Aquiles Lázaro

Febrero 2020

Los mexicanos y mexicanas preocupados por la crisis climática hemos esperado con suficiente paciencia las acciones de la nueva administración en torno a la mitigación del cambio climático. Por tal motivo leí con ansias los escritos del titular de la Semarnat, Victor Manuel Toledo, publicados en los últimos dos meses por La Jornada. En ellos enfatiza acertadamente la crisis climática, los crecientes niveles de pobreza de los mexicanos, así como la elevada dependencia energética de nuestro país con los Estados Unidos. Sin embargo, no encontré lo que buscaba. Después de un año de gobierno, y de un presupuesto de 29,385 millones de pesos destinados en 2019 a la “estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios” y de 39,135 millones para “la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático”, todavía no existe un plan definido de qué se hará al respecto, cuándo y cómo. Dice el autor que continúan las discusiones y planeación por parte de las instituciones involucradas.

Se mencionan de manera general los tres aspectos nodales mínimos sobre los que se basará la transición energética “antineoliberal”: la soberanía del país (fortaleciendo a PEMEX y CFE); la emancipación social, convirtiendo a los marginados en productores de energías renovables a escala de barrio, familia, cooperativa y municipio, mediante dispositivos sencillos y baratos, “gestando sistemas locales, descentralizados y autosuficientes, es decir, trasladando el poder energético del capital y del estado a la sociedad misma. Y ahí en donde sea necesario empresas públicas y/o privadas gestando centrales termosolares” (en sus palabras). En tercer lugar, Toledo manifiesta como a manera de deseo, que se potencie el uso de recursos naturales de nuestra nación, se transite a los motores eléctricos, se modifiquen las leyes, generando incentivos fiscales y subsidios. Supongo que lo hace así porque sabe que tales medidas rebasan el alcance de la Semarnat o de la Secretaría de Energía.

Bien desea Victor Toledo el modificar la legislación. Esta ha sido el principal mecanismo empleado por los países que se han colocado como líderes en materia ambiental. Suecia es por tercer año consecutivo el país con mejor Índice de Desempeño frente al Cambio Climático (IDCC 2020); ha superado los requerimientos internacionales de disminución de gases de efecto invernadero (GEIs) adquiridos en el Protocolo de Kyoto (1972) y el acuerdo de París (2015), rompiendo la tendencia de que el crecimiento económico implica forzosamente incremento en emisiones de GEIs. El 54% de su energía proviene de fuentes renovables, principalmente de la energía hidroeléctrica, biocombustibles y eólica. El 12% proviene de energía nuclear y el restante 34% de combustibles fósiles. En México, el 85% de la energía eléctrica se produce de combustibles fósiles y 15% restante de energías renovables.

El éxito sueco ha sido gracias a la fuerte intervención económica del estado, que dirige desde el 2014 el partido socialdemócrata en coalición con el Partido Verde, ambos considerados de centro izquierda. Se ha creado un robusto cuerpo legal que ha llevado tanto a empresas como a ciudadanos a conducirse por la vía de la sostenibilidad. Se han implementado impuestos sobre cada tonelada de dióxido de carbono emitida (que aplican tanto a grandes, pequeñas, medianas empresas, agricultores y consumidores). Como incentivos a productores privados de energía, se crearon los “certificados de electricidad verde”, con los que se acredita la cantidad de electricidad producida por fuentes renovables, que luego las compañías venden a los proveedores de energía eléctrica dentro y fuera del país. También se subvenciona (apoya con financiamiento) la instalación de paneles solares y se reducen los impuestos para su instalación. Como resultado, las compañías privadas y estales inyectan impresionantes cantidades de dinero a la investigación científica para subsanar las limitaciones y retos que las energías limpias van imponiendo.

En las grandes ciudades, se han aplicado impuestos para transitar que incrementan durante las horas pico, el costo de los estacionamientos es caro. Pero, al mismo tiempo, se ha mejorado el sistema de transporte público y se ha subvencionado bicicletas al 25% de su coste. En consecuencia, las emisiones y congestionamientos han disminuido y las ciudades están llenas de bicicletas. También, el registro de propiedad, la planeación y construcción urbana está regulada con lineamientos ambientales. Por ley, en cada zona residencial se deben instalar sistemas de separación y recolección de basura. Por ello, este país recicla el 99% de sus residuos domésticos. Para lidiar con los lineamientos y regulaciones ambientales, Suecia ha desarrollado seis cortes especiales, las “cortes del ambiente y la tierra”.

Con todo y la importancia del estado, la inversión privada ha sido también parte crucial también de estos resultados. De hecho, la mayoría de las compañías productoras de energía hidroeléctrica (responsable del 17% de la energía producida en el país) son privadas. La concientización de los ciudadanos es otro de los puntos clave del éxito de este país. Los ciudadanos suecos aprenden desde pequeños lo importante que es hacer un uso responsable de los recursos naturales para tener una sociedad saludable y con desarrollo económico. Las nuevas generaciones se niegan a utilizar carros y aviones, debido las altas emisiones de CO₂ propios de estos medios de transporte, optando por la bicicleta y el tren para grandes distancias, aunque ello implique viajes más largos.

Cierto que la crisis climática es hija del sistema de producción capitalista, cierto también que va de la mano con el bienestar social y que está afectando a los países y sectores más pobres, con todo y que son los menos culpables. Sin embargo, por el momento y dada la urgencia del problema, no parece haber más remedio que implementar estrategias ya ensayadas por los países capitalistas con mejores resultados en materia ambiental, de bienestar social y crecimiento-económico, con los ajustes necesarios a las circunstancias específicas de México. Se debe atacar el problema desde todas las escalas necesarias, comenzando por un compromiso serio del estado, que procure la soberanía energética nacional, pero abandonando los combustibles fósiles; entendiendo que la crisis climática sucede a escala global, que va más allá de los beneficios que puedan obtenerse de “sistemas energéticos locales, descentralizados y autosuficientes”. Hasta ahora, con la administración en curso, no pinta un escenario esperanzador, como no pintó con las anteriores. Espero equivocarme y que los mexicanos podamos constatar acciones eficaces de combate a la crisis climática muy pronto, puesto que las consecuencias de ésta no estarán esperando de voluntades políticas para manifestarse.

Citlali Aguirre es maestra en ciencias biológicas por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

| Por Abentofail Pérez

Cuando un gobierno carece de credibilidad, recurre en busca de ayuda y legitimidad a los viejos hitos históricos. Cuando las frases no pueden enmascarar por más tiempo la ilusión, se necesita, para hacerse pasar por progresista o revolucionario, cubrirse con los ropajes del pasado, con las frases de otros y las acciones heroicas de hombres que en otro tiempo y otra época jugaron un papel determinante y transformador.

Así, el gobierno que hoy tiene nuestro país ha buscado, desde que comenzó, hace ya un año, ocultar su verdadero contenido neoliberal y contrarrevolucionario en las gestas de otros tiempos, en las frases de otros hombres y en las hazañas verdaderamente revolucionarias de quienes le precedieron. El sacrificio de Francisco I. Madero, que por lo demás fue inútil al pretender detener con él el estallido revolucionario, es parodiado hoy por López Obrador quien se refugia en los votos de las pasadas elecciones para justificar la atrocidad que sobre los grupos más desprotegidos está llevando a cabo su gobierno. La bandera humanista y socialista que Felipe Ángeles empuñara hasta caer destrozado por las balas carrancistas, es manipulada hoy por su enemigo que, sin escrúpulo alguno, encubre el contenido de su política bajo la fuerza de las frases.

De la misma manera han sido tratados Zapata, Villa y, sobre todo, Lázaro Cárdenas. No es necesario que salga ahora su vástago a aclarar que las acciones de Obrador contradicen la hazaña histórica del general cardenista, es por lo demás evidente. Sólo se precisa observar la política económica implementada por el presidente que, apenas a un año de su gobierno, ha demostrado favorecer los intereses de aquellos a quienes juró en campaña destruir, concediendo a los grandes potentados económicos de nuestro país las facilidades que necesariamente surgen de arrebatarle al pueblo lo poco que le queda para vivir con dignidad.

Como el monstruo mitológico Gerión, símbolo de la mentira y el fraude: con su “cara de hombre justo, tales eran sus facciones tranquilas, y el resto una serpiente de dar susto” como lo describe Dante en La divina comedia, así se nos aparece la figura de un hombre que con su prédica sirve al pueblo pero con sus actos lo traiciona.

“Ahora se calumnia a las organizaciones que realmente defienden los intereses de los desprotegidos”

A su servicio tiene no sólo el presupuesto y las instituciones estatales, sino la pluma y el micrófono de meretrices del periodismo y la intelectualidad que no dudan en ponerse en movimiento a la orden del pagador en cuanto sus artimañas son descubiertas. No es novedad que los medios de comunicación sirvan a los intereses de quienes detentan el poder económico y político, pero es cierto que en este gobierno la insidia con la que se ataca a quienes no comulgan con el señor presidente se ha incrementado en su perfidia.

El obradorismo, sin embargo, no es un fenómeno político singular, la coincidencia con el bonapartismo, que Marx criticara en su época, resulta esencialmente concordante: “Alianzas cuya primera cláusula es la separación; luchas cuya primera ley es la indecisión; en nombre de la calma una agitación desenfrenada y vacua; en nombre de la revolución los más solemnes sermones a favor de la tranquilidad; pasiones sin verdad; verdades sin pasión; héroes sin hazañas heroicas; historia sin acontecimientos”

Por ello es necesario, ahora que la verdad se esconde tras el embeleso de las frases y los ropajes históricos de una época fenecida, que se desenmascare al filibustero. Que se revele el contenido real de cada una de sus políticas en apariencia populares y de izquierda, pero en fundamento altamente dañinas para las clases populares. El enemigo se ha infiltrado en las filas del pueblo y éste, que en “épocas de malhumor pusilánime gusta de dejar que los voceadores más chillones ahoguen su miedo interior” (Marx) debe ser consciente del engaño si no quiere perecer en el mundo de esperanzas jamás cumplidas.

Ahora que se persigue la verdad y se defiende la mentira; ahora que se calumnia a las organizaciones sociales que realmente defienden los intereses de los desprotegidos; ahora que la historia y sus héroes son manipulados para cubrir las mismas atrocidades que ellos combatieron, ahora más que nunca, es necesario que el pueblo sepa que su salvación depende de sí mismo, de su organización y su concientización. Existen ya fuerzas políticas que comienzan a emerger como alternativa; se les buscará frenar desde el poder y a su defensa tendrá que acudir el pueblo que las conforma. Es la única forma de salvarse de la fatalidad a la que está siendo empujado.

Abentofail Pérez es historiador por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
abenperon@gmail.com

Enero 2020

De acuerdo con la filosofía política liberal, el estado es una entidad creada por un conjunto de individuos libres para preservar sus vidas, sus libertades y sus posesiones. Uno de los exponentes más claros de esta teoría es el filósofo inglés John Locke, quien en su obra Ensayo sobre el gobierno civil desarrolló las principales ideas del planteamiento. Según Locke, en sus inicios la humanidad vivía en un estado de naturaleza, donde todos los individuos eran absolutamente libres e iguales, y no existía más ley que la conciencia de cada quién. Pero esta armonía social era frágil: bastaba que un individuo más fuerte se apropiara de los bienes de otro para que el estado de naturaleza se convirtiera en estado de guerra. Así pues, para evitar la inestabilidad y los peligros que encierra la guerra, los individuos prefirieron renunciar a la libertad absoluta y conformaron una sociedad política con autoridades, leyes y castigos, que garantizaran la protección de sus propiedades. Así surgió el estado.

Pero esta concepción, si bien tiene todavía algunos defensores, en términos generales ha quedado superada. El materialismo histórico cuestiona la idea de que el estado haya nacido por acuerdo de individuos libres e iguales, y de que tenga el objetivo de salvaguardar las propiedades de todos ellos. Para el materialismo, el estado es una estructura creada por las clases dominantes con la finalidad de mantener sometidas a las clases dominadas. Así entendido, los distintos gobiernos de un país no tienen como función cambiar a la clase que controla al estado; su función se limita a hacer que el estado continúe su dinámica ininterrumpidamente. Y así, a partir de las tareas que debe desempeñar un gobierno, se definen los perfiles y características de los partidos políticos que aspiran a “tomar el poder”.

Vemos entonces que los partidos políticos se construyen a partir de las necesidades de un gobierno, y el gobierno se plantea según las necesidades del estado, que a su vez son las necesidades de las clases dominantes de una época. Al revisar la historia de los partidos políticos mexicanos de la Revolución a la fecha, observamos que prácticamente todos comparten una característica fundamental: ninguno se plantea quitarles a las clases dominantes el control del estado, sino que solo proponen distintas formas de gobierno, pero siempre enmarcadas en el estado nacido de la Revolución. La excepción más notable es el Partido Comunista Mexicano, que fracasó en su intento por hacer de México un país socialista, y se convirtió después en el Partido de la Revolución Democrática, un proyecto electoral consumido por las pugnas intestinas y que actualmente tiene un pie en la tumba.

Ahora Morena se presenta como un partido distinto, como un partido que no sigue los patrones que hasta ahora han moldeado a los principales partidos de México. Bajo la máxima de “Por el bien de todos, primero los pobres”, el morenismo se coloca, quizá sin proponérselo así su fundador, como un partido que atenta contra los intereses del estado controlado por la burguesía mexicana. Al no buscar —al menos en el discurso— la continuidad del estado de cosas, sino su subversión, el morenismo se erige como una amenaza para el estado actual. En este sentido, y puesto que se plantea como un partido que desea transformar radicalmente la situación nacional —es decir, que ponga el estado al servicio de las clases dominadas— no solo la finalidad debe ser distinta a la tradicional, sino que también la conformación y el funcionamiento del partido deberían ser diferentes.

Aquí se encuentra la primera dificultad para ser un partido de nuevo tipo. El sistema político mexicano ha formado cuadros que cumplen con los requisitos necesarios para integrar un partido que le dé continuidad al estado actual; no prepara políticos que cuestionen la realidad mexicana para cambiarla. Precisamente por eso, un partido que se autoproclame como revolucionario no puede conformarse con los cuadros creados para hacer funcionar partidos tradicionales. Necesita generar sus propios cuadros, aquellos que integrarán al nuevo partido, que asegurarán su unidad ideológica, y que después podrán conducir no solo al partido, sino también al país. Y esto es justamente lo que no hizo Morena, pues se nutrió de los políticos entrenados para perpetuar las cosas, no para cambiarlas. El partido llegó a la presidencia debido al descontento general que existía con los partidos tradicionales, no gracias a su fortaleza partidaria y a su unidad ideológica.

A esto se debe que, a poco más de un año de haber ganado la presidencia, Morena se esté desmoronando. Veamos. Luego del VI Congreso Nacional Extraordinario que realizó Morena el domingo 26 de enero en la Ciudad de México, la presidencia del partido se convirtió en un organismo bicéfalo: por un lado Ramírez Cuéllar fue elegido como nuevo presidente del partido por un congreso incompleto; y por el otro Yeidckol Polevnsky sostiene que ella sigue siendo la presidenta, declara que Bertha Luján no está facultada para convocar al congreso, y que, por tanto, las resoluciones que se tomaron no tienen validez. Para ello, Polevnsky ha pedido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que intervenga en el partido y frene a Luján y su grupo. ¿Qué pelean las tribus morenistas? Nada más que los mil 700 millones de pesos que recibirá su partido este año, así como la capacidad de definir las candidaturas para las 15 gubernaturas que se disputarán en 2021. Vino viejo en odres nuevos.

La teoría marxista del estado y la historia contemporánea de México demuestran que no se puede construir un partido distinto, que busque modificar el estado de las cosas, reciclando políticos que fueron formados para preservar al estado actual. Un partido que se plantee seriamente el objetivo de transformar al país para beneficio de las clases trabajadoras deberá imponerse como tarea urgente la formación de cuadros políticos con una misma ideología y perfectamente cohesionados en torno a ella, además de formar a la base social que sostendrá al partido y que será la savia que lo alimente. Se trata de una tarea que implica décadas de trabajo para organizar y educar al pueblo pobre de México. Es una tarea de largo aliento, sí, pero indispensable si se busca crear un partido de nuevo tipo. Porque, como dijo el poeta, no se trata de llegar solo ni pronto, sino de llegar con todos y a tiempo.

Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Enero 2020

Durante sus años de opositor, López Obrador fue un severo crítico del servilismo que mostraron los expresidentes mexicanos hacia el gobierno de Estados Unidos. Incluso los llamó traidores por defender los intereses norteamericanos más que los intereses de México, y afirmó que necesitábamos un presidente que pusiera a los mexicanos por encima de todo, que defendiera nuestra soberanía nacional. Ahora, con un año en el poder, vemos un Andrés Manuel que actúa igual que sus predecesores.

El caso de las inversiones chinas en México es muy ilustrador. Desde que China despuntó como una economía poderosa a nivel mundial, los Estados Unidos comenzaron a tomar medidas para que esta no alcanzara las áreas controladas por ellos, como México. La indicación de las autoridades estadounidenses a las mexicanas fue que no permitieran las inversiones chinas, pues temen que los asiáticos les arrebaten su predominio. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Obrador? Tratar de ocultar al capital chino que llega al país, para que no se enoje el vecino del norte. Por eso, cuando el 13 de enero el embajador chino anunció que dos empresas de su país invertirán 600 millones de dólares en la refinería de Dos Bocas, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle lo negó inmediatamente. Temen la furia de Trump.

A estas alturas, la administración de Andrés Manuel ya debe tener claro que la soberanía nacional con la que soñaba al principio es prácticamente inalcanzable. Quizá la prueba más palpable sea la actual política migratoria: la Guardia Nacional no detiene migrantes para Palacio Nacional, sino para la Casa Blanca.

La mejor manera de avanzar en la construcción de una soberanía sustantiva es poniéndole contrapesos internacionales a la dominación estadounidense. ¿Y qué mejor que el gigante asiático? El gobierno federal debe entender la geopolítica actual y sacar provecho de ella. De lo contrario, seguiremos siendo el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Eso quiere la 4T?

Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Enero 2020

El pasado 13 de enero, el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, informó desde la Secretaría de Economía que dos bancos de su país invertirán 600 millones de dólares en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Minutos más tarde, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, contradijo públicamente al diplomático chino y afirmó: “Yo no sé en qué contexto el señor embajador dio esas declaraciones, el proyecto del financiamiento de Dos Bocas está sustentado en financiamiento federal. No estamos sustentados por ningún banco”. Resulta extraño que desde la Secretaría de Economía, en el marco del Día de China, el embajador asiático anuncie con bombo y platillo las inversiones de su país en el proyecto insignia del Gobierno Federal, y que acto seguido la Secretaria de Energía en persona se apresure a negarlo todo frente a las cámaras. ¿Qué pasa aquí?

Para nadie es un secreto que la economía de China ha crecido a ritmos acelerados y de manera sostenida durante las últimas décadas. Como consecuencia de este fenómeno, algunas de las empresas chinas más importantes se han empezado a posicionar a nivel global, alcanzando regiones que anteriormente les eran prácticamente inaccesibles. Ahora el capital chino ya no se invierte exclusivamente en los países asiáticos y africanos, como ocurría hasta hace algunos años, sino que ha penetrado mercados tan distantes como los de Europa y América Latina. No se trata únicamente de un comercio abundante; se trata de que China ahora presta dinero a los gobiernos latinoamericanos, participa en grandes proyectos de infraestructura, y sus empresas ganan la competencia a sus pares estadounidenses (como lo prueban las crecientes ventas de Huawei y la correspondiente disminución de Apple). En pocas palabras, las empresas chinas se están colocando en espacios tradicionalmente norteamericanos y les han comenzado a tocar la puerta a los vecinos del norte.

México es, para Estados Unidos, su última línea de defensa. Para ellos es tolerable que los capitales chinos inunden las economías latinoamericanas —China es el segundo socio comercial de América Latina— siempre y cuando garanticen sus cotos de inversión en donde consideran que los tienen, como en México. Ceder México les significaría a los estadounidenses perder la hegemonía de su “traspatio” y, por tanto, claudicar en el conflicto con China, entregándole a esta el cetro de la supremacía mundial. De esta manera, México no solo tiene una importancia económica para los norteamericanos, sino también geopolítica y hasta militar. He ahí el celo con el que lo “resguardaron” en el siglo XIX, al proclamar la Doctrina Monroe contra los europeos, y por qué ahora lo “protegen” de los asedios asiáticos.

Por supuesto, dichos intereses tienen su correlato en la política mexicana. De hecho, esta fue una de las causas por las que el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a naufragar. El presidente de las reformas, al que la revista Time presentó en su portada con el título de “Salvando a México”, prácticamente pasó del cielo al infierno gracias a su acercamiento con China. El cambio ocurrió a raíz de que en 2014 la empresa China Railway Construction Corporation ganara la licitación del tren México-Querétaro. Fue entonces cuando iniciaron las denuncias de corrupción por la Casa Blanca que el grupo Higa le regaló al expresidente, y cuando comenzó la caída en picada de su imagen pública. La irritación estadounidense por las relaciones con China se conjugó con el malestar de cierto empresariado mexicano, que se opuso a la reforma fiscal de 2013 por considerar que dañaba sus intereses. Al final la combinación fue explosiva, convirtiendo a Peña Nieto en el presidente corrupto e incompetente que todos detestaban. Ayotzinapa fue solo la puntilla.

La lección para el gobierno mexicano fue clara: no debe juntarse con China. Y al parecer la administración de López Obrador busca seguir esa instrucción. Así lo explicó Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, en una reunión con empresarios del acero, celebrada en Mérida en mayo de 2019. Frente a los hombres de negocios, Romo ventiló que Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, les pidió a empresarios y funcionarios mexicanos no tener inversión china, principalmente en proyectos estratégicos. Se entiende entonces por qué la Secretaria de Economía negó la información vertida por el embajador chino respecto al financiamiento asiático de Dos Bocas. No quieren problemas con los norteamericanos.

Sin embargo, la presencia de los capitales chinos en México aumenta con rapidez. Si bien la inversión que ha hecho China hasta ahora -alrededor de 1,200 millones de dólares- es escasa en comparación con otros países de América Latina, existe la intención de acrecentar esa inversión hasta en un 2,300%. De acuerdo con un estudio elaborado en 2019 por la China Chamber of Commerce and Technology Mexico, es posible que los capitales chinos participen hasta en 11 proyectos mexicanos de infraestructura, incluyendo telecomunicaciones, energía, tecnología y agroindustria. Actualmente se desarrolla en Monterrey un complejo comercial Dragon Mart similar al que se proyectó para Cancún años atrás y que EE. UU. frenó, y el gobierno de Zacatecas ya construye un parque industrial para autopartes de automóviles chinos, pues se espera que la ratificación del TMEC atraiga a más empresas asiáticas de este ramo. Esto aunado al posicionamiento que han ido ganando en el mercado mexicano empresas chinas como Didi, Huawei y Xiaomi.

Ante este escenario, es necesario un gobierno que sepa aprovechar el empuje económico de China para negociar con más inteligencia frente a Estados Unidos, y que no ceda automáticamente a todas las exigencias de la agenda norteamericana. Hasta ahora eso es lo que hemos visto. Trump ordenó detener los flujos migratorios centroamericanos, y el gobierno se esfuerza diariamente por satisfacer las instrucciones imperiales del magante. Trump amenazó con calificar a las organizaciones narcotraficantes como terroristas, y el gobierno expulsó a Evo para tranquilizar al vecino del norte y para darle señales de obediencia. La pretendida soberanía nacional que pregona Andrés Manuel, existe en realidad dentro de un margen muy limitado. En lugar de ocultarlo, es necesario que el gobierno reconozca abiertamente la participación de China en México. Utilizar las inversiones chinas como contrapeso de la hegemonía estadounidense, puede arrojar mejores resultados que los que se tienen hasta ahora. ¿O el gobierno seguirá siempre respondiendo a los caprichos de los norteamericanos? Urge un gobierno que conozca bien la geopolítica mundial y que comience a desmontar la dominación estadounidense para hacer de México un país más soberano.

Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Enero 2020

El próximo año se jubilará la primera generación AFORE, y solo una cuarta parte tendrá derecho a pensión. En 2021 se jubila la primera generación en cotizar bajo el esquema de pensiones de 1997. En este esquema la pensión de los trabajadores depende, fundamentalmente, de sus ahorros, que son administrados e invertidos por instituciones privadas, las AFORES.

El panorama es preocupante. En cuanto a cobertura, solamente una cuarta parte tendrá derecho a pensión. Estos son los trabajadores que cotizaron en su AFORE al menos 1,250 semanas. El resto solo recibirá en un pago único todos los ahorros hechos durante estos años.

Con respecto a la suficiencia, aquéllos con derecho a pensión obtendrán un pago mensual equivalente, en promedio, a solamente la mitad de su salario. Pero esta pensión, ya de por sí baja, solo es posible porque el gobierno otorga una Pensión Mínima Garantizada de 3 mil pesos mensuales a los trabajadores con ahorros más bajos. Sin esto, obtendrían en promedio únicamente el 27% de su salario.

“La crisis de las pensiones es un aspecto más del fracaso del neoliberalismo”

Por mucho menos que esto los jubilados de otros países han tomado las calles. Pero, ¿cuál es la causa central de la crisis de pensiones? La misma Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) afirma que es la precariedad del mercado de trabajo mexicano, en donde el 55% de los trabajadores no agrícolas está en el sector informal, y en donde más de dos terceras partes gana menos de tres salarios mínimos. Esta situación hace que ahorrar sea una tarea casi imposible para la mayoría. A este problema estructural se agrega el estancamiento de la economía mexicana, que ha provocado más desempleo. Esto se manifiesta en que, hasta octubre 2019, miles de trabajadores rompieron todas las marcas anteriores al retirar más de 10 mil millones de pesos de sus cuentas de ahorro para sobrellevar el desempleo.

En síntesis: la crisis de las pensiones es un aspecto más del fracaso del neoliberalismo, mismo que la 4T refuerza al dar continuidad a sus elementos centrales, como el sistema privado de pensiones y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre otros.
Pensiones dignas para los jubilados mexicanos serán posibles solo si el estado aumenta su participación en las mismas —lo que supone una reforma fiscal progresiva—, y si se combate en serio la precariedad laboral, lo que requiere, entre otras cosas, una política de desarrollo industrial que absorba al ejército informal y eleve los salarios por aumentos en productividad. Nada de esto figura en los planes de la 4T.

Jesús Lara es economista por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
larajauregui1917@gmail.com

Enero 2020

El auto estalló en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, ciudad capital de Irak. Por órdenes directas de Donald Trump, un dron estadounidense de tipo MQ-9 Reaper acabó con la vida de Qasem Soleimani, quien fuera el comandante de las Fuerzas Quds de Irán durante los últimos veintidós años. Soleimani no solo fue un militar exitoso que mantuvo a raya a las organizaciones terroristas que asolan Medio Oriente, sino que participó en la guerra de Siria apoyando al presidente Bashar al Assad contra el terrorismo, y apoyó militarmente a los nacionalistas de Yemen que desde hace años libran una guerra de resistencia contra el expansionismo de Arabia Saudita. Por su amplia trayectoria como defensor de Irán, Soleimani se convirtió en una importante figura del Estado iraní y gozaba una fuerte popularidad entre la población civil; para los intereses de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, sin embargo, el comandante de las Fuerzas Quds era un obstáculo. Fue por eso que lo seleccionaron como blanco para morir la noche del 3 de enero.

El acontecimiento generó especulaciones sobre la reacción que tendría Irán ante el ataque de los norteamericanos. Apareció entonces la posibilidad de que el conflicto escalara hasta desembocar en una guerra entre Teherán y Washington, y hubo quienes se atrevieron a vaticinar sobre una temida Tercera Guerra Mundial. Como era de esperarse, los líderes del Estado iraní manifestaron su indignación y rabia ante la muerte del destacado militar, y en sus mensajes prometieron vengar al mártir caído con una respuesta mortal. Así, el 8 de enero dos bases militares de Estados Unidos en territorio iraquí fueron impactadas por una decena de misiles disparados desde suelo iraní. Sin embargo, el temor mundial de que el conflicto escalara se vio conjurado cuando Trump anunció que los impactos no habían causado bajas humanas, y que ya no responderían a Irán con fuego, sino mediante el endurecimiento de las sanciones económicas que de por sí pesan sobre el país árabe.

¿Cómo explicar este episodio? La historia de la mala relación entre Irán y Estados Unidos se remontan setenta años atrás, cuando en 1953 británicos y estadounidenses derrocaron al primer ministro iraní Mohammad Mosaddeq por intentar nacionalizar el petróleo. En su lugar, las potencias dieron un poder absoluto al Sah Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernó con el respaldo británico y estadounidense desde 1941 hasta 1979. Durante su gobierno crecieron las desigualdades económicas y sociales entre las élites favorecidas por el régimen de Reza —que se proclamó emperador— y las clases trabajadoras; por otro lado, la monarquía absoluta del Sah no permitía ningún tipo de disenso, reprimiendo con mano de hierro a quienes intentaron manifestarse. La olla de presión estalló en 1979, cuando un levantamiento popular hizo huir al Sah, y en su lugar fue entronizado el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien se había convertido en el líder de los revolucionarios durante el régimen monárquico. Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos e Irán se han caracterizado por la constante confrontación, pues al haber apoyado al Sah hasta el último momento, el país árabe asumió a los norteamericanos como enemigos de su Revolución y su soberanía nacional.

La historia reciente de esta relación comienza en 2002, cuando George W. Bush clasificó a Irán —al lado de Irak y Corea del Norte— como miembro del Eje del mal, un trío de países que, según el presidente estadounidense, apoyaba al terrorismo internacional. Al año siguiente las tropas norteamericanas invadieron Irak bajo el argumento de que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva. En torno a Irán la polémica giró sobre la presunta fabricación de armas nucleares. Desde la segunda mitad del siglo XX el país persa inició un programa de energía nuclear consistente en crear la infraestructura necesaria para generar ese tipo de energía —supuestamente con fines pacíficos— mismo que continúa hasta la fecha. Aunque los líderes iraníes siempre han afirmado que el programa se desarrolla con fines no militares, las potencias occidentales temen que el verdadero objetivo sea desarrollar armas nucleares, por lo que se oponen a que Irán continúe con esa iniciativa. En 2015, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Alemania y Francia, alcanzaron un acuerdo con Irán para evitar que los persas siguieran desarrollando su programa nuclear, sin embargo, a su llegada al poder, Donald Trump decidió abandonar el acuerdo. Con los últimos acontecimientos, Irán ha anunciado también su salida del acuerdo para continuar con el enriquecimiento de uranio.

Si bien Estados Unidos dio una demostración de fuerza con el asesinato de Soleimani, lo cierto es que su influencia en la región mantiene una tendencia decreciente desde hace años. Quizá la prueba más fehaciente sea la derrota de los terroristas en Siria, a quienes Washington proporcionó estrategas militares, armas y recursos económicos, y el triunfo de Al Assad con el respaldo de Rusia e Irán. En una zona que durante el último medio siglo habían considerado dominada, los estadounidenses ahora tienen problemas para mantener sus propias posiciones y para lograr los objetivos de sus aliados en Medio Oriente. Su principal obstáculo se llama Irán. Con el paso del tiempo el país persa no solo se ha mantenido firme ante posibles intervenciones; se ha convertido también en un actor geopolítico de peso que ha demostrado ser capaz de frenar el terrorismo alentado por Estados Unidos, ha plantado cara al expansionismo de Israel, y ahora gana guerras con sus aliados de la región, tal como ocurrió en Siria. Por eso la muerte de Soleimani es tan significativa. Son los norteamericanos aferrándose a dominar un Medio Oriente del que Irán parece dispuesto a expulsarlos.

Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Enero 2020

La economía es una ciencia que estudia la forma en que la sociedad se organiza para llevar a cabo la producción de los bienes y servicios que necesita para su reproducción, y la forma en que se distribuye el ingreso que se obtiene de esta producción social. Existen varias escuelas del pensamiento económico, todas ellas con explicaciones distintas a este problema. La que domina hoy en nuestros días, es la teoría neoclásica.

Simplificando el argumento, los economistas neoclásicos sostienen que es el mercado quien resuelve mejor la cuestión sobre qué producir, cómo producir, y qué porción del ingreso total le corresponde a cada uno de los que participan en la actividad económica. De aquí que la solución al problema del crecimiento de los países sea su inserción sin ataduras al mercado mundial. Para ello, se impulsan continuamente políticas de libre mercado como la eliminación o reducción de tarifas arancelarias, libre movilidad de capitales, tratados de libre comercio, etc. Pero, ¿cuál es el problema con la globalización?

“La teoría neoclásica impulsa continuamente políticas de libre mercado”

La teoría neoclásica tiene la pretensión de aislar lo meramente económico de los juicios de valor, de los intereses políticos en general. Su método de análisis parte del supuesto de que al mercado confluyen individuos racionales que buscan su bienestar individual, y en esta búsqueda, la sociedad en su conjunto maximiza su bienestar. Estos individuos, en igualdad de condiciones, haciendo uso de su completa libertad, sin distorsiones políticas de ningún tipo, esto es, sin ningún gobierno que interceda por ellos, son quienes toman las decisiones relevantes que definen el rumbo de la economía. Sin embargo, el adoptar este supuesto metodológico, es en sí mismo un posicionamiento ideológico, político.

El mercado mundial de nuestros días está lejos de representar la situación antes descrita. En él subyace una distribución sumamente desigual del poder, de la riqueza y del ingreso. Su funcionamiento no se determina por la toma de decisiones de individuos libres, sino por las decisiones de corporaciones gigantes, cuyos intereses son los que realmente determinan qué producir, cómo hacerlo y cómo se distribuye el ingreso. La globalización es un juego político en el que gana siempre el más poderoso.

Tania Rojas es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
tnia.rjas@gmail.com

Enero 2020

El 10 de diciembre del 2019 se firmó el protocolo modificatorio del T-MEC por parte de los representantes de los tres países involucrados, México, Estados Unidos y Canadá. Esta nueva firma es parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ya lleva más de dos años y que sigue pendiente dado que falta su aprobación en las cámaras altas de los tres países. No dejan de ser llamativos los aplausos y declaraciones de agrado por prácticamente todas las partes; no puede ser que no sean conscientes de los costos que conlleva las exigencias de los Estados Unidos, en todo caso lo que sí demuestran, es la urgencia porque el nuevo acuerdo entre en vigor.

El libre comercio se preconiza en la teoría económica al uso con el argumento de que permite un uso más eficiente de los recursos. Sin fronteras ni barreras formales al comercio entre países, dejando al libre juego de las fuerzas del mercado la asignación de los recursos, estos se destinan a la actividad económica que mayores beneficios económicos reporte a su propietario. De este modo, el producto creado acabará siendo muy superior al que se obtendría sin esa “libertad”. Automáticamente se extrapola, a partir de ahí, que todas las partes de la sociedad tendrán más bienestar ya sea por vía de una mejor retribución al recurso de su propiedad (ya sea capital o trabajo) o mediante menores precios de las mercancías en el mercado.

En la práctica, el libre comercio no ha hecho a todos ganadores. En una relación comercial entre países con niveles tan dispares de desarrollo económico, como México y Estados Unidos, la libertad comercial no hace sino beneficiar al que de por sí ya tenía un desarrollo económico mayor al permitirle competir con ventaja con los productores más atrasados y acceder a nuevos mercados donde vender su mercancía.

A México, el libre comercio con Estados Unidos lo ha condenado a la dependencia y al atraso económico: nuestro principal socio comercial es Estados Unidos al que se le vende 70% de las exportaciones mexicanas y se le compra 50% de todas las importaciones mexicanas. La industria manufacturera de México es prácticamente un órgano más del sistema productivo de Estados Unidos: por cada dólar que exporta, solo 19 centavos se producen en México, los 81 centavos restantes fueron antes importados, principalmente de los Estados Unidos. Este estado de cosas condiciona y se alimenta de las diferencias salariales que ya existen: en la industria automotriz, por ejemplo, el salario de un obrero estadounidense es cinco veces el de un obrero mexicano de la misma industria (8.2 dólares por hora, en promedio). El libre comercio ha sido determinante para que la industria mexicana no se haya desarrollado; ha impedido que se ensanche el mercado interno porque los capitales nacionales e internacionales que se instalan en México se hallan vinculados a la industria de exportación y la actividad que realizan deja una derrama económica muy pobre.

El T-MEC es aún más abusivo que el viejo TLCAN. De última hora México aceptó nuevos términos de las reglas de origen que lo ponen en desventaja competitiva porque la obligan a comprar insumos a Estados Unidos más caros (como el acero y el aluminio de los automóviles, uno de los principales productos de exportación). Aceptó también que sean organismos internacionales los que diriman las disputas que aparecieran aun cuando se refieran a lo que ocurra en territorio mexicano. En el palacio de gobierno federal hay fiesta porque asumen que el T-MEC promoverá la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico tan necesarios y urgentes para nuestra economía. Sin embargo, ya podemos adelantar que los trabajadores mexicanos no tenemos nada que celebrar y bien haríamos en empezar a preocuparnos porque no se ve ninguna otra estrategia para el desarrollo industrial de nuestro país.

Vania Sánchez es doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

| Por Donají Gallardo

La salud ha sido siempre una de las grandes preocupaciones de los mexicanos. Por ello, la consigna “médicos y medicinas para todos” fue una de las más aplaudidas de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña. Sin embargo, por muy atractiva que se escuchara, jamás se dijo cómo y con qué recursos se ejecutaría esta promesa. Lo único que se precisó fue que, al igual que las demás instituciones, el sistema de salud estaba corroído por la corrupción y que, por lo tanto, una vez acabada la corrupción, todo estaría bien y todos tendríamos un lugar al que acudir para curarnos.

Inmediatamente después de ser nombrado presidente, su posición cambió: no solo disminuiría el presupuesto de las instituciones ya existentes, sino que desaparecería el Seguro Popular, la única estructura gubernamental diseñada para proveer de atención sanitaria a los estratos más pobres de este país, aquellos que no tienen un trabajo formal que les brinde la oportunidad de ser atendidos en hospitales o clínicas con mejores servicios. Ciertamente, con el Seguro Popular pasaba lo que en otras dependencias y programas, a los cuales acusaron de corruptos: el diagnóstico era adecuado, pero el tratamiento, en lugar de curar al paciente, lo empeoraba.

Mucha gente aplaudió esta decisión porque eso “ayudaría a erradicar la corrupción y evitaría el despilfarro de los recursos destinados a la salud de los mexicanos”. Sin embargo quedaba una incógnita, si no era el Seguro Popular, ¿quién o qué institución sería la responsable de llevar a cabo la promesa hecha en campaña a los mexicanos? La respuesta llegó pronto; sería el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) el encargado de llevar a cabo esta importante tarea.

“La desaparición del Seguro Popular llevará a un mayor empobrecimiento”

Ahora, después de muchos dimes y diretes, de muchos despidos y de muchas carencias, AMLO consuma las amenazas que había estado haciendo desde el primer día de su campaña, y el 29 de noviembre se expidió el capítulo VIII en el Diario Oficial de la Federación, que hace referencia a la creación del INSABI, firmando, al mismo tiempo, el certificado de defunción del Seguro Popular. Pero eso no fue todo: anteriormente, el 14 de noviembre, el presidente declaró que esta institución no sólo supliría al Seguro Popular, sino tenía el propósito de “unificar” al resto de los sistemas de salud. Es decir, este instituto sería el responsable de repartir todos los recursos destinados a salud entre los diferentes estados.

Todos estos cambios nos hacen considerar que el verdadero interés de este gobierno no es garantizar una atención adecuada para todos los mexicanos, sino la concentración de todo el dinero en manos del gobierno federal para ser utilizado a discreción, para los fines que así lo requieran.

Pero lo que el presidente y sus colaboradores ignoran es que gran parte del dinero del Seguro Popular servía para proveer de material, medicamento y personal a los hospitales nacionales y estatales, aquellos que, desde hace varios meses se han quejado de sufrir desabastos que les han obligado a mermar la calidad de la atención que prestan a sus pacientes. La desaparición del Seguro Popular no solo priva a los hospitales de los recursos mínimos para prestar una atención de mínima calidad, sino también a las familias porque ahora serán ellas las encargadas de absorber los gastos derivados de la atención de sus familiares. Esto, tarde o temprano, llevará a un mayor empobrecimiento, lo cual repercutirá de manera importante en las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

Donají Gallardo es médico cirujano por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
donadele4495@gmail.com