Enero 2023
Los residentes en una ciudad sin casa propia, los inquilinos, son una parte cada vez más importante para la población mexicana. De acuerdo con el INEGI, en 2014 16% de la población solucionó su necesidad de vivienda con una casa rentada, mientras que para 2021 esta población aumentó a 21.1%. En la Ciudad de México el problema es todavía más grave, pues para 2020 46% de las viviendas eran rentadas, según la Encuesta Nacional de Vivienda. El crecimiento de esta modalidad como solución a la necesidad de vivienda de la gente se deriva, por un lado, del cambio de modelo económico que en términos de vivienda implica políticas dirigidas a hacer de ésta una mercancía y no un derecho, pero también del hecho de que cada vez menos gente puede acceder a comprar una vivienda adecuada, con materiales resistentes y sobre todo con una ubicación que les satisfaga.
Uno de los problemas que enfrenta la población inquilina es el aumento desmedido del pago que hacen cada mes. A esto se le suma la inflación, que se espera que por otro año esté por encima de lo normal (alrededor de 3%). De acuerdo con las expectativas del Banco de México la inflación se mantendrá este año en 8.7%.
Son numerosos los casos documentados de inquilinos expulsados de la noche a la mañana del departamento que habitaron durante mucho tiempo. Varios de ellos no tienen ningún conocimiento de que el Código Civil establece como aumento máximo anual 10%, que, si bien ya es excesivo, los propietarios violan la ley con un aumento mucho mayor. Los precios de las casas, ya sea comprada o rentada, como en todos los productos, se adecúan al número de viviendas disponibles y también al espacio que hay disponible para construir casas y departamentos. Con la inflación, es normal que los precios suban porque los costos de los materiales de construcción para las viviendas aumentan. En el caso de las rentas, es normal que el precio se ajuste a la inflación del año en curso. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido un proceso peculiar: el costo en términos reales, de las casas ha aumentado muy por encima de la inflación promedio. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ha crecido 135%, por encima del precio general de los productos (INDESIG, 2022).
Este abuso hacia la población inquilina es posible por dos razones. En primer lugar, el mercado de renta de vivienda se basa en la escasez de viviendas ante la necesidad demográfica. Un informe del Instituto Tecnológico de Massachussets, reveló que en México se necesita la construcción de 800 mil viviendas al año para atender el déficit. En segundo, la falta de vigilancia por parte de las autoridades para regular los abusos. Sino que, por el contrario, promueven leyes que favorecen a los caseros para poder desalojar o imponer contratos leoninos a los inquilinos.
Hasta ahora el gobierno no ha tenido la responsabilidad para solucionar los problemas de la población inquilina que sufre los abusos por parte de los caseros. No pueden quedarse a esperar a que haya voluntad política. No queda más que organizarse y levantar la voz para que el gobierno atienda las necesidades de vivienda de la población. Sin esto, el gobierno seguirá protegiendo a los rentistas.
Samira Sánchez es economista por la UNAM, maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.