no llamar la atención para no generar conflictos con otras potencias del mundo; de acuerdo con este principio —retomado por Deng del Arte de gobernar de Sun Tzu— a pesar de ser un país económicamente poderoso y con capacidades crecientes, China no debía hacer proyecciones de grandeza al exterior para evitar que los países dominantes se sintieran amenazados y entorpecieran el desarrollo del país. La llegada de Xi al poder significó una ruptura con esta tradición (Rosales, 2020). En lugar de mantener el bajo perfil recomendado por Deng, Xi lanzó en 2013 la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en 2014 fundó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, dos proyectos mediante los cuales China busca integrar una gran red de infraestructura comercial a escala planetaria. Adicionalmente, la China de Xi ha buscado establecer relaciones políticas estrechas con países de América Latina, Asia y África, muestra de lo cual fue el lanzamiento, en 2014, del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
La creciente presencia de China en términos económicos (inversión, comercio y financiamiento), políticos y militares (fundamentalmente en la frontera con India y en el mar de China meridional), así como el rápido desarrollo tecnológico en ingeniería y telecomunicaciones, suscitó serias preocupaciones entre los países dominantes y los dominados. Estados Unidos, por su parte, planteó un cerco a China mediante la política de Obama denominada “pivote asiático”, la cual consistía en trabajar coordinadamente con sus aliados asiáticos y europeos para contener a China; el fallido Acuerdo Transpacífico (TPP), que buscaba aislar comercialmente a China, formó parte de esta política. En los países dominados, la emergencia de China como potencia mundial fue bien recibida como una alternativa a la hegemonía estadounidense; sin embargo, pronto comenzaron a formularse los primeros cuestionamientos en torno al papel global del país asiático: se planteó la preocupación de si el debilitamiento de la hegemonía norteamericana significaba el tránsito a un mundo multipolar impulsado por los BRICS, o si en realidad China no había llegado a desmantelar el imperialismo estadounidense sino solo a sustituir al sujeto dominante sin cambiar las relaciones.
¿Imperialismo chino?
Existe una corriente discursiva que señala a la China de Xi Jinping como un peligro para el mundo occidental; se trata de un discurso elaborado por las élites estadounidenses para frenar la influencia china en lo que eufemísticamente llaman el “mundo libre”. De acuerdo con esta línea de análisis, China amenaza los valores más preciados de la humanidad —la libertad y la democracia— y por lo tanto es del interés de todos los países frenar su crecimiento. Un preclaro representante de esta posición es Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien recorre el mundo explicando la amenaza que significa China para la economía, la libertad y el futuro de la democracia de todos los países, y llama al “mundo libre” a responder ante el peligro.[2] No es esta corriente la que interesa analizar aquí, pues sus motivaciones son evidentes.
Desde el marxismo se ha planteado la cuestión de cómo caracterizar el papel de China en el plano internacional. En el número 5 del volumen 72 de la revista Monthly Review, John Bellamy Foster apunta que la historia del capitalismo se ha caracterizado por las luchas por la hegemonía, y que el siglo XXI será la lucha entre Estados Unidos y China, si bien acota que la formación social de este país no es totalmente capitalista ni totalmente socialista.[3] De esta manera, sin que sea el eje de su reflexión, Bellamy Foster señala uno de los problemas nodales que deben resolverse para caracterizar las relaciones de China con el mundo: si el país es o no predominantemente capitalista. En efecto, en su obra clásica Lenin define al imperialismo como un momento necesario en el desarrollo de los países capitalistas industrializados: se conforman grandes monopolios que dominan los mercados, el capital industrial se fusiona con el capital bancario, comienza a exportarse más capital que mercancías, y finalmente se forman grupos monopólicos internacionales que se reparten el mundo (Ilich, 1961). La dificultad de caracterizar a China como un país imperialista estriba en verificar el cumplimiento de este proceso al interior del país.
La crítica que hace Lin Chun a las reformas impulsadas en China desde el gobierno de Deng Xiaoping, sintetiza varios señalamientos provenientes del marxismo. La autora acusa a la cúpula del PCCh de haber abandonado el socialismo en nombre de la reforma, lo cual se observa en el desvanecimiento del control público de la economía: por un lado, la proporción del sector público cayó del 57% en 2003 al 27% en 2010, por el otro, en 2010 el Estado solo controlaba el 23% de los bienes totales de las 16 industrias estratégicas de la economía nacional. Paralelamente, las bases clasistas del PCCh han cambiado radicalmente desde 2002, cuando los empresarios privados comenzaron a ser admitidos en el partido; gracias a esta medida, en 2012 el 53% de los chinos que poseían más de 100 millones de yuanes formaba parte del PCCh, siete de los hombres más ricos del país asistieron al XVIII Congreso del partido y 160 de los chinos más ricos (cuyas familias poseen bienes equivalentes a 221 mil millones de dólares), forman parte de la élite del partido. En conclusión, dice Chun, la reforma se ha salido de su cauce original, degeneró, y por medio de ella el capital se está apoderando tanto del PCCh como del país. Es así al punto que la Escuela Central del partido se ha convertido en un bastión ideológico del neoliberalismo y los funcionarios de primer nivel van a entrenarse en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, en Estados Unidos (Chun, 2015).
En una línea de análisis similar, aunque con discrepancias importantes, Michael Roberts apunta que la economía china “todavía está dominada por el control estatal, la inversión pública, los bancos estatales y por funcionarios comunistas que controlan las grandes empresas y planifican la economía”. Sin embargo, Roberts advierte que, aunque el modo de producción capitalista todavía no es el dominante en China, el país avanza rápidamente en esa dirección.[4] El economista británico no se plantea, como sí lo hace Lin Chun, si es posible que China no sea absorbida totalmente por la dinámica capitalista, sino que se limita a analizar las relaciones existentes y las proyecciones en el corto plazo. La caracterización que hace Roberts de China es poco coherente, puesto que en algunos textos defiende el carácter no capitalista del país mientras en otros lo coloca como una potencia imperialista. En la crítica que hizo al libro Las guerras comerciales son guerras de clase,[5] Roberts cuestiona la tesis que sostienen los autores de que las guerras comerciales de los últimos años se deben a un exceso de ahorro en países como China y Alemania, resultado de la crisis de subconsumo al interior de esos países, crisis que, a su vez, deriva de que los trabajadores ya no pueden comprar lo que producen. La polémica de Roberts con Klein y Pettis no gira en torno a si existe o no un conflicto mundial entre los capitales estadounidenses y los chinos, sino en torno a los motivos que llevan a esos capitales a invertirse fuera de sus países: Klein y Pettis ubican al subconsumo como principal causa, Roberts apunta que es la caída de la rentabilidad en los mercados domésticos. El marxista británico explica la guerra comercial entre Estados Unidos y China como una guerra “entre potencias imperialistas rivales por las ganancias extraídas del trabajo a nivel mundial”. De esta manera, Michael Roberts termina caracterizando a China como una potencia imperialista.
Una posición más contundente es la de Au Loong – Yu, marxista chino de Hong Kong. Au explica el ascenso de China a partir de tres momentos: primero, la modernización socialista desde 1949 hasta 1978, después, el ascenso del capitalismo chino, que tuvo éxito por ser un capitalismo dirigido por el Estado, y finalmente el expansionismo, consecuencia necesaria del capitalismo monopolista: “con la exportación de capital a escala masiva, se hizo necesaria la intervención sobre la política doméstica de los países de acogida, con el objetivo de garantizar y supervisar las inversiones”.[6] En esta lógica entiende Au Loong – Yu la Iniciativa de la Franja y la Ruta: la construcción de infraestructura en todo el mundo, alineada con los intereses chinos, evidencia los problemas de sobreproducción de China y al mismo tiempo intenta absorber todo ese exceso de capacidad.[7] Básicamente, se trataría de la lógica imperialista observable en Estados Unidos y otros países capitalistas desarrollados. En la mayoría de los análisis que definen a China como un país imperialista, el caso de estudio paradigmático es África, un continente donde el país asiático ha desbancado a Estados Unidos y a las potencias europeas como primer socio comercial y como principal acreedor; aeropuertos, carreteras, puentes, ferrocarriles, plantas hidroeléctricas, estadios y edificios gubernamentales han sido construidos con capitales chinos. Ante las críticas vertidas desde la prensa y los gobiernos occidentales contra la expansión económica de China en África, la respuesta de los expertos chinos es sencilla: “es una situación en la que todos ganan. China no es un donante benevolente que da dinero gratis. Queremos ganar dinero, pero bajo la condición de que el acuerdo comercial sea beneficioso para nuestros socios en África”.[8]
Las dificultades de caracterizar a China desde el marxismo como un país más o menos capitalista y más o menos imperialista, tienen como base la disputa teórica y política que existe al interior del PCCh sobre el curso que debe seguir la economía. De acuerdo con Osvaldo Rosales, en el plano económico hay dos corrientes principales: la neoconservadora y la nueva izquierda. Básicamente, los neoconservadores pugnan por una profundización de las reformas económicas iniciadas con Deng Xiaoping tendientes a aumentar el poder del mercado y de la iniciativa privada; influidos por Friedrich Hayek, plantean que las condiciones actuales de China demandan una rápida profundización de las reformas económicas para liberar las fuerzas del mercado y mantener altas tasas de crecimiento económico. La nueva izquierda rechaza la tesis de que China necesariamente debe recorrer la senda del neoliberalismo para seguir desarrollándose; sus exponentes no se oponen a las reformas, pero consideran que no debe privilegiarse el crecimiento del mercado y del PIB a expensas de la igualdad y la democracia política. La llegada de Xi Jinping al pináculo del poder político chino ha sido interpretada, en general, como un acontecimiento favorable a las posiciones de esta nueva izquierda, puesto que Xi ha insistido enérgicamente en retomar el estudio y la aplicación del marxismo,[9] y ha abogado por aumentar el control del Estado sobre la economía del país.[10] A pesar de ello, en la óptica de Au Loong – Yu, Xi y su grupo “están determinados a restaurar la hegemonía del pasado imperial chino y reconstruir así el llamado mandato celestial” (Au, 2019).
El Reino del Medio, un imperio milenario
El proyecto del Sueño Chino y el rejuvenecimiento de la nación china impulsados por Xi Jinping descansan en la concepción de grandeza que tiene China de su pasado imperial. Como señala Kissinger,
“Otras sociedades han reivindicado la pertinencia universal de sus valores e instituciones. Ninguna, sin embargo, es igual que China en la persistencia en una concepción tan elevada de su función en el mundo durante tanto tiempo, y frente a tantas vicisitudes históricas. Desde el nacimiento de China como Estado unificado en el siglo III a. C. hasta el desmoronamiento de la dinastía Qing en 1912, China permaneció en el centro de un sistema internacional de Asia oriental de notable continuidad. Se consideraba que el emperador chino constituía el pináculo de la jerarquía política universal (y así lo reconocían la mayoría de los estados vecinos), y el resto de los dirigentes estatales teóricamente actuaban como vasallos suyos. La lengua, la cultura y las instituciones políticas chinas constituían los hitos de la civilización […] Mientras otros países recibían el nombre de algún grupo étnico o a partir de una referencia geográfica, China se autodenominó zhongguo: el Reino Medio o el País Central” (Kissinger, 2019: 22).
Durante gran parte de la historia, China fue, efectivamente, un país destacado en el terreno económico, político, comercial, territorial, demográfico, cultural y tecnológico. Osvaldo Rosales, citando a Maddison, apunta que:
“Durante dieciocho de los últimos veinte siglos, China representó un porcentaje del PIB mundial mayor que el de cualquier sociedad occidental. En 1820, dos décadas antes del inicio del siglo de la humillación, China representaba el 30% del PIB mundial, cifra que superaba la suma conjunta del PIB de los Estados Unidos, Europa Occidental y Europa Oriental” (Rosales, 2020: 27).
El poderío económico de China colocó al país como el centro económico y político de Asia oriental durante miles de años. Por otro lado, exceptuando al imperio mongol de Kublai Kan, ninguno de los grandes imperios de la Antigüedad o de la Edad Media tuvo un contacto significativo con China, por lo que el país se consideraba el centro de todo y, según su cultura, los emperadores eran el centro mismo de la humanidad: entre más lejos del emperador se encontraran los pueblos, más bárbaros eran. Los emperadores recibían en el Templo del Cielo, en Beijing, el Mandato del Cielo para gobernar no solo a China, sino Todo bajo el Cielo.
Esta grandeza imperial terminó abruptamente con la Guerra del Opio de 1844, acontecimiento que inaugura el periodo histórico conocido por los chinos como el Siglo de la Humillación. La derrota china a manos de los británicos fue seguida por una serie de conflictos bélicos entre China y las potencias occidentales, todas las cuales buscaban ganar una parte del botín. De esta manera, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Japón le impusieron a China unos Tratados Desiguales que la obligaron a abrir su mercado a los capitales de las potencias, y que le arrebataron territorios como Hong Kong, Taiwan, Manchuria, Macao, entre otros. En 1912 la última dinastía china, la de los Qing, llegó a su término y se fundó una república; sin embargo, la naciente república fue incapaz de mantener unificado el poder político y militar, y los Señores de la Guerra iniciaron un conflicto armado que desgastó al país. Paralelamente, los comunistas dirigidos por Mao y los nacionalistas dirigidos por Chiang Kai-shek protagonizaron una guerra civil que comenzó en 1927 y se extendió por dos décadas. Aprovechando la debilidad china, Japón invadió el país en 1931 y lo mantuvo ocupado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después, en 1949, las fuerzas comunistas de Mao vencieron al ejército nacionalista y se fundó la República Popular China, hecho que se considera como el fin del Siglo de la Humillación.
El Siglo de la Humillación y el retorno a la normalidad histórica
Fuente: Rosales, 2020
Con esta concepción de la historia, la de una China poderosa y céntrica, el nacionalismo presente en el discurso del Sueño Chino necesariamente se remite al pasado imperial. Esto no quiere decir que China busque hoy establecer un imperio a imagen y semejanza del que existió hasta el siglo XIX, sino que busca restablecer a China en el lugar predominante que tuvo por milenios. Rosales llama a esto “el retorno de la normalidad histórica”, es decir, que China vuelva a ser el centro del mundo, el Reino del Medio, como lo fue durante milenios (Rosales, 2020). Desde el discurso oficial, las autoridades chinas rechazan cualquier pretensión imperialista que se funde en su historia. Para ello se emplean básicamente dos argumentos: por un lado, la tradición confuciana prevaleciente en China que busca la armonía y rechaza el conflicto; por el otro, argumentan que el imperio chino, a pesar de su poder, nunca buscó ampliarse conquistando otros territorios ni emprendió guerras para someter a pueblos de ultramar, lo que es un hecho empíricamente comprobado e incluso aceptado por Henry Kissinger (2019).
Conclusiones
Xi Jinping ha planteado concretar el rejuvenecimiento de la nación china en 2049, en el centenario de la fundación de la República Popular China. Al interior, la realización del Sueño Chino significa la erradicación de la pobreza y el establecimiento de una sociedad socialista moderna; al exterior, la construcción de un país fuerte. A partir de la realidad observable, puede constatarse que el sector capitalista de la economía china ha comenzado a expandir su presencia a nivel mundial, fundamentalmente en los países de bajos y medianos ingresos (Asia, África y América Latina), pero también busca estrechar lazos comerciales con países desarrollados como los de la Unión Europea[11], Japón y Australia[12]. Más allá de la dinámica propia del capital, que busca su reproducción y engrandecimiento a toda costa, la historia china está marcada por un pasado imperial que mantuvo a China como el centro político, económico y cultural de una vasta región del planeta, una centralidad interrumpida por el Siglo de Humillación, que el discurso nacionalista de hoy añora y que pretende alcanzar. Con base en estos dos elementos, es justificable señalar tendencias imperialistas en el Sueño Chino lanzado por Xi Jinping, sin embargo, una caracterización más cuidadosa tendría que resolver primero si el capital se ha vuelto dominante al interior del PCCh y del Estado chino o si el socialismo sigue vivo y mantiene controlado el proceso de reformas.
Identificar a China como un país imperialista no implica cuestionar los avances que el país ha logrado en materia económica, social y tecnológica. El crecimiento del PIB a una tasa promedio de 10% durante las últimas cuatro décadas, la erradicación de la pobreza extrema en 2020, y el desarrollo de tecnología propia, sobre todo en el ramo de las telecomunicaciones, son expresiones del desarrollo exitoso de China. Sin embargo, es necesario caracterizar el papel que desempeña China a nivel mundial para conocer el impacto que este país puede tener en América Latina, una región que cada vez recibe más inversiones chinas y donde el país asiático ya ocupa el segundo lugar como socio comercial.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
El multilateralismo está en crisis. O al menos es una idea muy compartida en los análisis más recientes de política exterior y cooperación internacional. Y no se trata de una afirmación sin sustento, sino que responde a los movimientos que han ocurrido en el último lustro en la geopolítica mundial. En efecto, el ascenso de jefes de Estado antiglobalistas en países como Estados Unidos (Trump), Reino Unido (Boris Johnson) y Brasil (Bolsonaro), y el auge de movimientos ultranacionalistas en España, Francia, Italia, entre otros países europeos, han llevado al debilitamiento de los organismos multilaterales que funcionaban como espacios de coordinación para facilitar la gobernanza mundial. Quizá las pruebas más fehacientes sean el abandono de la OMS por parte de Estados Unidos y la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Tras cuatro años de un gobierno volcado al interior con la política de “Make America Great Again”, la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos ha generado expectativas sobre un posible retorno de la potencia norteamericana a su papel de líder mundial, lo que traería aparejado el fortalecimiento de los organismos multilaterales bajo la dirección estadounidense. Sin embargo, basta hacer una revisión somera de la historia del multilateralismo para concluir que un escenario así es poco probable.
El multilateralismo comenzó a desarrollarse al final de la Segunda Guerra Mundial como una política internacional orientada a contener la expansión del comunismo en los países del llamado “mundo libre”. Esta conformación de organismos multilaterales tuvo como telón de fondo la expansión económica de la posguerra (los años dorados del capitalismo), el conflicto entre el bloque capitalista y el bloque socialista, y el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. Con el derrumbe de la URSS, los organismos multilaterales que no solo incluían acuerdos comerciales, sino también militares, se extendieron a Europa Oriental y Asia Central, abarcando aquellos países que habían pertenecido al bloque socialista y que en el nuevo contexto buscaban integrarse a la dinámica económica mundial. Así, la globalización de los años 90 y de los 2000 coincidió con la consolidación de Estados Unidos como potencia hegemónica única e indiscutible.
Pero las cosas comenzaron a cambiar sensiblemente en la segunda década del siglo XXI. Después de la crisis de 2008 se hizo evidente que China se había convertido en un importante actor geopolítico, y la activa política exterior que estableció el gigante asiático a partir de la llegada de Xi Jinping al poder, en 2013, despejó las dudas que quedaban sobre las capacidades de China para modificar el orden político global. En sus últimos años como presidente, Obama organizó a los aliados de Estados Unidos en el sudeste asiático para iniciar una ofensiva conjunta contra China y comenzó la negociación de acuerdos comerciales que detuvieran su crecimiento económico; sin embargo, a su llegada al poder Trump optó por favorecer el dinamismo económico interno antes que disputarles a los chinos la hegemonía en Asia-Pacífico. La estrategia económica de Trump consistió en relocalizar las industrias manufactureras del sudeste asiático en Estados Unidos, para lo cual emprendió una guerra comercial con China, pero sin que las agresiones contra China fueran un fin en sí mismo, sino solo un medio.
Biden promete dar un giro de 180° en la política exterior estadounidense y unir al “mundo libre” contra sus enemigos: China y Rusia. Lo cierto es que la economía estadounidense de hoy no goza del crecimiento de la posguerra, ni es la superpotencia única que señoreó al mundo durante los años 90, todo lo cual dificulta el restablecimiento de los esquemas multilaterales de gobernanza bajo la égida norteamericana. Por otro lado, China ha desplegado una política exterior que busca ganar aliados mediante la iniciativa One Belt One Road, y ha comenzado a ganarse la aceptación de países de la Unión Europea y del sudeste asiático con acuerdos comerciales que buscan integrar mecanismos multilaterales de cooperación internacional. El fruto más reciente de estos esfuerzos es la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), firmada en noviembre de este año.
Puede concluirse que el multilateralismo tradicional (dirigido por Estados Unidos para sus objetivos económicos y geopolíticos) en efecto está en crisis, pero esto no debe entenderse como la cancelación de toda otra posibilidad de multilateralismo. Hoy China se presenta como un polo de poder capaz de plantear una reorganización del orden político mundial que rompa con la preponderancia estadounidense; su proyección internacional en el manejo de la pandemia es la prueba más reciente. Sin embargo, queda por ver si los chinos encontrarán las vías adecuadas para superar lo que han denominado la Trampa de Tucídides y si podrán conjurar una nueva Guerra Fría.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
En la órbita imperial: relaciones México-Estados Unidos
La llegada de AMLO a la presidencia no modificó la relación de subordinación entre México y Estados Unidos. Desde el inicio de su administración, el presidente ha expresado su agradecimiento a Donald Trump por distintos motivos: por aceptar el resultado electoral de 2018, por firmar el T-MEC, por no aplicarle el arancel de 25% en las exportaciones mexicanas, por intervenir en la OPEP a favor del gobierno mexicano y por no cerrar la frontera mexicano-estadounidense en medio de la pandemia. El 8 de julio de 2020, en Washington, Andrés Manuel le agradeció a Trump por tratar a México con respeto.
El discurso afable del gobierno mexicano con su contraparte estadounidense contrasta con los ofrecimientos hechos por AMLO al electorado. El candidato de Morena se presentó como un hombre nacionalista que en su calidad de jefe de Estado lucharía por el respeto a México en la arena internacional; sin embargo, en los hechos la administración de AMLO ha sometido su política exterior a los intereses estadounidenses e incluso ha modificado sus políticas internas para adaptarlas a las exigencias norteamericanas.
El momento más elocuente de esta subordinación ocurrió en la crisis migratoria de 2019. Ante el creciente número de caravanas migratorias que llegaban a Estados Unidos desde Centroamérica, Trump amenazó con castigar comercialmente a México si el país no resolvía el problema en 45 días; para evitar el castigo, Andrés Manuel endureció los filtros migratorios en la frontera sur y desplegó a la Guardia Nacional en todo el territorio nacional para detener a los migrantes, todo lo cual contradecía la política humanitaria que había planteado al inicio de su gestión para el fenómeno migratorio.
Una de las consecuencias más controvertidas es el Protocolo de Protección a Migrantes – “Quédate en México”-, que compromete al gobierno mexicano a aceptar en su territorio a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Con base en este acuerdo, Estados Unidos envió a México 63 mil migrantes so – licitantes de asilo solo durante 2019 (La Jornada, 2019), personas que deberán esperar en territorio mexicano el tiempo que sea necesario para que las instituciones estadounidenses aprueben o rechacen la solicitud. En caso de que la resolución sea positiva, el migrante podrá entrar a Estados Unidos; si la solicitud es rechazada el gobierno mexicano se hará responsable de su situación.
El Triángulo Norte y las caravanas migratorias
Los flujos migratorios que parten de Centroamérica con destino a Estados Unidos han sido un problema de seguridad para México y Estados Unidos desde la década de 1980, cuando las guerras civiles centroamericanas desplazaron a miles de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Desde entonces, distintos organismos internacionales han trabajado en proyectos trasnacionales orientados a enfrentar el fenómeno. Como resultado se ha identificado que el Triángulo Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- es la principal región expulsora de migrantes, y las principales causas que motivan a los centroamericanos a migrar son la pobreza y la desigualdad (CEPAL, 2019).
Si bien la migración de Centroamérica a Estados Unidos ha existido por décadas, el fenómeno de las caravanas migratorias solo comenzó a visibilizarse en 2018. Estas caravanas constituyen una modalidad de organización desarrollada por los migrantes para protegerse de los peligros del viaje. No se conoce con exactitud qué detonó la creciente ola de caravanas migratorias en 2018; sin embargo, una de las hipótesis más sostenidas es que la política humanitaria ofrecida por Andrés Manuel cuando estaba en campaña alentó a las poblaciones vulnerables del Triángulo Norte a buscar mejores oportunidades en otro país (Ruiz, 2019). Bajo esta hipótesis, el triunfo del candidato morenista habría acelerado la formación de caravanas migratorias en la segunda mitad de 2018 y en 2019, como efectivamente ocurrió.
Sin embargo, la política migratoria humanitaria se trocó en su opuesto a causa de la presión estadounidense: en junio de 2019 México cerró su frontera sur y comenzó la persecución de migrantes centroamericanos. A partir de ese momento, el gobierno de AMLO se enfocó en la aplicación del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, cuyo objetivo es abatir la migración mediante el desarrollo económico del Triángulo Norte. De acuerdo con el Plan, México invertirá 100 millones de dólares anuales en Guatemala, El Salvador y Honduras para generar empleos en dichos países. Esta política no es nueva: es una reedición del Plan Puebla-Panamá aplicado durante el gobierno de Vicente Fox, y del Proyecto Mesoamérica lanzado bajo la administración de Felipe Calderón. La política migratoria actual de México para Centroamérica es la misma de los últimos tres presidentes.
Retomando la política priista para América Latina
La política exterior aplicada por el gobierno de Andrés Manuel para América Latina es diferente a la que aplicaron Fox, Calderón y Peña Nieto. Esos gobiernos respetaron estrictamente la agenda estadounidense para la región: por un lado, México condenó la “falta de libertades y el atropello de los derechos humanos” en Cuba, Venezuela y Bolivia, y por el otro se acercó a Colombia, Perú y Chile aliados de Estados Unidos con quienes conformó la Alianza del Pacífico. En el último sexenio, México destacó por su intensa participación en el Grupo de Lima para desconocer las elecciones venezolanas por considerar que el “régimen autoritario” de Nicolás Maduro no ofrecía las garantías necesarias para un ejercicio democrático auténtico.
El gobierno de AMLO asumió una posición diferente. En el caso venezolano, reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo, le retiró su apoyo a Juan Guaidó y dejó de participar en el Grupo de Lima. Por otro lado, México tuvo una intervención destacada en el caso de Bolivia: denunció el golpe de Estado de 2019, le dio asilo en el país al presidente Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera, y asiló a otros nueve funcionarios del gobierno de Evo en la embajada de México en La Paz; esto provocó una crisis diplomática que resultó en la expulsión de la embajadora de México en Bolivia.
Aunque esta política exterior hacia América Latina se presenta como un giro inédito, tiene sus antecedentes en la política exterior de Luis Echeverría y López Portillo. Durante ese par de gobiernos (1970-1982) México cortó relaciones con la dictadura de Pinochet en Chile, le dio asilo a cientos de perseguidos por las dictaduras latinoamericanas, estableció relaciones con la China comunista, votó en la ONU contra el bloqueo a Cuba y a nivel mundial se colocó al frente del bloque de Países no Alineados. Mientras el México de Echeverría y López Portillo se proyectaba al exterior como un país humanista y democrático, al interior mantenía un gobierno antidemocrático que criminalizaba a los movimientos sociales. Así, la política exterior de AMLO para América Latina retoma la política priista de los años setenta.
Perspectivas
El fortalecimiento de China como potencia global que amenaza la hegemonía norteamericana y el interés estadounidense por recuperar el crecimiento económico previo a la crisis de 2008, han llevado a Estados Unidos a modificar su política exterior para América Latina, región que considera su espacio geopolítico vital. El T-MEC forma parte de este cambio: por un lado, prohíbe que México estreche relaciones comerciales con China, y por el otro pretende que las empresas estadounidenses que producen en otros países retornen a Estados Unidos bajo el lema trumpista “Make America great again”. Esta política exterior estadounidense, sin embargo, vulnera los intereses del Estado mexicano, pues se ve obligado a aumentar su comercio con Estados Unidos mientras renuncia a diversificar su comercio internacional, lo que profundiza la dependencia de México con respecto a la economía norteamericana.
En lo que respecta a la política exterior de México, es poco probable que Andrés Manuel asuma una posición nacionalista en lo que resta de su gobierno. Esto, no solo porque el país está subordinado a la agenda de Estados Unidos, sino también porque los planes del gobierno actual no contemplan alcanzar una soberanía más sustancial. Para que los países sometidos por las potencias mundiales logren una independencia política verdadera es necesario que su población se involucre activamente en la conquista de su liberación, en su defensa y en su consolidación. Así lo prueban los casos latinoamericanos de Cuba y Venezuela, dos países que a pesar de tener economías y poblaciones muy inferiores a las de México han conseguido emanciparse de la dominación estadounidense. En contraste con estos casos, el gobierno de AMLO ha admitido la dependencia de México y cuida la buena marcha de esa relación, cuyo único beneficiario es Estados Unidos.
A dos años de gobierno, el discurso nacionalista de Andrés Manuel sigue sin reflejarse en políticas concretas. El nacionalismo obradorista funciona más como elemento de retórica electoral que como parte de un proyecto de nación. Mientras la iconografía oficial se apoya en referentes patrióticos que inflaman el nacionalismo, en los hechos el gobierno de AMLO profundiza la lógica de subordinación y dependencia que ha caracterizado la historia contemporánea de México. Es esperable que la política exterior de México durante la “Cuarta Transformación” siga respondiendo a los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
Este es un apartado de “Dos años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador: resultados y perspectivas”, documento elaborado por el CEMEES para analizar al gobierno actual.
Las elecciones celebradas el 18 de octubre en Bolivia cerraron el impasse político abierto el 20 noviembre de 2019 por el Golpe de Estado. Durante un año, el bloque de poder que derrocó a Evo Morales y se instaló en el gobierno con métodos violentos, fue incapaz de articular un proyecto político que interpelara e integrara a los diferentes sectores de la sociedad boliviana. El gobierno de Jeanine Áñez impulsó el retorno del modelo neoliberal y utilizó a las Fuerzas Armadas para reprimir a quienes resistieron la consumación del Golpe. Durante un año, pues, Bolivia experimentó un retorno al neoliberalismo, en lo económico, y la vuelta de los militares como guardianes del orden interno, en lo político y lo social. El triunfo del MAS cierra este impasse neoliberal-militar orquestado por la burguesía estadounidense e instrumentado por las élites bolivianas. Se abre así una nueva etapa democrática que permite continuar la construcción de una Bolivia popular, plurinacional y antiimperialista.
El retorno del MAS al poder, ahora con Luis Arce Catacora como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente, entraña nuevos y múltiples retos para el proceso de cambio que históricamente han encabezado Evo Morales y Álvaro García Linera. Para identificar estos retos es necesario reflexionar sobre la experiencia de 2019 y señalar los errores que llevaron al MAS a esa delicada situación. No partir del análisis autocrítico del pasado reciente, y continuar el proceso de cambio bajo las pautas políticas que guiaron la práctica transformadora hasta ahora, implica arriesgarse a repetir la experiencia golpista, así como la represión y persecución que vivió el pueblo boliviano durante el interregno de Áñez. Partiendo de esa base, señalamos aquí tres retos para el MAS en esta nueva etapa progresista.
1) La necesidad de rotar a los cuadros gobernantes. El triunfo del “No” en el plebiscito de 2016 (en el que se propuso permitirle a Evo postularse para un nuevo mandato presidencial) reflejó un amplio rechazo a la figura del gobernante eterno. A pesar de ello, el MAS exploró los mecanismos institucionales necesarios y logró postular a Evo nuevamente en las elecciones de 2019. Esta insistencia en mantener al dirigente aymara como hombre fuerte del partido y del país permitió que floreciera el temor a un fraude electoral si el MAS perdía, y avivó la movilización de las clases medias en una “lucha por la democracia” contra el supuesto dictador. Es necesario rotar los gobernantes para evitar estos escenarios.
2) No confiar excesivamente en las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. En 2019 Evo y el MAS resistieron en el poder a pesar de las movilizaciones violentas que impulsaron las clases medias urbanas y las élites conservadoras (marcadamente la de Santa Cruz). La tensión del conflicto escaló, primero, porque la policía nacional le dio la espalda al gobierno: permitió el secuestro y tortura de funcionarios y familiares de funcionarios del MAS, por un lado, y después no detuvo a los golpistas violentos. Pero el punto de inflexión ocurrió cuando las Fuerzas Armadas traicionaronla lealtad debida al presidente y lo llamaron a renunciar. Las dictaduras de los años 60 y 70 en América Latina, más la experiencia de 2019, demuestran que la defensa del proceso de cambio no puede descansar en las Fuerzas Armadas.
3) Las clases medias. El Golpe de 2019 fue dirigido por las élites, pero se montó en el descontento y la movilización de unas clases medias urbanas llenas de rencor. Por sí mismas, las élites bolivianas carecen de la fuerza política necesaria para amenazar al MAS, sin embargo, la posibilidad de que sumen a las clases medias a sus proyectos racistas, elitistas y neoliberales sigue en pie. Es necesario que el MAS repiense la relación entre las clases populares indígenas y las clases medias para evitar que entre estas últimas se desarrolle un sentimiento de rechazo a todo lo indígena como resultado del proceso de redistribución económica e igualación social. Avanzar en el proceso de cambio sin considerar los intereses de las clases medias puede significar la anidación del odio racial contra el indígena. El MAS debe reinventar la relación entre las clases populares indígenas y las clases medias urbanas; debe integrar a las clases medias a su proyecto, aunque el papel central le siga perteneciendo, por definición, a las clases populares.
La nueva etapa progresista que se abre para Bolivia le plantea al MAS el reto de profundizar el proceso de cambio inaugurado en 2006 y corregir los errores que llevaron a la crisis de 2019.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
El Golpe de Estado consumado en Bolivia el 10 de noviembre de 2019 constituye una experiencia especialmente atractiva para los estudiosos de los procesos sociales. Por años los analistas calificaron la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) como una experiencia exitosa en el terreno económico, social, político y cultural. Durante los 13 años que gobernó Evo Morales, Bolivia se convirtió en el país sudamericano con mayor crecimiento económico, disminuyó la desigualdad económica notablemente, integró a los grupos indígenas a la vida política nacional, y reconoció constitucionalmente el carácter plurinacional del Estado. Por eso, aunque la situación política permitía calcular tensiones sociales motivadas por los comicios presidenciales de 2019, ningún estudioso de las ciencias sociales tenía en el horizonte la posibilidad de que un Golpe de Estado pudiera cortar de tajo el proceso de cambio boliviano.
El Golpe significó un reto intelectual para las ciencias sociales latinoamericanas. Se trataba de identificar a los actores nacionales y extranjeros que habían participado, analizar las relaciones que estos actores guardaban entre sí, reconocer los principales procesos políticos y sociales que desembocaron en el Golpe, y señalar los errores cometidos por el gobierno de Evo, todo lo cual habría configurado el escenario necesario para el ensayo y éxito de un Golpe de Estado. La mayoría de los analistas se pronunció apresuradamente sobre el tema, respondiendo con urgencia a una interrogante candente. Académicos latinoamericanos como Atilio Boron, Néstor Kohan, Raúl Zibechi, Boaventura de Sousa, Frei Betto, Raquel Gutiérrez Aguilar, entre otros, abordaron el caso desde la Sociología y las Ciencias Políticas. Por su parte, Álvaro García Linera, Silvia Rivera Cusicanqui, María Galindo, junto a otros analistas bolivianos menos reputados, intentaron explicar los acontecimientos desde una perspectiva más cercana al proceso. Tanto los intelectuales latinoamericanos como los bolivianos redactaron breves ensayos, escritos al fragor del momento, en los que expusieron sus interpretaciones del Golpe[1].
Pasada la coyuntura, prácticamente no se escribió ningún análisis más; parecía que todas las líneas interpretativas se habían agotado. Esta situación cambió con la aparición de Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales, un ambicioso trabajo redactado por Hugo Moldiz, ex Ministro de Gobierno de Evo en 2015, publicado en abril de 2020. En su libro, Moldiz ofrece un análisis amplio que estudia la dinámica boliviana desde los primeros años del siglo actual hasta noviembre de 2019. El texto de Moldiz se plantea dos objetivos: primero, caracterizar lo ocurrido como un Golpe de Estado y no como una rebelión, en contra de lo que argumentaron autores como Zibechi y Cusicanqui; segundo, hacer una lectura crítica de los errores del gobierno de Evo y de los movimientos sociales. La publicación de este material viene a llenar un vacío interpretativo en la producción teórica sobre el caso boliviano: la lectura de los dirigentes del MAS.
El objetivo del presente ensayo es exponer las conclusiones autocríticas a las que ha llegado la dirigencia del MAS acerca del Golpe de Estado de 2019. Para ello se hará una revisión de los análisis elaborados por Álvaro García Linera y Hugo Moldiz, pues aunque varios miembros del gabinete masista, Evo mismo, han expresado sus opiniones, Linera y Moldiz son los únicos que han reflexionado sobre los acontecimientos desde las ciencias sociales. La búsqueda pretende centrarse en las críticas que estos autores hacen al funcionamiento interno del MAS, para identificar los puntos clave que hicieron vulnerable al partido en un escenario de crisis como el de 2019. Se revisa primero el análisis de Linera, posteriormente el de Moldiz, y finalmente se presentan conclusiones sobre las reflexiones de ambos autores.
Álvaro García Linera
No es sencillo adentrarse en el pensamiento de Álvaro García Linera a propósito del Golpe de Estado. Quien fuera vicepresidente de Evo Morales durante sus 13 años de gobierno, no ha redactado un documento en el que analice con profundidad los procesos que desembocaron en el ascenso violento de un nuevo bloque de poder en Bolivia. Hasta ahora ha expuesto sus conclusiones de manera fragmentada, sobre todo en el ámbito del periodismo, respondiendo a las interrogantes planteadas por sus interlocutores en diversos foros. A pesar de esta limitación, si se hace una revisión exhaustiva de los materiales disponibles es posible identificar los elementos que Linera considera determinantes en el triunfo del Golpe de Estado. Con este objetivo, se seleccionaron tres entrevistas en las que el exvicepresidente reflexiona sobre el tema: “Conversatorio con Álvaro García Linera”[2], “Cruce de palabras”[3] y “Diálogos por la democracia”[4].
1. Clase media tradicional y nueva clase media popular indígena
Proveniente de una tradición marxista-leninista, Linera analiza lo social a partir de la lucha de clases. De acuerdo con García Linera, el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la indianización del Estado, procesos desarrollados durante el gobierno de Evo, generaron una nueva clase media de origen popular indígena (CELAG, 2020). Linera apunta que esta nueva clase media está constituida por una población indígena, mayoritariamente rural, que estuvo marginada durante décadas por el Estado, y que a partir de 2006 inició un proceso de movilidad social: aumentaron sus ingresos, se trasladaron a las ciudades para integrarse al mercado de las urbes, algunos se convirtieron en empresarios exitosos y otros se volvieron funcionarios del gobierno. Esta nueva clase media popular indígena ahora comparte espacios que durante décadas le estuvieron negadas a los indios, como el ser empresario, el vivir en los “buenos barrios” de las ciudades y el ser gobierno, lo que, a decir de Linera, constituye una experiencia inédita en la historia boliviana.
La nueva clase media indígena fue percibida como una amenaza por las clases medias tradicionales, aquellas que surgieronen de la Revolución de 1952 y que mantuvieron ese estatus por generaciones. No solo tenían que compartir los espacios que consideraban “suyos” con la nueva clase media indígena, sino que el gobierno del MAS prefería funcionarios, empresarios y académicos indígenas que tuvieran algún nexo con los movimientos sociales o los sindicatos, lo significaba un capital cultural y social que las clases medias tradicionales no tenían. Mientras los indígenas experimentaron un raudo ascenso social gracias a los esfuerzos del gobierno por disminuir las desigualdades existentes, la clase media tradicional se mantuvo en el mismo estatus que había tenido por décadas; la Bolivia de Evo no se preocupó por crear para ellos otros mecanismos de movilidad que también les permitieran experimentar cierto ascenso social.
Estas condiciones generaron un resentimiento de la clase media tradicional contra la nueva clase media indígena y que comenzó a expresarse mediante el odio racial. Fue esta clase media tradicional —que en los primeros años de gobierno del MAS había respaldado a Evo— el sector demográfico que más se movilizó contra los resultados electorales de 2019. No solo aceptaban la idea del fraude desde antes de que se realizaran los comicios, sino que se opusieron a que la elección se repitiera y demandaron la renuncia de Evo Morales y su gabinete. Fueron ellos quienes salieron a las calles a golpear indios, quienes secuestraron a familiares de los ministros para obligarlos a renunciar y quienes saquearon y quemaron las casas de los ministros. Estaban dispuestos a todo para evitar que los indios siguieran gobernando. Así se explica la violencia racista ejercida por los Comités Cívicos de los nueve departamentos del país, a la cabeza de los cuales se colocó la derecha de Santa Cruz, la más conservadora de Bolivia.
Aunque este resultado pareciera obligado dada la determinación del MAS de reducir las desigualdades e integrar a los indios plenamente a la dinámica del país, García Linera advierte que no lo es. A juicio del exvicepresidente, “sin negociar un solo milímetro los procesos de igualación social, de mejoras del bienestar popular y de la ampliación de las clases medias, el gobierno de Evo debió crear vasos comunicantes con esos sectores para facilitarles reconocimientos y mecanismos flexibles de ligera movilidad social ascendente”. Estas medidas habrían impedido “el encuevamiento resentido de las clases medias, que siempre ha sido el mejor caldo de cultivo de las salidas fascistoides”.
2. Construcción discursiva del partido gobernante
El éxito del combate a la desigualdad social se reflejó en la conformación de la nueva clase media de origen popular e indígena, sin embargo, un porcentaje significativo de este sector le retiró su apoyo al gobierno de Evo y prefirió votar a otros candidatos en la elección de 2019. De acuerdo con Linera, la tesis que afirma que las clases medias que producen los gobiernos progresistas siempre se enajenan y se vuelven contra ellos mismos es falsa en el caso de Bolivia (CELAG, 2020). Las condiciones específicas de la sociedad boliviana han permitido que la nueva clase media indígena mantenga relaciones étnicas y familiares con sus comunidades de origen, además de que no niega la indianidad de la que proviene y a la que lleva incluso en la piel, pues este carácter se convirtió en un capital cultural que le abrió oportunidades inaccesibles para la clase media tradicional. Sin embargo, Linera acepta que una parte de las nuevas clases medias populares indígenas no votó por Evo , lo que se reflejó en el 47% de preferencia electoral de 2019, lo que está lejos del 61% obtenido por el MAS en 2014.
Linera está en contra la tesis de la enajenación de las nuevas clases medias, que pone el acento en la falta de memoria de las capas populares, y que de esa manera las responsabiliza por los infortunios que el gobierno progresista pueda tener. En su lugar, Linera plantea que los gobiernos necesitan ampliar y modificar su discurso político en aras de contemplar también los intereses, deseos y preocupaciones de aquellos que han pasado de las clases bajas a las clases medias. Se necesita modificar el discurso conforme cambian las condiciones sociales, pues de otra manera se vuelve obsoleto y anquilosado al mantener la plataforma de la que se partió, y se dejan de considerar las expectativas del nuevo grupo socioeconómico. Por lo tanto, es comprensible que las clases medias perciban que un partido político fundamentalmente orientado hacia las capas populares no tenga nada que ofrecerles a ellas. Esto fue lo que ocurrió entre el MAS y un sector de la nueva clase media, que habiendo votado por él en elecciones pasadas, dejó de hacerlo así en 2019. La solución a este problema, plantea Linera, es que “el bloque de poder inicial que dio lugar al proceso progresista o revolucionario con el tiempo debe transformarse en otro bloque de poder, ampliando discursos y propuestas en correspondencia a los desplazamientos estructurales de las clases sociales del país”.
3. Batalla cultural
Linera detecta que a partir del tercer gobierno de Evo el MAS comenzó a abandonar la batalla cultural, cediendo a las clases medias tradicionales y a la oligarquía espacios como los medios de comunicación y la academia (TV UNAM, 2020). Este abandono tuvo dos implicaciones en la disputa política. La primera fue permitir que las nuevas clases medias de origen popular indígena recibieran la influencia política de las clases medias tradicionales, las cuales ya le habían retirado su apoyo a Evo Morales y utilizaban los periódicos, la televisión, la radio, y la academia para expresar su inconformidad. La segunda fue permitir que las clases medias tradicionales reprodujeran y alimentaran el discurso de odio racial que había comenzado a germinar entre ellas ante el rápido ascenso social de los indígenas. Al final, las clases medias tradicionales lograron instalar matrices de opinión que desempeñaron un rol determinante en el Golpe de Estado, como la idea del fraude, que fue instalada entre la opinión pública meses antes de las elecciones. Haciendo un balance de la importancia que tiene este ámbito en la estabilidad de los gobiernos progresistas, Linera afirma que la disputa cultural es tan importante como tener una buena economía.
4. Fuerza civil de defensa
La movilización social es importante en las coyunturas críticas del proceso de cambio, pero es necesario contar también con una fuerza civil de defensa que proteja las conquistas de igualdad y los avances de la democracia de manera permanente (Telesur, 2020). Esta apreciación de Linera es compartida por Evo Morales y Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia durante las tres administraciones del MAS. La necesidad de una fuerza popular que defienda los logros del gobierno se hizo evidente con el Golpe de Estado de 2019, cuando la policía se amotinó; en esas circunstancias, era necesario crear “milicias armadas del pueblo”, según palabras de Evo. Durante la crisis de octubre y noviembre de 2019, una considerable cantidad de seguidores del MAS se movilizó a la Plaza Murillo para defender la Casa Grande del Pueblo, donde residía Evo Morales, sin embargo, la capacidad de los Comités Cívicos y los demás grupos que desplegaron la violencia racial en todo el país superó al dispositivo de seguridad planteado por el MAS.
Hugo Moldiz Mercado
A diferencia de Álvaro García Linera, el pensamiento de Moldiz se encuentra condensado y estructurado en un solo material: Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales. Este libro fue escrito mientras el exministro se encontraba refugiado en la embajada de México en Bolivia junto a otros seis exfuncionarios del MAS perseguidos por el gobierno de Jeanine Áñez. En este texto Moldiz recupera básicamente a René Zavaleta Mercado y a Antonio Gramsci para comprender y explicar no solo el Golpe de Estado de 2019, sino toda la dinámica política boliviana de los últimos 20 años. De Zavaleta Mercado, Moldiz retoma la idea de que el Golpe de Estado es la forma clásica que adopta el cambio político en Bolivia; de Gramsci, los estudios sobre la sociedad política y la sociedad civil, así como las relaciones entre clases dominantes, clases dirigentes, clases dominadas y hegemonía.
Moldiz periodiza la historia de la Revolución Boliviana del siglo XXI en tres etapas. Entre 2000 y 2009 ocurre el “Momento Heroico”, mismo que se subdivide en dos tiempos: el primero, de 2000 a 2005, se caracteriza porque los movimientos sociales que integran al MAS tienen la iniciativa política del país y, aunque todavía no gobiernan, en los hechos ya se han convertido en la clase dirigente; el segundo subperiodo arranca con la toma del poder por parte del MAS, en 2006, y concluye en 2009, con la promulgación de una nueva constitución plurinacional y con la derrota del separatismo cruceño. El segundo periodo de la Revolución Boliviana es la “Ralentización”: comienza en 2010 y concluye con el triunfo del “No” en el referéndum de 2016. Esta es la etapa en la que el MAS comienza a experimentar problemas políticos internos y la oposición se reestructura, venciendo al partido gobernante en 2016. Por último, el tercer periodo es el “Ocaso del Gobierno y el Golpe de Estado”, que inicia en 2016 y concluye con la expulsión violenta de la Revolución Boliviana en 2019. Empleando esta periodización, Moldiz explica la gestación y desarrollo de los elementos determinantes del proceso boliviano a lo largo de las tres etapas.
1. Los movimientos sociales y la fetichización del poder
De acuerdo con Moldiz, durante todo el “Momento Heroico”, los movimientos sociales y los sindicatos que se coordinaron para impulsar la creación del MAS mantuvieron una capacidad de auto organización y auto representación al margen del gobierno. Las organizaciones convocaban y se movilizaban autónomamente. Y esto no fue así solo antes de que Evo ganara las elecciones en 2005, sino que la dinámica autónoma se mantuvo durante los primeros años del gobierno evista, hasta 2009. La situación cambió sensiblemente a partir de 2010, cuando el MAS se había consolidado en el poder y la oposición estaba desarticulada. A partir de ese momento, los movimientos sociales y los sindicatos “sienten que ya se ha logrado todo y que ahora se trata de gozar de los beneficios de la conquista del poder”, para lo cual se repliegan a sus demandas específicas y dejan en manos de la burocracia la obligación de satisfacer las necesidades de la población. Así lo entendieron los movimientos sociales y así lo asumió el gobierno. A llama Moldiz la “fetichización del poder”.
El desencuentro entre el gobierno y los movimientos sociales que lo constituyeron comenzó a expresarse en tres aspectos durante la etapa de la “Ralentización”. La primera es que no existe correspondencia entre los resultados de la gestión económica y los resultados en la esfera política; mientras la economía crece todos los años y la riqueza se distribuye de forma más justa, los niveles de aprobación del gobierno comienzan a bajar. Una segunda manifestación es la incapacidad del gobierno para instalar exitosamente la idea de que la democracia de los movimientos sociales es superior que la democracia liberal representativa. Por último, la tercera manifestación es que la hegemonía política no se ha traducido en una hegemonía cultural. Estas tres manifestaciones de la fetichización del poder se desarrollaron a partir de 2010 y maduraron continuamente hasta estallar en 2020.
Adicionalmente, Moldiz plantea que la relación entre el gobierno y los movimientos sociales convirtió a estos últimos en “menores de edad”. Al dejar la iniciativa política en manos del gobierno, las organizaciones que conformaban la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) ahora se reunían y se movilizaban solo si eran convocados por el gobierno. De esa manera pasaron de tener una participación autónoma y dinámica a depender de la iniciativa y la dirección del gobierno. Este marasmo en el que cayeron los movimientos sociales y los sindicatos debido a su alienación, explica por qué no pudieron movilizarse rápidamente en octubre y noviembre de 2019 frente a las clases medias tradicionales y los grupos oligárquicos.
2. La pequeña burguesía en el gobierno
De acuerdo con Moldiz, los cuadros del MAS en la burocracia le imprimieron al gobierno un sello clasemediero. A partir del periodo de “Ralentización” comenzó a manifestarse una concepción de gobierno distinta a la que había privado durante el “Momento Heroico”: en lugar de asumir el poder del Estado como una herramienta para impulsar nuevos cambios sociales, entendieron al gobierno desde una lógica gerencial característica de los gobiernos neoliberales. Esta burocracia proveniente de la pequeña burguesía irradió sus concepciones no solo al interior del gobierno, sino también a las organizaciones que lo acompañaron, lo que, según Moldiz, derivó en una clasemedización en la teoría y la práctica de los movimientos sociales y los sindicatos, que para ese momento ya habían perdido la hegemonía. Moldiz le atribuye este fenómeno al hecho de que el gobierno del MAS se integró por funcionarios y burócratas que habían formado parte de gobiernos previos, y que preferían la gobernanza a la movilización constante de las bases. En la lectura del exministro, a esta pequeña burguesía incrustada en el gobierno se debió que la Revolución Boliviana del siglo XXI haya comenzado a alejarse de Cuba y Venezuela en aras de evitar conflictos internacionales con Estados Unidos. En este punto, la interpretación de Moldiz contrasta abiertamente con la de Linera, pues mientras el primero afirma que la pequeña burguesía era la clase mantenedora del aparato estatal, el segundo sostiene que estas posiciones le pertenecían mayoritariamente a los movimientos y a los sindicatos, así como a la clase media popular indígena.
3. Tendencias geopolíticas en América Latina
Para Moldiz, el giro que experimentó la geopolítica latinoamericana desde los primeros años de la segunda década del siglo, debió ser considerda por el gobierno de Evo; sin embargo, no fue así. Moldiz plantea que desde 2016, y con mayor fuerza en los meses previos a la elección de 2019, en Bolivia se respiraba un ambiente de desestabilización y ruptura. No se trata únicamente de los esfuerzos de la oligarquía local, sino fundamentalmente de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, país que desde 2006 trabajó intensamente en el derrumbe del gobierno del MAS. En un escenario de amenaza mundial configurado por el crecimiento de China y por la existencia de gobiernos progresistas latinoamericanos, el imperialismo estadounidense necesitaba garantizar su predominio en América Latina, una zona que considera como espacio vital. Pero estas tendencias geopolíticas fueron ignoradas, calculadas erróneamente, por el gobierno de Evo.
Este señalamiento del exministro se apoya en dos hechos. El primero es el error que cometió el MAS al confiar en la OEA como garante de las elecciones de 2019. Desconociendo el papel que la OEA de Luis Almagro desempeña en la región como defensor de los intereses norteamericanos, el gobierno de Evo no solo aceptó la vigilancia de la OEA, sino que les dio un carácter vinculante a las conclusiones que obtuviera dicho organismo. La presentación de un informe electoral incompleto y antes de tiempo por parte de la OEA fue la señal esperada por las oligarquía y las clases medias tradicionales para iniciar su movilización bajo la bandera de la democracia y contra el fraude. El segundo hecho, según Moldiz, es que si el Golpe de Estado tuvo éxito se debió en gran medida a la intervención de Estados Unidos, pues la oposición estaba fragmentada y no consiguió unificarse en torno a un solo candidato en 2019. Fue la acción del imperialismo estadounidense la que terminó unificando a los liderazgos opositores en torno a Luis Fernando Camacho en octubre y noviembre. Era previsible que, como los otros gobiernos progresistas de la región, también para Bolivia existiera un plan golpista orquestado por Estados Unidos.
4. Transformación estructural de las Fuerzas Armadas
El elemento determinante para caracterizar lo ocurrido el 10 de noviembre como un Golpe de Estado fue la participación de las Fuerzas Armadas. Más allá de la violencia ejercida por las clases medias tradicionales y del motín policial, Moldiz insiste en que el pronunciamiento del general Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas, fue lo que obligó a Evo Morales a abandonar el poder. En su mensaje televisado del 10 de noviembre, Kaliman “sugirió” al presidente su renuncia para pacificar al país, pronunciamiento que aclaró la posición de los militares contra el presidente. En opinión de Linera, las bases masistas habían comenzado a movilizarse en las calles para frenar la violencia, y estaban cerca de neutralizar a los grupos oligárquicos y de la clase media tradicional, cuando las Fuerzas Armadas intervinieron y definieron la correlación de fuerzas a favor de los golpistas.
Moldiz recuerda que la participación de las Fuerzas Armadas en Golpes de Estado es un fenómeno ampliamente conocido en América Latina. La propia historia boliviana del siglo XX está llena de experiencias golpistas dirigidas por militares. Por esa razón, Moldiz plantea que uno de los errores más importantes del gobierno de Evo fue su renuencia a transformar estructuralmente las Fuerzas Armadas, las cuales mantienen desde la década de 1960 una estrecha relación con las agencias de seguridad norteamericanas y hay incluso nexos familiares entre miembros de la cúpula castrense boliviana y militares estadounidenses de alto rango. El hecho de que las Fuerzas Armadas bolivianas hubieran incorporado oficialmente el lema “¡Patria o muerte!” no significó una transformación verdadera del aparato militar, sino solo una adaptación superficial al gobierno masista; un cambio cosmético acorde a los tiempos. El acercamiento amistoso que tuvo Evo con lo principales generales durante toda su administración, y la participación de los militares en proyectos como la Escuela Militar Antiimperialista, crearon en el gobierno del MAS la falsa impresión de que las Fuerzas Armadas les eran leales.
Conclusiones
Los elementos apuntados por Álvaro García Linera y Hugo Moldiz, exvicepresidente y exministro de gobierno de Evo, respectivamente, permiten analizar el Golpe de Estado de 2019 desde la perspectiva del MAS. Empero, no puede afirmarse que estos dos análisis constituyan todo el aporte del MAS al necesario proceso de reflexión académica sobre el caso boliviano. Está pendiente todavía la interpretación de Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia de Evo, de formación militar, sociólogo, y autor de diversos libros sobre la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Refugiado en la embajada de México en Bolivia por la persecución política que mantiene el gobierno de Jeanine Áñez contra él, Quintana ha permanecido fuera de los medios; sin embargo, cabe esperar una futura interpretación del llamado “hombre fuerte” de Evo.
Vistos en conjunto, los análisis de Linera y Moldiz son poco coincidentes. Si bien ambos autores pertenecen al grupo dirigente del MAS, la posición de cada uno durante el proceso de cambio les aporta perspectivas diferentes al momento de identificar los principales factores críticos del partido. Álvaro García Linera piensa todo el proceso de cambio desde el núcleo del poder, pues prácticamente todo el periodo, desde 2006 hasta 20019, ocupó el cargo de Vicepresidente al lado de Evo. Su visión, por tanto, responde a la óptica del MAS gobierno. Hugo Moldiz tiene un perfil distinto. Como Linera, formó parte de los intelectuales que acompañaron las luchas de los sindicatos y los movimientos sociales contra el neoliberalismo durante la Guerra del Gas, la Guerra del Agua, etc., y acompañó también el proceso de construcción del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, que después se convirtió en el MAS. Sin embargo, su participación al interior del gobierno ha sido mucho más limitada, pues no se integró a él desde el principio, y solo ocupó el cargo de Ministro de Gobierno durante cinco meses en 2015. Moldiz es un intelectual del MAS que ha desempeñado un rol importante en el ámbito de los medios de comunicación, defendiendo los avances del proceso de cambio[5]. Por ello, su visión es la de un intelectual del MAS que reflexiona sobre la realidad boliviana desde afuera del gobierno.
Hay más divergencias que coincidencias en las reflexiones de Linera y Moldiz. El exvicepresidente considera que las disputas entre la clase media tradicional y la nueva clase media indígena constituyen el factor más importante para explicar el Golpe de Estado. Junto a este problema se encuentran: 1) la incapacidad del MAS para adaptarse a los cambios sociales que el mismo partido promovió; 2) el abandono de los espacios culturales por parte del partido, dejándolos, por tanto, en manos de la oligarquía y las clases medias tradicionales; y 3) la falta de una fuerza civil que pudiera defender las conquistas sociales y democráticas en contra de los intentos golpistas de los grupos conservadores. Además de estos factores estructurales, Linera también señala un par de elementos que en considera coyunturales, como la “ingenuidad” del gobierno al confiar en el arbitraje electoral de la OEA[6] y el error de postular a Evo Morales a pesar de los resultados del referéndum de 2016, pues legitimó a la oposición con la bandera de la democracia[7].
Moldiz no contradice el análisis de Linera, pero sí hace una evaluación diferente de los factores más importantes para explicar el Golpe de Estado. Para el exministro de gobierno, el principal problema fue la “fetichización del poder”, es decir la falta de autonomía de los movimientos sociales y de los sindicatos para movilizarse independientemente del MAS gobierno. Esta cuestión, que para Moldiz es fundamental en la explicación de los hechos, para Linera no forma parte de los elementos determinantes. García Linera considera que sí hizo falta mayor movilización de la base social del MAS, sin embargo, no comparte la evaluación hecha por Moldiz de que es un problema más estructural. Junto a la fetichización del poder, el exministro encuentra otros tres factores de peso: 1) La pequeña burguesía como clase mantenedora del aparato de gobierno y su influencia gerencial en él; 2) La incapacidad del gobierno para considerar con mayor objetividad el peligro de que se impulsara un Golpe de Estado, a pesar de las tendencias geopolíticas adversas en el escenario latinoamericano; y 3) La falta de voluntad del gobierno de Evo para transformar de manera estructural las Fuerzas Armadas.
Las reflexiones de Linera y Moldiz no solo permiten conocer la perspectiva de la dirigencia del MAS sobre el Golpe de Estado, sino que aportan elementos analíticos para entender los alcances y limitaciones de otros procesos de transformación social similares al de Bolivia. En concreto, algunas conclusiones de Linera y Moldiz pueden aplicarse a otros gobiernos progresistas de la región que aspiran a trascender los problemas propios del neoliberalismo, el subdesarrollo y la dependencia. Aquí se apuntan cuatro de ellos.
1) Tener resultados económicos exitosos no implica tener buenos resultados políticos. La experiencia histórica muestra que una mala gestión económica está asociada al desempleo y la pobreza, lo que comúnmente genera descontento entre la ciudadanía y se traduce en un cambio del partido gobernante. De esta observación empírica se desprende la hipótesis de que una gestión económica adecuada —crecimiento, generación de empleos, aumento de los ingresos, disminución de la pobreza— debe reflejarse en una sociedad políticamente estable. El caso de Bolivia demuestra que esto no necesariamente es así. Si bien existe una relación innegable entre economía y política, cada uno de estos ámbitos tiene un funcionamiento específico. En este sentido, la Bolivia de Evo guarda semejanza con el Ecuador de Correa, proceso que, a pesar de haber registrado un desempeño económico notable, experimentó cambios políticos drásticos a partir de 2017, cuando Lenin Moreno llegó al poder.
2) Las Fuerzas Armadas también están atravesadas por intereses políticos. La noción institucionalista de que las Fuerzas Armadas de un país se rigen únicamente por las disposiciones jurídicas ha sido fuertemente cuestionada por las ciencias sociales latinoamericanas debido a las numerosas dictaduras militares que existieron en América Latina durante el siglo XX. En su interés por comprender las dictaduras, uno de los resultados obtenidos por las ciencias sociales fue asumir a las Fuerzas Armadas como un grupo social con intereses políticos y económicos propios que participa también en la dinámica interna de los países. En las últimas décadas se ha establecido un consenso entre la academia y la opinión pública sobre las ventajas de la demcoracia, y tiende a pensarse que la intervención política de los militares es algo del pasado. El caso boliviano recuerda la vigencia que mantiene el rol de las Fuerzas Armadas en los procesos políticos latinoamericanos.
3) El desempeño exitoso de un gobernante no avala su permanencia indefinida en el poder. Evo Morales ganó tres elecciones presidenciales consecutivas con un amplio margen sobre los otros competidores: en 2005 obtuvo el 53% de la votación, en 2009 el 64% y en 2014 el 61%. Los niveles de aprobación de Evo eran inéditos, sin embargo, la Constitución promulgada en 2009 le prohibía postularse una vez más. El MAS realizó el referéndum de 2016 buscando la posibilidad de adecuar la ley, pero la mayoría de los votantes prefirió que Evo no volviera a contender en las elecciones. A pesar de todo, Evo volvió a presentarse en las elecciones de 2019, lo que permitió que la oposición desarrollara el discurso del fraude y después lo inoculara en la opinión pública. El proyecto del MAS gozaba de una amplia aceptación, no así la idea de que una misma figura se mantuviera al frente del proceso de manera indefinida. ¿Hasta dónde pudo haberse evitado el escenario golpista de 2019 si el MAS hubiera postulado a otro candidato? Se plantea aquí la necesidad de formar cuadros jóvenes que permitan darle continuidad al proyecto sin depender de una figura única.
4) Por último, la experiencia boliviana destaca el desafío que enfrentan los movimientos sociales en su relación con los gobiernos progresistas. En los análisis de Linera y Moldiz, la clave del éxito o fracaso del proceso de transformación pasa por entender la compleja tensión que existe entre un gobierno progresista y los movimientos sociales que lo apoyan. Un gobierno que concentra la iniciativa política y somete a los movimientos sociales a las necesidades de la administración es tan peligroso para el proceso, como unos movimientos sociales que se mantienen activos y desgastan al poder instituido por una exigencia constante. Esta contradicción entre un polo y otro es necesaria para que la transformación social avance, por lo que tanto el gobierno como los movimientos sociales deben mantenerse activos en el desarrollo del proceso, pero sin perder el control de la dirección que adquieren las tensiones entre ambos polos.
El Golpe de Estado de 2019 cerró violentamente un ciclo político progresista en la historia de Bolivia y dio paso a una reestructuración de las fuerzas políticas bolivianas. Si bien los errores del MAS permitieron su expulsión violenta del poder, el proyecto político del partido es el que goza de mayor solidez y aceptación entre la ciudadanía. Mientras el MAS busca la indianización del Estado y la construcción de una sociedad posneoliberal enmarcada en el horizonte socialista del buen vivir, el resto de los partidos políticos plantean proyectos que se limitan a “corregir” problemas económicos y sociales dentro del marco neoliberal. A pesar de haber sufrido la derrota del Golpe de Estado, el MAS sigue siendo un partido vigoroso que posee la capacidad de participar en la vida democrática del país y retomar la dirección política de Bolivia.
Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
[1] Boron, “El golpe en Bolivia: cinco lecciones” en Página12, 11 de noviembre de 2019; Kohan, “Golpe de Estado en Bolivia: debates pendientes y silencios cómplices” en Revista Espoiler, 16 de noviembre de 2019; Zibechi, “Bolivia, un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha” y “La debacle del MAS y el golpe” en Brecha, 11 y 15 de noviembre de 2019; De Sousa, “Evo Morales: el indio fuera de lugar” en CADTM, 13 de diciembre de 2019; Betto, “Golpe en Bolivia” en Cubadebate, 29 de noviembre de 2019; Gutiérrez, “Bolivia: la profunda convulsión que lleva al desastre” en El Salto, 11 de noviembre de 2019; Rivera, “Esta coyuntura nos ha dejado una gran lección contra el triunfalismo” en Desinfomémonos, 13 de noviembre de 2019; Galindo, “Bolivia: la noche de los cristales rotos” en Lavaca, 11 de noviembre de 2019.
[5] Además del libro que se comenta en este ensayo, Ocean Sur ha publicado cuatro libros en los que Moldiz estudia el proceso boliviano: Bolivia en los tiempos de Evo, ¿Reforma o revolución en América Latina? El proceso boliviano, y América Latina y la tercera ola emancipadora. Moldiz dirige el diario boliviano La Época.
Bulgaria vive protestas continuas desde el 9 de julio. Ese día, miles de manifestantes salieron a las calles de Sofía, la capital, exigiendo la renuncia del primer ministro, Boiko Borisov, líder del partido Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (mejor conocido como GERB) y quien gobierna el país desde 2009. Los manifestantes demandan la caída de un gobierno al que califican de mafioso y corrupto, acusaciones que pesan sobre el primer ministro desde hace varios años y que son apoyadas por el actual presidente, Rumen Radev, miembro del Partido Socialista Búlgaro. De hecho, el conflicto que existe entre el presidente y el primer ministro fue el detonante de la más reciente ola de protestas. Si bien existe una serie de acontecimientos que se presentan como causas inmediatas de las manifestaciones, en el fondo existe un descontento generalizado por el deterioro de la economía, la caída del bienestar social y la corrupción imperante en la clase política. Las raíces de las movilizaciones son, pues, más profundas.
Bulgaria estuvo bajo el gobierno dictatorial del zar Boris III desde 1918 hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las guerrillas comunistas del país y el ejército rojo de la URSS derrotaron a la monarquía zarista, aliada de Hitler desde el principio de la guerra y parte del Eje nazi-fasista. Desde ese momento hasta la caída de la Unión Soviética, Bulgaria estuvo gobernada por el Partido Comunista y bajo la influencia de la URSS, lo que se reflejó en la industrialización del país, un crecimiento económico sostenido y una sociedad con bajos índices de desigualdad. Pero todo esto cambió radicalmente con el derrumbe del bloque socialista. A partir de la década de 1990, Bulgaria sufrió un proceso económico, político y social equiparable al que vivió la Rusia de Boris Yeltsin. El Estado comenzó a desmantelarse por medio de la privatización de sus empresas, surgió un grupo de ultrarricos beneficiados por el desmantelamiento (los oligarcas), creció la corrupción en el gobierno, cayó la economía, aumentó la desigualdad y surgieron grandes organizaciones criminales que se nutrieron de la catástrofe social. La Bulgaria de hoy es el resultado de cuarenta años de modelo neoliberal.
Una rápida revisión de los indicadores socioeconómicos generales permite entender el descontento de los búlgaros con la situación de su país. Bulgaria es el más pobre de los 27 Estados que conforman la Unión Europea; es también es el país más corrupto. Su población ha disminuido sensiblemente en los últimos años: pasó de 9 millones de habitantes en 1989 a 7.2 millones en 2019. Esta reducción demográfica se explica por tres factores: alta emigración, baja natalidad y una mortalidad superior a la de Europa. Los bajos salarios, la falta de estructuras estatales para fomentar el bienestar de la población y la alta desigualdad, han orillado a cientos miles de búlgaros a buscar mejores oportunidades de vida fuera de su país; Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y España son los principales destinos de los emigrantes búlgaros. Todo esto mientras el pequeño grupo de empresarios que hizo su fortuna privatizando las empresas monopólicas del Estado continúa beneficiándose del modelo neoliberal.
Actualmente, el Partido Socialista Búlgaro, al que pertenece el presidente Rumen Radev, es la opción política mejor posicionada frente al GERB, el partido del primer ministro. De hecho, quienes comenzaron a protestar en Sofía a inicios de julio eran sobre todo manifestantes afines al Partido Socialista; posteriormente se sumaron a la movilización miembros de los demás partidos políticos de oposición, así como ciudadanos políticamente no identificados con algún partido, pero cansados de la corrupción del gobierno actual. Boiko Borisov trató de controlar la situación y ofreció la renuncia de cuatro de sus ministros; sin embargo, la respuesta fue insuficiente, pues los inconformes siguieron demandando la salida de Borisov. De todo esto se sabe muy poco y la información que existe al respecto es poco accesible. ¿Por qué los principales medios europeos y norteamericanos no se ocupan de las protestas de Bulgaria?
La atención que le ha dado la prensa occidental al caso de Bielorrusia contrasta con el silencio que se ha hecho en torno a Bulgaria. Bielorrusia es un país pequeño (9.5 millones de habitantes) con una economía que crece sostenidamente (si bien a niveles modestos), tiene un Estado fuerte que promueve el bienestar social, y la corrupción y las mafias delictivas no se consideran temas de gravedad en la agenda política bielorrusa. La situación económica, política y social de Bielorrusia contrasta con el caos que reina en Bulgaria. Sin embargo, las manifestaciones contra el presidente bielorruso, Lukashenko, son cubiertas y promovidas por la prensa internacional, mientras las manifestaciones contra el primer ministro búlgaro, Borisov, se mantienen en un silencio casi total. Esta aparente contradicción en realidad no es tal si se considera que los principales temas de la agenda mediática occidental se fijan desde Washington, Berlín y Londres.
Estados Unidos y la Unión Europea están poco interesados en un cambio de gobierno en Bulgaria. Después de haber estado más de medio siglo bajo la influencia de Rusia, Bulgaria se integró a la Unión Europea en 2007 en un clima de rechazo generalizado a las herencias soviéticas y gracias al impulso del GERB, que gobierna desde entonces. La alternativa política más visible, el Partido Socialista Búlgaro, por su parte, cuestiona los resultados que le ha traído a Bulgaria tanto su integración a la Unión Europea como la aplicación intransigente del modelo neoliberal, y mantiene una posición internacional que coincide más con los planteamientos geopolíticos de Rusia. La caída de Borisov y el GREB puede significar, entonces, el arribo de una fuerza política que se aleje de los intereses europeos y se acerque más a los rusos. Esta es la razón por la que las protestas de Bulgaria no son apoyadas ni transmitidas por la prensa occidental. No importa qué tan justificadas sean las demandas de los manifestantes. Mientras el régimen imperante le sea funcional a los intereses políticos y económicos de Occidente, los búlgaros que se movilizan para construir un mejor país no contarán con el respaldo de las potencias europeas y norteamericanas. Bulgaria es una cara oscura que Europa prefiere no mostrar.
Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Bielorrusia celebró elecciones presidenciales el pasado 9 de agosto. Alexander Lukashenko, quien gobierna el país desde hace 26 años, se colocó en primer lugar con el 80% de los votos, mientras que su competidora más cercana, Svetlana Tijanóvskaya, obtuvo apenas el 10% de la votación. A partir del día siguiente, la capital, Minsk, fue el escenario de una serie de manifestaciones públicas que rápidamente fueron captadas y difundidas por la prensa occidental. Las protestas duran ya más de diez días y, sin embargo, no está muy clara la causa del descontento. Si bien la mayoría de las voces críticas acusan que Lukashenko cometió fraude para mantenerse en el poder otros cinco años, ni los manifestantes ni la prensa occidental ofrecen ningún tipo de pruebas para sustentar tal afirmación, por lo que también hablan de “inconformidad por la corrupción”, “falta de crecimiento económico” y del “mal manejo de la pandemia” cuando intentan explicar las causas de las protestas. De cualquier manera, la narrativa de que Lukashenko ha organizado un fraude electoral para perpetuarse en la presidencia, ha logrado colocarse como el eje discursivo de todos los medios occidentales.
Lukashenko es un presidente nacionalista con una ideología cercana a la que existía en la desaparecida URSS. Cuando joven, fue miembro del Partido Comunista de Bielorrusia, pugnó por reformas democráticas al interior de la Unión Soviética, y se opuso abiertamente a la disolución del bloque socialista a inicios de los años noventa. Cuando la URSS se extinguió, Lukashenko lanzó su candidatura presidencial con un programa socialista que planteaba la protección de Bielorrusia: no quería que los bielorrusos experimentaran lo mismo que Rusia, país que, en los años inmediatamente posteriores a la desintegración soviética, sufrió un aumento notorio en los índices de pobreza, desigualdad, corrupción y criminalidad. Con ese programa llegó Lukashenko a la presidencia en 1994, donde se ha mantenido hasta la actualidad. Durante los 26 años transcurridos, Lukashenko ha defendido la soberanía bielorrusa y ha mantenido importantes políticas económicas heredadas de la Unión Soviética, como la propiedad estatal de las principales industrias nacionales y un fuerte Estado de Bienestar que privilegia a los trabajadores. Gracias a esto, el neoliberalismo no ha llegado a Bielorrusia.
Por su posición geográfica y su situación socioeconómica actual, Bielorrusia es un botín apetecido por las potencias imperialistas de Occidente. La OTAN busca aumentar su área de influencia en Europa del Este para cercar militarmente a Rusia y de esa manera neutralizar una potencia que tanto Europa como Estados Unidos perciben como amenaza. A raíz de la disolución de la URSS, conforme los países de Europa del Este comenzaron a integrarse al mundo capitalista y cayeron bajo la hegemonía del imperialismo occidental, todos los países del oriente europeo pasaron a formar parte de la OTAN, lo que significó colocar ejércitos y armas en esos territorios. De los países que anteriormente integraron el Pacto de Varsovia, solo Ucrania y Bielorrusia no son miembros formales de la OTAN, aunque la situación política de Ucrania es eminentemente anti-rusa y pro-occidental desde 2014, cuando una Revolución de Colores instaló al gobierno conservador y rusófobo de Poroshenko.
Bielorrusia tiene, pues, una importancia geopolítica innegable tanto para Occidente como para Rusia, con quien Bielorrusia ha mantenido una alianza estratégica por más de un siglo. Entendida en el tablero internacional, Bielorrusia forma parte de los países que le hacen contrapeso a la hegemonía de las potencias occidentales. Por eso, los gobiernos de Rusia, China, Cuba y Venezuela aceptaron inmediatamente los resultados de las elecciones, mientras que la Unión Europea anunció que no reconoce el triunfo de Lukashenko y demandó la realización de nuevas elecciones con “justicia y transparencia”. Los Estados Unidos, más directos, expresaron, por medio del secretario de Estado, Mike Pompeo, su “apoyo a las aspiraciones del pueblo bielorruso” e instaron a Lukashenko a entablar un diálogo con la oposición para convocar a nuevas elecciones.
La inestabilidad política que vive actualmente Bielorrusia se debe, sobre todo, a la ambición de las potencias occidentales por “anexarse” ese territorio. Pero esto lo tiene bien claro Lukashenko. El presidente observó con preocupación cómo en 2014 una revolución conducida por las élites ucranianas, y por los intereses europeos y estadounidenses, derrocó al gobierno legalmente establecido en Ucrania e instaló en el poder a un empresario conservador que rápidamente forjó alianzas económicas y militares con las potencias occidentales. Lukashenko entiende que en Bielorrusia se está desarrollando un intento por reeditar la experiencia ucraniana, y por eso ha asumido una posición política sin ambages: afirmó que para invalidar las elecciones y realizar unas nuevas primero tendrían que matarlo, ordenó a los cuerpos de seguridad mantener la estabilidad social que se ha roto en varias ocasiones por algunos grupos manifestantes, movilizó elementos militares a su frontera con Polonia ante los ejercicios que realiza ahí actualmente la OTAN, y dialogó con Putin para hacerle frente a una posible emergencia bélica, a raíz de lo cual el presidente ruso se comprometió a brindar “asistencia integral militar” en caso de que sea necesario.
Muchos personajes públicos han alzado la voz demandando elecciones libres en Bielorrusia y señalando a Lukashenko como “el último dictador de Europa”. En realidad, quizá sin proponérselo, quienes así se expresan solo reproducen el gastado discurso que utiliza constantemente el imperialismo occidental para acosar a los países que no son de su agrado y, en última instancia, para invadirlos militarmente. Esa ha sido la bandera de Estados Unidos y la Unión Europea contra Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán, la Bolivia de Evo, y contra todos los que no aceptan someterse a su poder. Mientras llaman a elecciones libres contra sus enemigos, se sonríen y dan palmadas con los jeques de Arabia Saudita, a pesar de que este país es un reino gobernado por una monarquía ultraconservadora, donde las mujeres no tienen derechos políticos y donde los criminales son decapitados y expuestos en las plazas públicas. A las potencias occidentales no les interese la democracia: les interesan nuevos mercados para invertir sus capitales y al mismo tiempo aumentar su hegemonía mundial. No quieren mejorar la vida de los bielorrusos. Quieren someterlos al imperio de sus capitales y, simultáneamente, frenar a Rusia y China. Dos pájaros de un tiro.
Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
En la última década Hong Kong ha sido el escenario de intensas movilizaciones contra la autoridad central de Pekín. En 2014 la prensa internacional le dio amplia cobertura a la protesta estudiantil que tomó las calles exigiendo que se derogara la reforma electoral impulsada por Pekín; por el uso simbólico del paraguas amarillo durante las manifestaciones, la movilización fue bautizada por la prensa como la “Revolución de los Paraguas”. En 2019 los principales espacios públicos de Hong Kong fueron ocupados masivamente una vez más, pero ahora en contra de la ley de extradición, la cual permitía que los criminales pudieran ser extraditados a China continental. En las protestas de 2019 las movilizaciones alcanzaron altos niveles de confrontación y vandalismo, por lo que las autoridades decidieron imponer la estabilidad social de la ciudad mediante un uso más agresivo de la fuerza pública. A raíz de estos acontecimientos, y dadas las corrientes separatistas que han existido en la región durante los últimos veinte años, en junio de 2020 la Asamblea Popular Nacional (cercana a Pekín) aprobó la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que establece penas especialmente altas para los delitos de separatismo, subversión, terrorismo y colusión con potencias extranjeras. La aprobación de la ley ha suscitado denuncias de Estados Unidos, Reino Unido y otras potencias occidentales, quienes acusan a Pekín de criminalizar la democracia e imponerle a Hong Kong un sistema político autoritario.
Hong Kong forma parte de la organización política china desde el siglo II a.C. cuando los territorios más australes de la actual República Popular fueron integrados al gobierno central por la dinastía Qin, fundadora del Estado que desde hace más de dos mil años lleva el nombre de China. Las cosas cambiaron a mediados del siglo XIX, cuando estalló la Guerra del Opio (1839-1842) entre Gran Bretaña y China y dio inicio lo que en la historia china se conoce como “El siglo de la humillación”. Al ser derrotada China tuvo que ceder algunos de sus territorios al imperialismo británico, el cual buscaba apoderarse de los principales puertos chinos para tener puntos de acceso al gran mercado oriental. Hong Kong fue uno de los territorios que sirvieron como enclaves para que los comerciantes y la corona británica comenzaran a disputar el control del vasto territorio chino. Más tarde los británicos le arrancaron más territorios a China mediante el mismo método bélico, pero ninguno alcanzó el status de Hong Kong, que se convirtió en el principal bastión del imperialismo europeo.
China experimentó muchos cambios durante la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX, pero Hong Kong permaneció siempre en manos de Londres. Ni la invasión de Francia, Rusia y Japón en el siglo XIX, ni el término de las dinastías chinas, ni las dos Guerras Mundiales, ni el gobierno del Kuomintang, lograron que Hong Kong volviera a ser parte del país. Tampoco la nueva República Popular China, fundada en 1949 por Mao, pudo recuperar Hong Kong en sus primeras décadas. Fue hasta 1997 cuando, finalmente, Reino Unido aceptó retirarse de su colonia y permitió que Hong Kong pudiera reunificarse con China; sin embargo, en su carácter de imperialistas y colonizadores, los británicos aceptaron abandonar el territorio solo bajo la condición de que Pekín se comprometiera a respetar, por los menos hasta 2047, el sistema político democrático liberal que ellos habían incubado en Hong Kong durante 150 años de colonialismo. Las autoridades de Pekín aceptaron las condiciones bajo la doctrina “Un país, dos sistemas”, idea que había desarrollado Deng Xiaoping con el objetivo de reintegrar a los territorios chinos que a finales del siglo XX todavía mantenían el status de colonias europeas, tales como Macao y Hong Kong.
Conforme China fue ganando peso en la arena geopolítica mundial, el país comenzó a reclamar su soberanía sobre aquellos territorios que las potencias europeas le habían arrebatado por medio de la guerra, y que después le fueron “cedidas” a condición de que cumpliera ciertas obligaciones. La China del siglo XXI no solo se ha posicionado a escala mundial como un potente polo de desarrollo económico, sino que le disputa ya la hegemonía global a Estados Unidos y Europa en áreas que tradicionalmente han estado bajo su monopolio, como el desarrollo y la innovación tecnológica. Con una economía boyante y un sistema político estable, China se ha convertido en un país referente tanto en América Latina como en Europa, por no hablar de África y Asia, donde su influencia es incuestionable. En este contexto, no sorprende que Pekín haya comenzado a avanzar en la plena reintegración política e institucional de Hong Kong y China.
Los avances de Pekín han provocado respuestas tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. En cuanto se aprobó la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, la antigua metrópoli británica anunció que le daría refugio hasta a tres millones de ciudadanos de Hong Kong que quisieran migrar a Inglaterra, pues entendía que la nueva legislación china podía poner en riesgo sus vidas. Estados Unidos, por su parte, anunció sanciones tanto contra las autoridades de Hong Kong que aprobaron la Ley de Seguridad Nacional, como contra las autoridades de Pekín que la impulsaron. Londres y Washington han dicho que su único móvil para aplicar estas medidas es el interés que tienen en defender la democracia y los derechos humanos en contra de la tiranía del gobierno comunista chino, pero en la tercera década del siglo XXI el recurso de presentarse como adalides de la libertad y la democracia ha comenzado a perder su efecto justificatorio.
Lo que pasa en Hong Kong debe entenderse como un elemento más del cambio en la correlación de fuerzas a nivel geopolítico entre las principales potencias del mundo. Los tiempos en los que las amenazas diplomáticas, comerciales o militares eran suficientes para imponer la agenda de Estados Unidos y Europa al gobierno chino han quedado atrás. Ahora China no solo es lo suficientemente fuerte para hacerle frente a las antiguas potencias, sino que además ha establecido una alianza estratégica con Rusia para crear un contrapeso real a la dominación occidental y blindarse militarmente contra las posibles aventuras guerreristas de los norteamericanos. Con la aprobación de la Ley Nacional de Seguridad, China avanza en la recuperación de Hong Kong, mientras las potencias occidentales observan impotentes cómo su rival asiático acrecienta su poder. Parece que el imperialismo estadounidense y europeo se ha quedado sin cartas que jugar.
Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
El 22 de julio la Cámara de Diputados eligió a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El proceso transcurrió con tranquilidad desde que se instaló el Comité Técnico de Evaluación, en febrero, hasta el 16 de julio, cuando John Ackerman, miembro del Comité, acusó que los evaluadores intentaban consumar un golpe contra la Cuarta Transformación. Según el académico, fue entonces, después de cinco meses de evaluar a los aspirantes, cuando se dio cuenta de que los representantes del conservadurismo le estaban imponiendo todos los candidatos mientras excluían a los verdaderos representantes del pueblo. A partir de ese momento trató de sabotear el proceso, exigió su cancelación y logró el respaldo de 75 diputados, lo que generó gran polémica. Al final Ackerman no logró su cometido: hubo cabildeo al interior de la Cámara de Diputados y fueron aprobados los nuevos consejeros.
Este episodio exhibe la pretensión morenista de secuestrar al INE para asegurar resultados favorables en los próximos comicios. Bajo el argumento de que el Instituto está corrompido, y que ha cometido innumerables fraudes en apoyo del PRI y el PAN, el partido en el poder ha manifestado el deseo de “recuperar” el INE para convertirlo en un organismo que respete y defienda la voluntad popular. En ese marco se entiende la advertencia hecha por Andrés Manuel el 22 de junio, cuando declaró que estará al pendiente de que no haya fraude en las elecciones y que se convertirá en guardián “para que se respete la libertad de los ciudadanos”. El ataque al INE instrumentado por Ackerman viene, pues, de la concepción del presidente, quien le tiene fobia especial al Instituto y se apresta ahora a someterlo.
Es verdad que el INE no es una institución impoluta -su desempeño ha sido cuestionado constantemente- pero permitir que Morena se apropie de él entraña un grave atentado a la democracia. El Instituto Nacional Electoral es heredero directo del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo fundado en 1990 como respuesta al reclamo democrático abanderado por los movimientos sociales desde los años sesenta. La creación del IFE significó un parteaguas en la historia política nacional, pues las elecciones dejaron de estar a cargo de la Secretaría de Gobernación y pasaron a manos de un organismo autónomo; esto permitió la alternancia del poder en 2000. El presidencialismo nacido de la Revolución y consolidado con los gobiernos del PRI, solo comenzó a erosionarse significativamente mediante este tipo de instituciones que le pusieron límites al poder presidencial.
Por eso, la descalificación de Andrés Manuel al instituto electoral y el intento de apoderarse de él deben entenderse como un retorno al régimen semidictatorial del siglo XX. Quizá sea el recuerdo de esa experiencia, y su propia participación en el PRI, lo que ha llevado a Porfirio Muñoz Ledo a denunciar las actitudes tendientes al presidencialismo dentro Morena. Una prueba reciente de las nocivas consecuencias que puede tener el sometimiento del instituto electoral al poder Ejecutivo puede encontrarse en Puebla, donde el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), obedeciendo órdenes del gobernador Miguel Barbosa, y atropellando un proceso que el mismo IEE había acompañado, le negó al Movimiento Antorchista Poblano el derecho a convertirse en partido político local. Ahora, el gobernador poblano, temeroso de perder el poder, y aprovechando la mayoría morenista en el Congreso local, ha reformado la ley estatal para limitar más las capacidades proselitistas de los partidos de oposición en las próximas elecciones.
Es claro que la disputa por el INE tiene como trasfondo la batalla electoral de 2021. Por un lado, Morena busca apoderarse del Instituto para conservar la mayoría en el poder Legislativo, por el otro, también los partidos opositores buscan colocar sus alfiles en el organismo electoral. El problema de tener un árbitro imparcial, sin embargo, no se resolverá eliminándolo y reconcentrando sus funciones en el presidente. La mejor defensa de la democracia es la que hacen las masas movilizadas; así es como se dieron los primeros pasos hacia la apertura política en los años setenta. Por lo tanto, es necesario el surgimiento de nuevos partidos que alienten la participación política activa y consciente de las masas trabajadoras, las únicas verdaderamente capaces de profundizar la endeble democracia mexicana. Mientras esto no ocurra, los partidos tradicionales seguirán concibiendo el INE como el mecanismo fundamental que valida el ejercicio democrático; en esa medida, seguirán disputándose al árbitro. Para defender las conquistas alcanzadas en el terreno de la democracia, y para seguir avanzando en la construcción de una democracia más objetiva, es necesaria la participación activa y consciente de las clases trabajadoras.
Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Todos los proyectos que llegan al poder por la vía democrática poseen un discurso histórico al que anclan su programa político. No hay excepción: todos los partidos satisfacen este requisito indispensable, pues el discurso histórico no solo justifica la necesidad de existir que tienen los partidos como proyectos políticos, sino que justifica también la posibilidad de que dichos partidos lleguen a gobernar. Veamos tres ejemplos bien conocidos. Por lo menos hasta el sexenio de José López Portillo, el PRI se presentó como el partido que representaba las demandas populares enarboladas en la Revolución Mexicana, era el heredero de los Flores Magón, Zapata, Villa y Madero. El PAN se erigió como la oposición que México necesitaba para hacerle frente al autoritarismo priísta, y años después encarnó los anhelos democráticos por alternar al partido en el poder. Morena, tercer partido gobernante de nuestra historia contemporánea, llegó al poder como representante de un proyecto nacionalista, democrático y antineoliberal, enarbolando las figuras de Hidalgo, Juárez y Madero, “protagonistas” de las “tres transformaciones” previas.
En general, los presidentes mexicanos han explotado poco el potencial político del discurso histórico; no es el caso de López Obrador. Andrés Manuel colocó a la Historia en el centro de su proyecto político, al punto de equipararse constantemente a Hidalgo, Juárez y Madero, y eleva a su gobierno a la altura de la Independencia, la Reforma y la Revolución. La Historia no solo se ubica en el núcleo de su discurso público, va más allá: es el plano cartesiano en el que coloca a los actores políticos con los que comparte época. Las líneas que enmarcan su espectro político general son, por un lado la pugna liberales – conservadores, y por el otro, el conflicto maderistas – porfiristas. Él se asume como perteneciente al eje liberales – maderistas (se compara con Juárez y Madero) y a sus adversarios los identifica en los otros dos extremos, son conservadores decimonónicos con pretensiones dictatoriales. Se presenta entonces una antinomia donde liberales y maderistas son “los buenos”, y conservadores y porfiristas “los malos”.
Pero esta aparente antinomia solo es tal en términos relativos. Es verdad que el proyecto político-económico de los liberales mexicanos del siglo XX se oponía al proyecto político-económico de los conservadores, pues mientras los primeros buscaban hacer de México una república que se integrara a la dinámica capitalista mundial, los segundos preferían conservar el orden aristocrático del monarquismo europeo y económicamente se acercaban más al Antiguo Régimen. Pero si se analiza ese conflicto político desde el punto de vista de las clases sociales, resulta evidente que ambos proyectos representan a las dos clases que en ese momento se disputaban la hegemonía del país: por un lado la pujante burguesía liberal y por el otro la rancia aristocracia que luchaba por mantener el predominio político y económico heredado del Virreinato.
Lo mismo puede decirse de la relación entre maderistas y porfiristas. Madero no era un mártir de la democracia que buscaba desinteresadamente liberar a México de la dictadura de Porfirio Díaz. En realidad, el grupo encabezado por Madero era un conjunto de potentados del norte del país a quienes el gobierno del octogenario dictador les había cerrado las puertas para que no participaran en el poder político. Fue fundamentalmente por eso que Francisco I. Madero se levantó en armas y dio inicio a la Revolución. Porfirio Díaz, por otra parte, no gobernó al país durante treinta años únicamente gracias a la mano de hierro que aplicaba para mantener una relativa paz. El dictador fue sostenido en su cargo por los grupos económicos que se beneficiaban de su gobierno (como los grandes hacendados de todo el país, e industrias boyantes como la minería, la textil y la henequenera) y que no estaban dispuestos a renunciar a ese statu quo ante el empuje de otros grupos económicos del norte.
Como se ve, en ambos casos existían serias discrepancias, pero no eran discrepancias de fondo. Las dos clases sociales que se disputaron el poder durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, ambas, amasaron su fortuna y su poder gracias a la explotación de la fuerza de trabajo esclava, servil, y obrera. Los proyectos políticos que emanaron de las clases explotadoras no consideraban los intereses de las clases explotadas, sino solo los suyos propios; la burguesía pretendía crear las condiciones para que el capital se reprodujera más rápidamente, y la aristocracia se abrazaba a mantener la explotación basada en el trabajo esclavo y servil. Ni los obreros asalariados, ni los esclavos, ni los siervos estaban representados en los proyectos de los liberales, los conservadores, los maderistas y los porfiristas.
Visto el fenómeno desde esa perspectiva, no es casual que un presidente que se enuncia como liberal y maderista represente intereses ajenos a los de las clases trabajadoras. Es verdad que el discurso presidencial echa mano de los símbolos de la historia para incorporar a su proyecto las demandas de las clases trabajadoras; por eso habla de los hermanos Flores Magón, Zapata, Villa, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Othón Salazar, entre otros representantes de las luchas populares del siglo XX, pero esta supuesta identidad entre el obradorismo y la historia de lucha de las clases trabajadoras, no pasa de ser un mero artilugio discursivo. En la realidad, las concepciones sociales de Andrés Manuel distan mucho de las posiciones revolucionarias de las clases trabajadoras.
En conclusión, aunque el partido gobernante justifique su gobierno y su proyecto político mediante un discurso histórico que incorpora a personajes y momentos clave de la historia de lucha de las clases populares, en la práctica sus políticas se alinean más con el liberalismo y el maderismo abanderados por Andrés Manuel. El proyecto político de la 4T, como sus dos referentes históricos, es un proyecto que no representan los intereses de los trabajadores mexicanos. Este hecho, que al principio del gobierno morenista era difícilmente entendido por el pueblo, ahora, al cabo de un par de años, va siendo cada vez más transparente y comienza a aceptarse mejor en el seno de las masas trabajadoras. El tiempo lo descubre todo.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
El pasado domingo 3 de mayo, el presidente de Venezuela informó en un mensaje televisivo que un grupo de mercenarios armados había intentado desembarcar en las playas de Macuto, estado de La Guaira -a solo 30 km de Caracas- y que la rápida movilización de las Fuerzas Armadas Bolivarianas había frustrado exitosamente el desembarco, causando bajas entre los mercenarios y apresando al resto del comando. Al día siguiente, lunes 4 de mayo, una nueva embarcación de mercenarios fue detectada en las playas de Chuao, estado de Aragua, y entre pescadores de la zona y elementos militares sometieron y apresaron al comando invasor. En las siguientes horas, el gobierno venezolano amplió la información: el comando armado se componía de alrededor de sesenta mercenarios venezolanos y estadounidenses, había partido de costas colombianas en dos embarcaciones bien armadas, y tenía la misión de adentrarse en territorio venezolano para ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro. Se llamaba Operación Gedeón.
En las siguientes horas se supo lo demás. La Operación había sido dirigida por el estadounidense Jordan Goudreau, un exmilitar condecorado que participó en las invasiones de Afganistán e Irak, y que a su regreso fundó la empresa de seguridad Silvercorp. Esta compañía pertenece al tipo de empresas militares que en las últimas dos décadas han proliferado en Estados Unidos; se trata de compañías que poseen soldados, armamento, vehículos, tecnología de punta, y que firman contratos con las agencias de seguridad del gobierno para pelear sus guerras sin importar el país del que se trate. Un ejemplo clásico es Blackwater, empresa acusada de asesinar a decenas de civiles inocentes cuando participó como contratista del gobierno norteamericano en la invasión de Irak. Estas empresas son, en resumen, la privatización de la guerra. Silvercorp fue la responsable de diseñar e implementar la Operación Gedeón.
Esta información es irrefutable. La mañana del 3 de mayo comenzó a circular un video en las redes sociales a través del cual el propio Jordan Goudreau y el excapitán venezolano Javier Nieto Quintero -destacado traidor que ha participado en varios intentos de Golpe de Estado- comunicaban a la sociedad venezolana el inicio de la Operación y los objetivos de esta: “objetivo número uno es la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación, y número dos, la libertad de nuestro pueblo y de nuestros prisioneros políticos”.
El mismo 3 de mayo por la tarde, cuando ya se había hecho público el fracaso del primer comando armado, Jordan Goudreau fue entrevistado por la periodista venezolana radicada en Miami, Patricia Poleo. A través de una videollamada, Goudreau explicó que su empresa había firmado un contrato con Juan Guaidó consistente en derrocar por las armas al gobierno de Maduro, sin embargo, el norteamericano se quejaba de que Guaidó y los demás firmantes no habían cumplido su parte del contrato, por lo que la operación estaba fallando. Goudreau afirmó que él consideraba concluido el acuerdo y que ahora podía hablar libremente sobre el mismo. Posteriormente, Goudreau mostró a las cámaras el contrato en cuestión y exhibió los nombres de los firmantes. El propio mercenario norteamericano detalló que las relaciones entre su empresa y la oposición venezolana se remontaban un año atrás, cuando Silvercorp fue contratada para brindar seguridad en el concierto realizado el 22 de febrero de 2020 en la frontera colombo-venezolana.
El 6 de mayo Trump fue interrogado por los hechos de Venezuela, pues uno de los mercenarios norteamericanos que cayeron prisioneros declaró que Jordan Goudreau respondía directamente a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dijo que se investigará el caso, pero de antemano negó toda participación de su gobierno. Es difícil creerle a Trump. A partir de que el millonario neoyorkino llegó a la presidencia, la campaña imperialista contra el gobierno de Venezuela se ha vuelto más agresiva que antes. En 2017, un helicóptero pilotado por el militar golpista Óscar Pérez disparó contra el Ministerio del Interior y contra el Tribunal Supremo de Justicia, ambos en Caracas; la sublevación encabezada por Pérez fracasó y el golpista fue abatido el año siguiente. En 2018, en una ceremonia para conmemorar la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, tres drones estallaron su carga explosiva en el evento con la intención de asesinar a Nicolás Maduro; el presidente salió ileso. En 2019 se realizó un intento fallido de incursión por la frontera colombo-venezolana bajo la falsa bandera de llevar víveres a los venezolanos; la intentona fue desarticulada. Finalmente, este 2020, en plena pandemia, Maduro fue formalmente acusado de narcotraficante por el gobierno estadounidense, ofreciéndose una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita su arresto; días después del anuncio, Estados Unidos desplegó un conjunto de buques militares frente a las costas venezolanas bajo el argumento de reducir el comercio de drogas proveniente de Venezuela.
El imperialismo estadounidense comienza a desesperarse ante la resistencia mostrada por el pueblo venezolano y el gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Han pasado ya siete años desde que Maduro tomara la estafeta de Hugo Chávez como timonel del país, y para despecho del gobierno estadounidense y sus aliados locales que profetizaron la rápida caída de la Revolución Bolivariana, Venezuela todavía sigue en pie. En los días que corren, el imperialismo norteamericano muestra su verdadero rostro. Mientras el pueblo estadounidense muere a causa del coronavirus y de la inacción de su gobierno, el imperialismo impide la entrada de materiales médicos a Venezuela para generar una crisis sanitaria mayor, al mismo tiempo que implementa una operación militar que finalmente logre derrocar a Maduro. Hoy, como en los últimos veinte años, Venezuela se alza como ejemplo de autodeterminación, soberanía y resistencia para toda América Latina. Venezuela resiste.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Economistas, politólogos, sociólogos, historiadores, y en general todos los científicos sociales, coinciden hoy en una misma idea: la pandemia ha venido a demostrar la necesidad de un Estado fuerte. La emergencia sanitaria y económica provocada por el coronavirus ha puesto en crisis, una vez más, los postulados básicos del neoliberalismo, modelo que desde los años 80 priva en todo el mundo, y que sostiene la necesidad de debilitar al máximo al aparato estatal con el objetivo de evitar cualquier intervención en la economía. En la coyuntura actual, se habla del retorno del Estado como salvavidas de la sociedad, ¿pero de qué Estado hablamos? Porque hablar de Estado no siempre es lo mismo. Si partimos de la concepción marxista, que considera al Estado como un aparato de dominación al servicio de las clases dominantes, puede decirse que en la historia existen tantos tipos de Estados como clases dominantes ha habido. ¿Qué tipo de Estado necesitamos para superar esta pandemia?
De acuerdo con el artículo publicado el 25 de abril por Ignacio Ramonet -periodista de primera línea y destacado colaborador de Le Monde diplomatique-, la pandemia actual ya había sido prevista desde hace más de diez años por diversos análisis realizados, sobre todo, en Estados Unidos. En dicho texto, el periodista español señala que el gobierno de los Estados Unidos recibió en 2008 un informe elaborado por la CIA, en el que advertía que antes de 2025 aparecería una nueva enfermedad respiratoria que podría convertirse en una pandemia global. A pesar de que el documento era fruto del trabajo conjunto de dos mil quinientos expertos de todo el mundo, sus conclusiones no fueron consideradas seriamente por el gobierno estadounidense. Años después, en 2017, el Pentágono presentó un nuevo informe en el que alertaba que era altamente probable el surgimiento de una pandemia global que, con toda seguridad, afectaría a los Estados Unidos. Otra vez no hubo respuesta del gobierno. Y no fueron las únicas advertencias, diversos científicos expresaron la misma preocupación en la última década. ¿Por qué el gobierno norteamericano, presidido por Bush, Obama y Trump, no hizo nada?
La respuesta está en el tipo de Estado que existe en la superpotencia americana. Siendo el país más desarrollado del planeta, cabeza del imperio más rico de la historia, y poseedor de un aparato militar avasallador, el gobierno de Estados Unidos no se preparó para enfrentar la pandemia que sus propios analistas anticiparon, y ahora se muestra incapaz de contener la propagación del virus entre su propia población. Si bien el país norteamericano no cuenta con un sistema de salud universal, y hay áreas de la administración que se han dejado en manos del capital privado -como el sistema de prisiones-, no puede decirse que Estados Unidos tenga un Estado débil. Al contrario: es un Estado fuertemente equipado para proteger y ampliar los intereses de la burguesía norteamericana, no solo en territorio estadounidense sino en todo el mundo. Ahí radica la clave de nuestra respuesta. El Estado burgués no está interesado en invertir recursos para evitar una pandemia global ni para controlarla. Sus intereses son muy distintos.
Al Estado burgués norteamericano le preocupa, ante todo, que los capitales que representa, los de la burguesía estadounidense, puedan continuar su crecimiento sin mayores dificultades. Para ello es necesario un poderoso aparato bélico que garantice la “paz social” en los países “aliados”, que amenace a los países sometidos económicamente con una posible intervención, que abra mercados donde le están cerrados, y que derroque a los gobiernos que no responden a sus intereses -véase Venezuela, país contra el que implementaron, en plena pandemia, un costoso operativo bélico. Así se entiende que en 2019 el gasto militar de Estados Unidos haya representado el 38% del gasto militar mundial; la potencia norteamericana, sola, supera la suma de los siguientes diez países que más gasto militar hicieron en 2019, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. El objetivo del Estado burgués estadounidense es proteger los intereses de su burguesía, no proteger la vida de sus trabajadores.
En contraste, tenemos el caso de Cuba. Desde la Revolución de 1959, el Estado cubano dejó de responder a los intereses de la burguesía. En un ambiente de Guerra Fría, Fidel decretó la nacionalización de las empresas más grandes de la isla, se declaró el carácter socialista de la revolución, y en la Constitución que emanó de ese proceso quedó expresamente prohibida la propiedad privada de los medios de producción. El pueblo cubano desmontó el Estado burgués proimperialista y comenzó la construcción de un Estado de los trabajadores. Como consecuencia, la superpotencia norteamericana le declaró la guerra a la isla, y al no poder derrotarla mediante la invasión militar, ni con los atentados dirigidos contra Fidel, se le impuso a Cuba un bloqueo económico para asfixiar a su sociedad. Mientras existió la Unión Soviética, los cubanos contaron con su apoyo, sin embargo, a partir del derrumbe del bloque socialista, en 1991, Cuba comenzó a sufrir los estragos del bloqueo estadounidense. Mucho del atraso económico y tecnológico de la isla se explica por esto. Es incalculable el daño que Estados Unidos le ha hecho a la economía y a la sociedad cubana con los 60 años que dura ya el bloqueo.
A pesar de ser un país pequeño, económicamente pobre y tecnológicamente atrasado, el Estado cubano ha respondido a la pandemia de manera eficaz y solidaria. Gracias al alto número de profesionales de la salud que ha formado el gobierno revolucionario, y al desarrollo de exitosos medicamentos como el Interferón, Cuba no solo está preparada para enfrentar la pandemia actual dentro de sus fronteras, sino que ha enviado brigadas médicas a más de veinte países de todo el mundo para apoyar en el combate al coronavirus. Ante esta realidad, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una campaña mediática para desprestigiar a las brigadas médicas cubanas, acusando al gobierno de esclavizar a los doctores y de explotar su trabajo para allegar recursos económicos al gobierno. El gobierno de Cuba ha respondido que las acusaciones intentan ocultar el fracaso estadounidense para controlar la crisis, que el envío de brigadas médicas obedece a una larga tradición iniciada con la Revolución, y que los médicos que participan en estas misiones lo hacen de manera consciente y voluntaria. Cuba es el ejemplo de un Estado que antepone el bienestar de las clases trabajadoras al interés de un pequeño grupo de acaudalados.
Es cierto, pues, que en esta pandemia el Estado ha recuperado su papel central como organizador de la sociedad. Es necesario el Estado para superar la pandemia. Pero la crisis actual abre la pauta para repensar el tipo de Estado que necesitamos, en aras de establecer una organización social más justa y racional. Por un lado, esta pandemia ha desnudado la injusticia e irracionalidad de un Estado burgués que, ante la vista de una amenaza global, prefirió cuidar los intereses del gran capital. Por el otro, a pesar de todas sus limitaciones económicas, y de sus propios errores políticos -que los ha habido-, el caso cubano nos recuerda que otro Estado es posible. Necesitamos al Estado como rector de la sociedad, sí, pero un Estado al servicio de las mayorías, al servicio de las clases trabajadoras. Necesitamos, en pocas palabras, un Estado proletario.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Se cumplieron 150 años del nacimiento de Vladimir Ilich Ulianov, mejor conocido como Lenin. Hoy son pocos los que recuerdan esta fecha, y menos aun los que la celebran. Pero no siempre fue así. Desde el triunfo de la Revolución Rusa, en octubre de 1917, hasta la caída de la Unión Soviética, en 1991, el nombre de Lenin recorrió todo el orbe. Para bien o para mal, el revolucionario bolchevique era conocido en todo el mundo. Las élites y los gobiernos de los países capitalistas vacunaban a sus pueblos contra el fantasma del comunismo, y empleaban todo su arsenal ideológico para hacer de Lenin -junto a Marx- el principal culpable del terror rojo que amenazaba al mundo libre. En los países socialistas, los teatros, las escuelas, cines, plazas, avenidas y museos, llevaban su nombre; su obra era admirada y se estudiaba su pensamiento. Fue después, con la derrota del bloque socialista, el surgimiento del mundo unipolar, y la implantación global del capitalismo neoliberal, cuando su nombre comenzó a desvanecerse. Han querido sepultar a Lenin en el olvido.
Incluso algunos comunistas le dieron la espalda al genio bolchevique. El colapso de la URSS y el triunfo bloque capitalista fue leído por muchos como la prueba irrefutable de que el comunismo había fracasado, que toda la experiencia de la Unión Soviética había sido un error, y que, por lo tanto, las tesis principales de su fundador eran erróneas. Lenin estaba mal, dijeron, y el aparato ideológico de la burguesía internacional se encargó de repetirlo hasta que nadie cuestionara esa verdad. En general, la derrota socialista representó una diáspora para la izquierda mundial. Pero desde antes de que ese momento llegara, varios comunistas europeos y de otras latitudes ya habían renegado del pensamiento leninista para acercarse más a los planteamientos de la socialdemocracia. Para ellos, las instituciones políticas del capitalismo se habían desarrollado a tal punto que ahora era posible formar un partido, ganar las elecciones, gobernar, y promulgar reformas socioeconómicas que paulatinamente hicieran posible transitar con suavidad del capitalismo al socialismo. Sustituyeron la lucha de clases por la democracia, separaron al leninismo del marxismo, y se alejaron de los planteamientos revolucionarios de Lenin. De esta manera, el legado del líder bolchevique llegó con debilidad al siglo XXI, tanto a nivel general como entre la izquierda.
¿Cuál es hoy la vigencia del leninismo? Lenin retomó el pensamiento de Marx para explicar la Rusia zarista del siglo XIX, y para transformar esa sociedad atrasada, pobre y semifeudal, en un país de vanguardia, rico y socialista. Desde sus años universitarios en Kazán, cuando se planteó la necesidad de transformar la sociedad rusa, hasta la revolución de octubre de 1917, toda la producción teórica de Lenin giró en torno a dos cuestiones: cómo derrocar al régimen capitalista sostenido por los zares, y qué tipo de sociedad se construiría una vez que la revolución triunfara. Así, Lenin llegó a la conclusión de que era necesario crear un partido de cuadros, un partido de clase formado por revolucionarios profesionales, capaz de constituir la vanguardia del proceso revolucionario, de organizar y concientizar a las masas, y de conducir a estas en su lucha por el poder. El triunfo de 1917 significó la victoria del leninismo sobre el terrorismo populista, sobre el anarquismo y sobre los socialdemócratas reformistas, ninguno de los cuales resultó capaz de organizar a las masas para liberarlas del zarismo opresor. A partir de entonces, octubre de 1917, el nombre de Lenin cobró fama internacional.
Primero llegó a Europa. Era tan poderosa su atracción entre las masas que fue necesaria la creación de una fuerza totalitaria que detuviera la influencia de Lenin. Surgieron entonces el franquismo en España, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, experimentos sociales alentados por la alta burguesía para frenar a toda costa el avance del comunismo en la Europa central, mientras los gobiernos “demócratas” aplicaron medidas represivas -como el macartismo en Estados Unidos- para evitar con mano dura el crecimiento del comunismo en el llamado “mundo libre”. En la periferia Lenin tuvo más éxito. En China, los comunistas que marchaban con Mao expulsaron a los japoneses del territorio nacional, primero, y posteriormente vencieron a las élites internas representadas por Chian Kai-shek, fundando en 1949 la República Popular China y declarándola socialista. En Cuba, Fidel derrotó al dictador Fulgencio Batista en 1959, y se instauró en la isla un régimen socialista que se convirtió en la principal inspiración de los revolucionarios latinoamericanos. En Vietnam, los luchadores agrupados en torno a Ho Chi Minh libraron una doble guerra de liberación, primero para independizarse de los franceses, y luego para expulsar a los estadounidenses, que aprovechando la Guerra Fría trataron de implantar un régimen capitalista haciendo uso de su máquina bélica; en 1975, tras veinte años de guerra popular, los vietnamitas lograron derrotar a los imperialistas norteamericanos que se habían apropiado de la mitad sur del país, reunificándolo nuevamente y declarando el carácter socialista de Vietnam. Mao, Fidel y Ho Chi Minh, aplicaron en sus respectivos países la teoría leninista de la revolución.
Puede decirse, entonces, que históricamente los planteamientos desarrollados por Lenin han sido efectivos para llevar a cabo transformaciones sociales de gran calado. Es necesario recordar esto en un mundo cada vez más urgido de otras formas de organización social. El capitalismo neoliberal de hoy ha llegado a un punto de su desarrollo que no solo somete y explota a los trabajadores de todo el mundo, sino que amenaza incluso la supervivencia de la humanidad debido a la explotación desmedida de los recursos naturales con el único objetivo de producir más plusvalía.
Hoy se vuelve imperativo rescatar a Lenin del olvido en el que lo han tratado de enterrar. Es necesario, primero, romper con la vieja idea de que el fracaso de la URSS significó al mismo tiempo el fracaso de Lenin. Porque el legado del líder bolchevique, más que dictar las formas que debe adoptar la organización social que supere al capitalismo, brinda las pautas necesarias para combatir con éxito al sistema capitalista actual. La construcción de la nueva sociedad es tarea de los hombres y mujeres de hoy, pero para erigir una nueva forma de organización social, es necesario primero destruir la que ya existe, tarea en la que Lenin se vuelve indispensable. Porque antes que un pensamiento dogmático, el leninismo es una potente arma teórica capaz de guiar a los pueblos del mundo en la lucha por su liberación. A 150 años de su nacimiento, el nombre del revolucionario ruso debe volver al debate público.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
El pasado 14 de abril, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus estimaciones sobre el comportamiento que tendrá la economía mundial este año. De acuerdo con el organismo, mientras algunos países asiáticos como China e India tendrán un crecimiento de 1.2% y 1.9%, respectivamente, la mayoría de los países occidentales enfrentará una recesión que algunos especialistas equiparan con la Gran Depresión de 1929: el PIB de Italia decrecerá 9.1 puntos porcentuales, el de Reino Unido 6.5%, la economía de Brasil caerá 5.3%, y hasta la superpotencia norteamericana tendrá un crecimiento de -5.9%. En México el PIB caerá 6.6%, lo que debilitará todavía más la de por sí exangüe economía nacional -recuérdese que ya desde el año pasado el PIB mexicano no creció, se contrajo. No hay duda, pues, de que enfrentamos una crisis económica de dimensiones históricas. ¿Qué debemos hacer los mexicanos para sortear la tormenta?
Si partimos de una concepción marxista de la sociedad, podemos afirmar que no existe una respuesta única, sino tantas como clases sociales hay en nuestro país. A grandes rasgos, estas son tres: los trabajadores del campo y la ciudad que viven en pobreza -91 millones-; los profesionistas bien pagados y los medianos empresarios, cuyos ingresos los colocan por arriba de la línea de pobreza pero sin poder gozar grandes lujos -30 millones-; y la gran burguesía, un selecto 1% que concentra el 43% de la riqueza nacional -144 mil personas. A grandes rasgos, la población mexicana se divide en estos tres sectores a partir de sus ingresos (Julio Boltvinik y Oxfam), aunque en realidad la clase media funciona como un punto de transición entre los dos polos clásicos del capitalismo: burguesía y proletariado. Ante la crisis, la gran burguesía teme perder algunos de sus millones, mientras la clase media y los trabajadores temen caer en la miseria. Dado que sus intereses son antagónicos, resultaría ingenuo pensar en una posición que pueda beneficiar por igual a ambas partes. ¿Cuál de las dos posiciones debe asumir el gobierno?
Históricamente, las grandes crisis siempre las han pagado los pobres. Recordemos dos casos. El primero es la crisis mundial de 2008, cuando los grandes bancos mundiales quebraron debido al colapso de la burbuja inmobiliaria. La crisis provocó el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, millones de trabajadores fueron despedidos, una parte importante de la clase media cayó en la pobreza y para muchos otros que ya eran pobres la pobreza se volvió miseria. Al final, los grandes bancos fueron rescatados por el gobierno. Lo mismo ocurrió en México con la crisis de 1994, el llamado “Efecto Tequila” o “Error de diciembre”, cuando el gobierno mexicano decidió rescatar a los bancos volviendo pública la deuda privada. Mientras la alta burguesía era rescatada por el gobierno, la clase media y los trabajadores pobres quedaron totalmente desamparados. Puede decirse que, tanto a nivel mundial como nacional, los gobiernos han adoptado siempre la posición de la gran burguesía.
Obrador ha dicho que en esta crisis su gobierno defenderá más a los pobres que a los grandes empresarios, ¿pero hasta dónde es así? Hasta ahora, las únicas medidas que ha tomado el gobierno para hacer frente a la crisis, son las que anunció el 5 de abril, y que se pueden resumir en los siguientes puntos: 1) Mantener los programas de entrega de dinero; 2) Continuar la construcción de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía; y 3) Profundizar la austeridad en el gobierno. Como se ve, el plan consiste, básicamente, en hacer lo que ya se hacía antes de la pandemia: repartir dinero entre 22 millones de mexicanos, continuar los megaproyectos de la 4T y seguir recortando el presupuesto del aparato estatal. No se anunciaron medidas para contrarrestar los efectos de la crisis ni se lanzó un plan bien estructurado para reactivar la economía nacional.
El anuncio no gustó a las cámaras empresariales del país, que se pronunciaron enérgicamente a través del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana. La burguesía nacional señaló que el plan de AMLO no consideraba medidas para evitar el cierre de las pequeñas y medianas empresas -como la condonación de impuestos- por lo que millones de pequeños y medianos empresarios quebrarán, con el consecuente despido de trabajadores. Aunque hablan en nombre de pequeñas y medianas empresas, estas son en realidad un recurso retórico, pues a la alta burguesía le interesa más defender sus grandes inversiones que la supervivencia de los demás. Y es cierto. En este sentido, el gobierno actual se aleja del comportamiento tradicional de rescatar a los millonarios. Sin embargo, no asumir la posición de la gran burguesía no significa identificarse plenamente con la posición de los trabajadores.
Para que realmente se asuma la posición de las capas mayoritarias de la sociedad, el gobierno necesitaría implementar un plan ambicioso que le apueste a la protección efectiva de los grupos más vulnerables. Los apoyos monetarios destinados a los 22 millones de beneficiarios no serán suficientes para que estos sobrelleven la situación, pues los ingresos laborales que percibían antes de la crisis habrán disminuido o desaparecido. Por otra parte, los millones de empleos que AMLO prometió crear durante este año para ayudar a los pobres, no pasan de ser un artilugio discursivo, ya que tan solo entre la última semana de marzo y la primera de abril se perdieron 350 mil empleos, más de los que creó el gobierno en todo 2019. Esto es todo lo que ofrece la 4T para las clases trabajadoras. Los 91 millones de pobres están prácticamente abandonados.
Ante la crisis actual, el gobierno no termina de decantarse plenamente por la posición de los trabajadores ni por la de la gran burguesía. Este perfil carente de un compromiso definido ha caracterizado toda la gestión de la 4T hasta ahora y es poco probable que lo modifique con la crisis. Por el lado de la burguesía, no impulsará la necesaria reforma fiscal que haga pagar más impuestos a los más ricos, pero tampoco cederá totalmente a los intereses dictados por las grandes empresas. Por el lado de los trabajadores, no dejará de repartir los apoyos monetarios que le garantizan una base electoral, pero tampoco buscará más recursos -adquiriendo deuda pública, por ejemplo- para implementar programas que garanticen el acceso de las capas empobrecidas a la alimentación y a los servicios básicos. Un gobierno que no asume una posición clara, y que no enfrenta la crisis con determinación, es un gobierno ausente. La 4T no dimensiona las terribles consecuencias que tendrá esta crisis para las clases trabajadoras. Urge un gobierno que tome posición y actúe responsablemente en esta difícil coyuntura.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
Un virus democrático. Así tituló John Ackerman, destacado propagandista de la 4T, el artículo que publicó el pasado 28 de marzo en el semanario Proceso. En él, el investigador de la UNAM afirma que “el coronavirus es una enfermedad profundamente democrática” porque “no conoce fronteras de clase, raza, religión o región”; tan democrática que incluso “quienes están acostumbrados a que su dinero, color de piel, cercanía al poder o ubicación de su residencia” les garanticen su bienestar, ahora se encuentran desprotegidos, como los pobres. Al menos así lo cree uno de los académicos incrustados en las más altas esferas del poder. Pero el Dr. Ackerman se equivoca de palmo a palmo. Es imposible establecer una igualdad “democrática” entre los pocos que poseen los medios de producción y las masas trabajadoras que deben vender diariamente su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. También ante el coronavirus, la pertenencia de clase determina las probabilidades que tiene una persona para sobrevivir a la pandemia y a la crisis económica que se avecina.
De acuerdo con Julio Boltvinik -reconocido investigador en temas de desigualdad- en México existen 91 millones de pobres, de los cuales 46 millones viven en pobreza extrema. Esto quiere decir que el ingreso que tienen 91 millones de mexicanos no les es suficiente para satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda. En otras palabras, son familias que no pueden comer alimentos suficientes y nutritivos, que no pueden curarse cuando se enferman, que no pueden acceder a educación de calidad, y que viven hacinados en viviendas precarias. Si no se tiene lo mínimo suficiente para vivir dignamente, pensar en el ahorro es una burla. Agréguese a este escenario que el 60% de las personas empleadas trabaja en el sector informal, lo que automáticamente las deja sin seguridad social, salario estable, vacaciones, ni prestaciones laborales de ningún tipo. ¿Cómo enfrenta la pandemia este sector de la sociedad, que representa al 75% de la población nacional?
Entre todas las medidas dictadas por las instituciones sanitarias para contener el contagio del coronavirus, permanecer en cuarentena destaca como una de las más efectivas. Todas las actividades que no sean esenciales deben ser canceladas, y los individuos deben permanecer en sus casas; solo así se podrá ralentizar la velocidad de propagación del virus y se evitará una crisis todavía mayor. Pero permanecer encerrados en sus casas, sin ir a trabajar, es simplemente imposible para el 75% de los mexicanos. A pesar de la campaña mediática para mantener a la gente en sus casas, para los trabajadores no hay opción: no trabajar significa no comer. Ante este panorama, el gobierno ha anunciado que adelantará la entrega de apoyos monetarios un par de meses a todos los beneficiarios, y les dijo a los empresarios que deben seguir pagando a sus trabajadores aunque no vayan a trabajar. ¿Pero realmente cuántos trabajadores verán resuelto su ingreso por esta vía que no se sostendrá por mucho tiempo? Pocos. La gran mayoría deberá seguir ganándose la vida en las calles. Al final, contagiarse de coronavirus solo aumenta la probabilidad de enfermarse y morir; en cambio, no tener ingresos implica no comer, y en un periodo largo, simplemente no vivir.
¿Cómo enfrentan el coronavirus los grandes empresarios que concentran la propiedad de los medios de producción? En su caso, la riqueza que han concentrado como resultado de la explotación de los trabajadores, les permite pasar una cuarentena de cinco estrellas. Poseen viviendas espaciosas fuera de las grandes urbes, en las que fácilmente pueden vivir más de un mes “encerrados”, con todos los medios para alimentarse sanamente, divertirse, practicar deporte y -si a pesar de todo fueran contagiados- pueden acudir a los hospitales más exclusivos del país, donde se pondrán en las manos de los especialistas mejor preparados, y serán atendidos con la tecnología más desarrollada, en las condiciones más cómodas posibles. Es cierto, perderán parte de su capital debido a la recesión económica mundial; pero al final los capitales más grandes saldrán fortalecidos, pues los capitales más chicos no resistirán la crisis y serán engullidos por los grandes tiburones del capitalismo nacional. Como vemos, la pandemia sí afectará a este sector de la población, pero favorablemente, ya que, como suelen decir, para ellos las crisis significan oportunidades.
Entre las dos clases antagónicas del capitalismo, se encuentra la llamada clase media. Se trata, fundamentalmente, de pequeños empresarios y profesionistas bien pagados, como médicos, abogados, arquitectos, maestros, etc. Este sector tiene ingresos que le permiten satisfacer holgadamente las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación, sin embargo, están muy lejos de tener ingresos similares a los de la gran burguesía nacional. En un capitalismo brutalmente polarizado, en el que los seis mexicanos más acaudalados acaparan la misma riqueza que los 62 millones de mexicanos más pobres, el concepto de clase media cada vez tiene menos sentido, pues los profesionistas y pequeños empresarios están mucho más cerca del proletariado que de la gran burguesía. Si bien en estos momentos la clase media no enfrenta mayores dificultades para ponerse en cuarentena, es incapaz de sostener esta situación por mucho tiempo, pues sus ingresos no le permiten vivir con la despreocupación de los grandes empresarios. Y al final, cuando esta crisis pase, miles de pequeñas empresas habrán quebrado y sus dueños pasarán a engrosar las filas de la clase trabajadora, sin nada que ofrecer en el mercado más que su fuerza de trabajo.
Es falso, pues, que la pandemia del coronavirus nos golpee a todos democráticamente, como también lo es que la pandemia afecte solo a los ricos y no a los pobres. Estas concepciones provienen de personajes ligados al poder presidencial -la primera de un académico de altos vuelos y la segunda de un gobernador- y reflejan parcialmente la visión obradorista sobre la crisis. AMLO considera que el peligro puede conjurarse con fetiches religiosos, se piensa inmune al virus, e ignora las consecuencias catastróficas que puede traer la pandemia. Sería ingenuo pensar que un gobernante así tomará medidas para proteger a los sectores más vulnerables -clases trabajadoras y clases medias- de la doble crisis sanitaria y económica que azota al país. Por eso, los más afectados de hoy serán los afectados de siempre: las clases trabajadoras que se exponen al virus para sobrevivir, que no tienen forma de atenderse si llegan a contagiarse, y que -como siempre- serán quienes paguen los platos rotos de la recesión económica mundial cuando todo esto termine.
Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
