Febrero 2023
Se ha convertido en noticia (casi) diaria la desaparición de una mujer en nuestro país. Las causas que se presentan sobre los casos específicos son distintas, pero todas apuntan en términos generales a una causa común: la violencia que las mujeres mexicanas viven cada día. Esta violencia se origina en distintos niveles y espacios, que van desde la violencia intrafamiliar hasta redes de crimen organizado que han hecho de la trata de mujeres su negocio o, incluso, como resultado de una práctica política que incomoda a algún grupo de poder.
La situación parece haberse convertido en parte de nuestra cotidianeidad, pero esta impresión de “normalidad” puede ocultar que se trata de un problema en aumento. Es desde el año 2000 que se comenzó a notar un aumento en los casos de mujeres reportadas como desaparecidas y no encontradas. Desde el 2011 al 2019 el promedio anual fue de mil mujeres, pero desde el 2020 la cifra se duplicó (2,000 por año) y en 2021 se reportaron 2729 mujeres y niñas que no fueron encontradas. En 2022 la cifra se mantuvo en ese margen, aunque con una leve disminución, 2479 en promedio. Los estados que reportaron una mayor cantidad de mujeres desaparecidas fueron Ciudad de México (561), Estado de México (356), Morelos (334). Veracruz (193) y Nuevo León (145). (https://ruidoenlared.com/que-paso/cifras-mujeres-desaparecidas-mexico-2022/)
Es evidente que se trata de un problema grave que no ha sido resuelto con las medidas que desde el Estado se han propuesto. En realidad, difícilmente puede exigirse una única forma de solucionar el problema, pues la forma en que éste se ha desarrollado evidencia que en él confluyen otro tipo de problemas que han establecido una simbiosis: pobreza, narcotráfico, corrupción, violencia de género, son algunos de los puntos que necesitarían ser combatidos estructuralmente para erradicar en nuestro país la desaparición forzada de las mujeres mexicanas.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades sistemáticamente ha demostrado ser ineficiente, incluso sin considerar la ausencia de un programa radical para combatir este problema. Dos casos en diferentes estados muestran la ineptitud y falta de empatía con las víctimas y sus familias. Uno fue cuando culparon a María Ángela (desaparecida en Indios Verdes y encontrada días después, con vida, en una bolsa tirada en un parque de Nezahualcóyotl) de haber llegado por decisión propia a esa situación y sin presentar ninguna prueba de tan brillante deducción. El otro, la desaparición forzada de Mitzi Santiago Tolentino, de quien se desconoce su paradero desde agosto del año pasado; a pesar de que la familia actuó con prontitud e informó a la fiscalía del Estado de México, esta última no ha mostrado ningún avance en estos seis meses. La repetición de la falta de rigor en la investigación —atravesada por prejuicios de género—, la protección de los culpables, la pesadez de la burocracia, y el miedo a represalias contra la mujer desaparecida, contribuyen a desincentivar la denuncia y el seguimiento de los procesos establecidos por la ley, lo que a su vez ha conducido a que las familias busquen con sus propios medios (limitados) a sus desaparecidas.
En algunos casos la acción inmediata de las familias ha logrado conocer el paradero de sus desaparecidas, vivas o muertas, pero definitivamente no puede la forma normal de acción para todos los casos porque las personas individualmente es difícil que puedan resolver los problemas estructurales y multicausales que existen en la vida pública. Es la autoridad quien debería tomar la cuestión en sus manos y presentar soluciones reales, pero hasta ahora, no lo ha hecho.
Jenny Acosta es licenciada en filosofía por la UNAM e investigadora del CEMEES.