Abril 2019

El objetivo principal de cualquier negocio en el sistema actual de producción es la obtención de la máxima ganancia; para ello, las grandes firmas y los monopolios contratan especialistas de todo tipo para buscar la forma de minimizar los costos de producción, o buscar mecanismos para incrementar la ganancia. En general, hay dos formas para conseguir este objetivo: la primera es haciendo más eficiente el proceso productivo, es decir, incrementando la productividad de los factores de la producción (trabajo y capital); para ello se necesita inversión en investigación y desarrollo tecnológico (un proceso lento y costoso, pero el más eficaz en el largo plazo). La segunda forma se logra disminuyendo el costo de mano de obra, lo cual implica no aumentar salarios, disminuir prestaciones laborales o buscando nuevas formas de contratación de la mano de obra como el outsourcing (subcontratación) y las plataformas de la economía colaborativa.

El concepto de economía colaborativa se popularizó en 2010 (Lisa Gansky, Roo Rogers, y Rachel Botsman), en dos publicaciones para describir modelos de negocio innovadores que atendían las necesidades de los consumidores utilizando las ventajas y el desarrollo de internet. Se puede entender como un sistema socio-económico construido para compartir bienes y servicios entre personas y organizaciones a través de plataformas digitales, utilizando la tecnología peer-to-peer (red entre pares).

Bajo este concepto se han creado una gran cantidad de negocios, principalmente en el área de los servicios. ¿Quién no ha escuchado hablar de las innovadoras empresas del transporte como Uber o Cabify? Han tenido gran éxito este tipo de negocios que se han extendido a otros servicios. Sus impulsores han difundido las ventajas y los beneficios de esta nueva economía cargada de “valores” como la cooperación y la disposición de compartir recursos y la puesta en marcha de recursos ociosos o infrautilizados.

Además, se agrega y se aplaude con mayor intensidad el hecho de que la economía colaborativa resuelve un grave problema como el desempleo, a través de la generación de empleos adaptados a las nuevas circunstancias económicas y sociales; es decir, se aprovechan las tecnologías digitales (teléfono móvil e internet) para ofrecer bienes y servicios sin que el trabajador sea contratado por una empresa (contratista independiente).

A esta nueva forma de emplearse se le atribuyen poderes de salvación para el trabajador ya que, por fin, no estará bajo el dominio de los empresarios explotadores, no tendrá un jefe que lo maltrate y le dé un salario mísero; ahora él se auto-empleará, decidirá su ritmo de trabajo, podrá escoger sus clientes, tendrá la posibilidad de tener ingresos extras si tiene algún activo ocioso como una habitación, un auto, una bicicleta o simplemente alguna habilidad que pueda ser útil o tras personas.

Pero más allá de la cara bonita de este modelo de negocios, ¿qué hay realmente en el fondo? En primer lugar, es necesario señalar que la economía colaborativa nació en el marco de la crisis mundial del 2008; de ahí su éxito, ya que surgió ofreciendo servicios baratos y como una alternativa de fuente de ingresos extras a la población afectada por la crisis.

Las implicaciones negativas que ha tenido son muchas. Una de ellas es la precarización laboral, ya que se están generando empleos sin ninguna prestación, sin ninguna capacidad de negociación colectiva por parte de los trabajadores y, sobre todo, se quita toda la responsabilidad que los dueños de las empresas tienen con el trabajador. Pero lo más riesgoso —de acuerdo con el investigador inglés Guy Standing— es que la tendencia laboral para la próxima década estará marcada por el incremento de las economías de plataforma a través de relaciones laborales indirectas: todo por encargo y de inmediato, trabajo mediante transacciones digitales sin relación laboral (crowd labour) y contratos de disponibilidad (on-call-contracts).

Esto no es más que una nueva forma de maximizar ganancias a través de la reducción del salario a los trabajadores. Se trata de una innovación que promete mejorar las condiciones del trabajador, pero que resulta ser un eufemismo para una forma moderna de explotación laboral.


Jorge López Hernández es economista por la Universidad Autónoma Chapingo e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Abril 2019

Caminar sobre concreto, abrir una llave para obtener agua o encender un interruptor de luz nos pueden parecen cosas sumamente naturales. Pero no es así. Millones de mexicanos carecen de muchos servicios básicos, lo que ayuda a explicar los altísimos niveles de pobreza que aquejan a nuestro país.

Sí, porque la pobreza no es solo, y ni siquiera fundamentalmente, falta de dinero. Dentro de la polémica al respecto, hay cierto consenso en que la pobreza “está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social”.

Consciente de esto, el CONEVAL implementa, (aunque inconsistentemente en muchos sentidos), una medición multidimensional de la pobreza, que toma en cuenta, además del ingreso del hogar, factores como la calidad de la vivienda y el acceso a los servicios básicos.

Las estadísticas son contundentes. Casi 15 millones de mexicanos son vulnerables por calidad y espacios de la vivienda. Esto quiere decir que viven en casas sin piso firme, donde muros y techo son de materiales inadecuados, o en donde habitan más de 2.5 personas por cuarto. Pero esta cifra, ya de por sí elevada, no refleja correctamente la realidad, pues CONEVAL incluye, dentro de lo aceptable, a materiales como la madera, la lámina metálica o de palma y el adobe.

Complementariamente, cerca de 24 millones de personas son vulnerables por acceso a servicios básicos de vivienda. Esto significa que en su hogar carecen de agua entubada, drenaje, electricidad o que utilizan leña o carbón para cocinar.

Y bien, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal para atacar estos problemas? Lamentablemente, brilla por su ausencia. La 4T ha centrado toda su política económica en los programas de Transferencia Monetaria Directa.

El problema con esto es que muchas de las familias beneficiadas por estos programas, después de recibir mil o dos mil pesos mensuales, seguirán acarreando agua en cubetas, respirando el polvo del suelo en su propia casa y caminando entre el lodo que deja la lluvia sobre las calles sin pavimentar. En una palabra, seguirán siendo pobres, aunque los números puedan decir otra cosa.

Para que el combate a la pobreza sea exitoso, pues, se requiere de una estrategia integral, en donde la guerra contra la carencia de servicios básicos sea un elemento central.

Jesús Lara es economista por el Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
larajauregui1917@gmail.com

Abril 2019

Nuestro país es importador neto de granos básicos: aproximadamente 85% del arroz que consumimos durante el año pasado se importó, y lo mismo ocurrió con 70% del trigo harinable y 10% del frijol; y aunque en maíz blanco somos autosuficientes, 80% del maíz amarillo que se utiliza en México se importa también.

El gobierno de AMLO anunció un programa de precios de garantía que, a decir suyo permitirá a México alcanzar la autosuficiencia alimentaria. El programa está destinado a los dos millones de productores que poseen entre 5 y 20 hectáreas.

Los problemas de la producción agrícola difieren entre cultivos y regiones; para solucionarlos habría que diseñar estrategias caso a caso. Pero en general, la agricultura mexicana de este grupo de productores medianos se realiza en condiciones de producción muy atrasadas. Por ejemplo, de acuerdo con INEGI sólo 21% de las unidades productivas cuentan con sistema de riego y en la mitad de estos casos, el sistema de riego consiste en canales de tierra; solo 23% utiliza sembradora y 14%, cosechadora; y la mitad de los tractores empleados tienen más de 15 años de vida. Los resultados de estas condiciones de producción son bajas productividad y rentabilidad. Por ejemplo, en la producción de frijol, en México se obtienen 700 kg. por ha mientras que los campos norteamericanos arrojan 2000 kilos. En el caso del arroz, en México se obtienen en promedio 6 toneladas por ha, y en Estados Unidos, 9 toneladas.

La política de los precios de garantía no modificará la capacidad productiva real del campo mexicano, no abatirá la dependencia del exterior que ya existe. Esta política no es más que otro programa de asistencia social para paliar la pobreza de los productores campesinos a los que el modelo económico no les deja otra salida, pero para los que las cosas no cambiarán en el largo plazo y, en cambio, ahondará la diferencia de productividades entre los campesinos y los productores comerciales.

Para los pueblos, la seguridad alimentaria es una condición básica para su existencia, aún más para los que pretendan su soberanía. México necesita una política eficaz para elevar la producción agrícola, y no paliativos en busca de votos.


Vania Sánchez es doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Últimamente parece haber resurgido un viejo enfoque para el análisis de los problemas sociales: el individualismo metodológico. Este paradigma sostiene que todo lo social es simplemente un agregado individual; es decir, lo social no existe sino como punto de reunión de individuos que, por implicación, preexisten y son autónomos. ¿Qué pruebas abonan los que así piensan? Básicamente una: dado que no es posible “observar” a “la sociedad” en su conjunto, sino solo a las personas que la integran, de ahí se puede inferir –sostienen– que tal sociedad no puede existir sino como suma de las características individuales de dichas personas. Pero los que así razonan cometen un error. Que la sociedad solo puede existir a través de las personas que la conforman es un hecho tácito, pero de ahí no se sigue que el conjunto social no posea propiedades emergentes específicamente sociales. 

Considérese el lenguaje como un ejemplo de esto: por un lado, el lenguaje no puede existir sino es a través de las personas que lo emplean, pero de ahí no se sigue que éste sea una propiedad individual; por el contrario, las diferentes lenguas y sus estructuras simbólicas son el resultado de cientos de años de historia social. Cada que una nueva generación nace y comienza a participar del lenguaje, se lo apropia, y claro que llega a modificarlo, pero tal lenguaje no es creado completamente por ella, ni siquiera por el conjunto de toda su generación, es, más ampliamente, una propiedad emergente del conjunto social en su devenir histórico. Pero además, y esto es quizás lo más importante, cada generación es en cierto modo educada, enseñada a pensar a partir del lenguaje disponible en el momento de su socialización. De manera que al hecho tácito de interactuar cotidianamente con “individuos” pensantes y hablantes, precede otro hecho igualmente cierto: ese “individuo”, para llegar a ser tal, fue antes producto de sus circunstancias sociales. Y esto que aplica para la adquisición del lenguaje aplica también para el desarrollo del gusto, los intereses y aspiraciones, el intelecto y las capacidades, etcétera. 

Por supuesto que las sociedades solo pueden existir a través de las personas concretas, pero estas mismas yacen completamente atravesadas psicológicamente por, y se encuentran situadas objetivamente en, estructuras económicas, políticas y culturales que definen su personalidad.

Los individuos no preexisten, llegan a ser, y lo hacen desde sus determinaciones sociales. 

Consideremos ahora el problema de la pobreza. Ésta puede definirse como insatisfacción de necesidades. Y lo que es necesario, cuando es vital como alimentarse o curarse, o cuando es social como tener una educación integral, no podemos definirlo solo como una preferencia. Objetivamente hay carencia. La pobreza es objetiva, no un estado de conciencia. En México, este problema, de acuerdo con Coneval, alcanza al menos a 43.6 millones de personas. 

Ante esta situación, el individualismo metodológico responsabiliza a los individuos: el pobre lo es por falta de voluntad, por flojera, por vicio o, sencillamente, porque no maximizó su “capital humano”. Desde esta óptica, resulta sencillo “lavarse las manos”. Los problemas del pobre, aunque reales, son de él y de nadie más. Pero la pobreza no es un asunto individual, sino social. 

Considérese que la pobreza tiene básicamente dos fuentes. La primera es cuando una sociedad no produce los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de su gente; la segunda, cuando sí los produce, pero ésta no puede acceder a ellos. En otras palabras, la pobreza es resultado del subdesarrollo y/o de la desigualdad. ¿Cuál es, entonces, el origen de los pobres en una sociedad como México cuya producción es tan grande que lo ubica en la posición número quince a nivel mundial? ¿Cuál puede ser el origen de la pobreza en un país donde el hombre más rico amasa 67 mil millones de dólares en riquezas, mientras las tres cuartas partes de la población económicamente activa sobrevive con tres salarios mínimos o menos y, al mismo tiempo, realiza una de las jornadas más extenuantes de entre los países de la OCDE? Cuando la producción es una propiedad social no podemos decir que la distribución de la riqueza social es un problema individual. El origen de la pobreza está en la desigualdad y ésta nos involucra a todos.

Pablo Hernández Jaime es maestro en ciencias sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
pablo.hdz.jaime@gmail.com

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