Febrero 2023
Una de las medidas más prácticas que tienen los gobiernos para actuar sobre los problemas del cambio climático son los impuestos ambientales. Desde hace algunos meses, el gobierno de Puebla está llevando a cabo la política pública de verificación vehicular, que consiste en un trámite que deben hacer los propietarios de automóviles en Puebla para probar que su carro no contamina o contamina en una cantidad permisible. Esta medida parte de una concepción errónea y parcial de los problemas y soluciones del cambio climático. Lejos de solucionarlo está ahondando los problemas de la desigualdad económica y social.
La política está mal planteada como posible solución a los problemas ambientales porque parte de supuestos falsos. El primero es suponer que el problema del medio ambiente es un problema individual y que se soluciona desde el lado de los consumidores. Los problemas ambientales necesitan soluciones colectivas no individuales como la verificación vehicular. Cobrar a los dueños de automóviles que circulen por Puebla no va a solucionar el problema de las emisiones de carbono, mientras las fábricas del norponiente de la ciudad sigan produciendo con los mismos niveles de contaminación. El segundo es suponer que la contaminación se produce por todos los individuos por igual. Un informe de Oxfam en 2021 reveló que el 1% más rico de la población mundial es responsable de más de 52% de las emisiones acumuladas en la atmósfera. Por tanto, hacer que todos paguen por igual los costos de la contaminación es una injusticia y una maniobra política en contra de la parte más pobre de la humanidad.
Por otro lado, esta medida tendrá resultados negativos para la población más pobre de Puebla. Cabe mencionar que esta población es una parte importante de los poblanos. De acuerdo con el Coneval 62.4% de la población de Puebla se halla en situación de pobreza, lo que equivale a 4.1 millones de personas. Para una población así los impuestos ambientales como la verificación vehicular resultan regresivos, esto quiere decir que hacen más daño a los grupos con menores ingresos, profundizan la desigualdad económica y social. Las personas más pobres consumen una parte mayor de su ingreso que las personas ricas, lo cual evita que ahorren. Además, los artículos sujetos a impuestos ambientales son precisamente los que consume la población más pobre. En el caso de los vehículos, los pobres tienden a tener autos con menos tecnología anticontaminante que hace más difícil que pasen los filtros para la verificación.
Otro rasgo importante es la forma de urbanización de la ciudad de Puebla. El crecimiento urbano de la ciudad se caracteriza por factores como la expansión de viviendas en la periferia lejos del centro de la ciudad. La mayoría de estos nuevos asentamientos no tienen acceso a servicios como el transporte público. Sin embargo, vivir en la periferia de la ciudad implica viajar grandes distancias para acceder al comercio, el trabajo, servicios de educación, salud entre otros, que por lo regular se encuentran en el centro de la ciudad. Por tanto, se crean soluciones de vehículos motorizados como moto taxis, taxis llamados “pirata”, combis o micros que responden a las necesidades de conectar los asentamientos ubicados en la periferia con el centro.
El tema de los impuestos ambientales no se puede tratar haciéndole la vida más difícil a las personas con menos recursos al incrementar todavía más el precio de sus bienes de consumo. Es un contrasentido querer “arreglar” los problemas medio ambientales, mientras que por otro lado se cometen injusticias sociales y se profundizan los problemas de desigualdad. El gobierno del estado de Puebla con esta decisión de política está atentando contra los pobres de la ciudad. Urge que todos los afectados se levanten en contra de esta política porque ya se vio que las autoridades no velan por sus intereses.
Samira Sánchez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.